Dictamen 112/1995 - Tomo: 214 Página: 68
Procuración del Tesoro de la Nación (PTN)
25 de Julio de 1995
Expediente: 9880/94 - CIJ 1243/94
Número Dictamen: R00112
Procurador: Jorge Augusto Saulquin (Subprocurador)
SUMARIO

La aceptación del quantum consignado en el acta Acuerdo como monto total de la deuda que se hizo efectiva mediante la entrega de los títulos representativos de la correspondiente suma (BOTE) y la manifestación de que no tenía nada más que reclamar en la pertinente carta de pago, permiten sostener, que no puede aceptarse como válido que la acreedora satisfecha y convino voluntariamente con su deudora, la propuesta de pago integral, con posterioridad, intente volver sobre sus propios actos.

El Acta Acuerdo Final constituye un acto nulo de nulidad absoluta, no siendo procedente el pago de diferencia alguna en favor de Compañía Minera del Pacífico S.A. con origen en la orden de compra; por ello corresponde a la Administracion promover la acción de lesividad, solicitando como medida cautelar, la suspensión de los efectos del acto.

La seguridad jurídica, imperiosa exigencia del régimen concerniente a la propiedad privada, quedaría gravemente resentida si fuera admisible que pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien pretendiese ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.

A tenor de la teoría de los actos propios, nadie puede alegar un derecho que esté en pugna con su propio actuar "nemo potest contra factum venire". Es que el mismo ordenamiento jurídico no puede tolerar que un sujeto pretenda ejercer un derecho en abierta contradicción con una conducta suya previa que engendra confianza respecto del comportamiento que se iba a observar en la relación jurídica.

La renuncia a un derecho patrimonial adquirido, por ser un modo de extinción de las obligaciones veda el posterior reclamo del crédito renunciado.

El Estado puede invocar el efecto liberatorio del pago con fundamento en los artículos 505724 y concordantes del Código Civil cuando no ha medidado, por parte del acreedor, protesta o reserva previa o simultánea con el cobro, habiendo otorgado el recibo correspondiente.

Los pagos efectuados y recibidos sin reserva o disconformidad alguna, al tener los efectos liberatorios que el artículo 505 inciso 3, párrafo 2 del Código Civil acuerda a aquéllos, configuran un derecho adquirido de naturaleza patrimonial que goza del amparo que la Constitución Nacional brinda en su artículo 17 al derecho de propiedad.

El derecho adquirido mediante el pago efectuado con sujeción a todo lo que en orden a su forma y su sustancia dispongan las leyes es, con respecto a la legítima obligación a la cual corresponde, inalterable, ya que, conforme a la ley civil, el cumplimiento exacto de la obligación confiere al deudor el derecho de obtener la liberación correspondiente. El efecto liberatorio del pago se funda en la garantía constitucional de la propiedad, que ampara los actos regularmente concluidos.

El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, pero si lo hae no puede a posteriori por ese solo hecho de la parcialidad, pretender suplir su omisión y sustraerse al efecto liberatorio definitivo del pago. El acreedor al aceptar el pago sin reservas ni protestas, consiente en la liberación del deudor, para quien ésta constituye un derecho adquirido como corolario del ejercicio de su derecho a pagar. Los reclamos supletorios quedan pues desahuciados como consecuencia de efecto liberatorio del pago.

El medio de pago utilizado (BOTE) no empece a considerar que la cancelación del crédito se efectuaba al contado. Ello, en atención a que con la sanción de la ley de convertibilidad y con lo dispuesto por la ley 23.697, con motivo de la situación de emergencia ecnómica que atravesó el país, se dictaron los decretos 1.527/91, y su ampliatorio 1.730/91, normas éstas que establecieron la emisión de los referidos bonos, utilizables como medio para la cancelación de deudas.

La pérdida que invoca haber sufrido la acreedora por la negociación de los títulos (BOTE) en el mercado, no puede ser absorbida por el Estado; no solamente por ser ello corolario del sacrificio compartido por todos los acreedores del Estado que supone la cancelación con bonos, sino también por cuanto al poseedor de dichos títulos pudo o no realizarlos, con resultados económicos diversos según el momento de la operación.

Es un principio ínsito en nuestro derecho que las convenciones deben interpretarse y cumplirse con probidad y buena fe, con sujeción a lo que realmente ha sido querido y convenido por las partes, sin perder de vista que la lealtad que debe presidir sus relaciones recíprocas les veda el ejercicio abusivo de las prerrogativas que nacen del contrato.

Si la ilegitimidad es manifiesta, el contrato puede ser dejado sin efecto válidamente por la misma Administración.

Si se trata de contratos celebrados sin facultades o, si se trata de un contrato de compraventa celebrado en forma verbal por un ministro sin cumplir con los requisitos de la ley de contabilidad, se encuentran viciados por ello de nulidad manifiesta.

La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos al referirse a la extinción de los actos afectados de nulidad absoluta y en consecuencia reputados como irregulares, no efectúa distinción alguna respecto de la obligatoriedad de promover su extinción por vía de la revocación, cuando ella es posible o la acción de lesividad en los otros supuestos.

La obligatoriedad prescripta en el artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, es la expresión de un principio en virtud del cual la Administración está constreñida, ante la existencia de actos irregulares a disponer o ejecutoriar la revocación en sede administrativa, o bien admitida la existencia de la ilegitimidad deducir judicialmente la pretensión anulatoria de su propio acto.

Siendo la finalidad del acto administrativo el resultado previsto legalmente como el correspondiente al tipo de acto dicta y, tendiente a satisfacer directamente o inmediatamente, el interés público, no se advierte, en el caso, el cumplimiento de este requisito. El bien jurídico que aquí se pretendió proteger fue un interés particular carente de sustento fáctico y legal.

El funcionario competente para decidir la promoción de la acción de lesividad, debe tener en cuenta para ello, los aspectos de oportunidad, mérito y conveniencia relativos a la misma.
TEMAS

Bonos de tesorería, pago, aceptación sin reserva, doctrina de los actos propios, efectos del contrato, buena fe, ilegitimidad del contrato, procedimiento administrativo, nulidad absoluta, Administración Pública, revocación del acto nulo, acción de lesividad, finalidad del acto administrativo