Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0479/2004. (no publicada en B.O.) , jueves 5 de agosto de 2004, 8 p.

Citas Legales : Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 inciso f), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 3.2., Decreto 01398/1992, Decreto 01398/1992 - anexo I - artículo 56 inciso b) - punto b.1.4., Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 084, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 02 inciso a), Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); o) y s), Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 24.240, Resolución ENRE 0071/2001, Resolución ENRE 0071/2001 - artículo 2, Resolución ENRE 0734/2000, Resolución ENRE 0931/1999, Resolución SE 0287/2002

Fallos Citados : CNCiv. y Com. Fed. Sala 1; fallo: "Yacimientos Petrolíferos Fiscales c/ Goodlass Wall y otra" [22 de agosto de 1980], CNFed. Cont. Adm. Sala 2; fallo: "Edenor S.A. c/ Resolución ENRE 1184/99" (Exp N° 6882/99). Causa N° 347/2000 [28 de septiembre de 2000], CNFed. Cont. Adm. Sala 5; fallo: "Edenor S.A. c/ Resolución ENRE 591/00 (Exp. 8615/00). Causa N° 117/2001" [28 de diciembre de 2001], CSJN; fallo: "Morcillo de Hermelo Elena M. c/ La Nación Argentina" [12 de febrero de 1987], CSJN; fallo: "Fisco Nacional c/ Compañía Dock Sud de Buenos Aires Ltda." [1929]

Expediente Citado : ENRE 09191/2001



BUENOS AIRES, 5 DE AGOSTO DE 2004

    VISTO: el Expediente ENRE Nº 9191/01 y la Resolución ENRE Nº 71/01 del 7 de febrero de 2001, y

    CONSIDERANDO:

    Que “EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA” (EDESUR S.A.) ha interpuesto Recurso de Reconsideración contra la Resolución ENRE N° 71 dictada el 7 de febrero de 2001 en el Expediente del VISTO, solicitando que este Directorio la revoque en mérito a los fundamentos que expone, e interpone Recurso de Alzada subsidiariamente;

    Que por la Resolución impugnada se instruyó a EDESUR S.A. para que procediera al cálculo de los indicadores de la calidad del servicio técnico a nivel de suministro y de las multas (bonificaciones) asociadas correspondientes al período comprendido entre los meses de septiembre 1999 y febrero de 2000 –séptimo semestre de control de la Etapa 2-, excluyendo del referido cálculo las interrupciones aceptadas por el Organismo como originadas en causales de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, conforme se indica en los considerandos y en las planillas de resultados finales contenidas en el Anexo de dicho acto;

    Que el Recurso de Reconsideración impetrado por la concesionaria es formalmente procedente, pues ha sido articulado en tiempo y forma (vid cargo inserto en la constancia obrante a fojas 234 del Expediente ENRE 9191/01), y se dirige a cuestionar un acto administrativo que resuelve definitivamente la pretensión tramitada en las actuaciones (conf. Art. 84 del Decreto 1759/72 T.O. 1991 – reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos);

    Que el Recurso mencionado se interpuso con relación a lo dispuesto por el artículo 2 de la Resolución del VISTO, y con lo resuelto por este Ente en relación a casos particulares en los cuales invocó causales de Caso Fortuito o Fuerza Mayor;

    Que en el desarrollo de sus argumentos, la recurrente comienza impugnando la metodología de cálculo de las bonificaciones prevista en el artículo 2 de la Resolución precitada, que establece que para el cálculo de los indicadores de calidad de servicio técnico a nivel de suministro de cada usuario y de las multas asociadas, “...EDESUR S.A. deberá considerar en la determinación de la energía no suministrada... todas las interrupciones mayores a tres (3) minutos una vez excedido cualquiera de los límites fijados como máximos, bastando que se supere uno de ellos para que todas las interrupciones ocurridas a posteriori deban ser consideradas para dicho cálculo, incluido el excedente de tiempo respecto de aquella en que se haya superado el límite máximo de tiempo de interrupción fijado, de acuerdo a lo establecido en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión”;

    Que la recurrente entiende que “..la norma establece la aplicación de multas frente a dos supuestos: a) casos en que se superen la cantidad de cortes estipulados y/o b) cuando el usuario estuviere sin suministro más tiempo que el preestablecido.”, y que “de este modo el Contrato de Concesión estatuye dos límites que previamente deben superarse, para que procedan las bonificaciones por apartamiento de los índices de calidad del servicio técnico”;

    Que asimismo señala que “... el punto 3.2 del Subanexo 4 sólo indica que superado uno de los límites el usuario afectado por la interrupción es acreedor a una bonificación.”;

    Que en el mismo orden de cosas, la Distribuidora manifiesta que “La interpretación correcta de la norma conlleva a que la interrupción sea considerada individualmente y en forma independiente de las subsiguientes, más aun cuando las mismas están dentro del “límite frecuencia”.”, y que “El “límite de tiempo máximo” está concebido en el contrato en forma individual para cada interrupción y es independiente de las restantes”;

    Que en cuanto a la expresión “por encima”, sostiene la concesionaria que no puede ser interpretada como a partir de la violación de alguno de los límites establecidos, y que aún cuando se supere uno de esos límites, el Contrato de Concesión no autoriza un “arrastre” posterior a partir de dicho momento para determinar el factor SUMi, en el caso en que el límite superado sea el de tiempo sin suministro;

    Que con relación a lo expresado, EDESUR S.A. alega supuestos vicios de tipo subjetivo que afectarían la voluntad del acto impugnado, por mediar supuesta arbitrariedad del funcionario interviniente al prescindir de la sujeción a la ley, como así también supuestos vicios en la “causa”, en la “competencia” y en el “objeto”, como consecuencia –a juicio de la Distribuidora- de la “....inexistencia de antecedentes de hecho y de derecho que justifiquen el acto dictado”;

    Que manifiesta asimismo que el ENRE “...ha modificado arbitrariamente la letra del contrato por vía interpretativa”, que no reconoce los límites “...de las conductas tipificadas como punibles”, y que el acto impugnado “....transgrede el derecho de propiedad y las garantías constitucionales...”;

    Que esta interpretación de la Distribuidora es errónea, por cuanto supone asignar un significado diferente a la situación en la que se viola el límite de duración de las interrupciones del suministro respecto de aquella en la que el límite transgredido es el de frecuencia de esas interrupciones;

    Que cuando se producen (en el ejemplo de los usuarios de baja tensión) más de seis interrupciones, toda la energía no suministrada en las siguientes interrupciones resulta computada en el término SUMi a los efectos del cálculo de la penalidad, con independencia de que se trate de interrupciones de duración superior o inferior al límite de duración;

    Que, de modo similar, cuando la violación del límite consista en la ocurrencia de interrupciones del suministro superiores a las 10 horas (siempre en el ejemplo de los usuarios de baja tensión), toda la energía no suministrada en las siguientes interrupciones debe computarse en el término SUMi a los efectos del cálculo de la penalidad, con independencia de que se trate de interrupciones anteriores a la séptima, que es la que constituye el límite máximo tolerado en cuanto a la frecuencia;

    Que, en tal sentido, el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión establece en su párrafo 4° que: “Si en el semestre controlado algún usuario... estuviera sin suministro más tiempo que el preestablecido recibirá de parte de LA DISTRIBUIDORA un crédito en sus facturaciones mensuales o bimestrales del semestre inmediatamente posterior al semestre controlado, proporcional a la energía no recibida en el semestre controlado...”;

    Que, conforme lo define el contrato, “la energía no suministrada (no recibida por el usuario)” es la “sumatoria de los i minutos en que el usuario no tuvo servicio por encima de los límites aquí establecidos” (SUMi);

    Que la expresión “por encima” no puede ser interpretada sino como “a partir de” la violación de alguno de los límites establecidos en el contrato, que si se considera en el caso - por ejemplo - de los usuarios de baja tensión (pequeñas y medianas demandas) significa que una vez superado el límite de las 10 horas en alguna de las interrupciones o bien cuando tenga lugar la séptima interrupción, todos los minutos sin servicio deberán computarse en la sumatoria identificada como “SUMi”;

    Que ello es así porque el Contrato ha previsto que el usuario fuese bonificado cuando uno de los límites (cualquiera de ellos) resultara sobrepasado o cuando se verificara la trasgresión de ambos, poniendo a la Distribuidora en la situación de afrontar, a partir de la violación del límite, sanciones por la totalidad de las falencias del servicio sobrevinientes; o, desde otro punto de vista, se ha buscado con tales previsiones que la concesionaria extremara los recaudos para que las interrupciones del suministro se mantuvieran dentro de lo que se juzgó límites aceptables;

    Que en síntesis, la pretensión de la Distribuidora presenta un crucial error de índole interpretativo, pretendiendo que el indicador que se controla “Tiempo máximo de interrupción” perfectamente establecido en el apartado b) del punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, sea considerado como el supuesto indicador “Tiempo máximo por cada interrupción”. Es decir, la Distribuidora aspira a asignarle al indicador un carácter de relatividad frente a la sucesión de hechos similares, tal el caso de que su límite se considerara cada vez que se produce una interrupción, o sea que el límite se aplique a cada interrupción. Sin embargo, es claro que el contrato de concesión no dispone en ninguna de sus partes que el límite de tiempo esté concebido en forma individual para cada interrupción y sea independiente de las restantes;

    Que en este sentido, se ha expedido la Sala II Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con fecha 28 de septiembre de 2000, in re. “EDENOR S.A. c/Resolución 1184/99- ENRE (Expte. N° 6882/99)”, decidiendo lo siguiente: “Que en la Etapa 2, la Distribuidora será sancionada por incumplimiento a las normas de calidad del servicio técnico... (art. 56, inc. b.1.4) cuando... “en el semestre controlado, algún usuario sufriera más cortes (mayores a 3 minutos que los estipulados y/o estuviera sin suministro más tiempo que el preestablecido)”. En términos inequívocos, la norma establece como condición para la configuración de la sanción que, en el semestre controlado: a) algún usuario sufriera más cortes (mayores a tres minutos que los estipulados y estuviera sin suministro más tiempo que el preestablecido); b) algún usuario sufriera más cortes (mayores a tres minutos que los estipulados o estuviera sin suministro más tiempo que el preestablecido) (punto 3.2 del Subanexo 4. En síntesis, cuando se verifica uno u otro supuesto, o ambos en forma coetánea, de acuerdo a la normativa se configura un incumplimiento de las normas de calidad del servicio técnico (art. 56, inc. b.1.4) que motiva la sanción a la Distribuidora. El texto no deja atisbo de duda: no resulta necesario que la cantidad de cortes mayores a tres minutos y el tiempo sin suministro preestablecido confluyan, basta que uno de los indicadores supere los límites fijados según la categoría de usuario para la procedencia de la sanción”, asimismo, en el considerando 7° determinó claramente: “Que, uno de los índices más seguros para verificar la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema del que forma parte, es la consideración de sus consecuencias (C.S. Fallos 310:267 y 464). Desde esta perspectiva, los fundamentos del ENRE se muestran acordes con los objetivos fijados por la ley 24.065 para la política nacional en materia de electricidad en relación a la protección de los derechos de los usuarios (art. 2, inciso a), con una interpretación armónica de las normas y de “la regla de la continuidad, principio por el cual, el servicio público ha de prestarse sin interrupciones y que constituye el modo de asegurar que la prestación se haga efectiva” (Juan Carlos Cassagne, Derecho Administrativo, Tomo II, pág. 432). También resultan congruentes con la finalidad perseguida por el legislador pues todo menoscabo o desconocimiento a esta regla de continuidad, podría desvirtuar el instituto mismo del servicio público y por ello implementó la aplicación de la sanción pecuniaria, como un mecanismo para compensar los sobrecostos producidos en el sistema eléctrico, con efecto correctivo o disuasivo para la mejor y veloz reparación de instalaciones y equipos para el caso de otras interrupciones”;

    Que asimismo, el mencionado fallo determina “... por el contrario, la exégesis propuesta por EDENOR se muestra irrazonable si se advierte que la calidad de servicio técnico en un semestre sería definida como satisfactoria –y por lo tanto su conducta no podría ser objeto de reproche- aunque el tiempo sin suministro provocado por tres interrupciones en el semestre fuere de seis horas (en el caso de usuarios en AT) y en los usuarios de MT, 12 horas (4 interrupciones/semestre x 3 horas/interrupción), en usuarios en BT –pequeña y mediana demanda-, 60 horas (6 interrupciones /semestre x 10 horas/interrupción). Ello sumado a las interrupciones no mayores a tres minutos y a las ocasionadas por fuerza mayor”;

    Que, en el mismo sentido se ha vuelto a pronunciar la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo en la Causa N° 117/2001 “ EDENOR S.A. C/RESOLUCIÓN 591/00 –ENRE- (EXPTE. 8615/00)”, afirmando que “... en aras a resolver la cuestión central sometida al examen de este Tribunal, la cual estriba en la interpretación del punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, es menester señalar que los valores máximos admitidos para el control de la calidad del servicio técnico en la etapa II del Contrato se han diferenciado en los rubros: a) Frecuencia de las interrupciones y b) tiempo máximo de interrupción, los cuales deben estimarse en forma separada a efectos de ponderar los parámetros para la imposición de penalidades y no –como pretende la recurrente- que los indicadores deben ser tenidos en cuenta conjuntamente para evaluar la calidad del servicio técnico.”;

    “Que, ello así, cada uno de los indicadores debe ser tomado en cuenta por separado, en virtud de lo cual, la aplicación de sanciones procederá tanto si se excede el límite en el número de interrupciones como si ello acaece respecto del tiempo de tolerancia de la interrupción, que en el sub exámine –de acuerdo a las pautas pactadas en el contrato- comprende el número de hasta seis interrupciones en un tiempo que no puede exceder de diez horas en total, excluidas las interrupciones que no superen los tres minutos.”;

    “Que tal interpretación resulta de los propios términos del Contrato de Concesión, por cuanto conforme lo estipulado en el punto 3.2 in fine del Subanexo 4, si el semestre controlado, algún usuario sufriera más cortes (mayores a tres minutos) que los estipulados (seis interrupciones), y/o estuviera sin suministro más tiempo del preestablecido (diez horas), recibirá de parte de la Distribuidora un crédito en sus facturaciones mensuales o bimestrales del semestre inmediatamente posterior al controlado, proporcional a la energía no recibida en el semestre controlado.”;

    “Que una interpretación literal de la normativa ut supra citada permite concluir al Juzgador que a los fines de la imposición de sanciones, la introducción de las conjunciones “y/o” indica que la finalidad de la norma fue penalizar a la Distribuidora tanto frente al incumplimiento por exceso de ambos indicadores, como así también en los casos en que se sobrepase el parámetro dispuesto para uno solo de ellos.”;

    “Que, ello es así, por cuanto la télesis que informa el contrato ha tenido en miras al establecer tales previsiones que la Distribuidora extremara los recaudos a los fines de que las potenciales interrupciones del suministro energético se mantuvieran dentro de los límites que se estipularon como aceptables.”;

    “Que, toda otra interpretación conllevaría al desconocimiento de la regla de la continuidad en la prestación de los servicios públicos, principio en virtud del cual el servicio público debe prestarse sin interrupciones que menoscaben la efectividad del mismo....”;

    Que al respecto, con fecha 29 de abril de 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, la que confirmó las resoluciones ENRE Nº 591/2000 - cálculo de indicadores y bonificaciones asociadas por la calidad del servicio técnico correspondientes al sexto semestre de la etapa 2, marzo a agosto de 1999- y 734/2000 - rechazo del Recurso de Reconsideración interpuesto por EDENOR S.A. contra la Resolución mencionada en primer término-;

    Que, asimismo, la Secretaría de Energía se ha pronunciado al respecto, en la Resolución SE N° 287 de fecha 15 de julio de 2002 mediante la cual, remitiéndose a los argumentos esgrimidos por este Organismo, rechaza el Recurso de Alzada interpuesto por EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD ANONIMA (EDELAP S.A.) contra la Resolución ENRE N° 931 del 11 de agosto de 1999;

    Que resulta útil agregar la opinión de Gordillo, al manifestar: “Si bien las empresas suelen llamar “clientes” a los que reciben su servicio, consideramos que esta designación presupone libertad de elección: al no existir tal libertad y tratarse de “clientes” cautivos, corresponde más estrictamente la denominación de “usuario”. La relación usuario-concesionario se rige por el derecho administrativo sobre todo a partir de la reforma de 1994 y los indubitables derechos públicos y de incidencia colectiva del usuario y consumidor”. (cfr. Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, IV-35/36 T.I);

    Que en todo caso, “la interpretación del contenido contractual de la concesión tiene carácter restrictivo”, “El derecho del concesionario no puede ir más allá de lo que la concesión define y enumera, siendo la regla más segura en materia de interpretación de concesiones la de que toda duda debe ser resuelta en sentido adverso al concesionario, porque nada debe tenerse como concedido sino cuando es dado en términos inequívocos o por una implicancia clara”. (Fallos 155:12);

    Que “No existen derechos implícitos en la concesión en beneficio del concesionario”, “La afirmativa –en materia de interpretación de concesiones- necesita ser demostrada, el silencio es negación y la duda es fatal para el derecho del concesionario” (Fallos C.S.J.N, t. 49 p. 224, cit de COOLEY, Constitutional Limitations, ed. 7ª . 565);

    Que en este mismo sentido se ha proclamado el Dr. Bielsa al manifestar, a tenor de lo resuelto por la Corte Suprema: “... es una regla consagrada por el derecho administrativo que en materia de franquicias a una corporación como en toda concesión de privilegios por el Estado a personas o individuos, en caso de duda la interpretación debe ser en contra de los concesionarios, porque la presunción más aproximada a la verdad es la de que el Estado ha acordado sólo lo que en términos expresos resulte de ellos”;

    Que asimismo, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha expresado reiteradamente, lo siguiente: “Nada debe tomarse como concedido, sino cuando es dado en términos inequívocos o por una implicancia igualmente clara”, “La afirmativa necesita ser demostrada, el silencio es negación, y la duda es fatal para el derecho del concesionario (U.S. 659)” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, IV 35/36, T.1);

    Que la ley de defensa del consumidor rige supletoriamente en las relaciones entre la concesionaria y el usuario. En ese sentido la ley 24.240 prescribe que en caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor, en este caso para el usuario;

    Que por todo lo expuesto, corresponde rechazar el Recurso interpuesto por la Distribuidora, en tanto los fundamentos esgrimidos no logran desvirtuar lo establecido en el artículo 2º de la Resolución ENRE N° 71/2001;

    Que asimismo, la Distribuidora impugna lo resuelto por este Ente con relación a casos particulares en los cuales invocó causales de Caso Fortuito o Fuerza Mayor;

    Que la concesionaria objeta la decisión de este Organismo con relación a los casos N° 3 y 27 correspondientes al mes de Septiembre de 1999 cuyos dictámenes técnico legales obran a fojas 353/354 y 367 respectivamente, del Expediente ENRE N° 7383/99; casos N° 26 y 27 de Octubre de 1999 cuyos dictámenes obran a fojas 392/393 y 394/395 del Expediente ENRE N° 7554/99; casos N° 13, 16 y 70 de Diciembre de 1999 cuyos dictámenes obran a fojas 416/417, 420 y 440/441 del Expediente ENRE N° 7841/00; casos N° 6, 7, 11, 13 y 16 de Enero de 2000 cuyos dictámenes obran a fojas 442, 447, 448/449, 451 y 453/454 del Expediente ENRE N° 7961/00; y casos N° 2, 48, 52, 57 y 58 de Febrero de 2000 cuyos dictámenes obran a fojas 450, 467/468, 471/472, 474/475 y 476/477 del Expediente ENRE N° 8072/00;

    Que con relación al caso N° 16 de Diciembre de 1999, la Distribuidora desistió del mismo, mientras que el caso N° 6 de Enero de 2000 fue aceptado por el Organismo, por lo que deviene abstracto el análisis de los mismos;

    Que en cuanto al resto de los casos no aceptados por el Organismo como originados en causales de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, y a efectos de la elaboración del presente acto, se ha tenido en consideración el análisis de los argumentos vertidos por EDESUR S.A. en su Recurso, que obran en el Informe Técnico de fojas 264 y siguientes y en el Dictamen Jurídico de fojas 272 y siguientes, de lo que resulta que corresponde su rechazo, de acuerdo con los fundamentos allí vertidos que son compartidos por este Directorio y que deben darse por reproducidos aquí en mérito a la brevedad;

    Que con relación a los casos recurridos, la Distribuidora no ha aportado nuevos elementos probatorios ni fundamentos fácticos o legales que permitan modificar la decisión adoptada por este Organismo en los citados casos;

    Que el análisis de los casos cuestionados por EDESUR S.A. en su Recurso fue realizado de acuerdo al marco regulatorio eléctrico y al resto de la normativa vigente sobre responsabilidad;

    Que resulta necesario destacar en esta oportunidad, que la obligación de los concesionarios de prestar el servicio de electricidad en las condiciones de calidad establecidas en el Subanexo 4 del Contrato de Concesión es "de resultado" y no "de medios", según lo dispuesto en el marco regulatorio vigente;

    Que en efecto, la concesionaria ha asumido la obligación -de resultado- de "prestar el Servicio Público dentro del Area, ..." (art. 25 inciso a del Contrato de Concesión), a cuyo fin debe "efectuar las inversiones y realizar el mantenimiento necesario para garantizar los niveles de calidad del servicio definidos" en el Subanexo 4 (art. 25, inciso f), del Contrato). En consecuencia, es responsable por los efectos adversos que una omisión en tal sentido genere en la prestación del servicio. Por lo tanto, en aquellos casos en que la Distribuidora decidió adoptar medidas técnicas para evitar los efectos por ejemplo, del ingreso de líquidos en cámaras (adecuado mantenimiento de ductos de cables, cámaras estancas o sumergibles - tecnología que había sido adoptada por la anterior concesionaria SEGBA S.A.), asumió determinadas erogaciones que la ponían a cubierto de eventuales sanciones. A contrario sensu, es válido inferir que cuando la Distribuidora opta por no realizar una erogación de esta naturaleza, asume el riesgo de la eventual imposición de multas en los términos del Contrato de Concesión;

    Que lo expuesto se relaciona en forma directa con el tipo de control que ejerce el ENRE respecto del cumplimiento de dicha obligación, el que - coherentemente con lo exigido por la normativa vigente - se realiza sobre los resultados de la gestión empresaria;

    Que la importancia de la distinción aludida deriva en la diferencia que se suscita en cuanto al régimen de prueba de la culpa en el incumplimiento, que en el caso de las obligaciones de resultado basta al acreedor con probar que el resultado comprometido no se alcanzó, y entonces atañe al deudor probar que no hubo dolo ni culpa y que existieron razones de caso fortuito o fuerza mayor que le imposibilitaron cumplir con la obligación (Jornadas Jurídicas sobre el servicio público de electricidad, Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Junio de 1995, p. 297);

    Que en tal sentido, y como lo ha receptado la jurisprudencia, "Es de la esencia de la obligación de resultado, en materia contractual, la presunción de culpa que deriva del incumplimiento de la obligación a cargo de las partes, sin perjuicio del derecho a exonerarse demostrando la producción de caso fortuito o fuerza mayor" (C.N.Esp.Civ y Com., Sala I, Nov. 8 de 1983, ED 116-640);

    Que en conclusión, las faltas de suministro denunciadas son atribuibles a la empresa EDESUR S.A. en razón de ser esta titular de una obligación de resultado respecto de los usuarios afectados, y atento no haber acreditado los requisitos exigidos por la ley para eximirse de responsabilidad por Caso Fortuito o Fuerza Mayor;

    Que en efecto, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, la prueba del Caso Fortuito o Fuerza Mayor está a cargo de quien la invoca, y "debe ser plena y concluyente, porque se refiere a un supuesto de excepción que, como tal, es de interpretación estricta" (CNFed, Sala I civ y com, agosto 22-980 - Yacimientos Petrolíferos Fiscales c. Goodlass Wall y otra, ED, 91-418);

    Que al respecto, cabe reiterar que el principio procesal en materia probatoria indica que la prueba del Caso Fortuito o la Fuerza Mayor se encuentra a cargo de quien la invoca y requiere la comprobación fehaciente del carácter imprevisible e inevitable del hecho a los que se adjudica el carácter de causal liberatoria de responsabilidad por las interrupciones ocurridas;

    Que la omisión en el cumplimiento de tal imperativo ritual no puede ser suplido por la imaginación o por un forzado juego de presunciones de quienes deben decidir;

    Que las constancias obrantes en el Expediente no tienen entidad suficiente para acreditar la inevitabilidad e imprevisibilidad de las circunstancias alegadas;

    Que todo lo señalado permite concluir que el objeto de la Resolución recurrida: orden de cálculo de las bonificaciones correspondientes al séptimo semestre de la Etapa 2, exceptuando los casos respecto de los cuales el Organismo consideró probados el Caso Fortuito y la Fuerza Mayor, responde a la interpretación correcta del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y de los objetivos prescritos por la ley 24.065;

    Que consecuentemente corresponde rechazar el Recurso interpuesto por la Distribuidora respecto a los mencionados casos, en tanto los fundamentos esgrimidos por la misma no logran desvirtuar lo resuelto en la Resolución ENRE N° 71/2001;

    Que previo al dictado de la presente se ha emitido el correspondiente dictamen jurídico (artículo 7, inciso d) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549);

    Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado de la presente en virtud de lo que disponen los artículos 56 incisos a), o) y s) y 63 incisos a) y g) de la Ley Nº 24065 y el artículo 84 del Decreto Nº 1759/72 (T.O.1991) reglamentario de la Ley Nº 19549;

    Por ello:

    EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE:

    ARTICULO 1.- Rechazar el Recurso de Reconsideración presentado por EDESUR S.A. contra la Resolución ENRE N° 71/01, de conformidad a lo expuesto en los considerandos de esta Resolución y el Informe Técnico y Dictamen Jurídico producidos.

    ARTICULO 2.- Remitir las actuaciones a la SECRETARIA DE ENERGIA para la consideración del Recurso de Alzada interpuesto subsidiariamente.

    ARTICULO 3.- Notifíquese a EDESUR S.A.

    ARTICULO 4.- Regístrese, comuníquese y archívese.
    RESOLUCION ENRE Nº 479/2004
    ACTA Nº 709
    Jorge Daniel Belenda,
    Vocal Tercero.-
    Julio César Molina,
    Vocal Segundo.-
    Ricardo Alejandro Martínez Leone,
    Vicepresidente.
    Citas legales:Resolución ENRE 0071/2001 Biblioteca
    Resolución ENRE 0591/2000 Biblioteca
    Resolución ENRE 0931/1999 Biblioteca
    Ley 24.240 Biblioteca
    Decreto 01759/72 (t.o. 1991) Base de datos 'Biblioteca', Vistas '(Por Tipo B)'
    Ley 19.549 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 56 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 63 Biblioteca
    Acta ENRE 709/2004 Biblioteca
    Fallos citados:Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Sala V, fallo: "Edenor S.A. c/ Resolución ENRE 591/00 (Exp. 8615/00). Causa N° 117/2001" [28 de diciembre de 2001] Libros
    Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Sala II, fallo: "Edenor S.A. c/ Resolución ENRE 1184/99 (Exp N° 6882/99). Causa N° 347/2000" [28 de septiembre de 2000] Libros
    Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo: "Edenor S.A. c/ Resolución ENRE 591/00 (Exp. 8615/00). Causa N° 117/2001" [29 de abril de 2004] Libros
    Bibliografía citada:Jornadas jurídicas sobre servicio público de electricidad(8 y 9 de junio de 1995). Buenos Aires: Ente Nacional Regulador de la Electricidad, 1995. 375 p. Libros