Dictamen 57/1992 - Tomo: 200 Página: 133
Procuración del Tesoro de la Nación (PTN)
5 de Marzo de 1992
Expediente: 2136-85
Número Dictamen: 57
Procurador: Alberto Manuel García Lema
SUMARIO

1) Los dictámenes de este organismo asesor son obligatorios para las delegaciones del Cuerpo de Abogados del Estado, alcanzadas éstas por las disposiciones de los arts. 6o. de la ley 12.954 y 4o. de su decreto reglamentario 34.952-47, aún cuando puedan expresar su opinión en contrario; pero, no tienen en cambio carácter obligatorio para las autoridades con competencia para resolver, ya que sólo poseen la fuerza dimanente de su propia fundamentación jurídica.

2) El acto administrativo no exige como requisito para su validez la intervención del Tribunal de Cuentas, aún cuando el art. 7o. inc. d) de la ley 19.549 deja a salvo el cumplimiento del procedimiento establecido en normas especiales. No obstante, la falta de comunicación del acto al Organismo de contralor, afectaría su ejecución, siendo la intervención del Tribunal de Cuentas equiparable a una condición de legitimidad de la ejecución del acto.

La observación del un acto administrativo por parte del Tribunal de Cuentas impide su ejecución, de suerte que el acto carece de eficacia; ello permite a la autoridad administrativa anularlo sin que la medida traiga responsabilidad para el Estado.

Las decisiones oportunamente observadas por el Tribunal de Cuentas de la Nación y no insistidas no acuerdan titularidad a derecho adquirido o interés legítimo alguno, toda vez que aquellas han carecido prácticamente de específica vigencia.

El acto administrativo que fuere impugnado por el Tribunal de Cuentas no tiene carácter de firme o ejecutoriado como consecuencia de dicha observación y puede válidamente ser dejado sin efecto, por otro decreto posterior.

La potestad contenida en el art. 17 de la ley 19.549, texto modificado por la ley 21.686 que posee la administración no es una prerrogativa excepcional, sino la expresión de un principio de virtud del cual aquella está constreñida, ante la existencia de actos irregulares, a disponer o ejecutoriar la revocación, o bien, admitida la existencia de la ilegitimidad, deducir judicialmente la pretensión anulatoria de su propio acto.

La limitación impuesta por el art. 17 in fine de la ley 19.549, en cuanto constituye una excepción a la potestad revocatoria de la administración, establecida como principio general en la primera parte de su texto, debe ser interpretada con carácter estricto toda vez que su aplicación acarrea la subsistencia en el mundo jurídico de un acto viciado de nulidad absoluta hasta tanto se produzca la declaración judicial pertinente.

3) La nulidad de la renuncia efectuada por el consorcio "SIDECO AMERICANA S.A. : E.A.C.A. Y S.A.I.U.G.E. ARGENTINA S.A. " dispuesta en el art. 1o. de la Resolución 50-89 ex- MOSP no implicó, por sí, el reconocimiento de un derecho subjetivo que se tradujera en un crédito contra el Estado, ya que la determinación de la existencia de los gastos improductivos y su cuantificación quedó diferida al accionar de la Comisión especial constituída al efecto.

4) La aplicación de la ley 23.982 a los trámites transaccionales pendientes resulta de su inmediata vigencia y del carácter de orden público de sus dispocisiones, establecido en su artículo 16, primera parte.

La doctrina general de este organismo, según la cual los actos administrativos impugnados no acuerdan titularidad o derecho adquirido o interés legítimo alguno, queda corroborada por lo establecido en el art. 18 de la ley 23.982 y su reglamentación respecto de los acuerdos transaccionales celebrados conforme a sus normas.
TEMAS

Procuración del Tesoro de la Nación, dictámenes de la Procuración del Tesoro, obligatoriedad del dictamen, acto administrativo, tribunal de cuentas, observaciones del tribunal de cuentas, impugnación del acto administrativo, acto administrativo irregular, revocación del acto nulo, contratos administrativos, gastos improductivos, transacción, régimen de consolidación de deudas, orden público, derechos adquiridos, interés legítimo