Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0313/2004. (no publicada en B.O.) , miércoles 2 de junio de 2004, 4 p.

Citas Legales : Decreto 00157/2001, Decreto 00172/2002, Decreto 01819/2002, Decreto 00023/2001, Decreto 00896/2001, Decreto 00934/2001, Decreto 00957/2001, Decreto 00957/2001 - artículo 01, Decreto 00957/2001 - artículo 04, Decreto 00971/1993, Decisión administrativa JGM 0107/2001, Ley 24.156, Ley 24.156 - artículo 004, Ley 24.156 - artículo 008, Ley 24.156 - artículo 008 inciso a), Ley 24.156 - artículo 008 inciso b), Ley 24.156 - artículo 034, Ley 25.453, Ley 24.065 - artículo 63

Expediente Citado : ENRE 15134/2003



BUENOS AIRES, 2 DE JUNIO DE 2004

    VISTO: El Expediente ENRE N° 15.134/2004 del Registro del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, y

    CONSIDERANDO:

    Que en el Expediente del VISTO, obra el Reclamo que formaliza la señora Auditoria Interna del Ente, Dra. Dora SAVO (D.N.I. N° 10.794.247), con patrocinio profesional, a fin de que se proceda a liquidar sus haberes conforme a lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto N° 971/1993; el reintegro de las diferencias entre lo pagado y lo dispuesto en la norma mencionada durante la vigencia de la Ley N° 25.453, el Decreto N° 896/2001 y sus complementarios, comprendiendo el reintegro de la reducción dispuesta por el Decreto N° 957/2001 por no corresponder, impugnándolo subsidiariamente por inconstitucional; y el pago de la gratificación correspondiente al año 2001 y las siguientes y futuras a que hubiere lugar.

    Fundamenta su pedido en que las reducciones que dispusieran los Decretos mencionados deben quedar sin efecto a partir del dictado del Decreto N° 1819/2002, siendo que, desde su vigencia, le fueron liquidados sus haberes de conformidad con la limitación que surgía del Decreto N° 957/2001 que estaría tácitamente derogado o alternativamente, sería inconstitucional.

    Hace hincapié en que la limitación que surge de la aplicación del decreto mencionado no es aplicada en otros casos de la Administración, aunque no los individualiza.

    Que, procediendo a considerar la petición realizada, lo primero que debe destacarse es que el cargo de Auditor Interno es extraescalafonario.

    Que el sueldo original de la señora Auditora Interna, sufrió dos tipos de restricciones.

    Que con fecha 11 de julio de 2001, se dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 896/2001 por el que se afectan todos los créditos presupuestarios en la medida en que los Recursos no fueran suficientes para atenderlos, lo que importa la modificación del Artículo 34 de la Ley N° 24.156 (este Decreto es luego derogado y reproducido por Ley N° 25.453 de fecha 31 de julio de 2001).

    Que por Decreto 934 del 26 de julio de 2001 se facultó a la Jefatura de Gabinete de Ministros a determinar el coeficiente de reducción de los créditos presupuestarios, por aplicación del nuevo Artículo 34 de la Ley N°24.156.

    Que con fecha 27 de julio de 2001, la Jefatura de Gabinete de Ministros dicta la Decisión Administrativa N° 107/2001 por la que se define el porcentaje de reducción de todos los créditos presupuestarios en un TRECE POR CIENTO (13 %).

    Que paralelamente con esta última norma, el 27 de julio de 2001, es dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia, N° 957/2001 que, si bien hace referencia en el VISTO al anterior Decreto 896/2001, no realiza una aplicación de la norma que fuera modificada por el mismo (el Artículo 34 de la Ley N° 24.156), sino que, basándose en la necesidad de reducir el déficit fiscal, determina una reducción de haberes, exclusivamente de los funcionarios con jerarquías superiores o equivalentes a las de Subsecretario de Estado, autoridades superiores de organismos y entidades comprendidas en los incisos a) y b) del Artículo 8° de la Ley N° 24.156, y de los funcionarios extraescalafonarios, como asimismo del personal contratado, reducción que reconoce como tope la retribución asignada al Jefe de Gabinete de Ministros.

    Que la misma norma, establecía también en su Artículo 4°, una reducción del TREINTA POR CIENTO (30 %) en las partidas destinadas al pago de las remuneraciones del personal contratado.

    Que por último, este Decreto establecía además que los funcionarios con jerarquías superiores o equivalentes a las de Subsecretario de Estado y autoridades superiores de organismos y entidades comprendidas en los incisos a) y b) del Artículo 8° de la Ley N° 24.156 iban a sufrir una reducción superior a la que se dispusiera por aplicación del Decreto Necesidad y Urgencia N° 896/2001 para el resto del personal (multiplicando el porcentaje que resultara por 2,7876 salvo modificación que hiciera la Jefatura de Gabinete de Ministros).

    Que quedaba claro, que todas estas reducciones dispuestas por el Decreto N° 957/2001, no eran, individualmente ni en su conjunto, las previstas de acuerdo al nuevo Artículo 34 de la Ley N°24.156.

    Que las disposiciones de ese Decreto significaron una reducción estable del haber de los funcionarios extraescalafonarios, que no fue la reducción incierta (sujeta a la recaudación) que disponía el Decreto N° 896/2001, por lo que no resultan aplicables al caso los razonamientos en los que la Corte Suprema basó su decisión en el fallo “Tobar”.

    Que los vaivenes que luego sufrió el sueldo del Jefe de Gabinete de Ministros, no arrastraron, sin embargo, a los de los funcionarios extraescalafonarios, ello en razón de lo que fuera expuesto por el Presidente de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público (fojas. 71).

    Que ello, no alteró el hecho de que sus normas, sigan aplicándose a quienes estando comprendidos originalmente por éste, no sufrieron en lo sucesivo nuevas reducciones. Por lo que corresponde su aplicación a la Auditora Interna, a pesar de que el sueldo actual del Jefe de Gabinete de Ministros pueda haber variado.

    Que con fecha 13 de septiembre de 2002 se dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1819/2002, por el que se dispone restablecer los niveles de “las retribuciones del personal del Sector Público Nacional...” a los que tenían antes de la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 896/2001 y la Ley N° 25.453, y asimismo, “restituir mediante la entrega de títulos públicos... la totalidad de las sumas que, como consecuencia de la reducción ordenada por el Decreto N° 896 de fecha 11 de julio de 2001 y la Ley N° 25.453, fueron descontadas de las retribuciones del personal del Sector Público Nacional... desde su vigencia y hasta el 31 de diciembre de 2002 ...”.

    Que el Decreto en el que la reclamante basa su pretensión, dispone restablecer los niveles de retribución del personal del Sector Público al existente antes del dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 896/2001 y la Ley N° 25.543 que lo sustituyó, pero nada dice sobre las afectaciones que sufrieran por aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 957/2001. Por lo que no cabe en consecuencia extender sus disposiciones a las consecuencias de este último.

    Que algunos de los sueldos afectados por aquella norma (Decreto N° 957/2001), como ya se ha señalado, sufrieron modificaciones luego de la vigencia de la misma, reduciéndose aún en mayor medida (se fijó el tope en el sueldo del Presidente de la República que se encuentra actualmente en PESOS TRES MIL ($3.000.-) según los Decretos Nros. 23/2001, 157/2001 y 172/2002).

    Que el Decreto N° 957/2001 no se encuentra derogado expresamente y si bien cabe considerar que, por oposición a nuevas normas (Decretos Nros. 23/2001, 157/2001 y 172/2002), algunas de sus disposiciones ya no tienen más vigencia, la derogación cuando se da en estas circunstancias, no altera toda la norma anterior, sino que se limita a los términos de la misma que resultan inaplicables porque no toleran su coexistencia con la nueva.

    Que espeja cualquier duda el mismo informe recién mencionado (fojas. 71), ya que allí se consigna que el Decreto N° 957/2001 mantiene su vigencia en función de lo dispuesto por el Artículo 1° del Decreto N° 157/2002. A lo que debe agregarse que, quien esto dice, es quien tiene las facultades para dictar normas interpretativas, reglamentarias y complementarias de ese Decreto (conf. Artículo 4°).

    Que de conformidad con lo expuesto, cabe concluir que la disposición del Decreto N° 971/1993 que determinaba el haber del Auditor Interno, fue modificado para lo sucesivo por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 957/2001.

    Que manteniéndose la vigencia de este último, no resulta procedente acceder a la solicitud de la señora Auditora de restablecerle su sueldo original de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ( $8.500.-).

    Que con respecto al argumento de que el mantenimiento de la actual situación afectaría la igualdad ante la ley, cabe consignar que la mencionada norma constitucional establece que la igualdad de trato (derechos y obligaciones) debe reconocer también igualdad de situaciones de hecho y derecho, y no resulta posible eludir que la función de la Auditora Interna reviste una característica especialmente remarcada desde la creación del cargo, que la diferencia del resto del personal de planta, esto es que es “extraescalafonaria” y que como tal, el Decreto N° 957/2001 la consideró –para sus efectos- particularmente equiparada a los funcionarios de las más altas jerarquías de la Administración Pública.

    Que la referencia sobre el trato a otros Auditores se agota en eso, y aún cuando así fuera, no autorizaría a justificar sin más el presente Reclamo ya que en todos los casos las liquidaciones de haberes deben encontrar el respaldo normativo correspondiente.

    Que determinadas como se expresaran las normas aplicables al presente caso, y teniendo en cuenta, además, que el Artículo 1° del Decreto N° 957/2001 fijaba como tope retributivo al del Jefe de Gabinete de Ministros incluyendo, “las bonificaciones, compensaciones,... premios y estímulos, permanentes o extraordinarios... ”, tampoco aparece procedente el Reclamo por tales conceptos que formula la peticionante.

    Que por idénticas razones, la restitución a que hace referencia el Decreto N° 1819/2002, queda cubierta con el crédito asignado hasta la fecha por el Departamento Administrativo del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, organismo autárquico en el ámbito de la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

    Que se ha emitido el dictamen del servicio jurídico permanente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

    Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD se encuentra facultado para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto por el Artículo 63 de la Ley N° 24.065.

    Por ello,

    EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE:

    ARTÍCULO 1.- Rechazar el Reclamo interpuesto por la señora Auditora Interna Dra. Dora Savo. (D.N.I. N° 10.794.247).

    ARTÍCULO 2.- Notifíquese a la Dra. Dora Savo.

    ARTICULO 3.- Regístrese, comuníquese y archívese.-.
    RESOLUCIÓN ENRE N° 313/2004
    ACTA N° 697
    Jorge Daniel Belenda,
    Vocal Tercero.-
    Julio César Molina,
    Vocal Segundo.-
    Ricardo Alejandro Martínez Leone,
    Vicepresidente.
    Citas legales:Decreto 00172/2002 Biblioteca
    Decreto 01819/2002 Biblioteca
    Decreto 00023/2001 Biblioteca
    Decreto 00896/2001 Biblioteca
    Decreto 00934/2001 Biblioteca
    Decreto 00957/2001 Biblioteca
    Decisión administrativa JGM 0107/2001 Biblioteca
    Ley 24.156 - artículo 008 Biblioteca
    Ley 25.453 Biblioteca
    Acta ENRE 697/2004 Biblioteca