Dictamen S/N - 2000 - Tomo: 234 Página: 465
Procuración del Tesoro de la Nación (PTN)
12 de Septiembre de 2000
Expediente: 220.00.0/99
Procurador: Ernesto Alberto Marcer
SUMARIO

La Resolución COMFER Nº 920/99 por la cual se dispuso la adjudicación de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en la localidad de Mar del Plata, adolece de vicios que exigen su revocación, pues no se ajusta a los requisitos esenciales del acto administrativo, como la causa y el procedimiento, en tanto la oferta adjudicada no cumplió con los requisitos patrimoniales exigidos por al Ley Nº 22.285 y el Pliego de Bases y Condiciones. La aludida resolución, al ser inexactos significativos hechos en los que pretende sustentarse -que la adjudicataria reúne en forma acabada y completa las condiciones para acceder a la titularidad de la licencia concursada- presenta un vicio grave en su elemento causa que determina su nulidad.

Los fundamentos de la Resolución COMFER Nº 920/99, por la cual se dispuso la adjudicación de una licencia, no encuentran respaldo en las circunstancias de hecho que obligadamente debieron merituarse, por lo que no configura el resultado de un proceso lógico regido por el procedimiento legal pertinente. Dicha circunstancia acarrea la nulidad absoluta e insanable del acto, encontrándose configuradas las causales previstas en el inciso b) del artículo 14 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos: falta de causa, violación de la ley aplicable e incumplimiento de las formas esenciales que deben presidir los procedimientos concursales. En consecuencia, según lo dispone el artículo 17 del mismo régimen, el acto es irregular y debe ser revocado por razones de ilegitimidad, aun en sede administrativa; declaración que constituye una obligación para la Administración Pública.

La revocación en sede administrativa de la Resolución COMFER Nº 920/99 resulta procedente pues la adjudicataria no podía desconocer que su propuesta no concordaba con las previsiones legales y del Pliego de Bases y Condiciones de aplicación. Resulta por ese motivo aplicable la disposición contenida en el artículo 18 de la Ley Nº 19.549 que autoriza a revocar el acto en sede administrativa -aún cuando se hubieren generado derechos subjetivos- si el interesado hubiere conocido el vicio. Corresponde aclarar, sin embargo que, en rigor, dicha resolución no llegó a generar derechos a favor de la adjudicataria, pues antes de adquirir firmeza fue alcanzada por la suspensión dispuesta por la Resolución SCCPN Nº 9/99 y, además, aquella recién producía efectos al iniciarse las emisiones regulares, hecho que hasta ahora no ha tenido lugar.

El artículo 7º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos prevé que, entre los requisitos esenciales del acto administrativo, se encuentran la causa y el cumplimiento de los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. En cuando al primero de ellos, implica que el acto debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; en tanto que el segundo -el procedimiento para la emisión del acto-, debe adecuarse a las normas aplicables.

El acto administrativo afectado de nulidad absoluta debe ser revocado, pues la potestad que emerge del artículo 17 de la Ley Nº 19.549 no es excepcional, sino la expresión de un principio que constriñe a la Administración, frente a actos irregulares, a disponer la revocación (conf. Dict. 183:275; 221:124).

La revocación del acto administrativo que adolece de algún vicio es una obligación de la Administración, en virtud de los principios de legalidad objetiva y de verdad material que deben imperar en el procedimiento administrativo (conf. Dict. 207:517; 215:189).

La revocación en sede administrativa de los actos nulos de nulidad absoluta tiene suficiente justificación en la necesidad de restablecer sin dilaciones la juridicidad comprometida por ese tipo de actos que, por esa razón, carecen de la estabilidad propia de los actos regulares y no pueden válidamente generar derechos subjetivos frente al orden público y a la necesidad de vigencia de la legalidad.

La estabilidad del acto administrativo cede ante errores manifiestos de hecho o de derecho que van más allá de lo opinable, caso en el cual no pueden hacerse valer derechos adquiridos, ni cosa juzgada, ni la estabilidad de los actos administrativos firmes y consentidos, toda vez que la juridicidad debe prevalecer por sobre la seguridad precaria de los actos administrativos que presentan vicios graves y patentes, manifiestos e indiscutibles, y que, por ello, ofenden el interés colectivo primario (conf. Fallos 265:349).

Las excepciones a la regla de la estabilidad en sede administrativa del acto regular previstas en el artículo 18 de la Ley Nº 19.549 -entre ellas el conocimiento del vicio por el interesado- son igualmente aplicables al supuesto contemplado en la primera parte del artículo 17 de esa ley ya que, de lo contrario, el acto nulo de nulidad absoluta tendría mayor estabilidad que el regular, lo que no es ni razonable ni valioso; una inteligencia literal y aislada de esas normas llevaría a concluir que habría más rigor para revocar un acto nulo que uno regular, cuya situación es considerada menos grave por la ley.

Los vicios manifiestos, que no requieren de una investigación de hecho para detectarlos, provocan una nulidad igualmente manifiesta, categoría ésta que cumple una función esencial para el mantenimiento del principio de legalidad y comporta una eficaz protección contra la ejecución de aquellos actos administrativos que portan vicios notorios, los que carecen de presunción de legitimidad, circunstancia determinante para que la Administración disponga su nulidad absoluta.
TEMAS

Radiodifusión, licencia de radiodifusión, revocación del acto administrativo irregular, nulidad absoluta, nulidad manifiesta, elementos del acto administrativo, estabilidad del acto administrativo, vicios del acto administrativo