Dictamen 73/1993 - Tomo: 205 Página: 128
Procuración del Tesoro de la Nación (PTN)
28 de Mayo de 1993
Expediente: 3743-86
Número Dictamen: 73
Procurador: Fernando García Pulles (Subprocurador)
SUMARIO

Previo a la revocación de un acto debe darse intervención al interesado, a fin de que éste tenga la posibilidad de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a sus derechos subjetivos. Su omisión constituye un vicio de procedimiento, aún cuando resulte subsanable con posterioridad.

La potestad que posee la Administración de revocar un acto no es una prerrogativa excepcional, sino la expresión de un principio en virtud del cual aquella está constreñida, ante la existencia de actos irregulares, a disponer o ejecutoriar la revocación, o bien admitida la existencia de la ilegitimidad deducir judicialmente la pretensión anulatoria de su propio acto.

Los actos administrativos firmes, que provienen de autoridad competente, llenan todos los requisitos de forma y hayan sido expedidos sin error grave de derecho, en uso de facultades regladas, se encuentran revestidos de valor de cosa juzgada y no pueden ser "anulados" por la autoridad que los dictó.

La nulidad absoluta y la absoluta y manifiesta son imprescriptibles; a diferencia de la nulidad relativa que es prescriptible. En este último supuesto, el lapso de la prescripción es el de dos años fijado por el artículo 4030 del Código Civil (cconf.Dic.168:452; 189:72).

La competencia para observar los actos administrativos es, de acuerdo al art.85 de la Ley de Contabilidad, privativa y excluyente del Tribunal de Cuentas de la Nación, no pudiendo conferirse tal atribución a las delegaciones de dicho organismo (conf.Dict.98:23;103:307).

Una simple providencia del Tribunal de Cuentas no reviste el carácter de la observación contemplada por la Ley de Contabilidad, carece de efecto suspensivo con relación al acto cuestionado y, por lo tanto, no cabe al respecto el dictado de un decreto de insistencia.

En el caso de los actos irregulares, el artículo 17 de la ley de Procedimientos Administrativos impone a la Administración, la obligación de revocarlos en sede administrativa. Esta obligación se transforma cuando el acto se encontrare firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, toda vez que en tales casos corresponde acudir a la acción judicial para intentar se declare nulidad.

Basta la existencia de la notificación de un acto regular, que dé nacimiento a derechos subjetivos a favor de los administrados, para imposibilitar su revocación por parte de la Administración, sin que para ello sea necesario que tales derechos se estén cumpliendo.
TEMAS

acto administrativo, acto administrativo irregular, revocación del acto administrativo, vista de las actuaciones, falta de vista previa, acto administrativo firme, cosa juzgada, estabilidad del acto administrativo, nulidad absoluta, imprescriptibilidad, nulidad relativa, prescripción, procedimiento administrativo, derecho a ser oído, Tribunal de Cuentas de la Nación, competencia, observaciones del tribunal de cuentas, providencia simple, notificación del acto administrativo