Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0434/2004. (no publicada en B.O.) , miércoles 14 de julio de 2004, 4 p.

Citas Legales : Código civil - artículo 0001, Código civil - artículo 0002, Código penal - artículo 062 inciso 5), Ley 19.549 - artículo 12, Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 24.065 - artículo 77, Resolución D.AMB. 0022/2002, Resolución ENRE 0032/1994, Resolución ENRE 0051/1994, Resolución ENRE 0052/1995, Resolución ENRE 0071/1995, Resolución ENRE 0189/2000, Resolución ENRE 0345/2003, Resolución ENRE 0724/1997

Expediente Citado : ENRE 03912/1997



BUENOS AIRES, 14 DE JULIO DE 2004

    VISTO: el Expediente ENRE N° 3912/1997, y

    CONSIDERANDO:

    Que la empresa generadora de energía eléctrica “CENTRAL COSTANERA SOCIEDAD ANONIMA” (CENTRAL COSTANERA S.A.) interpone Recurso de Reconsideración y Recurso de Alzada en subsidio en legal tiempo y forma, contra de la Resolución ENRE N° 345/2003 de fecha 17 de septiembre de 2003, que aplica a la recurrente una sanción de PESOS OCHO MIL (8.000) por incumplimiento a las obligaciones emergentes de las Resoluciones ENRE N° 32/94, ENRE N° 52/95, ENRE N° 724/97 y ENRE N° 189/00, sobre los plazos de presentación de los Planes de Gestión Ambiental e informes de avances trimestrales referentes a estos Planes y que corresponden a los períodos comprendidos por los años 1997-1998 y 1999-2000.

    Que, los agravios expuestos por CENTRAL COSTANERA S.A. en esta etapa recursiva son los siguientes:

    Que, la Resolución objeto de impugnación es nula de nulidad absoluta por estar viciada en uno de sus elementos esenciales: la finalidad, y en ese sentido expone: “...la finalidad, la que se torna de irrazonable frente al incumplimiento menor del administrado que se pretende sancionar”.

    Que existe desproporcionalidad respecto de la gravedad e importancia del incumplimiento atribuido a CENTRAL COSTANERA S.A., la que debe estar graduada a fin de asegurar la vigencia de la regla de la razonabilidad;

    Que habría prescripto el plazo para la aplicación de la sanción, por lo que la administración no estaba facultada para ello, esgrimiendo que al no existir plazo de prescripción expresamente previsto en la legislación aplicable, se aplica subsidiariamente lo dispuesto en el artículo 62, inc. 5° del Código Penal.

    Que seguidamente y, por razones de brevedad, se hace remisión a los contenidos del acto impugnatorio interpuesto, obrante a fojas 664/676 del Expediente del Visto;

    Que con relación al argumento de la sumariada respecto a los vicios de la Resolución atacada, debe afirmarse que de ningún modo la Resolución ENRE N° 345/03 se encuentra viciada en su elemento de finalidad por las razones de hecho y de derecho que a continuación se exponen:

    Que es sabido que la actividad administrativa debe tender siempre a satisfacer, directa o indirectamente necesidades de interés público, y en ese sentido, “la falta de cumplimiento de los plazos para la presentación del PGA y de los informes trimestrales sobre el avance de los trabajo, representa una infracción a las normas de prevención sobre protección del medio ambiente, ya que el ENRE debe analizar y evaluar los programas ambientales con anterioridad a su ejecución para determinar la oportunidad y conveniencia técnica de su desarrollo y si estos se adecuan a la protección de los ecosistemas donde la planta realiza sus operaciones”, (por Rubén A. Barreiro, Derecho de la Energía Eléctrica, pág.438/439, Ed. Abaco).

    Que el Estado Nacional ejercitando la potestad de raigambre constitucional (artículo 41 de la Constitución Nacional) y delegada a este Ente, se encuentra manifiesta en dictado de los ordenamientos formativos que obligatoriamente rigen para todos los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) entre ellos, Resolución ENRE N° 32/94 y la Resolución ENRE N° 52/95.

    Que la Resolución atacada sanciona un incumplimiento derivado de las obligaciones de la quejosa en lo que respecta a la materia ambiental, por lo que no se puede desconocer que ese acto administrativo carezca en su finalidad, como elemento esencial, el carácter de interés público, y en ese sentido la doctrina manifestó lo siguiente: “Es harto sabido que la actividad administrativa debe procurar la satisfacción concreta del interés público, del bien común. Esto constituye el fin del procedimiento...” (en Régimen de Procedimientos Administrativos, Tomás Hutchinson, Ed. Astrea, pág. 84, 5ta. Edición - Año 2000);

    Que, no obstante ello, la doctrina administrativa entiende que no es menester entonces que una norma requiera expresamente esa correlación entre la “finalidad” del acto y el “interés público” pues la actuación permanente de la Administración Pública para satisfacer dicho interés constituye un “principio” fundamental que en el Estado de Derecho se impone como ineludible resultado de la sumisión de la Administración al orden jurídico. (Marienhoff Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo - Abeledo Perrot, 1993).

    Que estamos frente a una “finalidad” verdadera no encubierta ni falsa ni distinta a la correspondiente al “objeto” o “contenido” del acto.

    Que lo que interesa al Estado es el conocimiento anterior de las operaciones y actividades realizadas por el administrado y si éstas se adecuan y obedecen a las normativas aplicables en la materia por cuanto, resulta redundante para la recurrente recordarle que los ordenamientos jurídicos y marco regulatorio vigentes en materia ambiental, se suponen conocidos por ésta quién, valga la redundancia, no puede alegar en derecho su propia torpeza (Título I - artículos 1 y 2 del Código Civil) y pretender que este Organismo de Control le esté recordando sistemáticamente como agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) el deber de cumplir con los plazos fijados por tal o cual reglamentación o Resolución, porque su incumplimiento se sanciona con multa;

    Que en cuanto a la irrazonabilidad del monto de la multa, la no proporcionalidad entre la pena prevista en la norma y la conducta del agente alegados por la recurrente cabe determinar que CENTRAL COSTANERA S.A., por tratarse de un agente del MEM no concesionario, le cabe la aplicación del artículo 77 de la Ley 24.065 por la derivación efectuada por las Resoluciones ENRE N° 51/94, ENRE N° 52/95 y ENRE N° 71/95 es decir que es facultad discrecional de este Ente, la aplicación de una sanción entre los montos consignados en esta normativa que fija un mínimo de cien pesos y un máximo de cien mil pesos.

    Que se rechazan los argumentos de extinción de la sanción por rescripción, alegados por la recurrente, por aplicación supletoria del artículo 62 inciso 5) del Código Penal, toda vez que el derecho penal tiene por fin la prevención y represión de la delincuencia como vulneración del orden jurídico general mientras que el ilícito penal administrativo no es un delito de daño pues, se trata de penalizar la trasgresión al deber de colaborar con la administración en la realización de sus fines de bien común (“El Derecho Penal Administrativo y el Problema de su Autonomía) Juan Carlos Cassagne pag. 190/191) y, en este sentido, la multa no es una sanción penal, por esta razón es posible sancionar a personas jurídicas, situación que resulta inaplicable en el derecho penal (Mariennhoff - tomo IV - pag. 618) y, por esta razón el derecho penal administrativo es un derecho especial que se nutre del derecho administrativo y del derecho penal.

    Que por consiguiente, si nos atendemos a los hechos que motivan la aplicación de la sanción y que se encuentran especificados en la Resolución 345/2003 y Resolución D. AMB 22/2002 a la que hacemos remisión por razones de brevedad, se infiere palmariamente que este Ente al aplicar a la recurrente una multa de Pesos Ocho Mil, ha respetado y observado los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben imperar en el ejercicio discrecional de potestades por parte de la Administración;

    Que basta con la simple lectura del Acto objeto de impugnación para inferir que el mismo ha sido dictado por autoridad competente, expresa causa y objeto, se encuentra debidamente motivado y determina el fin que define el dictado del mismo y, en concordancia con el artículo 12 de la Ley 19549, ha sido emitido conforme al ordenamiento jurídico vigente, presunción no desvirtuada por argumento alguno y suficientemente válido argüido por la recurrente que permita revocar la Resolución ENRE 345/2003.

    Que sobre la base de los Considerandos que anteceden se encuentran desvirtuados los argumentos de nulidad absoluta esgrimidos por la recurrente toda vez que, ha sido acreditado que la Resolución ENRE N° 345/2003 es válida al encontrarse confirmados los siguientes aspectos: el órgano que ha dictado la misma se encuentra legalmente facultado, se han expresado las razones de hecho y de derecho que la respaldan y el motivo y causa de su dictado, sobre la base de un objetivo concreto y determinado en una finalidad específica con arreglo a la ley, respetando los derechos de las partes, intereses generales, procedimientos y modos indicados por la ley ritual al dictado de dicha Resolución;

    Que por todo ello, corresponde rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por CENTRAL COSTANERA S.A. en contra de la Resolución 345/2003 y elevar los antecedentes a la Secretaría de Energía a los fines de considerar el Recurso de Alzada interpuesto en subsidio;

    Que el Directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad se encuentra facultado para el dictado del presente acto de virtud de lo dispuesto por los artículos 63 incs. a) y g) de la Ley 24.065;

    Por ello;

    EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE

    ARTICULO 1.- Rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa generadora de energía eléctrica “CENTRAL COSTANERA SOCIEDAD ANONIMA” contra de la Resolución ENRE N° 345/2003 de fecha 17 de septiembre de 2003.

    ARTICULO 2.- CENTRAL COSTANERA S..A deberá depositar, en forma previa a la elevación de las actuaciones a la Secretaría de Energía para el tratamiento del Recurso de Alzada interpuesto en subsidio, el total de la multa aplicada en el artículo primero de la Resolución ENRE N° 345/2003, dentro de los cinco días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente, en la cuenta corriente ENRE N° 50/652 Recaudadora de Fondos de Terceros N° 2.915/89 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, bajo apercibimiento de ejecución.

    ARTICULO 3.- CENTRAL COSTANERA S.A. deberá depositar la suma consignada en el artículo primero de la Resolución ENRE N° 345/2003 con más el pago de intereses de acuerdo con lo dispuesto por el artículo cinco de la misma Resolución, los cuáles serán calculados desde el lapso que va desde el momento en que la penalidad debió satisfacerse y hasta su efectivo pago.

    ARTICULO 4.- Notifíquese a CENTRAL COSTANERA S.A.

    ARTICULO 5.- Regístrese, comuníquese y archívese.
    RESOLUCION ENRE N° 434/2004
    ACTA N° 706
    Jorge Daniel Belenda,
    Vocal Tercero.-
    Julio César Molina,
    Vocal Segundo.-
    Ricardo Alejandro Martínez Leone,
    Vicepresidente.-
    Citas legales:Resolución ENRE 0345/2003 Biblioteca
    Resolución ENRE 0032/1994 Biblioteca
    Resolución ENRE 0052/1995 Biblioteca
    Resolución ENRE 0051/1995 Biblioteca
    Resolución ENRE 0724/1997 Biblioteca
    Resolución ENRE 0189/2000 Biblioteca
    Resolución ENRE 0071/1995 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 63 Biblioteca
    Ley 19.549 Biblioteca
    Código Penal - artículo 062 Biblioteca
    Código Civil - artículo 0001 Biblioteca
    Código Civil - artículo 0002 Biblioteca
    Acta ENRE 706/2004 Biblioteca