Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0316/2006. (no publicada en B.O.) , jueves 30 de marzo de 2006, 7 p. .

Citas Legales : Res. ENRE 674/98, Res. ENRE 57/03, Res. ENRE 773/05, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991), Ley 19.549, Ley 15.336, Ley 23.696

Expediente Citado : ENRE 09783/2001



BUENOS AIRES, 30 DE MARZO DE 2006

    VISTO: El Expediente ENRE N° 9.783/2001, y

    CONSIDERANDO:

    Que mediante las Notas de Entrada N° 112.239, N° 112.240 del 9 de diciembre de 2005 y mediante Nota N° 112.468 del 15 de diciembre de 2005, la “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO” (“TRANSNEA S.A.”), la “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO” (“TRANSNOA S.A.”) y la “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” (“TRANSBA S.A.”), respectivamente, interpusieron, en los términos del artículo 24 inciso a) de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y de los artículos 73 y 83 del Decreto PEN N° 1759/1972- t.o. 1991- Reclamo Impropio contra la Resolución ENRE N° 773/2005, por la que este Órgano de Control aprobó el “Procedimiento para la Determinación de Sanciones por Incumplimientos vinculados a la Seguridad Pública por parte de las Empresas de Transportistas de Energía Eléctrica en Alta y Extra Alta Tensión” (la “Resolución”);

    Que en primer lugar corresponde analizar la procedencia de la vía legal utilizada por las recurrentes y en su caso, si el Reclamo ha sido interpuesto en tiempo y forma;

    Que en tal sentido, las empresas argumentan que la Resolución constituye una norma de alcance general por la que se establecen pautas generales impersonales y objetivas que regulan el “Procedimiento para la Determinación de Sanciones por Incumplimientos vinculados a la Seguridad Pública por parte de las Empresas Transportistas de Energía Eléctrica en Alta y Extra Alta Tensión;

    Que debe señalarse que los actos administrativos de alcance general producen efectos jurídicos generales, indeterminados, generando derechos y obligaciones sin consideración a las singularidades o subjetividades. Sus efectos normativos se imponen como acto-regla, tanto a la Administración como a los administrados;

    Que en este caso, el ENRE en virtud de lo dispuesto en los artículos 16, 56 incisos a), b), k), o) y s), ha establecido las pautas generales y objetivas que deberán observarse para la determinación de las sanciones aplicables a las Empresas de Transporte de Energía Eléctrica en Alta y Extra Alta Tensión, vinculadas con incumplimientos referidos a la seguridad pública de sus instalaciones y equipos, y en este sentido, puede afirmarse que la Resolución constituye un acto administrativo de alcance general;

    Que resta ahora analizar si la vía elegida por las recurrentes resulta procedente para la impugnación del acto;

    Que la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) en su artículo 24 inc. a) establece la impugnación directa del acto de alcance general, esto es sin necesidad de que exista un acto particular de aplicación de aquél;

    Que el referido artículo de la LPA establece que: ...” El acto administrativo de alcance general será impugnable por vía judicial: a) cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente en sus derechos subjetivos, haya formulado Reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuere adverso o se diere alguno de los supuestos del artículo 10...”;

    Que los requisitos para su procedencia son: i) la afectación cierta e inminente de derechos subjetivos; ii) que se haya formulado el Reclamo administrativo previo (o Reclamo impropio) ante la autoridad que dictó el acto y; iii) el resultado sea adverso o no hubiera pronunciamiento por parte de la administración;

    Que por su parte, no existe plazo para interponer este tipo de Reclamos, en tanto no exista, respecto del interesado un acto administrativo particular de aplicación del reglamento o acto de alcance general, ya que en ese caso, deberán incoarse los Recursos correspondientes contra ese acto particular;

    Que no habiéndose respecto de las recurrentes, dictado acto administrativo particular de aplicación del acto que en el presente se cuestiona, entendiendo las interesadas que con su dictado se ven afectadas en sus derechos subjetivos, puede concluirse que las mismas resultan legitimadas para su interposición y que el Reclamo ha sido interpuesto en tiempo y forma;

    Que las recurrentes alegan la incompetencia del ENRE para implementar el procedimiento para la determinación de las sanciones;

    Que para sostener tal afirmación argumentan que: a) Los entes no pueden hacer siempre todo lo necesario, como podría desprenderse de las letras de las normas de creación, porque no todo lo necesario es legítimo. Tal sería el caso, precisamente, de la imposición al concesionario o prestador de un servicio de mayores cargas que las previstas en el pliego o en el contrato. b) Los entes regulatorios, como cualquier otro sujeto administrativo no tiene competencia para actuar fuera del marco de especialidad que le reconocen las normas atributivas de competencia. c) Conforme al principio de especialidad, el ámbito de actuación del órgano administrativo está previamente acotado por la norma y no puede ser extendido por la mera voluntad del agente público. Este comprende tanto aquellas facultades atribuidas en forma expresa o implícita, como las competencias inherentes que surgen en forma directa de los fines objetivos prescriptos en el acto normativo de creación del ente, con la salvedad de lo concerniente a al competencia para dictar actos de gravamen o aquellos comprendidos en la zona de reserva legal (creación de tasas, tributos o sanciones) donde se requiere Ley del Congreso;

    Que concluyen, que a los entes les está vedado la imposición de cargas o gravámenes no previstos en los pliegos o en las cláusulas del contrato de concesión o en la licencia;

    Que Los argumentos vertidos por las recurrentes, resultan a todas luces improcedentes e inexactos, el ENRE resulta plenamente competente y cuenta con facultades suficientes para el dictado de la Resolución en función de lo dispuesto en el Artículo 56 incisos. a), b), k), m), o) y s) de la Ley N° 24.065 y en los respectivos contratos de concesión de las referidas empresas;

    Que tal como lo ha señalado ya la jurisprudencia, la Ley N° 24.065 - marco regulatorio del servicio público de electricidad, crea al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (artículo 54) y le otorga las facultades necesarias para el cumplimiento de los objetivos fijados en su artículo 2° de raigambre constitucional -art. 42 Const. Nac. El artículo 56, inc. b), de dicho texto, faculta al Ente a “dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse los productores, transportistas, distribuidores y usuarios de electricidad en materia de seguridad...”;

    Que sobre la base de tales facultades y en función de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 24.065, que impone a los generadores, transportistas, distribuidores y usuarios de electricidad, la obligación de operar y mantener sus instalaciones y equipos de modo tal que no constituyan peligro para la seguridad pública, cumpliendo con los reglamentos y resoluciones que el ENRE emita al efecto, este órgano de control dictó la Resolución ENRE N° 57/2003 por la que estableció la “Guía de Contenidos Mínimos para el Sistema de Seguridad Pública de las Empresas Transportistas, y posteriormente, mediante la Resolución que aquí se cuestiona, implementó el procedimiento para la determinación de las sanciones aplicables a las concesionarias por incumplimientos a tales obligaciones;

    Que asimismo, resulta inaceptable la afirmación que realizan las recurrentes al sostener que el Ente mediante el dictado de la Resolución les ha impuesto cargas o gravámenes no previstos en los pliegos o en las cláusulas del contrato de concesión;

    Que en primer lugar, debe remarcarse que lo que se ha dispuesto es un procedimiento para la determinación de las penalizaciones en caso de incumplimientos y no, como estiman las recurrentes, la creación de una carga o gravamen no contemplado en la documentación licitatoria;

    Que por otra parte, tanto en la documentación por la que se llamó a concurso público internacional para la venta de los paquetes accionarios de “TRANSNOA S.A.”, “TRANSNEA S.A.” y “TRANSBA S.A.”, como en los respectivos Contratos de Concesión que fueran suscriptos posteriormente, y en la Ley N° 24.065, resultaban claras y precisas las facultades y atribuciones que detentaría el ENRE como órgano de contralor, documentos que por otra parte, las recurrentes declararon conocer y aceptar en todos sus términos;

    Que como prueba de ello encontramos por ejemplo que: i) En el “Formulario de Presentación”, Anexo a los respectivos Pliegos y suscriptos por las mismas recurrentes al momento de realizar las ofertas, estas manifestaron y declararon entre otras cosas que “...que ha examinado y acepta sin reservas todas las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones, de los Anexos y de las circulares emitidas, que ha revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta oferta y sus anexos y que después de un examen cuidadoso de todos ellos, efectuó su oferta...”;

    Que a su vez, en los textos de los Estatutos Sociales de las empresas, anexos también a los pliegos que mencionan las recurrentes, expresamente en su artículo 4° se contemplaba: “La sociedad tiene por objeto la prestación del servicio de transporte de energía eléctrica... en los términos del Contrato de Concesión que regula tal servicio público y toda otra actividad relacionada con el uso específico de sus instalaciones, con los alcances y las limitaciones de las leyes 15336, 23.696 y 24.065”;

    Que a mayor abundamiento, cabe señalar que el Ente en el Expediente N° 4.247/1997 y mediante Resolución N° 674/1998, en uso de las facultades aquí mencionadas, aplicó una sanción a una transportista por incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 24.065 y al artículo 22 inciso p) de su Contrato de Concesión, criterio que no fue cuestionado ni recurrido en mérito a la legitimidad de su procedencia;

    Que asimismo, las recurrentes esgrimen que con el dictado de la Resolución, el Ente ha alterado la ecuación económica–financiera de sus contratos de concesión, provocando un cambio en las reglas de juego imperantes, causándoles con ello un perjuicio;

    Que efectivamente, tal como afirman las recurrentes la ecuación económica-financiera es una relación establecida entre las partes contratantes al momento de celebrar el contrato, y supone para cada una de ellas un conjunto de derechos y obligaciones que les permite prever el escenario en el cual se desarrollarán sus respectivas actividades;

    Que es claro que en el caso que nos ocupa, las obligaciones por parte de las empresas transportistas en materia de seguridad pública y las facultades que como órgano de control detenta el Ente resultan y resultaron claras desde el inicio de la concesión y, tal como ha sido demostrado precedentemente, fueron aceptadas por las mismas empresas, y el Ente con el dictado de la Resolución, no hizo otra cosa que dar cumplimiento a las obligaciones que por Ley y los respectivos contratos de concesión le han sido impuestas;

    Que las recurrentes olvidan que por Ley, se ha otorgado al Ente la capacidad genérica para realizar todos los actos necesarios para hacer cumplir el marco regulatorio (Ley N° 24.065, su reglamentación y disposiciones complementarias), controlar la prestación de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los contratos de concesión, entre las que se encuentra controlar que las empresas mantengan y operen sus instalaciones de modo tal que no impliquen un riesgo para la seguridad pública;

    Que las recurrentes invocan la irrazonabilidad de las penalidades, así como que la metodología de cálculo para la determinación de las sanciones no se encuadra dentro de los principios regulatorios expresamente previstos en los Contratos de Concesión y el marco normativo de la actividad;

    Que sostienen asimismo, que las sanciones resultan exorbitantes, desproporcionadas e irrazonables para la finalidad que persiguen;

    Que para analizar esta cuestión, primero debemos mencionar cuál es la finalidad que se persigue con su dictado y cuál es el bien jurídico tutelado, pudiendo a partir de allí deducir si las penalidades fijadas resultan desproporcionadas al fin que persiguen;

    Que conforme lo ha establecido una reiterada y pacífica jurisprudencia, la electricidad y los equipos e instalaciones a ella asociados constituyen cosas peligrosas o riesgosas en el sentido de lo expresado en el artículo 1.113, parte 2da del Código Civil. Esto implica que, quienes están en relación con ellas deben operar y mantener sus instalaciones y equipos de manera tal que no constituyan peligro para la seguridad pública;

    Que por otra parte, el concepto sobre el que gira la institución de la seguridad pública es el “peligro”, el cual se configura por la mera existencia de la anomalía con entidad eventual para causar daños a las personas o a las cosas. Entonces, la mera configuración de tal situación de peligro origina una actitud que debe ser sancionada;

    Que por ello las sanciones que aplica el ENRE por incumplimientos relacionados con la seguridad pública, tienen por finalidad constreñir que las empresas operen y mantengan sus instalaciones de manera tal que no constituyan peligro para la seguridad pública;

    Que el bien jurídico que se pretende salvaguardar y proteger es la vida, la integridad física y la salud de las personas, por lo que las penalizaciones que se apliquen por violación a las normas instauradas están destinadas a castigar las acciones y comportamientos que colocan en situación de peligro a los bienes antes mencionados;

    Que tomando en consideración ello, el procedimiento implementado por la Resolución para la determinación de las sanciones, en modo alguno resulta arbitrario ni irrazonable;

    Que en cuanto a la metodología de cálculo, debe remarcarse que, los respectivos contratos de concesión expresamente prevén que, “...Todo incumplimiento, por parte de LA TRANSPORTISTA, de las obligaciones establecidas por el REGLAMENTO DE CONEXIÓN, el REGLAMENTO DE ACCESO, del CONTRATO ..... estará sujeto a sanciones, las que, a falta de previsión normativa expresa, serán determinadas por el ENTE, quien en su aplicación deberá guardar proporcionalidad con las sanciones que estuvieren regladas por las normas antes mencionadas;

    Que en función de ello, el ENTE para su determinación, merituó el riesgo que implica, tanto para las empresas transportistas como para todos los agentes del mercado, la operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones asociados con la electricidad, así como el hecho de que la mayoría de los equipamientos de alta tensión utilizados por transportistas y Distribuidoras resultan similares y requieren el mismo tratamiento en lo que a materia de seguridad se refiere;

    Que además, para que las sanciones a las empresas transportistas guarden relación con las estipuladas en sus respectivos contratos de concesión, siendo estas últimas proporcionales a los cargos de remuneración horaria de cada equipamiento, el Ente tomó como parámetro para la determinación de las sanciones, los factores de multiplicación a los cargos de remuneración horaria del equipamiento involucrado;

    Que por otra parte, las recurrentes manifiestan que la asimilación realizada por el Ente con las empresas Distribuidoras no sería legítima por cuanto, las empresas transportistas no compran ni venden energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, actividad que sí realizan las Distribuidoras y Generadores, siendo únicamente remunerados los transportistas por operar y mantener el equipamiento;

    Que en este sentido debe primero señalarse que, si bien el Distribuidor compra energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, el costo de su adquisición es trasladado a tarifa al usuario final por el mecanismo de pass trhough, y segundo que, tanto en el servicio de distribución como en el servicio de transporte, resulta fundamental la operación y mantenimiento de las redes y del equipamiento por parte de tales empresas;

    Que asimismo, si se toma en cuenta que se denomina Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, al servicio de vinculación que cumplen las instalaciones eléctricas que forman parte del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) o las conectadas con estas o con instalaciones conectadas a estas últimas, en cuanto comunican físicamente a los vendedores y compradores de energía eléctrica entre sí y con el Mercado Eléctrico Mayorista, vemos que al igual que las empresas de transporte, las empresas Distribuidoras vinculan físicamente a compradores y vendedores del sistema, siendo esencial las actividades de operación y mantenimiento de las redes;

    Que sobre la base de los argumentos señalados, la Resolución constituye a criterio de este Departamento, un acto administrativo, legítimo, razonable y proporcional a los fines y objeto que persigue, teniendo el Ente plena capacidad para su dictado;

    Que corresponde desestimar el Reclamo impropio interpuesto contra la Resolución ENRE N° 773/2005;

    Que se ha producido el pertinente dictamen legal;

    Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado de la presente Resolución, en virtud de lo dispuesto por el artículo 24 inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y por los artículos los artículos 56 incisos a) y s) y 63 incisos a) y g) de la Ley N° 24.065;

    Por ello,
    EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE

    ARTICULO 1.- Rechazar el Reclamo impropio interpuesto por “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO” (“TRANSNEA S.A.”), “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO” (“TRANSNOA S.A.”) y “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” (“TRANSBA S.A.”) contra la Resolución ENRE N° 773/2005.

    ARTICULO 2.- Notifíquese a “TRANSNEA S.A.”, a “TRANSNOA S.A.” y a “TRANSBA S.A.”

    ARTICULO 3.- Regístrese, comuníquese y archívese.
    RESOLUCION ENRE N° 316/2006
    ACTA N° 850
    Jorge Daniel Belenda,
    Vocal Tercero.-
    Julio César Molina,
    Vocal Segundo.-
    Marcelo Baldomir Kiener,
    Vocal Primero.-
    Ricardo Alejandro Martínez Leone,
    Vicepresidente.
    Citas legales:Resolución ENRE 0674/1998 Biblioteca
    Resolución ENRE 0057/2003 Biblioteca
    Resolución ENRE 0773/2005 Biblioteca
    Ley 15.336 Biblioteca
    Ley 23.696 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 16 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 54 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 56 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 63 Biblioteca
    Ley 19.549 Biblioteca
    Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) Base de datos 'Biblioteca', Vistas '(Por Tipo B)'
    Contrato de concesión Biblioteca
    Contrato de concesión Biblioteca
    Contrato de concesión Biblioteca
    Constitución Nacional - artículo 042 Biblioteca
    Código Civil - artículo 01113 Biblioteca
    Acta ENRE 850/2006 Biblioteca