Dictamen S/N - 2019 - Tomo: 311 Página: 244
Procuración del Tesoro de la Nación (PTN)
27 de Noviembre de 2019
Expediente: IF-2019-105377917-APN-PTN
Procurador: Bernardo Saravia Frías
SUMARIO

La competencia es el conjunto de funciones que un órgano y un ente público pueden ejercer legítimamente. Así, el concepto de competencia brinda la medida de las actividades que corresponden a cada órgano administrativo de acuerdo al ordenamiento jurídico. La competencia es, en definitiva, la aptitud legal de obrar de los órganos o entes administrativos (y también las entidades estatales pertenecientes a la Administración descentralizada), una distribución de tareas o bien una regla que determina, en primer lugar las materias que entran en la esfera propia de cada autoridad.
Las competencias de las instituciones estatales vienen a representar los límites dentro de los que deben moverse los órganos administrativos y las personas jurídicas públicas. Toda atribución de competencia representa al mismo tiempo una autorización y una limitación.

La competencia, además de constituir un elemento esencial del acto administrativo, es junto a la jerarquía, uno de los principios rectores de la organización administrativa. Las funciones públicas se distinguen por la competencia, criterio diferenciador e inequívoco para individualizarlas y sin el cual sería inconcebible un actuar administrativo organizado. Para que ese conjunto de órganos que realizan la acción administrativa cumplan eficazmente con los fines asignados, es necesario que sean ordenados y regulados, de modo tal que estén dirigidos y sujetos al contralor de otros, formando líneas y núcleos de órganos activos que partan de un centro que es el Poder Ejecutivo y converjan en aquél. De tal modo la regla directriz fundamental de la acción del vasto organismo administrativo es la subordinación jerárquica, en virtud de la cual cada órgano funcional administrativo obra en ejercicio de sus propias atribuciones (competencias) bajo la dirección y vigilancia de un órgano superior (jerarquía).

La asignación de competencias entre los órganos que componen la Administración Pública centralizada y las personas jurídicas públicas estatales que integran la Administración Pública descentralizada constituye una actividad básica de la organización administrativa, pues se trata de la distribución de tareas o funciones para cumplir con los fines estatales. Ello no solo debe justificarse en el principio metajurídico de división del trabajo, sino también en la raíz misma del Estado de Derecho que, en tanto garante de los derechos de los particulares, asegura tal protección delimitando el campo de actuación de los órganos y entes públicos.

La competencia reviste un carácter objetivo, en tanto requiere de una norma constitucional, legal o reglamentaria que la atribuya.

La competencia para disponer la promoción de grado de la solicitante le viene dada objetivamente al Jefe de Gabinete de Ministros de la simple lectura del Decreto N.° 696/17, por el que se transfirió a la Dirección Nacional de Inversión Pública del ámbito el Ministerio de Trabajo y Producción a la órbita de esa jurisdicción, en armónico juego con la Resolución de la ex Secretaría de la Gestión Pública N.° 28/10 aprobatoria del régimen para las promociones de grado escalafonario. Las normas reglamentarias en juego no previeron ningún tipo de cláusula transitoria que estipulase una subsistencia intertemporal de la competencia del Ministro de Producción y Trabajo para disponer promociones de grado de todo el personal que, al tiempo de disponerse la transferencia de la Dirección Nacional de Inversión Pública al ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, estuviera en tales condiciones. Tal competencia, que es obligatoria, especialmente con relación a las peticiones de los administrados, cesó para el Ministro de Producción y Trabajo y pasó a ser del Jefe de Gabinete de Ministros.

Luego de la reforma al Código Civil, dispuesta por la Ley N.° 17.711 el criterio hermenéutico aplicable al conflicto de leyes en el tiempo es el de la aplicación inmediata de la ley nueva a los efectos de las relaciones jurídicas pendientes. La ley nueva respeta el acto o hecho inicial y sus efectos consumados o agotados, pero no los pendientes. Esta noción que se conoce como efecto inmediato de la ley nueva o retroactividad impropia y que en otros ordenamientos se denomina retrospectividad, fue mantenida por el Código Civil y Comercial en su artículo 7.°.

La ley nueva emanada del órgano competente para su sanción, resulta a priori la más adecuada, desplazando a la anterior según la propia discrecionalidad del legislador. La sociedad, en estos casos, está interesada en que la flamante ley tenga el mayor ámbito de aplicación posible. Esta premisa es aplicable por igual a todas las decisiones estatales normativas porque contribuye a afianzar la seguridad jurídica y a brindar previsibilidad al accionar del Estado.

En relación al derecho, la competencia se determina no en el momento de nacer la relación jurídica, sino cuando se reclama su protección al juez o bien, en cada caso, de conformidad con las normas vigentes y el estado de hecho al tiempo de iniciarse el proceso.

Las leyes sobre jurisdicción y competencia son aplicables de inmediato a las causas pendientes en atención al carácter de orden público que les es propio (v. Fallos 233:62, 246:193 y 247:416).
TEMAS

Competencia, organismos del Estado, facultades de la administración, empleados públicos, promoción de grado, aplicación de la ley