Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0529/2005. (no publicada en B.O.) , jueves 18 de agosto de 2005, 18 p..

Citas Legales : Resolución ENRE 0550/2002, Resolución ENRE 0038/2003, Resolución SE 0115/1994, Resolución SE 0115/1994 - artículo 10, Resolución SE 0115/1994 - artículo 11, Resolución ME 0020/2002, Resolución ME 0020/2002 - anexo II, Ley 15.336, Ley 24.156 - artículo 008, Ley 25.561, Ley 25.561 - artículo 08, Ley 25.561 - artículo 09, Ley 25.561 - artículo 11, Ley 25.790 - artículo 2, Decreto 01174/1992 - artículo 01, Decreto 01398/1992, Decreto 02743/1992, Decreto 02425/1993, Decreto 00916/1994, Decreto 01540/1994 - artículo 06, Decreto 00616/1997 - artículo 03, Decreto 00214/2002, Decreto 00293/2002, Decreto 00308/2003, Ley 19.549, Ley 19.549 - artículo 01 inciso f), Ley 19.549 - artículo 17, Ley 19.549 - artículo 24 inciso a), Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 003, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 074, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 084, Ley 24.065, Ley 24.065 - artículo 01, Ley 24.065 - artículo 03, Ley 24.065 - artículo 11, Ley 24.065 - artículo 28, Ley 24.065 - artículo 35, Ley 24.065 - artículo 36, Ley 24.065 - artículo 40 inciso d), Ley 24.065 - artículo 41, Ley 24.065 - artículo 46, Ley 24.065 - artículo 48, Ley 24.065 - artículo 81, Constitución nacional - artículo 042, Constitución nacional - artículo 075, Resolución SEE 0061/1992, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 32 - punto 3.1., Resolución SEE 0061/1992 - anexo - subanexo 16, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 01. - artículo 19, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 01. - artículo 22, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 01. - artículo 23, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 01. - artículo 24, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 01. - artículo 26, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 01. - artículo 27, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 18, Tratado de Yacyretá

Fallos Citados : CSJN; fallo: "Angel Estrada y Cía. S.A. c/ Resolución SEyP 71/96" (Expte. N° 750-002119/96) [5 de abril 2005]

Expediente Citado : ENRE 11847/2002, ENRE 12336/2002



BUENOS AIRES, 18 DE AGOSTO DE 2005

    VISTO los Expedientes ENRE N° 11.847/2002 y ENRE N° 12.336/2002 que tramitan acumuladamente, y

    CONSIDERANDO:

    Que el Expediente ENRE N° 11.847/2002 se inició el 10 de Enero de 2002 con una presentación de Líneas de Transmisión del Litoral S.A. (LITSA) por la que planteaba un conflicto suscitado con Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA) a raíz del cobro del canon de amortización correspondiente a la ampliación del Sistema de Transporte en Alta Tensión de la Segunda Línea del Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica asociado a la Central Hidroeléctrica Yacyretá, a raíz de la pesificación dispuesta por la Ley de Emergencia N° 25.561 y el Decreto PEN N° 214/2002;

    Que el Expediente ENRE N° 12.336/2002 se inició el 31 de Julio de 2002 con la presentación de documentación por parte de LITSA, relativa a su situación económico financiera destinada a apuntalar su posición en el referido conflicto con EBISA;

    Que en el primero de los Expedientes señalados, EBISA, mediante Nota de Entrada N° 73.975 (fojas 164), solicitó al ENRE que apruebe la -denominada por las partes- “Addenda” suscripta con LITSA, del contrato COM relativo a la ampliación mencionada y en la que se establecía lo siguiente: a) el canon a ser percibido por LITSA será el resultante de la Resolución ENRE N° 550/2002, b) el período de amortización será hasta el mes de Agosto de 2018 inclusive, c) sin desmedro de lo antedicho, se establece que de producirse modificaciones de precios relativos, en más o en menos, que no sean contemplados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), habilitará a que cualquiera de las partes plantee dicho apartamiento ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD a los efectos de su consideración;

    Que dicha Addenda obra a fojas 166/167 del Expediente ENRE N° 11.847/2002 y en su artículo 6° prevé la presentación del pedido de homologación a este Ente.

    Que a fojas 184/185 obra el informe del Área de Análisis Regulatorios y Estudios Especiales en el que se evalúa favorablemente la petición efectuada;

    Que mediante Resolución ENRE N° 38/2003 del 7 de Enero de 2003, el ENRE dispuso: “Homologar la Addenda al Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (el Contrato COM) de la denominada Segunda Línea del Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica Asociado a la Central Hidroeléctrica de Yacyretá, obrante a fojas 166/167 del Expediente ENRE N° 11.847/2002 y que se adjunta en copia a la presente Resolución como Anexo I” (fojas 193/199);

    Que de dicha Resolución se dispuso su publicación resumida en el Boletín Oficial (fojas 613/614 del Expediente ENRE N° 12.336/2002, acumulado al Expediente anteriormente mencionado;

    Que en el mismo Expediente, donde continuaron las actuaciones, se notificó la Resolución a la SECRETARIA DE ENERGIA (SE), a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), a EBISA y a LITSA (fojas 615, 616, 617, 618);

    Que a fojas 642 del Expediente ENRE N° 12.336/2002, con fecha 15 de Noviembre de 2.004 y mediante Nota Entrada N° 98.084, se presentó EBISA comunicando al ENRE que “el día 4 de Noviembre de 2004 la Asamblea Extraordinaria de accionistas N° 7 de EBISA ha resuelto por unanimidad dejar sin efecto la Addenda al Contrato COM de la Segunda Línea de Transmisión asociado a la Central Hidroeléctrica Yacyretá, acordada entre EBISA y LITSA el 7 de Enero de 2003”;

    Que a fojas 643/645 LITSA hace saber la decisión de EBISA y acompaña nota de respuesta cursada a dicha empresa en la que rechaza esa decisión;

    Que con fecha 24 de Noviembre de 2004 (fojas 646/791), LITSA solicitó la intervención del ENRE a efectos de que, resolviendo la controversia que se planteaba, el Ente declarara ilegítima la pretensión de EBISA de dejar sin efecto la Addenda al Contrato COM suscripta entre las partes, el 7 de Enero de 2003 y homologada por Resolución ENRE N° 38/2003;

    Que además solicitó el dictado de una medida cautelar para que, hasta tanto se dirima la controversia planteada, EBISA se abstuviera de realizar cualquier acto que implique el desconocimiento de la Addenda al contrato COM y/o se abstuviera de incumplir de cualquier forma la Addenda y/o de disponer cualquier comportamiento o acto susceptible de alterar la vigencia y/o estado de cumplimiento del Contrato COM con más su Addenda, como así también que se ordenara a EBISA y sus accionistas que se abstuvieran de informar a terceros –en especial y sin limitación, a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA)- que EBISA dejó sin efecto la Addenda mencionada;

    Que paralelamente LITSA promovió una acción judicial (autos “LINEAS DE TRANSMISION DEL LITORAL S.A. (LITSA) c/ EMPRENDIMIENTOS ENERGETICOS BINACIONALES S.A. s/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA” (EXPTE 39.001/04), actualmente en trámite por ante la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal) requiriendo idéntica medida cautelar y obteniendo una Resolución favorable, por lo que el 31 de Marzo de 2005 el ENRE dispuso (fojas 806) con relación a las medidas cautelares solicitadas, que su tratamiento devenía inoficioso, atento que la mencionada Sala había acordado la medida cautelar peticionada;

    Que a fojas 822/880, EBISA contesta el traslado conferido, en una exposición en la que se refiere en forma crítica, indistinta y alternadamente tanto a la Addenda que firmara con LITSA (sosteniendo su posterior conducta de “dejarla sin efecto”), como al planteo original de LITSA sobre la recomposición de sus ingresos y también a la propia Resolución ENRE N° 38/2003 cuyo dictado solicitara;

    Que respecto del primero de los temas –que es propiamente sobre el que trataba el traslado que se le había conferido- entiende que el ENRE carece de competencia para expedirse al respecto, en razón de que -sostiene- no es de aquellos sobre los que puede ejercer su facultad jurisdiccional por la naturaleza restringida de la misma, a cuyo efecto cita la doctrina del fallo “Angel Estrada” en lo referente a la jurisdicción administrativa;

    Que en esta línea, considera que no se puede hablar de experiencia del ENRE en temas de reajuste, por no existir antecedentes de ajustes del canon del contrato COM realizados mediante el mecanismo que culminó con el dictado de la Resolución ENRE N° 38/2003;

    Que sostiene que tampoco se encuentra, afectado el servicio, -lo que justificaría el accionar del Ente- ya que la prórroga en el plazo de amortización -dice- no tiene relación con la prestación del servicio;

    Que por lo expuesto –y otras apreciaciones- entiende que el ENRE no tiene facultades para tratar la controversia traída por LITSA;

    Que por otro lado, volviendo sobre los pasos dados en la firma de la Addenda, procede a criticar la intervención realizada por el ENRE en aquella oportunidad, cuestionando también su competencia para haber tratado el tema, mencionando que el ENRE carece de facultades para modificar el canon;

    Que entiende que el contrato COM que la vincula con LITSA es un contrato de los enumerados en el artículo 8 de la Ley N° 25.561 tanto por el sujeto como por el objeto. Lo primero, en tanto fue celebrado por el Estado Nacional representado por la Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyreta (UESTY), ente autárquico, que actuaba en el ámbito de la Secretaría de Energía Eléctrica (Decreto PEN N° 1.174/92, artículo 1°) cuya función, ampliada por los Decretos PEN N° 2.425/93 y PEN N° 916/94 consiste en llevar a cabo todos aquellos actos que fuere menester para la puesta en operación del Segundo Tramo y de los tramos futuros del Sistema de Transmisión asociado a la Central Hidroeléctrica Yacyretá y porque fue aquel el que estableció las condiciones de contratación. Y lo segundo, en tanto sostiene que su objeto consiste en la satisfacción del interés general. Sobre la base de lo cual concluye que, si procedía alguna revisión del mismo debió haber sido realizada por el Poder Ejecutivo, y que el ENRE sólo tendría la posibilidad de una competencia limitada a determinar cuál es la norma aplicable (artículo 8 ó artículo 11) y en consecuencia cuál es la autoridad que debe resolver la controversia;

    Que así, sostiene que sobrepasar ese límite importa actuar fuera de su competencia y en consecuencia esos actos son nulos;

    Que a raíz de esa crítica sobre el origen de la actuación del ENRE se vuelve también contra la misma Resolución ENRE N° 38/2003 sosteniendo que la modificación del canon de un contrato COM o la homologación de una Addenda al mismo, no es competencia del ENRE;

    Que manifiesta también que no es la Resolución ENRE N° 38/2003 la que genera los derechos y obligaciones entre las partes sino el acto previo de firma de la Addenda, sobre la cual, como mencionara, el ENRE tampoco tiene competencia. Señala que de esa manera se vio afectado el procedimiento fijado por la Ley N° 25.561 que era el que correspondía;

    Que finalmente considera, a su entender, que la homologación presenta vicios ante la falta de dictamen de la Asesoría Jurídica permanente, falta de celebración de audiencia pública, y por modificar las condiciones esenciales del contrato COM y afectar derechos de usuarios;

    Que a fojas 894/905, LITSA contesta el traslado de la presentación de EBISA, sosteniendo que los planteos de EBISA exceden el marco de la controversia en trámite, que solo debe decidir sobre la legitimidad o ilegitimidad de la pretensión de ésta de dejar sin efecto la Addenda al contrato COM, homologada por Resolución ENRE N° 38/2003;

    Que sostiene LITSA que el ENRE es competente para pronunciarse en torno a la legitimidad o ilegitimidad de la pretensión rescisoria de EBISA, invocando al efecto lo dispuesto en el artículo 47 del Contrato COM, que establece que “toda controversia que se genere entre la comitente y la sociedad autorizada con motivo de la aplicación o interpretación del contrato será sometida a la jurisdicción del ENRE....”, y que dicha competencia fue reconocida por la propia EBISA al plantear ante el ENRE mediante nota de fecha 15 de Noviembre de 2004 su pretensión de dejar sin efecto la Addenda;

    Que también entiende que el ENRE es incompetente para revocar la Resolución ENRE N° 38/2003 y la Addenda que dicha Resolución homologa, porque ha sido consentida por EBISA, encontrándose firme, y por existir derechos subjetivos que se están cumpliendo a favor de LITSA;

    Que, eventualmente, EBISA debería promover acción judicial de nulidad conforme lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 19.549;

    Que desconoce, asimismo, el carácter público que EBISA pretende otorgarle al contrato COM y por ello que corresponda su renegociación en los términos del artículo 8 de la Ley N° 25.561 y no por el artículo 11;

    Que LITSA en su presentación de fojas 1034/1037 sostiene que la presentación de EBISA constituye un Recurso de Reconsideración o eventualmente una denuncia de ilegitimidad, debiendo en cualquier caso ser rechazada por extemporánea;

    Que a fojas 982 EBISA aclara que el ENRE puede darle a su presentación, tratamiento como denuncia de ilegitimidad;

    Que en el mismo Expediente y por su lado, se presentan, el ENTE BINACIONAL YACYRETA (EBY) a fojas 881/892; NUCLEO ELECTRICA ARGENTINA S.A. (NASA) a fojas 906/920 y la EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC) a fojas 921/937, interponiendo los dos primeros Recursos de Reconsideración y el tercero Reclamo impropio contra la Resolución ENRE N° 38/2003;

    Que sintetizando los argumentos de los presentantes, estos fundamentan su impugnación en los siguientes argumentos: 1) El canon fijado implica el desembolso de una suma en concepto de canon por el lapso de doce años más, lo que afecta derechos subjetivos (NASA fojas 906, EPEC fojas 921 vta. y EBY fojas 883 apartado VI); 2) Falta de motivación al carecer de análisis que sustentara lo actuado con relación a los siguientes puntos: a) encuadramiento por el ENRE en el artículo 11, cuando, sostienen los impugnantes, debió encuadrarse en el artículo 8 de la Ley 25.561 (NASA fojas 909/911 y EPEC fojas 926/927); b) falta de celebración de audiencia pública (EPEC fojas 923/925, EBY fojas 883 vta. Punto b); c) Carencia de dictamen jurídico previo (EPEC fojas 925, EBY fojas 886 vto. pto. c); y 3) Ausencia de competencia (EBY fojas 887 y vta. apartado VIII);

    Que notificada EBISA y LITSA de la presentación de los mencionados Recursos, la primera presenta argumentos similares a los planteados por las recurrentes y la segunda se opone a la revocación pretendida;

    Que, pasando a considerar las cuestiones descriptas, es posible analizar los hechos expuestos diferenciando dos temas distintos, aún cuando reconocen la existencia de un acto que los vincula;

    Que los temas referidos son, por un lado la controversia entre LITSA y EBISA sobre la vigencia de la Addenda del contrato COM y por otro, los Recursos de Reconsideración que presentan EPEC, EBY y NASA, en su carácter de usuarios “beneficiarios” de la ampliación del sistema de transporte mencionada, solicitando la revocación de la Resolución ENRE N° 38/2003;

    Que de las cuestiones señaladas resulta necesario considerar en primer término los Recursos interpuestos, no sólo porque cuestionan la validez de una Resolución que precedió temporalmente a la controversia, sino porque lo que se decida sobre ese tema puede tener influencia en la otra cuestión;

    Que pasando al análisis de los Recursos, podemos sintetizar los tres en las siguientes impugnaciones: 1) que no se llevó a cabo el procedimiento correcto; 2) que se afectó el derecho al debido procedimiento adjetivo;

    Que por su parte, LITSA, objeta esas impugnaciones pero además, cuestiona la posibilidad de los presentantes de plantear los Recursos articulados;

    Que lo primero a considerar es la competencia del Ente. En lo que hace a los Recursos de Reconsideración contra una Resolución emitida por éste, no existen dudas al respecto, conforme lo dispuesto por el artículo 84 del Decreto PEN N° 1.759/72 (t.o. 1991), por lo que cabe entonces considerar esta primera cuestión planteada por LITSA pues, en caso de que progrese no se justificaría el tratamiento de los demás argumentos;

    Que con respecto a la intervención del EBY, LITSA cuestiona en principio la personería que se arroga el Arquitecto Oscar Alfredo Thomas en su representación;

    Que a este respecto, cabe remitirnos al Tratado de Yacyretá (TY), en el que se consigna que el Director Ejecutivo del en te Binacional Yacyreta, se encuentra facultado para representarlo tanto en sede judicial como fuera de ella (conf. artículo 15 del Estatuto del EBY que es Anexo A del TY);

    Que el Arquitecto Thomas ha sido designado como Director Ejecutivo de Yacyreta por el Decreto PEN N° 308/03, por lo que la referida oposición no es aceptada;

    Que en segundo término, LITSA plantea la falta de legitimación de EBY en razón de que la misma no tiene un derecho subjetivo o interés legítimo que pueda verse afectado por la Resolución ENRE N° 38/2003;

    Que de acuerdo a los términos del TY (artículo XIV), la electricidad que la misma genere con su Central Hidroeléctrica, va a ser adquirida en la Argentina por Agua y Energía Eléctrica S.E., resultando así la comercializadora de esa energía en el MEM;

    Que el Decreto PEN N° 616/97 de creación de EBISA, dispuso que ésta fuera la sucesora de aquella en esa actividad (artículo 3°) a los efectos de la comercialización de la energía eléctrica proveniente de la Central Hidroeléctrica Yacyreta (artículo 1);

    Que en tal condición es EBISA la que debe afrontar los costos del transporte (situación que resulta similar a lo dispuesto en Los Procedimientos, para el comercializador, conforme a las previsiones del punto 3.1 del Anexo 32);

    Tratándose la Resolución atacada de una disposición vinculada a costos que se derivan del transporte de energía dentro del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) no se visualiza que el EBY tenga algún interés que pueda verse afectado por la misma, que justifique su pretensión revocatoria;

    Que por ello se entiende que no cabe admitir el Recurso que presenta;

    Que también LITSA cuestionó la posibilidad de que NASA pueda interponer el Recurso presentado;

    Que la mencionada empresa es una sociedad cuyo capital es de propiedad del Estado Nacional en un 99% y de EBISA (antes Agua y Energía Eléctrica S.E.) en el 1% restante (Decreto PEN N° 1540/94 artículo 6), por lo que se encuentra dentro del Sector Público Nacional (conf. artículo 8 de la Ley N° 24.156), en el área de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS de la NACIÓN, y consecuentemente sujeto a las disposiciones que rigen para el mismo;

    Que el artículo 74 del Decreto PEN N° 1.759/72 (t.o. 1991), reglamentario de la Ley N° 19.549, establece que: “...los entes autárquicos no podrán recurrir actos administrativos de otro de igual carácter ni de la Administración central..., sin perjuicio de procurar un pronunciamiento del ministerio en cuya esfera común actúen o del Poder Ejecutivo Nacional, según el caso.”;

    Que toda la doctrina es conteste en que el artículo citado comprende no solo a los entes autárquicos, sino a los entes descentralizados en general. (conforme Hutchinson, Tomás “Régimen de Procedimientos Administrativos” pág. 332/36; Gordillo –Tratado de Derecho Administrativo T° 4, 4 edición, I-12.7 y Procuración del Tesoro de la Nación Dictámenes 220:143; 216:1 y 51; 210/156; 210 2da. parte:155; 166:39 entre otros; C.S.J.N. “ELMA” E.D. 74-245);

    Que por lo tanto, sin perjuicio del interés legítimo que a NASA le pueda corresponder, ante la existencia de la norma citada, no corresponde que su petición sea canalizada por este Ente, por lo cual corresponde que sea desestimada;

    Que LITSA también se opuso al Reclamo administrativo presentado por EPEC en virtud de considerar que dicha empresa tampoco tiene un derecho subjetivo ni interés legítimo afectado que sustente su petición, en virtud de que la misma no es “beneficiaria” de la línea que aquella construyó, opera y mantiene;

    Que contrariamente a lo indicado por LITSA, EPEC, tanto en su carácter de Distribuidora, como de Generadora, era usuaria beneficiaria de la línea SGDE. ARG 500 – RINCÓN 500 cuyo canon de amortización cobra LITSA, durante el semestre en el que se dictó la Resolución ENRE N° 38/2003 (y continúa siéndolo en la actualidad);

    Que en virtud de lo expuesto y conforme lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto PEN N° 1.759/72 (t.o. 1991) cabe admitir que EPEC constituye parte interesada, en la medida en que el acto dictado afectó sus derechos subjetivos e intereses legítimos;

    Que EPEC interpuso un Reclamo impropio, en los términos del artículo 24 inciso a) de la Ley N° 19.549, contra la Resolución ENRE N° 38/2003;

    Que siendo la Resolución ENRE N° 38/2003 un acto administrativo de alcance general -en virtud de la vocación de permanencia que tiene su contenido, dirigido tanto a sujetos determinados (EBISA, LITSA y los beneficiarios existentes a la fecha) como a sujetos indeterminados (los que resulten beneficiarios durante la vida del contrato)-, el Reclamo previsto en el artículo 24 inciso a) de la Ley N° 19.549 constituye una vía apta para su impugnación administrativa;

    Que dicho Reclamo es formalmente procedente por cuanto al plantear su Reclamo, EPEC alega y acredita que la Resolución ENRE N° 38/2003, le puede afectar en forma cierta e inminente sus derechos subjetivos, porque encontrándose obligada al pago del canon del LITSA, le será oponible la prórroga en el período de amortización dispuesta por el acto que se cuestiona;

    Que asimismo, el Reclamo impropio ha sido interpuesto ante el mismo órgano que dictó la Resolución ENRE N° 38/2003, y en término –ya que el Reclamo impropio no está sometido a plazo alguno (conf. entre otros, Dictámenes PTN 235:143) y no ha habido, en el caso, acto particular que ejecute en forma directa lo resuelto en la Resolución ENRE N° 38/2003;

    Que alternativamente, en caso contrario, siempre sería procedente considerar su presentación como un denuncia de ilegitimidad, procedente tanto porque el tiempo transcurrido no evidencia abandono del derecho, en tanto la homologación no tendría efecto sino a partir de Agosto de 2006 y también porque se alega una nulidad absoluta;

    Que por ello, deben analizarse los argumentos que dicha empresa presenta como fundamento de su Reclamo administrativo y las objeciones que LITSA plantea contra los mismos;

    Que EPEC asigna los siguientes defectos de la Resolución que ataca, en primer término la inobservancia del debido proceso adjetivo por: a) falta de celebración de audiencia pública; y b) carencia de dictamen jurídico previo y también hace referencia dentro del mismo reproche, bajo el título de “Incumplimiento del procedimiento legalmente previsto”, a una causa que en realidad, es un cuestionamiento a la competencia del Ente para el dictado de la Resolución impugnada;

    Que en segundo término, la recurrente, cuestiona la competencia del Ente para el dictado de la Resolución atacada en virtud de que serían de aplicación las disposiciones del artículo 8 de la Ley N° 25.561;

    Que más adelante hace referencia a otros vicios que estarían vinculados con la inobservancia de la Ley N° 25.561 y por último le imputa vicio en la causa en razón de que no surgen de sus términos los suficientes antecedentes de hecho y derecho que justifiquen la decisión tomada;

    Que por su parte, LITSA rebate esos argumentos, sosteniendo que conforme los términos del Decreto PEN N° 293/02 y la Resolución ME 20/02, el contrato COM no se encontraba incluido entre los renegociables, hecho ratificado por el mismo responsable de la Unidad Coordinadora de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos en la Nota 695 del 15 de Agosto del 2002, por lo que resulta plenamente aplicable la manda establecida en el artículo 47 del contrato COM que fija al ENRE como su Autoridad de Aplicación;

    Que, pasando a considerar el Reclamo, cabe admitir que EPEC no tuvo intervención alguna en el procedimiento en el que se dictó la Resolución ENRE N° 38/2003 ni fue notificada de la misma con anterioridad a la presentación de su Reclamo;

    Que corresponde en consecuencia pasar a analizar el planteo de incompetencia previo al resto de las impugnaciones.

    Que sobre este cuestionamiento, aún considerando al contrato en cuestión como comprendido entre los que menciona el artículo 8 de la Ley N° 25.561, debe tenerse presente que dicha Ley no estableció como una obligación ineludible la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos por parte del Poder Ejecutivo, sino que lo autorizó a “proceder” al efecto (artículo 9);

    Que el Poder Ejecutivo no incluyó al contrato en cuestión dentro de los que procedería a renegociar (ver al respecto la identificación de contratos realizada en la Resolución ME 20/02, Anexo II, confirmada por la Nota CR 695, emitida por el Secretario Coordinador General de la Comisión de Renegociaciones de Contratos de Obras y Servicios Públicos a fojas 503);

    Que la autorización legal de renegociación encontraba su justificación directa en la pesificación de las obligaciones estipuladas en moneda extranjera, establecida en el mencionado artículo 8;

    Que el canon de amortización previsto en el contrato COM respectivo, estaba referido en dólares estadounidenses;

    Que el incremento de paridad cambiaria sumado a la pesificación dispuesta, producía una afectación en los ingresos del transportista independiente;

    Que la falta de tratamiento directo por el Poder Ejecutivo, no significaba la pérdida del derecho de LITSA al Reclamo respectivo. Máxime en el presente caso en que su comitente no era el Estado Nacional sino una sociedad anónima (la que aún cuando la mayoría accionaria esté en manos del Estado, conserva su propia personalidad jurídica) y se establecía en el respectivo contrato COM que este Ente era su autoridad de aplicación (artículo 47);

    Que una ratificación de lo expuesto está dada por lo que dispone la Ley N° 25.790, la que dictada expresamente para regular el proceso de renegociación, reconoce que “...Las facultades de los entes reguladores en materia de revisiones contractuales, ajustes y adecuaciones tarifarias previstas en los marcos regulatorios respectivos, podrán ejercerse en tanto resulten compatibles con el desarrollo del proceso de renegociación que lleve a cabo el Poder Ejecutivo nacional en virtud de lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley N° 25.561” (artículo 2);

    Que lo expuesto y las razones que se expresarán más adelante en el tratamiento de similar planteo realizado por EBISA, permiten afirmar que el cuestionamiento de incompetencia no puede progresar;

    Que pasando a considerar las restantes quejas de la recurrente señalamos que EPEC reclama por la falta de celebración de la audiencia pública, pero ello lo hace, en virtud de que entiende que su ausencia ha afectado el debido proceso en lo atinente a la posibilidad de ser oído y de ofrecer y producir prueba, derechos que aquel procedimiento le hubiera permitido ejercer;

    Que habiendo considerado positivamente que EPEC tiene derechos subjetivos que han sido afectados por la Resolución recurrida, en tanto obligado al pago del canon durante el período de amortización (que conforme la Addenda se extenderían por doce años más del plazo original) y habiéndose omitido la notificación a la misma para que tuvieran la oportunidad de “...exponer las razones de las pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a sus derechos subjetivos o intereses legítimos...” (artículo 1 inc. f ap. 1. de la Ley N° 19.549), siendo posible la identificación de los beneficiarios, cabe admitir la procedencia del Reclamo interpuesto;

    Que por lo expuesto se torna innecesario la consideración del resto de los argumentos de la recurrente;

    Que aun dispuesta la revocación de la Resolución ENRE N° 38/2003, queda pendiente de Resolución la petición de LITSA sobre la recomposición de sus ingresos y de EBISA sobre el pedido de homologación primero y revocación después de la Addenda en cuestión;

    Que pasando entonces a considerar la controversia entre LITSA-EBISA, cabe señalar que los cuestionamientos efectuados por EBISA versan fundamentalmente sobre la competencia del ENRE para entender en su Resolución, como así también en el trámite original de la modificación del período de amortización y el dictado de la Resolución ENRE N° 38/2003;

    Que para proceder a la consideración de los mismos, y teniendo en cuenta que nuestro derecho constituye un sistema completo, cabe comenzar el análisis por las normas de mayor jerarquía para descender luego a las inferiores, interpretándolas a la luz de las primeras, comprendiendo así cabalmente el plexo normativo que regula la presente cuestión;

    Que en el caso de las ampliaciones del transporte de electricidad en el Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica, debemos tener presente que nuestra Constitución Nacional (CN) dispone que competen al Congreso de la Nación entre otras, las siguientes funciones (conf. artículo 75 C.N.): a) proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso...” mencionando entre otras la ejecución de obras para la prestación de servicios públicos, por ejemplo: la construcción de ferrocarriles y canales navegables y también la introducción y establecimiento de nuevas industrias (inc. 18); b) proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional (inc. 19); c) proveer al crecimiento armónico de la Nación y a la población de su territorio (inc. 19); como así también la existencia de establecimientos de utilidad nacional (inc. 30);

    Que además de lo expuesto, el artículo 42 C.N. dice que: “... La legislación establecerá... los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional...”;

    Que en ejercicio de tales facultades el Congreso de la Nación dictó la Ley N° 24.065 que, juntamente con la Ley N° 15.336 constituyen el Marco Regulatorio del Sector Eléctrico (artículo 81 de la Ley N° 24.065);

    Que dicho marco ha dispuesto que tanto la distribución, como el transporte de electricidad son servicios públicos (conf. artículo 1° de la Ley N° 24.065) y que por ello, el Estado Nacional, por sí, garantiza la prestación del servicio (artículo 3, 2da. parte de la Ley N° 24.065);

    Que de la Ley N° 24.065, surgen dos posibilidades de ampliación del Sistema de Transporte: 1) la obligación impuesta por el concedente al concesionario en el contrato de concesión para que extienda o amplíe sus instalaciones, conforme lo prevé el artículo 28 de la Ley N° 24.065 y 2) conforme al artículo 11, cuando la iniciativa de ampliación parte del concesionario;

    Que es importante destacar que en esta segunda posibilidad no basta la iniciativa del concesionario sino que, para que la ampliación pueda realizarse debe contar con la autorización del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, mediante la expedición de un Certificado de Necesidad y Conveniencia Pública (CNCP);

    Que de lo expuesto surge que, en cualquiera de las formas de ampliación de redes prevista en la Ley, es siempre la autoridad pública la que aparece determinando la posibilidad de su realización;

    Que la causa fundamental de ese requerimiento está vinculada con el hecho de que el costo de esas ampliaciones tiene influencia directa en la tarifa del servicio público que deberán pagar los usuarios;

    Que, en efecto, en el caso de la ampliación dispuesta por el Estado (artículo 28) la misma norma prevé que “... los concesionarios podrán recuperar el monto de sus inversiones conforme lo dispuesto en el artículo 41 de esta Ley”;

    Que como se dijo, en el caso de iniciativa del concesionario, la autorización se otorga mediante la expedición de un CNCP;

    Que dicho CNCP importa que el Ente ha evaluado la propuesta del concesionario y estima que la obra proyectada cubre la “necesidad” técnica que se pretende superar con la misma y que los costos necesarios para su concreción resultan “convenientes” para los usuarios;

    Que estas definiciones son necesarias porque al tener que ser afrontado el costo de esa inversión por los usuarios (mediante el pago de sus tarifas), sólo son admisibles aquellas que sean justificadas técnicamente y de mínimo costo razonable compatible con la seguridad de abastecimiento (conf. artículo 40 inciso d);

    Que el artículo 41 –mencionado- establece la rentabilidad que corresponderá incluir en las tarifas de los concesionarios, pero además de la renta, el artículo 40 (que remite en el punto al 41 para ese ítem) establece cuáles son los componentes que debe reconocer la tarifa;

    Que pasando ahora a las reglamentaciones de algunas de las normas señaladas comenzaremos haciendo referencia a la reglamentación del artículo 1° de la Ley N° 24.065 en donde el Poder Ejecutivo (Decreto PEN N° 1.398/92) entendió que el transporte de electricidad, a pesar de ser un servicio público, “comparte las reglas propias del mercado por las particularidades que presenta en lo atinente a su expansión” y que “... Tales condiciones deberán ser tenidas en cuenta por la SECRETARIA DE ENER-GIA ELECTRICA al establecer la regulación espe-cífica de tal actividad y por el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD al ejercer las funciones que le asigna la Ley N° 24.065”;

    Que esta disposición se refiere, obviamente, sólo a las expansiones que provienen de la iniciativa privada, que es donde rigen las reglas propias del mercado;

    Que de esa forma, la Secretaría de Energía reglamentó ese tipo de expansiones (de iniciativa privada) a través de resoluciones, que, junto con las normas que la misma autoridad dictó para la reglamentación del Despacho Técnico (artículo 35 Ley N° 24.065) y del despacho Económico (artículo 36 de la Ley N° 24.065) conforman lo que se conoce como “Los Procedimientos para la Programación de la Operación el despacho de Cargas y el Cálculo de Precios”, aprobado por Resolución N° 61/92 de la Ex SEE (Los Procedimientos). Las ampliaciones del transporte se encuentran actualmente incluidas en los actuales Anexos 16 y 18 de ese cuerpo normativo;

    Que en esta reglamentación si bien originalmente estaban previstas solo dos formas de ampliación de iniciativa privada (por concurso público y por acuerdo entre partes), actualmente existen algunas variantes sobre las dos figuras básicas;

    Que en lo que aquí interesa –dado que en el caso se distribuye el canon entre los usuarios beneficiarios- nos vamos a referir a las ampliaciones por concurso público;

    Que de acuerdo a la regulación de esta posibilidad, se permite a los agentes del MEM involucrados (que representen una participación en los beneficios de la ampliación del 30% o más de su área de influencia) detectar la oportunidad conveniente -desde el punto de vista económico- de realizar una ampliación, autorizándolos a tomar la iniciativa en un procedimiento detalladamente reglamentado en el Anexo 16 de la Los Procedimientos;

    Que la iniciativa privada, conforme a las reglas de mercado, pondrá en marcha el procedimiento, naturalmente sólo en caso de visualizar un beneficio económico para su explotación comercial;

    Que conforme el régimen mencionado, la intervención del sector privado comprende: 1) la iniciativa para la construcción, que se concreta en una propuesta que se presenta al Transportista concesionario (ello a los efectos de dar cumplimiento a la disposición del artículo 11 de la Ley, por el cual son estos los que pueden requerir el otorgamiento de un CNCP); 2) presentar una propuesta de contrato COM con canon anual constante (artículo 15/a) o una propuesta de canon anual máximo (15/b); 3) el proyecto técnico (16/b); 4) la factibilidad técnica (16/f); 5) la factibilidad económica si se trata de canon anual máximo (18/2do. Párr.);

    Que, sin perjuicio de lo expuesto debe tenerse presente que en el informe que el Transportista concesionario debe presentar al ENRE, debe existir un estudio de factibilidad técnica propio (17/2do. Párr.), ello como responsable directo hacia los usuarios de la nueva línea y hacia el Estado concedente por el cumplimiento del contrato de concesión (de conformidad con lo previsto en el artículo 1 del contrato de concesión y 7mo. Considerando del Decreto PEN N° 2.743/92) y las respectivas reglamentaciones de la actividad, de CAMMESA y, como se dijo del ENRE;

    Que por otro lado es el propio Ente quien analiza el cumplimiento de que de la ampliación resulte una conveniencia económica para el sistema y por ello para los usuarios, conforme con lo previsto en el punto 19 del Anexo 16 de Los Procedimientos;

    Que cumplido lo anterior y otorgadas la autorizaciones correspondientes los agentes privados solicitantes deben: 1) Realizar la licitación pública, preparando la documentación licitatoria y contractual (punto 23 1er. Párr. Anexo 16); 2) Adjudicar la licitación; 3) Suscribir el contrato COM en calidad de comitente (punto 24 Anexo 16);

    Que para cada uno de los actos mencionados, necesitan también la aprobación del ENRE;

    Que, con la modalidad reglamentariamente adoptada el Estado permite la actuación privada en: 1) la iniciativa de proposición de la obra de ampliación; 2) la propuesta de los términos técnicos y económicos de la ampliación y 3) el control –en su calidad de comitente- de la correcta ejecución de la obra;

    Que la reglamentación respeta la Ley en cuanto, como vimos, los agentes privados presentan el pedido ante el transportista concesionario, con lo que se cumple con el artículo 11 de la Ley N° 24.065, y es éste quien presenta el pedido al ENRE, además es quien otorga la licencia técnica a quien pasará a operar y mantener la línea nueva;

    Que la intervención de los privados en las tareas antes mencionadas se efectúa como una colaboración con la actividad del Estado;

    Que sin perjuicio de la posibilidad de colaboración de los privados el Estado asume una función indispensable consistente en la aprobación de la acción privada a través de un ente estatal;

    Que el ENRE, como vimos, fundamentalmente aprueba: el período de amortización; el monto de canon anual establecido, quienes son los usuarios beneficiarios y cual será su participación en el pago del canon (punto 22 Anexo 16);

    Que esa modalidad de ampliación, en la que toma intervención del sector privado con la supervisión y aprobación de la autoridad pública que el Ente representa, no impide ni limita la intervención directa del Estado Nacional, el que, tratándose de construcciones destinadas a prestar un servicio público esencial, como es el abastecimiento de energía eléctrica, cuya prestación se encuentra garantizada por el mismo (conf. artículo 3 Ley N° 24.065) y en la natural búsqueda del bien común de la Nación, puede decidir la construcción de líneas de ampliación del Sistema de Transporte, sobre la base de realizar sus propias evaluaciones económicas o por razones de otra índole que justifiquen la ampliación del Sistema;

    Que un ejemplo concreto de lo expuesto lo constituye precisamente la disposición de la construcción de la Segunda Línea de Transmisión de Yacyretá (Resolución SE 115/94), objeto del presente procedimiento;

    Que en este caso, tanto la iniciativa, como la supervisión de la construcción, se ejecutaron por el Estado (a través de la UESTY), quien dispuso la licitación correspondiente de donde surgió el contrato COM en cuestión, figurando como comitente la UESTY que luego trasfirió el mismo a Agua y Energía Eléctrica S.E. y más tarde a EBISA y como contratista, quien había presentado la oferta más conveniente en la licitación (LITSA).

    Que conforme lo previsto en el punto 27 del Anexo 16, el sistema de ampliación por iniciativa privada están previstos tres períodos: 1) Un PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN que va desde la firma del contrato COM hasta la puesta en servicio de la ampliación realizada; 2) Un PERÍODO DE AMORTIZACIÓN que va desde el vencimiento del anterior hasta el vencimiento del plazo que lleva este nombre y que es aprobado por el ENRE y 3) Un PERÍODO DE EXPLOTACIÓN que comienza a partir del vencimiento del anterior;

    Que conforme con lo dispuesto en el punto 26 del Anexo 16, durante el período de construcción no hay pagos;

    Que durante el período de amortización se produce, la amortización del valor de la obra más el pago de los costos de operación y mantenimiento de ese período, mediante el pago de un canon;

    Que durante el período de explotación se pagan los costos de operación y mantenimiento que son de acuerdo al régimen remuneratorio del transportista o sea la tarifa de la prestación del servicio;

    Que siendo los costos de operación y mantenimiento los que integrando la tarifa, retribuyen al concesionario del transporte por su servicio, los costos puros de amortización resultan de la diferencia entre el canon fijado y los mismos;

    Que es de la mayor importancia para comprender su naturaleza jurídica recordar que el pago del canon de amortización no queda circunscripto solamente a los beneficiarios que aparecen como “comitentes” firmando el contrato COM;

    Que dichos costos –conforme la reglamentación (punto 26 del Anexo 16)- se encuentran a cargo de todos los usuarios reconocidos como beneficiarios;

    Que los beneficiarios son los “usuarios” de la nueva línea, tanto quienes tenían la condición original de “beneficiarios” al momento de firmarse el contrato COM como los que se van incorporando al sistema y usan la ampliación realizada, menos los que se van retirando del mismo y por eso no la usan más. Todos los usuarios antiguos y nuevos pagan en la medida de su uso;

    Que a ese efecto, semestralmente, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) efectúa la determinación de cuánto es lo que cada usuario debe pagar;

    Que naturalmente, son esos mismos usuarios, a quienes les corresponden los créditos que el transportista debe pagar en concepto de “sanciones” por las indisponibilidades que sufran las instalaciones de la nueva ampliación;

    Que es la intervención de la autoridad pública, mediante la autorización de la nueva obra por el otorgamiento del CNCP (que otorga el ENRE) –o su realización por disposición directa del Estado Nacional- lo que justifica la obligación de pago del canon de amortización, tanto por los beneficiarios que no estuvieron de acuerdo con la ampliación, como por los nuevos usuarios;

    Que de lo expuesto surge que, tanto el monto del canon como el período de amortización adquieren vigencia a partir de su aprobación por la autoridad pública que en el caso es el ENRE;

    Que la finalidad de la incorporación del monto y plazo de pago del canon de amortización en los contratos COM, radica en la necesidad de dejarlos determinados de esa forma;

    Que remitiéndonos a las normas concretas que hicieron a la ampliación en análisis, vemos que lo expuesto surge expresamente de la Resolución SE N° 115/94 por la que se instruye a la UESTY, como gestora del Estado Nacional a promover la construcción de las obras del llamado Segundo Tramo del Sistema de Transmisión Asociado a la Central Hidroeléctrica YACYRETA, que en sus artículos 10 y 11 dispone: “ARTICULO 10.- La COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) realizará, aplicando la regulación vigente, un Estudio de Beneficiarios de las obras descritas en el Artículo 1° de la presente. Este estudio deberá ser elevado a esta SECRETARIA DE ENERGIA, para efectuar la asignación del pago del CANON entre dichos beneficiarios. Si durante el período de amortización se identificaran nuevos Beneficiarios del área de influencia de la ampliación reglada por el presente acto, el CANON será solventado por todos aquellos agentes que sean reconocidos como tales Beneficiarios por el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), en la proporción que determine la SECRETARIA DE ENERGIA, en ejercicio de las facultades emergentes del Artículo 36° de la Ley N° 24.065”.

    Que de todo lo expuesto surge que constituyendo el canon de amortización, la tarifa de los usuarios del transporte que resulten beneficiarios de la ampliación, aún cuando exista un contrato COM firmado por los beneficiarios originales con el contratista devenido en transportista independiente, cualquier modificación que corresponda hacer al mismo, puede ser realizada sólo por disposición del ENRE;

    Que es por ello que en el presente caso, y sin perjuicio de que el contrato COM firmado originalmente entre la UESTY y LITSA pueda ser considerado como un contrato de la Administración, la competencia para emitir el CNCP para ampliaciones del Sistema (que como dijimos, fundamentalmente aprueba: el período de amortización, el monto del canon de amortización anual) como asimismo para producir cualquier cambio en los presupuestos que justificaron su emisión, corresponde al ENRE;

    Que si alguna duda pudo generar la sanción de la Ley N° 25.561, los términos de la posterior sanción de la Ley N° 25.790 terminaron por despejarla;

    Que es por lo expuesto que el ENRE no sólo tuvo competencia para entender en la petición de recomposición de los ingresos de LITSA y para emitir la Resolución ENRE N° 38/2003, sino que es la única autoridad establecida legal y reglamentariamente para hacerlo, siendo una materia especial y específica y una de las de mayor importancia y trascendencia asignada a su cargo;

    Que revocada la Resolución ENRE N° 38/2003, cabe analizar cuál es la virtualidad de la Addenda firmada entre EBISA y LITSA;

    Que como ya quedara dicho, el período de amortización y el monto del canon anual, no es materia dispositiva por parte de los particulares, ni aun siendo quien paga el servicio y quien lo cobra;

    Que ciertamente, al igual que lo dispuesto para el concesionario (artículo 46 de la Ley N° 24.065) y para los usuarios (artículo 48 de la Ley N° 24.065), cualquiera de estos puede presentarse en el ENRE solicitando la modificación del plazo de amortización o del monto del canon, pero la decisión final quedará a cargo del Ente;

    Que de lo expuesto puede sostenerse que la Addenda en cuestión –en caso de considerarse vigente- no reviste más que una propuesta realizada por uno de los usuarios beneficiarios y la contratista, relativa a la petición de incremento efectuada originalmente por la última y en forma alguna puede entenderse que resulte con efectos suficientes para producir por sí un cambio del canon;

    Que en consecuencia, a los efectos del presente procedimiento administrativo, tanto la posición original de EBISA consistente en aceptar el cambio que la Addenda proponía, como el cambio actual de posición de la misma, solo son expresiones de voluntad que serán evaluadas en oportunidad de expedirse sobre la petición de fondo de LITSA;

    Que el compromiso que pueda existir como resultado de la firma de esa Addenda, y las responsabilidades entre las partes firmantes son ajenas respecto de la definición de intereses públicos como el que comprende el tema tratado en este procedimiento y por ello no pueden ser materia de tratamiento por este Ente;

    Que por lo expuesto, el ENRE carece de competencia para intervenir en la definición sobre la vigencia o rescisión de la Addenda en cuestión, por ser un acuerdo privado sobre cuya vigencia las partes deberán recurrir a los Tribunales correspondientes;

    Que se ha producido el dictamen legal;

    Que la presente Resolución se adopta por mayoría simple, existiendo una disidencia parcial cuyos fundamentos constarán en el Acta que registre la presente.

    Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 y concordantes de la Ley N° 24.065 y el Anexo 16 de Los Procedimientos, aprobados por la Resolución ex-SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA Nº 61 del 29 de Abril de 1992, sus modificatorias y complementarias;

    Por ello:

    EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE:

    ARTÍCULO 1.- Rechazar los Recursos interpuestos por el ENTE BINACIONAL YACYRETA y por NÚCLEO ELECTRICA ARGENTINA S.A.

    ARTÍCULO 2.- Hacer lugar al Reclamo impropio presentado por EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA y en consecuencia se revoca la Resolución ENRE N° 38/2003.

    ARTÍCULO 3.- Declararse incompetente para resolver la controversia plateada entre LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL LITORAL S.A. y EMPRENDIMIENTOS ENERGÉTICOS BINACIONALES S.A., sobre la vigencia de la Addenda al contrato COM relativo a la ampliación del Sistema de Transporte en Alta Tensión de la Segunda Línea del Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica Asociado a la Central Hidroeléctrica Yacyretá, debiendo ser planteada ante los Tribunales correspondientes.

    ARTÍCULO 4.- Proceder a continuar con la petición de LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL LITORAL S.A. sobre la recomposición de sus ingresos, para lo cual mandase realizar los trámites de procedimiento correspondientes.

    ARTÍCULO 5.- Notifíquese a LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL LITORAL S.A., a EMPRENDIMIENTOS ENERGÉTICOS BINACIONALES S.A., a la EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA, al ENTE BINACIONAL YACYRETA y a NÚCLEO ELECTRICA ARGENTINA S.A.

    ARTICULO 6.- Regístrese, comuníquese y archívese.-
    RESOLUCION ENRE N° 529/2005
    ACTA N° 793
    Jorge Daniel Belenda,
    Vocal Tercero.-
    Julio César Molina,
    Vocal Segundo.-
    Marcelo Baldomir Kiener,
    Vocal Primero.-
    Ricardo Alejandro Martínez Leone,
    Vicepresidente.-
    Citas legales:Resolución ENRE 0550/2002 Biblioteca
    Resolución ENRE 0038/2003 Biblioteca
    Resolución SE 0115/1994 Biblioteca
    Resolución SEE 0061/1992 Biblioteca
    Resolución ME 0020/2002 Biblioteca
    Decreto 01174/1992 Biblioteca
    Decreto 01398/1992 Biblioteca
    Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) Biblioteca
    Decreto 02743/1992 Biblioteca
    Decreto 02425/1993 Biblioteca
    Decreto 00916/1994 Biblioteca
    Decreto 01540/1994 Biblioteca
    Decreto 00616/1997 Biblioteca
    Decreto 00214/2002 Biblioteca
    Decreto 00293/2002 Biblioteca
    Ley 15.336 Biblioteca
    Ley 19.549 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 01 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 03 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 11 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 28 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 35 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 36 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 40 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 41 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 46 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 48 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 81 Biblioteca
    Ley 24.156 - artículo 008 Biblioteca
    Ley 25.561 Biblioteca
    Ley 25.790 Biblioteca
    Constitución Nacional - artículo 42 Biblioteca
    Constitución Nacional - artículo 75 Biblioteca
    Acta ENRE 793/2005 Biblioteca
    Fallo citado:Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo: "Angel Estrada y Cía. S.A. c/ Resolución SEyP 71/96" (Expte. n° 750-002119/96). Buenos Aires: [5 de abril 2005] Libros