Dictamen S/N - 2001 - Tomo: 236 Página: 306
Procuración del Tesoro de la Nación (PTN)
13 de Febrero de 2001
Expediente: 376700/95
Procurador: Ernesto Alberto Marcer
SUMARIO

Corresponde que se disponga en sede administrativa la revocación por ilegitimidad de la Resolución del Ministerio del Interior N° 2992/99 -pues el entonces Ministro del Interior carecía de competencia para decidir per se acerca de las peticiones formuladas, toda vez que, tratándose de reclamos sobre reencasillamientos, su resolución debía hacerse a través de una resolución conjunta de ese ministerio y de la entonces Secretaría de la Función Pública-, sin que sea impedimento para ello que ese acto hubiere generado derechos subjetivos a favor de los agentes involucrados, ya que quienes resultaron beneficiarios al momento de su dictado, tenían pleno conocimiento del vicio, o debieron tenerlo.

Las excepciones a la regla de la estabilidad en sede administrativa del acto regular previstas en el artículo 18 de la Ley N° 19.549 -entre ellas el conocimiento del vicio por el interesado- son igualmente aplicables al supuesto contemplado en la primera parte del artículo 17 de dicha ley ya que, de lo contrario, el acto nulo de nulidad absoluta tendría mayor estabilidad que el regular, lo que no es ni razonable ni valioso; una inteligencia literal y aislada de esas normas llevaría a concluir que habría más rigor para revocar un acto nulo que uno regular, cuya situación es considerada menos grave por la ley.

El acto administrativo afectado de nulidad absoluta debe ser revocado, pues la potestad que emerge del artículo 17 de la Ley N° 19.549 no es excepcional, sino la expresión de un principio que constriñe a la Administración, frente a actos irregulares, a disponer la revocación (conf. Dict. 183:275; 221:124).

La revocación del acto administrativo que adolece de algún vicio es una obligación de la Administración, en virtud de los principios de legalidad objetiva y de verdad material que deben imperar en el procedimiento administrativo (conf. Dict. 207:517; 215:189).

La revocación en sede administrativa de los actos nulos de nulidad absoluta tiene suficiente justificación en la necesidad de restablecer sin dilaciones la juridicidad comprometida por ese tipo de actos que, por esa razón, carecen de la estabilidad propia de los actos regulares y no puede válidamente generar derechos subjetivos frente al orden público y a la necesidad de vigencia de la legalidad.

La estabilidad del acto administrativo cede ante errores manifiestos de hecho o de Derecho que van más allá de lo opinable, caso en el cual no pueden hacerse valer derechos adquiridos, ni cosa juzgada, ni la estabilidad de los actos administrativos firmes y consentidos, toda vez que la juridicidad debe prevalecer por sobre la seguridad precaria de los actos administrativos que presentan vicios graves y patentes, manifiestos e indiscutibles y que, por ello, ofenden el interés colectivo primario (conf. Fallos 265:349).

Pese a afectarse derechos subjetivos, corresponde revocar el acto nulo de nulidad absoluta cuando el particular conocía el vicio, situación en la que la revocación opera como una sanción a la mala fe del particular.

La limitación del artículo 17 de la Ley N° 19.549, en cuanto constituye una excepción a la actividad revocatoria de la Administración, debe ser interpretada con carácter restrictivo, toda vez que su aplicación acarrea la subsistencia jurídica de un acto viciado de nulidad, hasta tanto se produzca la declaración judicial pertinente (conf. Fallos 304:898).
TEMAS

Acto administrativo, revocación del acto administrativo nulo, interpretación restrictiva, empleados públicos, reencasillamiento, estabilidad del acto administrativo, vicios del acto administrativo, conocimiento del vicio