Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 1029/1997. Boletín Oficial n° 28.779, viernes 21 de noviembre de 1997, p. 18.

Citas Legales : Ley 24.065 - artículo 01, Ley 24.065 - artículo 03, Ley 24.065 - artículo 07, Ley 24.065 - artículo 11, Ley 24.065 - artículo 31, Ley 24.065 - artículo 34, Memorándum AANR 0072/1997, Nota ENRE 016.242, Resolución ENRE 0039/1994 - anexo - artículo 03, Resolución ENRE 0236/1996, Resolución ENRE 0236/1996 - anexo, Resolución ENRE 0736/1997, Resolución ENRE 0743/1997, Resolución ENRE 0953/1997, Resolución SE 0137/1992, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 30 - punto 1., Resolución SEyP 0021/1997, Resolución SEyP 0021/1997 - anexo I - artículo 18, Resolución SEyP 0021/1997 - anexo I - artículo 20, Resolución SEyP 0145/1997, Resolución SEyP 0145/1997 - artículo 5

Fallos Citados : CNFed. Cont. Adm. Sala 3; fallo: "Guarrochena Crespo Roberto c/ Universidad de Buenos Aires" [5 de abril de 1988], CNFed. Cont. Adm. Sala 4; fallo: "Junta Nacional de Granos c/ Yusin" [25 de febrero de 1986]

Expediente Citado : ENRE 03464/1997

(Nota del Centro de Documentación: adjudicación de la supervisión de la construcción de la Línea de Extra Alta Tensión en 345 kV, entre la Localidad de Güemes (Provincia de Salta) y el nodo de frontera con la República de Chile, ubicado en el Paso Sico, por Resolución ENRE 81/98 Biblioteca. Afectación a servidumbre administrativa de electroducto de los planos relativos a la Línea de Interconexión Internacional de Alta Tensión de 345 kV, que une la Central Termoeléctrica Salta, situada en las cercanías de la localidad de General Güemes, con el Paso Sico -frontera con la República de Chile- aprobada por Resolución ENRE 106/98 Biblioteca y afectación a servidumbre administrativa de electroducto, de los planos relativos a la modificación de traza de la línea que une la Central Termoeléctrica Salta, situada en las cercanías de la localidad de General Güemes, con el Paso de Sico, frontera con la República de Chile entre los vértices S-46 y S-62 -Departamento de La Caldera- Provincia de Salta, aprobada por Resolución ENRE 858/98 Biblioteca. Autorización a suscribir el Contrato de Concesión de Transporte de Energía Eléctrica de Interconexión Internacional del Sistema de Transporte Güemes - Paso Sico, aprobado por Resolución ENRE 1196/98 Biblioteca. Operatividad de la condición suspensiva del artículo 3° precisada por Resolución ENRE 113/2018 Biblioteca)

BUENOS AIRES, 12 DE NOVIEMBRE DE 1997

    VISTO: El Expediente ENRE Nº 3464/97, y

    CONSIDERANDO:

    Que el Expediente del visto se inició como consecuencia de la solicitud efectuada por la empresa TERMOANDES S.A., a fin de obtener a favor del proyecto presentado el correspondiente certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, y asimismo, a fin de que se otorgue a favor de INTERANDES S.A. una Concesión de Transporte de Energía Eléctrica de Interconexión Internacional;

    Que el proyecto contempla la construcción, puesta en servicio y operación de una Línea de Extra Alta Tensión de 263 km con una tensión nominal de 345 kV, desde la Localidad de Güemes (Provincia de Salta) y el nodo de frontera con la República de Chile, ubicado en Paso Sico;

    Que la solicitud fue realizada bajo el Título II, Procedimiento del Acuerdo Ente Partes, del Reglamento para solicitar el otorgamiento de una Concesión de Transporte de Energía Eléctrica de Interconexión Internacional aprobado por Resolución Nº 21/97 de la ex Secretaría de Energía y Puertos;

    Que la ex Secretaría de Energía y Puertos autorizó, por Resolución Nº 145/97, el ingreso de la empresa TERMOANDES S.A. como agente generador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), así como también, a que ésta pueda exportar energía eléctrica a la República de Chile;

    Que en concordancia con lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 24.065, y en la Resolución S.E. y P. Nº 21/97, a través las Resoluciones ENRE Nº 736/97 y N° 743/97, se convocó a Audiencia Pública con el objeto de resolver el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción de la instalación de Transporte de Energía Eléctrica;

    Que en la citada Audiencia Pública se plantearon algunas objeciones por quienes fueron considerados parte a ese efecto;

    Que del informe ambiental de fojas 402/407 y su complementario de fojas 689/699 surge que el grupo solicitante ha tenido debida cuenta de los aspectos ambientales del proyecto y que será muy importante que en la definición del proyecto ejecutivo, se incorporen las medidas de mitigación para atenuar los efectos no deseados identificados en la referida Evaluación de Impacto Ambiental;

    Que asimismo, surge que del relevamiento efectuado, se ha advertido que a partir de una traza originalmente seleccionada, se fueron produciendo modificaciones que se consideran beneficiosas desde el punto de vista ambiental;

    Que de dichos informes surge la necesidad de disponer lo conducente para que la supervisión de la construcción responda a los criterios ambientales sustentados en la documentación aportada;

    Que con relación al tema ambiental las objeciones efectuadas en la Audiencia Pública versaron sobre: i) las emanaciones de dióxido de carbono producidos por la central térmica; ii) el riesgo que implican para la salud los campos eléctricos y electromagnéticos; iii) la falta de estudios de impacto ambiental sobre trazas alternativas;

    Que con relación al punto i) del considerando anterior el señor Uwe Leuckel, en su carácter de vecino del Valle del Gallinato, señaló que la producción de energía eléctrica en la central térmica que TERMOANDES S.A. proyecta construir en la ciudad de Güemes, producirá 14.000 toneladas de residuos de CO2;

    Que la contaminación que eventualmente pudiera producir la generadora es independiente de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la Concesión de Transporte Energía Eléctrica de Interconexión Internacional;

    Que con relación a la cuestión de los campos eléctricos y electromagnéticos, el señor Uwe Leuckel advirtió el riesgo que los mismos implican para la salud, y en particular hizo referencia a la distancia de seguridad que debe existir con relación a la franja de servidumbre, que atraviesa el Valle del Gallinato;

    Que con relación al primero de los potenciales perjuicios señalados por los propietarios afectados, debe señalarse que los valores de campo eléctrico y magnético máximos calculados para la línea en cualquiera de los tramos, serán de 8,83 kV/m y 38,72 µT respectivamente. Estos valores bajan a 0,96 kV /m y 5,09 microtesla en el borde de la franja de servidumbre, a 30 metros del eje de la línea;

    Que dichos valores son sensiblemente inferiores a los recomendados por la Asociación Internacional de Protección contra las Radiaciones (IRPA/INIRC) en su documento Interim Guidelines on limits of exposure to 50/60 Hz electric and magnetic fields, año 1990, reconfirmados por la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones no Ionizantes (Organización Mundial de la Salud) 1993 y que han sido adoptados por el ENRE (Resolución ENRE 236/96 y guía anexa y su modificadora Res. ENRE N° 953/97;

    Que en consecuencia no corresponde hacer lugar a la objeción vertida por el señor Leuckel sobre este punto;

    Que con relación al tema relativo a la falta de estudios de impacto ambiental sobre trazas alternativas, los Vecinos del Valle del Gallinato, a través del Dr. Pablo Saravia, el Ing. Octavio Figueroa y el señor Uwe Leuckel, así como el defensor del usuario designado, señalaron la falta de estudios de impacto ambiental sobre trazas alternativas.

    Que al respecto, cabe señalar que de los 263 kilómetros sobre los que se construirá el electroducto solo existe un punto crítico, de aproximadamente 6 kilómetros, que se extiende entre los vértices S 63 y S 66 correspondiente al Valle del Gallinato;

    Que en respuesta a la observación efectuada por el defensor del usuario y los citados vecinos, el grupo solicitante expuso un esbozo del estudio efectuado sobre las trazas alternativas al referido Valle, utilizando gráficos y fotografías aéreas y terrestres, que luego fueron agregados al Expediente;

    Que como consecuencia del análisis de la documentación aclaratoria mencionada en el considerando precedente el Area de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias emitió el informe correspondiente, mediante Memorándum AANR Nº 72/97, que luce a fojas 689/699;

    Que de dicho informe se desprende que desde el punto de vista ambiental la traza del electroducto, propuesta por la solicitante, ha contemplado adecuadamente los aspectos ambientales asociados al electroducto, dejando en suspenso la porción que corre entre los vértices S-63 y S-66, para lo cual recomiendan, a fin de disminuir al mínimo posible la subjetividad de la valoración del impacto ambiental sobre cada uno de los aspectos incorporados al análisis, la utilización de una matriz más simplificada y se emplee una metodología especial que fue notificada a los solicitantes;

    Que es dable acotar, que todos los vecinos del citado valle dejaron sentado que su oposición no es hacia el proyecto, sino a la parte de la traza del electroducto que atraviesa sus predios;

    Que la actitud mostrada por los vecinos del Valle del Gallinato está sustentada en el interés particular de los mencionados vecinos, en que la franja de servidumbre de la línea no atraviese sus predios.

    Que la actividad de Transporte de Energía Eléctrica de Interconexión Internacional constituye un servicio público y en cuanto a su posible conexión al SADI, de interés general que debe prevalecer sobre el interés particular de los eventuales afectados por la traza.

    Que los intendentes de la localidad Campo Santo y de la ciudad de General Güemes, de la Provincia de Salta, los señores Mario Alberto Cuenca y Rubén Alberto Cabana, manifestaron su completo apoyo a la iniciativa privada, por cuanto la misma no solo aportara nuevos puestos de trabajo sino que ayudará al desarrollo de esa zona del país que hace unos años que pasa por una de sus peores crisis sociales y económicas;

    Que igual apoyo fue brindado por el señor Senador de la Nación, por la provincia de Salta, Doctor Julio Argentino San Millán, quien ante la imposibilidad de apersonarse en la Audiencia Pública, remitió una carta de adhesión al proyecto, que fue leída durante la misma;

    Que el punto crítico de la traza del electroducto representa menos del 2.5 % del total del tendido del mismo (aproximadamente 6 km);

    Que a efectos de determinar la traza definitiva del electroducto en el punto crítico que recorre el tramo individualizado como vértices S-63 a S-66, resulta aconsejable llevar a cabo una reunión en la ciudad de Salta con todos los propietarios de la zona comprendida por dichos vértices, teniendo en cuenta el menor impacto ambiental y social, que pudiera causar, y la profundización de la evaluación de impacto ambiental sobre esta zona, utilizando una matriz más simplificada a la aportada el día 26.09.97, atendiendo las recomendaciones efectuadas en el Memorándum AANR Nº 72/97, que luce a fojas 689/699;

    Que asimismo, la conveniencia de realizar la citada reunión en la ciudad de Salta está orientada a acercar las posiciones encontradas de las partes, con el análisis del impacto ambiental de las diferentes alternativas;

    Que la cuestión relativa al lugar de realización de la Audiencia Pública, fue planteada por el Señor Defensor del Pueblo de la Nación, (DP 4610/97) recomendando que la misma se efectúe en Salta. Igual requerimiento efectuaron los Vecinos del Valle del Gallinato argumentando que el artículo 3° del Reglamento de Audiencias Públicas establece que la audiencia o alguna de sus etapas deben realizarse en el lugar que indique la conveniencia de los intereses públicos a tratar y que la realización de la misma en la ciudad de Buenos Aires implica una grave restricción a su derecho de defensa;

    Que el hecho de haber realizado la Audiencia Pública en ésta ciudad, no implicó en modo alguno una restricción al derecho de defensa de los mentados vecinos por cuanto éstos, sea personalmente, o a través de representantes participaron en carácter de parte (con todo lo que ello implica, v.g. exponer sus posiciones, ofrecer pruebas, efectuar sus alegatos, etc.) en la audiencia;

    Que por otra parte, este tema se encuentra íntimamente vinculado con el referido a la traza del electroducto y la evaluación de impacto ambiental de las diferentes alternativas, en particular, con respecto del punto critico que constituye el tramo que atraviesa el Valle del Gallinato;

    Que en este sentido, se debe señalar que con la realización de la reunión en la ciudad de Salta referida precedentemente, se da entero cumplimiento a lo prescripto en el citado artículo 3° de la Resolución ENRE 39/94, ya que se analizaría in situ el interés especifico manifestado por las partes en la Audiencia Pública celebrada el día 23.09.1997;

    Que con relación a la validez de la Resolución S.E. y P. Nº 21/97, A.T.E.E.R.A., Transnoa S.A., Transener S.A., Transnea S.A. y Distrocuyo S.A. manifestaron que contra dicha Resolución han interpuesto Reclamos ante la propia Secretaría de Energía, alegando que la misma es nula de nulidad absoluta por adolecer de numerosos vicios esenciales y manifiestos toda vez que a través de ella se vulneran las concesiones de las empresas transportistas tanto en alta tensión como por distribución troncal;

    Que al respecto, cabe señalar que no es la Audiencia Pública el ámbito indicado para debatir sobre la validez de la Resolución de la Secretaria de Energía que establece el régimen de Transporte de Energía Eléctrica de Interconexión Internacional;

    Que sin perjuicio de ello, es dable acotar que la mentada Resolución como todo acto administrativo goza de dos caracteres fundamentales, uno de ellos es la presunción de legitimidad, lo cual significa que todo acto administrativo se considera dictado conforme a derecho y debe tenerse por válidos y productores de su natural eficacia jurídica, mientras un interesado no alegue y demuestre su invalidez ante el órgano competente y este declare su ilegitimidad (en este sentido CN Fed. Com. Adm., Sala III, 5/4/88, Guarrochena Crespo , JA, 1989-III-61; Fallos, 291/499; 294/69);

    Que de esta característica se deriva la obligatoriedad del acto administrativo, es decir el derecho de exigir y la obligación de cumplir con el acto administrativo, de tal forma que el acto debe ser respetado por todos mientras subsista su vigencia;

    Que otro de los caracteres del acto administrativo es la ejecutoriedad, en virtud de la cual, la administración misma puede per se ejecutar el acto. La principal consecuencia de la ejecutoriedad, como principio general, es la no suspensión del acto ante la interposición de Recursos (en este sentido, CN Fed. Con.. Adm., Sala IV, 25/2/86, J.N.G. c/ Yusin).

    Que por lo expuesto, no corresponde hacer lugar a la posición planteada por A.T.E.E.R.A., Transnoa S.A., Transener S.A., Transnea S.A. y Distrocuyo S.A.;

    Que ante la eventual vinculación del proyecto al SADI, deberá preverse en el Contrato de Concesión, las regulaciones pertinentes a fin de delimitar las responsabilidades de INTERANDES S.A. y del Transportista al cual en el futuro se vincule la ampliación;

    Que con relación al incumplimiento de TERMOANDES S.A. de los requisitos impuestos en la Resolución S.E. y P. Nº 145/97, cabe señalar que Hidroeléctrica Alicurá S.A. y Centrales Térmicas Mendoza S.A. (CTM) manifestaron la necesidad de que el ENRE exija al grupo solicitante que justifique el cumplimiento de las condiciones dispuestas en dicha Resolución, como paso previo al otorgamiento de cualquier autorización;

    Que en particular CTM solicitó que el ENRE justifique que se cumplan las condiciones dispuestas por el artículo 5º de la citada Resolución, en este sentido argumenta la necesidad de que este organismo garantice la transparencia de las operaciones de exportación e importación;

    Que asimismo, señaló que en la última parte del mencionado artículo 5º la Secretaría de Energía y Puertos condicionó la autorización otorgada a TERMOANDES S.A. para exportar energía eléctrica a que se den las condiciones mínimas de reciprocidad y simetría que establece el numeral 1 del Anexo 30 de la Resoluciones ex S.E.E. N° 61/92, S.E. N° 137/92, modificatorias y complementarias;

    Que al respecto, debe tenerse presente que no es el ENRE, sino la Secretaría de Energía quien debe controlar el cumplimiento de la citada Resolución, que fue dictada por ésta, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 34 de la Ley N° 24.065;

    Que otras de las objeciones fue la planteada por A.T.E.E.R.A., Transnea S.A., Centrales Térmicas Mendoza S.A. y Central Térmica Güemes S.A. e Hidroeléctrica Alicurá S.A. al señalar que la solicitud efectuada por TERMOANDES S.A. e INTERANDES S.A. infringe la prescripción del artículo 31 de la Ley N° 24.065, que establece, que ningún generador, ni empresa controlada por él o controlante del mismo, podrá ser propietario o accionista mayoritario de una empresa Transportista o de su controlante;

    Que en respuesta a dicho planteo el grupo solicitante expresó, en la Audiencia Pública, que la sociedad Transportista dejará de tener como accionista mayoritario al controlante de ambas sociedades, a GENER S.A., a partir de: i) el momento en que un tercero, no iniciador, acceda a la capacidad remanente de transporte, o ii) la fecha de inicio de la operación comercial de la línea de transporte;

    Que al respecto, cabe señalar que constituye una correcta regla de hermenéutica la de armonizar y concordar los preceptos jurídicos que integran el marco regulatorio eléctrico;

    Que el análisis particular de cada una de las normas, no sólo nos puede conducir a una interpretación errónea de la misma, sino también a contradecir la intención del legislador;

    Que en este sentido nuestro Supremo Tribunal tiene dicho, La exégesis de la Ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (C.S., junio 22-1989 Trebas S.A.);

    Que en ese orden de ideas, es preciso tener en cuenta que la Ley N° 24.065 caracteriza como servicio público la actividad de transporte de energía eléctrica (artículo 1º) y en sus capítulos III y IV, en particular en los artículos 3 y 7 define como Transportista a aquel a quien el Poder Ejecutivo le ha otorgado la titularidad de una concesión de transporte de energía eléctrica;

    Que esta misma normativa es la que establece que la responsabilidad del concesionario de transporte de energía eléctrica se encuentra circunscripta a la transmisión y transformación a ésta vinculada, desde el punto de entrega del generador hasta el punto de recepción por el distribuidor o gran usuario según sea el caso;

    Que la Ley N° 24.065 establece en su capítulo VII las limitaciones que deben operar dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, a fin de preservar los objetivos para la política nacional en materia de abastecimiento, transporte y distribución de electricidad;

    Que la limitación establecida en el citado artículo 31 está orientada a evitar una situación de predominio en el transporte de energía eléctrica en detrimento de la oferta y/o demanda;

    Que el proyecto que nos ocupa, no tiene en la actualidad posibilidad de ejercer una situación de predominio, ya que: (i) esta concebido de punto a punto, esto es desde la Central Térmica de TERMOANDES S.A. al nodo de frontera con la República de Chile, y (ii) no se encuentra interconectado al Sistema Argentino de Interconexión (SADI);

    Que mientras no se otorgue efectivamente a INTERANDES S.A. la concesión de transporte de energía eléctrica de interconexión internacional, no se constituirá un incumplimiento a la limitación establecida en el referido artículo 31, ya que recién en dicho momento se configuraría la empresa Transportista;

    Que con relación al momento en que debe efectuarse la transferencia accionaria planteada por el grupo solicitante, es preciso reiterar que la misma no tiene ninguna consecuencia sino hasta el momento en que comience efectivamente la explotación, por cuanto es en ese momento que comienza materialmente a prestarse el servicio público de transporte de energía eléctrica;

    Que el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción del electrocuto no implica el otorgamiento de la Concesión de Transporte de Energía Eléctrica de Interconexión Internacional, sino que sólo habilita al interesado a iniciar la construcción de la obra;

    Que asimismo se concluye que INTERANDES S.A. deberá efectuar la transferencia accionaria necesaria para que ésta y TERMOANDES S.A. dejen de tener a Gener S.A. como controlante de ambas, antes del otorgamiento efectivo de la Concesión referida en el apartado anterior;

    Que oportunamente podrá otorgarse la Concesión de Transporte de Energía Eléctrica de Interconexión Internacional, bajo la condición suspensiva de que previa a la habilitación comercial se efectué la transferencia accionaria indicada en el apartado anterior;

    Que con relación al tema del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (COM), las empresas Centrales Térmicas Mendoza S.A. e HIdroeléctrica Alicurá S.A. manifestaron que el grupo solicitante no presentó dicho contrato conforme lo establece la Resolución S.E. y P. Nº 21/97.

    Que al respecto, es dable señalar que si bien el artículo 20 del anexo I de la citada Resolución, establece que los solicitantes deben presentar ante este organismo, el contrato (COM) de la instalación de Transporte de Energía Eléctrica de Interconexión Internacional, suscripto entre éstos y quien aspire a convertirse en concesionario, en el presente caso resulta innecesario;

    Que en todo contrato COM concurren cuestiones de derecho privado, con otras de derecho público. Las primeras hacen a la contratación propiamente dicha, costo de la obra, forma de pago, etc. que se rige por el principio de la autonomía de la voluntad y respecto de lo cual las partes tienen entera libertad de contratación;

    Que las segundas son las relativas al servicio público de Transporte de Energía Eléctrica en virtud de las cuales resulta necesario el control de esta autoridad de aplicación por estar en juego principios de orden público;

    Que las cuestiones de orden público vinculadas a la construcción de la obra, (v.g. el impacto ambiental que la misma puede causar, cuestiones de diseño) fueron estudiadas al efectuar el análisis del proyecto presentado por TERMOANDES S.A. en su solicitud y puestas a disposición de los interesados para que puedan controlarlas a través de la Audiencia Pública;

    Que en tanto que las cuestiones de orden público relacionadas con la operación y mantenimiento del electroducto serán tenidas en cuenta en oportunidad de establecer las cláusulas del Contrato de Concesión de Transporte de Energía Eléctrica de Interconexión Internacional, en particular al establecer las obligaciones del futuro concesionario;

    Que en virtud de ello, la función regulatoria o de control que debe efectuar este organismo sobre las cuestiones de orden público vinculadas a la construcción, operación y mantenimiento de la obra se encuentra debidamente resguardada, ya que no podrá darse comienzo a la operación y mantenimiento del electroducto sin haber suscripto el respectivo Contrato de Concesión con las cláusulas que establezca este Ente Regulador;

    Que por lo expuesto precedentemente, consideramos que en el presente caso exigir la presentación del contrato COM al grupo solicitante no es más que un mero formalismo, por cuanto la finalidad perseguida con dicha obligación ya se ha visto satisfecha o se cumplimentará en el futuro al establecer las bases del Contrato de Concesión de Transporte de Energía Eléctrica de Interconexión Internacional;

    Que con relación al tema del libre acceso, Central Térmica Güemes S.A., Hidroeléctrica Alicurá S.A. y Centrales Térmicas Mendoza S.A. señalaron la necesidad de que no se restrinja el libre acceso de terceros a la línea de transporte a construir;

    Que TERMOANDES S.A., por su parte, señaló que va a respetar el libre acceso planteado por el marco regulatorio eléctrico para la capacidad remanente de la línea de transporte y que en caso de que terceros accedan a dicha capacidad remanente sólo tendrán que abonar el canon por la operación y mantenimiento de la línea, lo que será dispuesto por el ENRE en la concesión que oportunamente conceda;

    Que el mentado libre acceso es uno de los pilares sobre los que se asienta el nuevo marco regulatorio y de ninguna manera puede verse restringido por parte del futuro concesionario;

    Que el simple hecho que la línea de transporte de energía eléctrica no se halle vinculada, inicialmente al SADI, no implica por si mismo que en el futuro no se permita la vinculación de algún agente que así lo solicite;

    Que en el entendimiento de que el principio del libre acceso está debidamente resguardado para las distintas etapas del proyecto, a saber, construcción, operación y mantenimiento, no corresponde hacer lugar a la posición sustentada por las citadas empresas;

    Que con relación a las cuestiones de carácter constructivo o de diseño efectuadas en la Audiencia Pública versaron sobre: i) el nivel de tensión escogido; ii) construcción del electroducto de una sola terna;

    Que con relación al punto i) del considerando anterior Central Térmica Güemes S.A. e Hidroeléctrica Alicurá S.A., observaron que el nivel de tensión escogido (345 kV) se aparta de las tensiones utilizadas, tanto en nuestro país como en el chileno, considerando que con ello se podría estar limitando el libre acceso;

    Que en el contexto actual, decisiones como la aquí analizada son privativas de los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista y ajenas - en principio - a la determinación del Estado o más precisamente al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD que es quien ejerce el poder de policía;

    Que sin embargo ello no exime al ENRE de su responsabilidad en cuanto a la vigilancia que debe ejercer sobre el funcionamiento del mercado, a fin de asegurar que aquellas decisiones no resulten en detrimento de las condiciones de competencia y, en este caso especifico, que no sean lesivas del principio de libre acceso;

    Que entendemos que la elección del nivel de tensión en 345 kV no constituye un obstáculo para el libre acceso futuro de eventuales usuarios de la capacidad de transporte de la línea a construir en cuanto existen en el mercado equipamientos que permiten la transformación de esa tensión a otras superiores o inferiores, que posibilitarían su conexión;

    Que la utilización del mentado nivel de tensión no implica un condicionamiento negativo para la expansión racional del sistema, atendiendo al desarrollo óptimo del mismo;

    Que en todo caso dicha tensión podría obligar a tales usuarios a incurrir en algún costo adicional con respecto al que ocasionaría la vinculación a una línea diseñada para operar en otros niveles de tensión acordes con los usualmente utilizados en el SADI. Sin embargo, la fundamentación aportada por la requirente en la Audiencia Pública, en cuanto explica por qué no serían utilizables en esta línea las tensiones alternativas (220 y 500 kV), resulta atendible, y hace desaconsejable imponer al inversor una restricción operativa o un sobrecosto, en razón de la presunta conveniencia en evitar eventuales sobrecostos futuros;

    Que a mayor abundamiento debe tenerse presente que el nivel de tensión de 345 kV es considerado un nivel estándar, según las normas internacionales IEC (International Electro-technical Commission) y DIN (Dutsche Internatienale Normung), existiendo numerosos casos en el mundo de líneas de transporte con dicho nivel de tensión;

    Que por todo lo expuesto, se concluye que no existen razones suficientes para cuestionar la tensión elegida;

    Que con relación al segundo cuestionamiento sobre el diseño mencionado precedentemente, Hidroeléctrica Alicurá S.A., manifestó que las características técnicas constructivas del proyecto no posibilitan un mayor acceso de nueva generación. En ese sentido solicitó que se le imponga a TERMOANDES S.A. la construcción de torres que permitan la línea con doble terna;

    Que en este aspecto resultan aplicables los mismos argumentos vertidos respecto del tema anterior, con relación a los roles asignados al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, y a los agentes del mercado, por lo que a ellos nos remitimos;

    Que sin perjuicio de ello cabe señalar que no existe ningún fundamento técnico, para exigir al grupo solicitante la construcción de una línea con doble terna, por cuanto con una sola terna se ven satisfechos los requerimientos de transporte de energía contemplados en el proyecto;

    Que en todo caso, esta objeción es de carácter económico y no de diseño, pues con ello se persigue disminuir los costos que deberá afrontar en el futuro cualquier interesado que quiera acceder a la capacidad remanente de transporte;

    Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, no tiene facultades para exigir al grupo solicitante a correr con los mayores costos que genere la construcción de una segunda terna, si ello no constituye un requisito esencial desde el punto de vista técnico;

    Que por último, debe señalarse que otro hubiera sido el tratamiento de ésta objeción si el planteo de Hidroeléctrica Alicurá S.A. hubiera consistido en su interés en participar del proyecto presentado por TERMOANDES S.A., corriendo obviamente, con los costos adicionales que ello implicaría;

    Que en este caso nos hubiéramos encontrado ante un planteo real de un interesado concreto en realizar una obra de mayor envergadura, que redundaría en menores costos que los que tendrán lugar en el caso de que en el futuro cuando se presente un tercero interesado en efectuar una ampliación de la capacidad de transporte;

    Que sin embargo del análisis de las manifestaciones vertidas por Hidroeléctrica Alicurá S.A. en la Audiencia Pública, no surge dicho interés, sino por el contrario, aparenta ser una simple intención de obstaculizar el proyecto llevado a cabo por un competidor;

    Que en consecuencia no corresponde tener en cuenta la solicitud de Hidroeléctrica Alicurá S.A. respecto de esta cuestión;

    Que a los efectos de resguardar el interés de los usuarios y de los distintos agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, resulta necesario efectuar la supervisión de la obra durante la etapa de la construcción, ante la eventual conexión de la misma al Sistema Argentino de Interconexión (SADI);

    Que asimismo resulta necesaria la mentada supervisión, a fin de lograr unicidad de criterios en cuanto a la calidad y seguridad de todas las instalaciones de transporte de energía eléctrica;

    Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD se encuentra facultado para el dictado del presente acto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Nº 24.065 y en el artículo 18 del Anexo I de la Resolución S.E y P. Nº 21/97 ;

    Por ello:
    EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE:

    ARTICULO 1.- Aprobar la solicitud presentada por la empresa TERMOANDES S.A. para la construcción, de una Línea de Extra Alta Tensión de 263 km con una tensión nominal de 345 kV, desde la Localidad de Güemes (Provincia de Salta) y el nodo de frontera con la República de Chile, ubicado en Paso Sico.

    ARTICULO 2- Aprobar la traza de la Línea de Extra Alta Tensión propuesta por la solicitante, salvo la porción comprendida entre los vértices S-63 Y S-66, para la cual deberá completarse el procedimiento indicado en los artículos 4 y 6 de la presente Resolución.

    ARTICULO 3.- La concesión deberá ser otorgada dentro de los noventa días de notificado el presente acto. Dicho otorgamiento deberá efectuarse bajo a la condición suspensiva que previo a la operación comercial se efectué la transferencia accionaria necesaria para que TERMOANDES S.A. e INTERANDES S.A. dejen de tener a Gener S.A. como controlante de ambas.

    ARTICULO 4.- A efectos de definir la traza por donde atravesará el electroducto, entre los vértices S-63 y S-66, se convoca a TERMOANDES S.A. conjuntamente con los propietarios de los predios que conforman el Valle del Gallinato a una reunión a realizar en el Salón de la Américas ubicado en la calle Mitre Nº 23 de la cuidad de Salta, el día 28 de Noviembre de 1997 a las 10 horas.

    ARTICULO 5.- Invitar al Señor Defensor del Pueblo de la Nación, al señor Secretario de la Producción de la Provincia de Salta y a las autoridades del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Salta (ENRESP) a participar de la reunión mencionada en el artículo precedente.

    ARTICULO 6.- TERMOANDES S.A. deberá remitir la ampliación de la Evaluación de Impacto Ambiental, efectuada de acuerdo a la metodología recomendada por este organismo en la nota ENRE Nº 16.242 del 24.10.97, dentro de los 30 (treinta) días hábiles administrativos de notificado el presente acto.

    ARTICULO 7.- Otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción de la Línea de extra Alta Tensión solicitada por las empresas mencionadas en el artículo 1 precedente, según lo prescripto en el artículo 11 de la Ley N° 24.065.

    ARTICULO 8.- A fin de efectuar un seguimiento del impacto ambiental de la construcción de línea de Transporte de Energía Eléctrica, TERMOANDES S.A. deberá remitir al ENRE dentro de los 30 (treinta) días de notificada la presente Resolución, la Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente al nivel de diseño ejecutivo y el plan de gestión ambiental elaborado para la construcción de la línea.

    ARTICULO 9.- La supervisión de la construcción de la obra deberá ser efectuada por un organismo y/o empresa pública o privada independiente del grupo solicitante, que el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD designe y el costo de la misma no podrá superar el 3 % del valor total de la obra, el que deberá estar a cargo del solicitante.

    ARTICULO 10.- Notifíquese a TERMOANDES S.A., INTERANDES S.A., TRANSNOA S.A., TRANSENER S.A., DISTROCUYO S.A., TRANSNEA S.A., CENTRALES TÉRMICAS MENDOZA S.A., CENTRAL TÉRMICA GÜEMES S.A., HIDROELÉCTRICA ALICURÁ S.A., A..T.E.E.R.A., CODELCO (Comité del Consumidor, Salta), al Defensor del Pueblo de la Nación y a los propietarios de los predios que conforman el Valle del Gallinato (vértices S-63 y S-66), a saber Octavio Figueroa, Marcelo Luis Lozano, Alejo Maidana, Narcisa Lozano, Juan de Dios, Manuel Armando Esteban, Natividad Apaza, Wilhem Antonius Uwe Leuckel, Alfredo Vorano, Nestor Lavaque y Pablo Saravia.

    ARTICULO 11.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese
    RESOLUCIÓN ENRE Nº 1029/97
    ACTA N° 367
    Juan Antonio Legisa
    Presidente
    Citas legales:Resolución SEyP 0021/1997 Biblioteca
    Resolución SEyP 0145/1997 Base de datos 'Biblioteca E.N.R.E.', Vistas '(Por Tipo B)'
    Resolución ENRE 0736/1997 Base de datos 'Biblioteca E.N.R.E.', Vistas '(Por Tipo B)'
    Resolución ENRE 0743/1997 Base de datos 'Biblioteca E.N.R.E.', Vistas '(Por Tipo B)'
    Resolución ENRE 0953/1997 Base de datos 'Biblioteca E.N.R.E.', Vistas '(Por Tipo B)'
    Resolución ENRE 0039/1994 Base de datos 'Biblioteca', Vistas '(Por Tipo B)'
    Resolución SEE 0061/1992 Biblioteca
    Resolución SE 0137/1992 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 11 Biblioteca
    Transcripción taquigráfica de la audiencia pública realizada el 23/09/97:
    EN23997.DOC