Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0488/2021. (no publicada en B.O.) , lunes 15 de noviembre de 2021, 9 p.

Citas Legales : Código civil y comercial, Código civil y comercial - artículo 0724, Código civil y comercial - artículo 0725, Código civil y comercial - artículo 0730, Código civil y comercial - artículo 0731, Constitución nacional, Constitución nacional - artículo 001, Constitución nacional - artículo 014, Constitución nacional - artículo 014 bis, Constitución nacional - artículo 017, Constitución nacional - artículo 018, Constitución nacional - artículo 019, Constitución nacional - artículo 028, Constitución nacional - artículo 031, Constitución nacional - artículo 033, Constitución nacional - artículo 042, Constitución nacional - artículo 075 inciso 22), Contrato de concesión (Edesur S.A.), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 incisos x) e y), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 44, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 6.3., Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Convención Americana Sobre Derechos Humanos - artículo 26, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre - artículo XI, Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos - artículo 25, Decreto 00067/2021, Decreto 00125/2021, Decreto 00168/2021, Decreto 00235/2021, Decreto 00260/2020, Decreto 00277/2020, Decreto 00297/2020, Decreto 00311/2020, Decreto 00311/2020 - artículo 1, Decreto 00311/2020 - artículo 2, Decreto 00311/2020 - artículo 3, Decreto 00311/2020 - artículo 4, Decreto 00311/2020 - artículo 5, Decreto 00325/2020, Decreto 00355/2020, Decreto 00408/2020, Decreto 00459/2020, Decreto 00493/2020, Decreto 00520/2020, Decreto 00543/2020, Decreto 00576/2020, Decreto 00605/2020, Decreto 00641/2020, Decreto 00677/2020, Decreto 00714/2020, Decreto 00754/2020, Decreto 00792/2020, Decreto 00814/2020, Decreto 00875/2020, Decreto 00875/2020 - artículo 3, Decreto 00956/2020, Decreto 00963/2020, Decreto 01020/2020, Decreto 01020/2020 - artículo 12, Decreto 01033/2020, Decreto 01759/1972 (t.o. 2017) - artículo 012, Decreto 01759/1972 (t.o. 2017) - artículo 038 apartado b), Decreto 01759/1972 (t.o. 2017) - artículo 076, Decreto 01759/1972 (t.o. 2017) - artículo 082, Decreto 01759/1972 (t.o. 2017) - artículo 084, Ley 19.549 - artículo 01, Ley 19.549 - artículo 01 inciso e) apartado 4), Ley 19.549 - artículo 07 inciso b), Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 19.549 - artículo 07 inciso e), Ley 24.065 - artículo 02 inciso a), Ley 24.065 - artículo 40, Ley 24.065 - artículo 41, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); b) y s), Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 27.541, Ley 27.541 - artículo 05, Ley 27.541 - artículo 06, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales - artículo 11, Resolución ENRE 0027/2020, Resolución ENRE 0035/2020, Resolución ENRE 0058/2021, Resolución ENRE 0058/2021 - artículo 1, Resolución ENRE 0058/2021 - artículo 2, Resolución ENRE 0058/2021 - artículo 2 inciso a), Resolución ENRE 0058/2021 - artículo 2 inciso b), Resolución ENRE 0058/2021 - artículo 3, Resolución ENRE 0058/2021 - artículo 4, Resolución ENRE 0058/2021 - artículo 5, Resolución ENRE 0058/2021 - anexo I, Resolución ENRE 0058/2021 - anexo II, Resolución ENRE 0064/2017, Resolución MDP 0173/2020, Resolución SE 0040/2021, Resolución SE 0371/2021, Resolución SE 0371/2021 - artículo 1, Resolución SE 0371/2021 - artículo 1 inciso b)

Expediente Citado : EX-2021-07069391-APN-SD#ENRE



CIUDAD DE BUENOS AIRES, MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

    VISTO el Expediente N° EX-2021-07069391-APN-SD#ENRE, y

    CONSIDERANDO:

    Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), por medio del artículo 1 de la Resolución N° 58 de fecha 5 de marzo de 2021 (RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC), instruyó a la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) a emitir las Liquidaciones del Servicio Público (LSP) de energía eléctrica únicamente con los importes que correspondan a los consumos del período a liquidar e informar, a su vez y por separado, las deudas que se han originado o incrementado durante la vigencia de las medidas sanitarias de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y las de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO).

    Que, asimismo, se ordenó a la distribuidora, por el artículo 2 de la citada resolución, que los saldos adeudados deberán ser informados en las liquidaciones de facturación dirigidas a las personas usuarias del servicio público de energía eléctrica, sin contemplar intereses y, por otra parte, diferenciar aquéllas con "Saldo adeudado al 31/12/2020, Res. ENRE 58/2021", de las correspondientes a "Saldo adeudado al 28/02/2021, Resolución ENRE 58/2021”.

    Que por el artículo 3, se la instruyó a emitir las Liquidaciones de Servicio Público de energía eléctrica con los importes correspondientes a los consumos del período liquidado, informando en forma separada al detalle de la liquidación el saldo adeudado sin expresar los intereses, a las personas usuarias alcanzadas por las Resoluciones del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 27 de fecha 5 de mayo de 2020 y N° 35 de fecha 15 de mayo de 2020.

    Que por el artículo 4, se informó a la distribuidora que los saldos adeudados conforme la instrucción emitida en los artículos 2 y 3 le serían abonados conforme a las pautas que oportunamente establezca este Ente Regulador, razón por la cual, debería abstenerse hasta ese momento de perseguir su cobro; mientras que por el artículo 5, se dispuso que EDESUR S.A. se debería abstener de suspender el suministro por los montos adeudados hasta el 28 de febrero del 2021.

    Que finalmente, se instruyó a la concesionaria a que diera adecuada difusión de lo dispuesto en los artículos precedentemente mencionados, por medio de su página web, canales de atención comercial, redes sociales, medios gráficos y en las propias facturas de las personas usuarias (artículo 6) y se la intimó a que, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, informe a este Ente Nacional los montos adeudados según la categoría establecida en los incisos a) y b) del artículo 2, según el detalle efectuado en el Anexo I (IF-2021- 09673641-APNSD#ENRE) y en el Anexo II (IF-2021-09675245-APN-SD#ENRE) que integran la Resolución N° RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC.

    Que posteriormente, mediante Nota N° NO-2021-27621907-APN-ENRE#MEC de fecha 29 de marzo de 2021, se comunicó a EDESUR S.A. la suspensión de lo dispuesto por el artículo 3 de la Resolución ENRE Nº 58/2021 en lo que respecta a la parte concerniente a la obligación de informar, en forma separada al detalle de la liquidación, el saldo adeudado sin expresar los intereses, “…a las personas usuarias alcanzadas por la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 27 de fecha 5 de mayo de 2020…”.

    Que con fecha 13 de abril de 2021, mediante presentación digitalizada como IF-2021-32057583-APN-SD#ENRE, EDESUR S.A. interpuso recurso de reconsideración con alzada en subsidio contra la Resolución ENRE Nº 58/2021 y formuló reserva de caso federal en tanto consideró que con lo allí ordenado se estarían afectando derechos constitucionales consagrados en los artículos 14, 17, 19, y 28 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

    Que, en el referido documento manifestó que el acto administrativo recurrido resultar estar viciado en sus elementos causa, objeto, motivación y finalidad, por cuanto se estarían violando los principios tarifarios fijados en el artículo 40 de la Ley N° 24.065.

    Que, continuó argumentando que lo decidido por el ENRE constituye una “…imposición a esta distribuidora de las pautas y criterios de pago a otorgarse en beneficio de los Usuarios T1, alcanzados por la norma, peros sin concederle a EDESUR mecanismo económico alguno que le permita restablecer el equilibrio de su Contrato de Concesión en lo que respecta al costo derivado del diferimiento de pago…”.

    Que además sostuvo que estas circunstancias imponen mayores costos por fuera de lo que oportunamente se estableció en la Resolución ENRE N° 64 de fecha 31 de enero de 2017.

    Que por último, argumentó “…que la imposición que imposibilita a esta Distribuidora perseguir el cobro de sus facturas, sin la debida contrapartida que equilibre su hacienda, significa una detracción de recursos injustificada que cae la imposibilidad de provisión para la Distribuidora la suficiencia económica para satisfacer los costos operativos razonables aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones y una tasa de rentabilidad razonable para que sea posible operar con eficiencia a tenor de las previsiones del artículo 41 de la citada Ley…”.

    Que, ahora bien, en primer término, cabe señalar que teniendo en consideración la Constancia de Notificación Electrónica IF-2021-20240399-APN-SD#ENRE, surge que con fecha 8 de marzo de 2021 se notificó a EDESUR S.A. los términos de la Resolución ENRE Nº 58/2021; que con fecha 15 de marzo de 2021 pidió tomar vista de las actuaciones, la cual le fue autorizada y concedida mediante Nota N° NO-2021-23963487-APNARYEE# ENRE con fecha 19 de marzo de 2021, sin indicación de plazo alguno (IF-2021-24466048-APNARYEE# ENRE y Constancia de Notificación Electrónica IF-2021-24500515-APN-SD#ENRE); en atención a lo dispuesto por el artículo 1, acápite e), inciso 4 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y por los artículos 38 apartado b) y 76 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017, corresponde tener por presentado en legal tiempo y forma el recurso de reconsideración con alzada en subsidio interpuesto por la distribuidora mediante presentación digitalizada como IF-2021-32057583-APNSD# ENRE.

    Que sentado ello y adentrándonos al análisis del planteo de nulidad introducido por la distribuidora al considerar que la Resolución N° RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC se encontraría viciada en su elemento causa, por resultar lesiva de los principios tarifarios y de potestad de operación fijados por el artículo 40 de la Ley Nº 24.065, cabe destacar, como punto de partida de este análisis, que el artículo 7 inciso b) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se enrola en una concepción objetivista que considera como causa del acto administrativo los antecedentes de hecho o de derecho que, en cada caso, justifican su dictado.

    Que resulta ilustrativo traer a colación el voto emitido por el Ministro Horacio Rosatti, en la causa “Roa Restrepo, Henry c/ EN - M Interior OP y V - DNM s/ recurso directo DNM”, Expediente CAF 53869/2017/CS1-CA1, del 6 de mayo de 2021 (Fallos 344:1013), quien señaló que “…a la luz de nuestra arquitectura constitucional, el procedimiento administrativo no solo constituye el ámbito a través del cual se debe procurar -con justicia- la satisfacción del interés público; en paralelo, es también una instancia para la defensa de los derechos e intereses de los particulares, sujeta -inexcusablemente- a los principios de legalidad, debido proceso adjetivo y sustantivo - o razonabilidad- (artículos 18, 19 y 28, Constitución Nacional y artículo 1°, ley 19.549; arg. doctrina de Fallos: 324:3593)…” y “…que en resguardo de los principios, derechos y garantías constitucionales, las decisiones que adopta la administración se encuentran sujetas -como recaudo de validez- a la observancia de los requisitos esenciales previstos en los artículos 7° y 8° de la ley 19.549. De este modo, y en lo que aquí concierne, el acto administrativo debe contar con una “causa”: entendida como los antecedentes de hecho y de derecho que sustentan la decisión (artículo 7°, inciso b), y con su respectiva “motivación”, esto es, la explicitación de las razones que justifican la emisión del acto (artículo 7°, inciso e)…”.

    Que ambos requisitos “…se apoyan en la máxima republicana que sostiene a nuestro sistema de gobierno, constituyen una interdicción a la eventual arbitrariedad administrativa y, además, representan una garantía para que el particular pueda ejercer -en forma plena la defensa de sus derechos e intereses. En otras palabras, la solución legislativa -al exigir una administración que justifique y funde racionalmente sus decisiones- no está haciendo otra cosa que cumplir con el equilibrio que exige la Constitución Nacional entre la tutela de los derechos por ella reconocidos y la acción administrativa, subordinada a la juridicidad, debido proceso adjetivo y sustantivo (artículos 1°, 14, 18, 19, 28, 31, 33 y cctes. Constitución Nacional) …”.

    Que siguiendo esas premisas, cabe destacar que las medidas dispuestas por la Resolución N° RESOL-2021-58- APN-ENRE#MEC fueron sancionadas en un contexto de emergencia pública en materia sanitaria declarada en primer término por la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y ampliada posteriormente por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, como consecuencia de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) por el virus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de su entrada en vigencia, la cual se hizo efectiva el 12 de marzo de 2020.

    Que la distribuidora, soslayó por completo en su cuestionamiento, que las medidas implementadas por este Ente Nacional, apuntan a garantizar a las personas usuarias la continuidad de la efectiva prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica y a evitar en la medida de lo posible que se generase en perjuicio de ellas un impacto económico negativo más grave aún, que el producido por la propia pandemia.

    Que en ese contexto, vale destacar también, que con el objeto de salvaguardar y proteger la salubridad pública, desde el PODER EJECUTIVO NACIONAL, se impusieron distintas medidas de restricción a la libre circulación individual que quedaron plasmadas en el ASPO, dispuesta originariamente mediante Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, cuyo plazo fue sucesivamente prorrogado mediante los Decretos N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, N° 459 de fecha 10 de mayo de 2020 y N° 493 de fecha 24 de mayo de 2020, con ciertas modificaciones según el territorio, por los Decretos N° 520 de fecha 7 de junio de 2020, N° 576 de fecha 29 de junio de 2020, N° 605 de fecha 18 de julio de 2020, N° 641 de fecha 2 de agosto de 2020, N° 677 de fecha 16 de agosto de 2020, N° 714 de fecha 30 de agosto de 2020, N° 754 de fecha 20 de septiembre de 2020, N° 792 de fecha 11 de octubre de 2020, N° 814 de fecha 25 de octubre de 2020, N° 875 de fecha 7 de noviembre de 2020, N° 956 de fecha 29 de noviembre de 2020, N° 1.033 de fecha 20 de diciembre de 2020, N° 67 de fecha 29 de enero de 2021, hasta el 28 de febrero de 2021 inclusive y N° 125 de fecha 27 de febrero de 2021 hasta el 12 de marzo de 2021

    Que posteriormente, mediante artículo 3 del Decreto Nº 875/20, dicha medida mutó al DISPO, para el aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), establecida originariamente desde el 9 de noviembre hasta el 29 de noviembre de 2020, inclusive, prorrogada luego por los Decretos N° 956/20, N° 1.033/20, N° 67/21, N° 125/21, N° 168/21 y N° 235/21, hasta el 30 de abril de 2021.

    Que las medidas adoptadas por este Ente Nacional, en el marco de la Resolución ENRE Nº 58/2021, se enmarcan también, en las que fueran establecidas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante Decreto DNU Nº 311/20, norma que fuera reglamentada en cuanto a sus alcances, por la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO N° 173 de fecha 17 de abril del 2020, la cual responde también, al objetivo de garantizar en el marco de pandemia declarada con motivo del COVID-19, “…el acceso a los servicios públicos que constituyen medios instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales tales como a una vivienda digna, a la salud, a la educación o la alimentación para los ciudadanos y ciudadanas…”.

    Que ello a su vez, encuentra su fundamento en la normativa de protección a las personas usuarias de rango constitucional y convencional consagrado por los artículos 14 bis, tercer párrafo, 42 y 75 inciso 22 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo XI de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 11, primer párrafo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como así también, en lo dispuesto por el artículo 2 inciso a) de la Ley Nº 24.065, y en las facultades reglamentarias de las que se encuentra investido este Ente Nacional en materia de procedimientos técnicos, medición y facturación de los consumos consagrada por el artículo 56 incisos a), b) y s) de ese mismo ordenamiento legal.

    Que la distribuidora, soslayó por completo también en su planteo, los antecedentes de hecho que fueron tenidos en consideración por este Ente Nacional, a la hora de disponer las medidas que fueran adoptadas en el marco de la Resolución RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC, como ser las presentaciones efectuadas por la Dirección de Programas de Inclusión Económica del Ministerio de Desarrollo Social, Nota NO-2021-08436852-APNDPIE# MDS; las realizadas por la Comisión de Usuarios Residenciales (CUR), IF-2021-07161860-APNSD# ENRE, por la Secretaría de Comercio de la Municipalidad de Avellaneda, IF-2021-08450700-APNSD# ENRE, por el representante de diversas personas usuarias no residenciales del servicio de electricidad prestado por EDENOR S.A. y EDESUR S.A., IF-2021-08397064-APN-SD#ENRE; y la efectuada por el Defensor del Pueblo de Avellaneda, IF-2021-08392583-APN-SD#ENRE, cuyo respectivos contenidos, en relación a las distintas situaciones denunciadas, no fueron objeto de rechazo, desconocimiento, ni de impugnación alguna por parte de EDESUR S.A.

    Que en lo que refiere a la supuesta afectación a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Nº 24.065, y al impacto económico negativo que -a su entender- traería aparejada la aplicación de las medidas adoptadas por dicha resolución, en detrimento de los recursos de la distribuidora, amén de no acompañar elemento de prueba o de valoración que acredite en modo alguno la alegada vulneración, vistos los términos de la resolución cuestionada, no se advierte -ni tampoco la distribuidora lo señalada concretamente- cuál de las medidas allí adoptadas ocasionarían tal afectación a los derechos de la concesionaria, máxime aún, si se tiene en consideración que mediante Nota NO-2021-27621907-APN-ENRE#MEC, de fecha 29/3/2021, se le comunicó a EDESUR S.A. la suspensión de lo dispuesto por el artículo 3 de la Resolución ENRE Nº 58/2021, en lo que respecta, a la parte concerniente a la obligación de informar en forma separada al detalle de la liquidación, el saldo adeudado sin expresar los intereses, con relación “…a las personas usuarias alcanzadas por la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 27 de fecha 5 de mayo de 2020…”.

    Que en lo que respecta al planteo de arbitrariedad introducido por la concesionaria, por cuanto consideró, que la Resolución ENRE Nº 58/2021 le impediría poder obtener forzadamente el cobro de las deudas contraídas por las personas usuarias, valiéndose para ello, del ejercicio de las facultades que válidamente podría ejercer en su calidad de acreedor, en virtud de los términos prescriptos por los artículos 724, 725, 730, 731 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, cabe señalarle, que conforme lo dispuesto por el artículo 44 del Contrato de Concesión, la relación entre el concesionario y la persona usuaria se encuentra sujeta a las normas y principios de derecho administrativo, posee rango constitucional y convencional, y se nutre de un indubitable contenido de derecho público; con lo cual, frente al plexo normativo que fuera tenido en consideración para dictar la Resolución RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC, mal puede invocar con pretensión de nulificación, normas provenientes del derecho privado.

    Que vale destacar también, que desde sus orígenes, NUESTRA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha señalado que “…los derechos declarados por la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos, en tanto no se los altere sustancialmente, a las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 28 de la Ley Fundamental), así como que tales restricciones pueden ser mayores en épocas de emergencia en aras de encauzar la crisis y de encontrar soluciones posibles a los hechos que la determinaron…”, y que “…el gobierno está facultado para sancionar las leyes que considere convenientes, siempre que tal legislación sea razonable y no desconozca las garantías o las restricciones que impone la Constitución, pues no debe darse a las limitaciones constitucionales una extensión que trabe el ejercicio eficaz de los poderes del Estado (Fallos: 171:79), toda vez que acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios (Fallos: 238:76)…”; y con relación al derecho de propiedad, expresó que “…no hay violación del art. 17 de la Constitución Nacional cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad. Antes bien, hay una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis que, paradójicamente, también está destinada a proteger los derechos presuntamente afectados que corrían el riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación del sistema económico y financiero (Fallos: 313:1513, consid. 56)…” (confronte Fallos: 328:690, “Galli, Hugo Gabriel y otro c/ PEN - ley 25.561 - dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparo sobre ley 25.561”, sentencia del 5 de abril de 2005, fundamentos expresados en el Dictamen del Procurador General de la Nación, al que se remitió la Corte).

    Que, en definitiva, la Resolución RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC encuentra su razón en la morigeración de los efectos causados por la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 que tuvieron un impacto directo en los sectores más vulnerables, lo que requirió la adopción de medidas excepcionales que permitieran garantizar el acceso a los servicios públicos de este universo afectado.

    Que, efectivamente, el servicio de distribución de energía eléctrica resulta indispensable en este contexto por ser un servicio básico, como así también es esencial para permitir las comunicaciones y los servicios tecnológico.

    Que, sin lugar a dudas, y conforme surge de la propia Resolución ENRE N° 58/2021, las dificultades económicas producto de la situación sanitaria, en gran parte de la población, han sido la causa de muchas alteraciones en la relación persona usuaria - prestador, como es la situación de mora incursa en gran cantidad de personas usuarias del servicio de energía eléctrica.

    Que, tal análisis y apreciación se observan tanto en el Memorando ME-2021-18656315-APN-ARYEE#ENRE como en el Informe IF-2021-09062484-APN-AJ#ENRE, criterios luego tomados en cuenta en oportunidad de dictar la Resolución ENRE N° 58/2021.

    Que, por ello, la Resolución ENRE N° 58/2021 tiene como objetivo facilitar la cancelación de las deudas por la falta de pago por la prestación del servicio público de energía eléctrica para las personas usuarias imposibilitadas de pagar sus facturas en un solo pago, pero preservando, al mismo tiempo, la continuidad del servicio y accesibilidad del mismo.

    Que, en cuanto a la afectación económica y financiera esgrimida por la recurrente, resulta oportuno consignar que la Ley N° 27.541 ha facultado al PODER EJECUTIVO NACIONAL, por un plazo máximo de hasta CIENTO OCHENTA (180) días, contados a partir de su entrada en vigencia, a mantener las tarifas de electricidad que se encuentran bajo jurisdicción federal, a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) o iniciar una revisión de carácter extraordinario, en los términos de la Ley N° 24.065 y normas complementarias, que propugnan una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020.

    Que, por otra parte, la distribuidora, en su impugnación, no ha demostrado con prueba alguna que la ejecución de la resolución impugnada cause un perjuicio económico en la relación costos - ingresos. Contrario a ello la Resolución ENRE N° 58/2021 no priva a la distribuidora de la percepción de sus ingresos, sino que brinda la posibilidad del cobro de las liquidaciones por facturación a sus personas usuarias finales, a partir de marzo del corriente año, en acuerdo a la metodología que establece este Ente en relación a la capacidad de pago de las personas usuarias comprendidas en la misma.

    Que el Decreto N° 311 de fecha 24 de marzo de 2020 ha dispuesto la suspensión temporaria de cortar el suministro del servicio por ser un elemento esencial para el desarrollo de la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas, incluidas las personas usuarias de los servicios públicos enumerados en su artículo 3.

    Que, el artículo 4 de igual decreto establece que la autoridad de aplicación podrá incorporar a “…otros beneficiarios y beneficiarias de las medidas dispuestas en los artículos 1° y 2°, siempre que su capacidad de pago resulte sensiblemente afectada por la situación de emergencia sanitaria y las consecuencias que de ella se deriven...”

    Que, asimismo, el artículo 5 ordena a las empresas prestadoras de los servicios detallados en los artículos 1 y 2 (entre ellos, energía eléctrica) a otorgar a las personas usuarias, planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas dispuestas y, conforme las pautas que establezcan los entes reguladores o las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados, con la conformidad de la Autoridad de Aplicación.

    Que, además, los considerandos del mencionado decreto, destacan la importancia vital de continuar con la prestación de los servicios públicos comprendidos en la medida, sobre todo, en los sectores de mayor vulnerabilidad o en aquellos gravemente afectados en su economía por la pandemia.

    Que, por último, el plazo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 27.541 se ha sido prorrogado por Decreto N° 543 de fecha 18 de junio de 2020 hasta el pasado 31 de diciembre de 2020.

    Que resulta oportuno hacer referencia a la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 371 de fecha 28 de abril de 2021 que fija en su artículo 1, los criterios para la aplicación del “Régimen Especial de Regularizaciones de Obligaciones” dispuesto por Resolución SE N° 40 de fecha 21 de enero de 2021, en referencia a los acuerdos que se adhieran los agentes distribuidores. El inciso b) del artículo 1 de esta resolución dispone que: “las políticas implementadas en beneficio de la demanda durante la vigencia del Decreto Nº 311/2020 (1° de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020) determinarán un reconocimiento equivalente a un valor máximo de DOS (2) facturas medias mensuales del agente distribuidor del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en el año 2020”.

    Que, con ello se infiere que el ESTADO NACIONAL, también ha considerado la situación de las distribuidoras del servicio público de energía eléctrica brindando herramientas que permitan compensar su situación económica en estas circunstancias particulares de pandemia.

    Que a todo esto, cabe destacar que constituye un deber ineludible a ser observado por este Ente Nacional, el tener que atender las actuales circunstancias imperantes y propender, a los fines de garantizar la continuidad de la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, adoptando toda medida que esté a su alcance y que responda al ejercicio legítimo de sus atribuciones, a los fines de evitar que las personas usuarias se vean privadas de la efectiva prestación de un servicio esencial indispensable para su salud y el desarrollo de una vida digna.

    Que tal postura encuentra su sustento en lo dispuesto por los artículos 14 bis, tercer párrafo, 42 y 75 inciso 22 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo XI de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 11, primer párrafo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como así también, en lo dispuesto por el artículo 2 inciso a) de la Ley Nº 24.065.

    Que, en atención a los fundamentos precedentemente expuestos, corresponde rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por EDESUR S.A. contra la Resolución RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC, mediante presentación digitalizada como IF-2021-32057583-APN-SD#ENRE, y disponer la elevación de las presentes actuaciones a la SECRETARÍA DE ENERGÍA con motivo del recurso de alzada subsidiariamente interpuesto.

    Que, por otra parte, con motivo del rechazo al recurso de reconsideración interpuesto, corresponde intimar a EDESUR S.A. que en el plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos acredite el cumplimiento de lo ordenado por este Ente en Resolución ENRE N° 58/2021, como así también, lo instruido por Nota NO-2021- 27621907-APN-ENRE#MEC.

    Que, se ha emitido el correspondiente dictamen jurídico, conforme lo requiere el inciso d) del artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

    Que el ENRE resulta competente para el dictado de la presente resolución, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2 inciso a) y 56 incisos a), b) y s) de la Ley N° 24.065, por el artículo 12, 82, 84 y normas concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017 y el segundo párrafo del artículo 12 del Decreto N° 1.020 de fecha 16 de diciembre de 2020.

    Que la Interventora del ENRE se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en los incisos a) y g) del artículo 63 de la Ley N° 24.065, en el artículo 6 de la Ley Nº 27.541, en el Decreto N° 277 de fecha 16 de marzo de 2020, en el Decreto Nº 963 de fecha 30 de noviembre de 2020 y en el primer párrafo del artículo 12 del Decreto N° 1.020/2020.

    Por ello,
    LA INTERVENTORA DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE:

    ARTÍCULO 1.- Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.), mediante la presentación digitalizada como IF-2021-32057583-APNSD#ENRE, contra la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 58 de fecha 5 de marzo de 2021 sobre la base de los considerandos de la presente resolución.

    ARTÍCULO 2.- Intimar a EDESUR S.A. a que en el plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos proceda a dar cumplimiento a la Resolución ENRE N° 58/2021.

    ARTÍCULO 3.- Ordenar a EDESUR S.A. dar cumplimiento a lo instruido en Nota NO-2021-27621907-APNENRE#MEC, bajo apercibimiento de iniciar sumario administrativo a los fines de determinar la aplicación de sanciones, conforme lo disponen el artículo 25 incisos x) e y) de su Contrato de Concesión y Punto 6.3. del Subanexo 4 de su Contrato de Concesión.

    ARTÍCULO 4.- Remitir las actuaciones a la SECRETARIA DE ENERGÍA en virtud del recurso de alzada interpuesto subsidiariamente por EDESUR S.A.

    ARTÍCULO 5.- Notifíquese a EDESUR S.A.

    ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese y archívese.
    Resolución ENRE N° 488/2021
    ACTA Nº 1727
    Dra. María Soledad Manín
    Interventora
    Ente Nacional Regulador de la Electricidad
    Citas legales:Resolución ENRE 0027/2020
    Resolución ENRE 0035/2020
    Resolución ENRE 0058/2021
    Resolución ENRE 0064/2017
    Resolución MDP 0173/2020
    Resolución SE 0040/2021
    Resolución SE 0371/2021
    Decreto 00067/2021
    Decreto 00125/2021
    Decreto 00168/2021
    Decreto 00235/2021
    Decreto 00260/2020
    Decreto 00277/2020
    Decreto 00297/2020
    Decreto 00311/2020
    Decreto 00325/2020
    Decreto 00355/2020
    Decreto 00408/2020
    Decreto 00459/2020
    Decreto 00493/2020
    Decreto 00520/2020
    Decreto 00543/2020
    Decreto 00576/2020
    Decreto 00605/2020
    Decreto 00641/2020
    Decreto 00677/2020
    Decreto 00714/2020
    Decreto 00754/2020
    Decreto 00792/2020
    Decreto 00814/2020
    Decreto 00875/2020
    Decreto 00956/2020
    Decreto 00963/2020
    Decreto 01020/2020
    Decreto 01033/2020
    Decreto 01759/1972 (t.o. 2017)
    Ley 19.549
    Ley 24.065 - artículo 02
    Ley 24.065 - artículo 40
    Ley 24.065 - artículo 41
    Ley 24.065 - artículo 56
    Ley 24.065 - artículo 63
    Ley 27.541
    Contrato de concesión
    Acta ENRE 1727/2021