Dictamen S/N - 2000 - Tomo: 233 Página: 278
Procuración del Tesoro de la Nación (PTN)
19 de Mayo de 2000
Expediente: 97329/17/99-2-7
Procurador: Ernesto Alberto Marcer
SUMARIO

Tratándose de cuestiones meramente patrimoniales sobre las que ha recaído sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un acuerdo posterior debe considerarse nulo, por carecer el acto administrativo de requisitos esenciales, tales como la causa, competencia, motivación, objeto, procedimiento.

Tratándose de cuestiones meramente patrimoniales sobre las que ha recaído sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un acuerdo al que se arribe en la instancia de sometimiento del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe considerares nulo y generar, consecuentemente, la responsabilidad personal de funcionario que haya intervenido al efecto.

En las cuestiones sometidas a la jurisdicción de la Comisión o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos las partes y la materia en controversia son, por definición, distintas de aquéllas que hayan estado sujetas a la jurisdicción interna de los Estado miembros y que hayan dado lugar a las denuncias ante la Comisión. De allí que toda cuestión ventilada por ante los tribunales de justicia del país y sobre la que recayó resolución definitiva de su instancia jurisdiccional superior no puede abordarse como la aceptación de revisión de una sentencia nacional sino, llegado el caso, como el ejercicio de la jurisdicción de los órganos Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos que se circunscribe a la interpretación y aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

La intervención contenciosa de la Corte Interamericana después de agotadas las vías internas, no constituye una instancia de revisión del proceso judicial sustanciado, sino un examen que, aún cuando requiere la previa sustanciación de aquél, se disocia e independiza de él, pues juzga por se la presunta violación estatal de Derechos Humanos a la luz del Derechos Internacional, y no del Derecho interno del Estado acusado por esa violación. Por ende, la cosa juzgada interna retiene su carácter de tal.

La protección internacional de los Derechos Humanos que habilita la Convención Americana de Derechos Humanos constituye el instrumento idóneo al que los individuos pueden acudir cuando se configure una violación a los derechos consagrados en ese Pacto, y sólo en esa medida. De tal suerte, la mera disconformidad con una resolución judicial interpretativa del Derecho interno de los Estados miembros no brinda la sustancia necesaria para proporcionar a un particular el amparo de este sistema interamericano de protección.

La jurisdicción de la Corte Interamericana se entiende, para los casos contemplados en el instrumento internacional suscripto por la República Argentina como excepcional pues, de lo contrario, se configuraría una indebida claudicación de soberanía por parte del Estado argentino.

El objeto que persigue el instrumento resulta jurídicamente imposible en los términos del artículo 7, inciso c) de la Ley N° 19.549, en la medida en que tiende a alterar en sede administrativa lo decidido en la judicial respecto de una cuestión patrimonial de Derecho Privado. Esa circunstancia, vicia el instrumento de tal forma que lo torna nulo de nulidad absoluta e insanable en los términos del artículo 14, inciso b) de la Ley mencionada, toda vez que falta uno de los requisitos esenciales que se requieren para la validez del acto administrativo, como es el de contar con un objeto jurídicamente posible, es decir, lícito. La ilicitud del objeto obliga a la Administración, custodia de la legitimidad de su propio accionar, a revocar la declaración efectuada por una ex funcionaria.

El cumplimiento del requisito de motivación de los actos administrativos se relaciona con la observancia del principio de legalidad al que la Administración se encuentra sometida; éste obliga a dar razones que expliquen la necesidad de la medida adoptada, lo que exterioriza la razonabilidad de la medida.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido la revisión de la cosa juzgada sentada en su fallos solamente en los supuestos de estafa procesal, o cuando el vencido no ha tenido en un proceso contradictorio adecuada y sustancial oportunidad de audiencia y prueba.

Acertadas o no las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el resguardo de su integridad interesa fundamentalmente tanto para la vida de la Nación, su orden público y la paz social cuanto a la estabilidad de sus instituciones y, muy especialmente, a la supremacía de la Constitución en que aquéllas se sustentan (conf. Fallos 310:348; 312:2187).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es, en el ejercicio de la jurisdicción que le acuerdan la Constitución y las leyes nacionales, Suprema, a igual título que los demás departamentos del gobierno federal en la órbita de sus atribuciones (conf. Fallos 310:743).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el tribunal de último resorte para todos los asuntos contenciosos en que se la ha dado jurisdicción como perteneciente al Poder Judicial de la Nación; sus decisiones son finales. Ningún tribunal las puede revocar.

Representa, en la defensa de sus atribuciones la soberanía nacional y es tan independiente en su ejercicio, como el Congreso en su potestad de legislar, y como el Poder Ejecutivo en el desarrollo de sus funciones.

La Administración Pública debe acoger los lineamientos doctrinarios establecidos por la Corte Suprema, absteniéndose de cuestionarlos o de entrar en polémica con ellos aún cuando no comparta su contenido; ese principio se funda en la jerarquía del Tribunal, el carácter definitorio y último de sus sentencias respecto de la interpretación y aplicación del derecho y la necesaria armonía en el comportamiento de los distintos órganos del Estado.
TEMAS

Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, acto administrativo, elementos del acto administrativo, motivación del acto administrativo, razonabilidad del acto administrativo, objeto del acto administrativo, corte interamericana de derechos humanos, jurisdicción, Convención Americana sobre Derechos Humanos