Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0015/2021. Boletín Oficial n° 34.567, viernes 22 de enero de 2021, pp. 36-37.

Citas Legales : Constitución nacional, Constitución nacional - artículo 042, Constitución nacional - artículo 075 inciso 22), Contrato de concesión (Edenor S.A.), Contrato de concesión (Edenor S.A.) - subanexo 4, Contrato de concesión (Edenor S.A.) - subanexo 4 - punto 5.5.4., Contrato de concesión (Edesur S.A.), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 5.5.4., Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - artículo 14 - punto 2 h), Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos - artículo 25, Decreto 00277/2020, Decreto 00438/1992, Decreto 00438/1992 - anexo I - artículo 20 inciso 30), Decreto 00706/2020, Decreto 00706/2020 - artículo 20 inciso 30), Decreto 00963/2020, Decreto 01020/2020, Decreto 01020/2020 - artículo 12, Decreto 01759/1972 (t.o. 2017) - artículo 084, Decreto 01759/1972 (t.o. 2017) - artículo 094, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 22.520 (t.o. 1992), Ley 22.520 (t.o. 1992) - artículo 20 inciso 30), Ley 23.313 - artículo 11, Ley 24.065 - artículo 02 inciso a), Ley 24.065 - artículo 54, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a) y s), Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 24.065 - artículo 76, Ley 24.065 - artículo 81, Ley 27.541, Ley 27.541 - artículo 06, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales - artículo 11, Resolución ENRE 0042/2020, Resolución ENRE 0042/2020 - anexo I, Resolución ENRE 0042/2020 - anexo II, Resolución ENRE 0063/2017, Resolución ENRE 0064/2017, Resolución ENRE 0171/2000, Resolución ENRE 0325/2000

Fallos Citados : CSJN; fallo: "Vizzoti Carlos Alberto c/ AMSA S.A. s/ despido" [14 de septiembre de 2004], CSJN; fallo: "Madorrán Marta Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas s/ reincorporación" [3 de mayo de 2007], CSJN; fallo: "Q.C.; S.Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo" [24 de abril de 2012], CSJN; fallo: "Institutos Médicos Antártida s/ Quiebras/ Inc. de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F)" [26 de marzo de 2019]

Expediente Citado : EX-2019-60162169-APN-SD#ENRE



BUENOS AIRES, MARTES 19 DE ENERO DE 2021

    VISTO el Expediente Nº EX-2019-60162169-APN-SD#ENRE, y

    CONSIDERANDO:

    Que la Ley N° 24.065 de Marco Regulatorio Eléctrico Nacional prevé entre las funciones del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), la de proteger adecuadamente los derechos de los Usuarios y Usuarias y ejercer su función de contralor de las concesionarias de distribución de energía eléctrica en lo que respecta a la calidad del servicio prestado tanto en el aspecto técnico como en el comercial.

    Que la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) han asumido la obligación de prestar el servicio público de distribución y comercialización de electricidad en sus respectivas áreas de concesión, de acuerdo a las previsiones contenidas en la citada ley, en los respectivos Contratos de Concesión, en el Reglamento de Suministro y demás normativa que conforma el marco regulatorio vigente.

    Que entre dichas obligaciones es responsabilidad de las distribuidoras prestar el servicio público de electricidad con un nivel de calidad satisfactorio, conforme las exigencias legales, contractuales y reglamentarias antes citadas.

    Que, con las Resoluciones ENRE N° 63 de fecha 31 de enero de 2017 (EDENOR S.A.) y N° 64 de fecha 31 de enero de 2017 (EDESUR S.A.) y sus modificatorias se aprobaron, entre otros puntos, los nuevos criterios referidos a los niveles de calidad y su régimen sancionatorio que conforman el Subanexo 4 “Normas de calidad del Servicio Público y Sanciones” del Contrato de Concesión de Energía Eléctrica.

    Que, por su parte, el punto 5.5.4 (Sanciones de Usuarios Dados de Baja) del citado Subanexo 4 establece que “…en los casos que el ENTE determine el destino de una sanción a favor de uno o más usuarios y al momento de la acreditación éstos se hallaren dados de baja, LA DISTRIBUIDORA deberá depositar los importes correspondientes en la cuenta abierta en cumplimiento de la Resolución ENRE Nº 171/2000 emitida con fecha 15/03/2000, o aquélla que en el futuro la reemplace...”.

    Que la Resolución ENRE N° 42 de fecha 16 de octubre de 2020 reglamentó, en su Anexo I, la nueva metodología para la acreditación y distribución de las sanciones destinadas al conjunto de los Usuarios Activos, así como también el modo en que la distribuidora debe producir y remitir al ENRE dicha información.

    Que, con el fin de garantizar un trato igualitario a todos los Usuarios y Usuarias del servicio, la Resolución ENRE N° 42/2020 estableció que las bonificaciones deben ser distribuidas entre todos los Usuarios Activos por igual, con independencia de cuál haya sido el consumo registrado por cada uno.

    Que al efecto dispuso que las distribuidoras deben verificar el último día hábil administrativo de cada mes, si la suma de capital e intereses de la citada cuenta supera el equivalente en pesos a TREINTA MILLONES DE KILOVATIOS HORA (30.000.000 kWh), valorizados a la tarifa promedio vigente al último día de cada mes calendario y, en caso de cumplirse proceder automáticamente (y sin que sea necesaria resolución alguna del ENRE) a repartir en partes iguales entre los Usuarios Activos la totalidad del saldo de la cuenta dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de haberse verificado que se ha alcanzado dicho tope.

    Que, asimismo, dispuso que las distribuidoras debían abrir sendas cuentas de Caja de Ahorro en pesos en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo, para ser utilizadas exclusivamente a los fines de depositar los importes de las penalidades que correspondan a Usuarios Dados de Baja.

    Que, respecto de los Usuarios Dados de Baja, la Resolución ENRE N° 42/2020 en su Anexo II reglamentó las modalidades de publicidad y pago de las penalidades para aquellos acreedores que ya no revestían el carácter de Usuarios Activos al tiempo en que las multas debían ser satisfechas.

    Que cabe reiterar que, a los efectos de la presente resolución, se considerarán Usuarios Activos a todos aquellos que sean personas usuarias de los servicios prestados por las distribuidoras al momento de acreditarse las bonificaciones y a aquellos que no revistan tal carácter al momento de la acreditación de las penalidades se los considerará como Usuarios Dados de Baja.

    Que la Resolución ENRE N°42/2020 derogó las Resoluciones ENRE N° 171 de fecha 15 de marzo de 2000 y N° 325 de fecha 7 de junio de 2000.

    Que, por otro lado, debe tenerse presente lo establecido por la CONSTITUCIÓN NACIONAL en su artículo 42, en cuanto establece que: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos..”, derecho que, a su vez, se encuentra reconocido en diversos tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por nuestro país, los que gozan de jerarquía constitucional (conforme el artículo 75, inciso 22).

    Que el artículo 2° inciso a) de la Ley N° 24.065 establece entre los objetivos de la política nacional en materia de abastecimiento, transporte y distribución de electricidad “Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios” y el artículo 54, que crea al ENRE, le fija como misión “…llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir los objetivos enunciados en el artículo 2º de esta ley”.

    Que, en tal sentido, cabe señalar que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, reconoce el derecho de toda persona "…a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…".

    Que, en el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Ley N° 23.313, ha sido identificado como la norma de mayor protección al reconocer, en el artículo 11, entre otros, " …el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia".

    Que, en oportunidad de interpretar los alcances del estándar de más alto nivel posible de salud física y mental, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General N° 14, expresó que no se limita al derecho a la atención de la salud sino que abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y a un medio ambiente sano.

    Que, en resumen, de los mencionados tratados internacionales se desprende el reconocimiento tanto de los derechos de toda persona a gozar de un nivel adecuado de vida, como de la correspondiente obligación de los Estados Partes de adoptar las medidas que resulten pertinentes, de modo de hacer efectivos tales derechos. En tal sentido, el acceso de la población al servicio eléctrico resulta ser un presupuesto básico para el logro de dichos fines.

    Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (CSJN) sostuvo que la CONSTITUCIÓN NACIONAL -y los instrumentos internacionales incorporados a ella- asumen el carácter de una norma jurídica y, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que estos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando se encuentra en juego un derecho humano fundamental (Fallos CSJN 327:3677; 330:1989, 335:452 y 342:459).

    Que la Observación General N° 31/2004 del Comité de Derechos Humanos "Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto" estableció que "Las obligaciones que imponen el Pacto en general y su artículo 2 en particular vinculan a cada Estado Parte en su totalidad. Todos los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) y demás autoridades públicas o gubernamentales, sea cual fuere su rango - nacional, regional o local- están en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado Parte" (párrafo 4), destacando que “Puede haber circunstancias en las que, por no haberse garantizado los derechos reconocidos en el Pacto como se dispone en el artículo 2, los Estados Parte infrinjan estos derechos permitiendo que particulares o entidades cometan tales actos o no adoptando las medidas apropiadas o no ejerciendo el cuidado debido para prevenir, castigar, investigar o reparar el daño así causado" (párrafo 8).

    Que en similar sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas, emitió la Resolución N° 65/151 en el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, en la cual reconoce que el acceso a servicios energéticos modernos y asequibles es esencial para lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el desarrollo sostenible, lo cual ayudaría a reducir la pobreza y a mejorar las condiciones y el nivel de vida de la mayoría de la población mundial. También se menciona allí la necesidad de mejorar el acceso a recursos y servicios energéticos para el desarrollo sostenible que sean fiables, de costo razonable, económicamente viables, socialmente aceptables y ecológicamente racionales.

    Que en sentido coincidente, pero desde la perspectiva de la promoción de los derechos de la mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDEM) de 1979 instó a los Estados Parte a adoptar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer y, en su artículo 14, punto 2 h), señala entre ellas la de “Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, transporte y las comunicaciones”.

    Que, en consecuencia, resulta menester establecer un sistema que permita afrontar cualquier contingencia vinculada con personas usuarias vulnerables mediante la creación de un fondo que tenga por objeto y finalidad no hacer ilusorio el reconocimiento de sus derechos y garantizar de este modo el goce y disfrute del nivel de vida más alto posible adecuado para su desarrollo físico, mental y social.

    Que, según lo establece la Ley de Ministerios (Texto Ordenado por Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992), con la modificación introducida por el Decreto Nº 706 de fecha 28 de agosto de 2020, compete al MINISTERIO DE ECONOMÍA supervisar las funciones de Autoridad de Aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades en materia energética.

    Que, asimismo, entiende en la elaboración de las políticas y normas de regulación de los servicios públicos del área de su competencia, así como en la supervisión de los organismos y entes de control de los concesionarios de obra o servicios públicos, de competencia de la jurisdicción (artículo 20 inciso 30) y se encuentra a cargo de coordinar y generar propuestas sobre el desarrollo de mecanismos y sistemas, para la protección de los derechos de los Consumidores y Usuarios, en materia de su competencia.

    Que, en dicho marco, este Ente Nacional ha receptado las mencionadas políticas en protección de los derechos de los Consumidores y Usuarios.

    Que, por otra parte, cabe tener presente el contexto de Emergencia Económica, Financiera, Fiscal, Administrativa, Previsional, Tarifaria, Energética, Sanitaria y Social que fuera declarada mediante Ley Nº 27.541, y que, en su artículo 6°, facultó al PEN a intervenir el ENRE y el ENARGAS.

    Que mediante Decreto N° 277 de fecha 16 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo de la Nación dispuso la intervención del ENRE hasta el 31 de diciembre de 2020.

    Que mediante Decreto N° 1.020 de fecha 16 de diciembre de 2020 se prorrogó la intervención del Ente, dispuesta en los Decretos N° 277/2020 y N° 963 de fecha 30 de noviembre de 2020, incluyendo mandas y designaciones, por el plazo de UN (1) año desde su vencimiento o hasta que se finalice la renegociación de la revisión tarifaria dispuesta por dicho acto, lo que ocurra primero.

    Que, en virtud de todo lo expuesto, la Intervención del ENRE considera necesario brindar una solución a las Personas Usuarias Vulnerables y, por ende, ordenar la creación al efecto de una Cuenta Solidaria para Personas Usuarias Vulnerables para atender situaciones que ameriten su uso.

    Que las multas que se destinan a la cuenta dispuesta por el Anexo I de la Resolución ENRE N° 42/2020 se originan en apartamientos e incumplimientos previstos en la normativa vigente.

    Que efectivamente ha sido este Ente Nacional el que ha establecido en la Resolución ENRE N° 42/2020, el mecanismo de asignación a los Usuarios y Usuarias de las multas que resultan del Anexo I de dicho acto, a repartir en partes iguales entre los Usuarios Activos.

    Que, conforme surge de los considerandos precedentes, corresponde redefinir el mecanismo de asignación de dichas multas, a cuyo efecto se dispone que el SETENTA POR CIENTO (70 %) del saldo de la cuenta se destine para los Usuarios Activos -según Anexo IA del presente acto-, y que el TREINTA POR CIENTO (30 %) de dicha cuenta se destine a brindar una solución a grupos vulnerables de Usuarios y Usuarias que incluso se encuentran especialmente afectados por la crisis sanitaria y económica resultante del contexto actual -según Anexo IB del presente acto-.

    Que, al respecto, debe indicarse que las Personas Usuarias que reciban un beneficio correspondiente al Anexo IB no podrán simultáneamente ser acreedores de los beneficios que correspondan al Anexo IA.

    Que será el ENRE el que definirá reglamentariamente las condiciones que deberán reunir los casos particulares y excepcionales que justificarán el uso de dichos fondos del Anexo IB y el mecanismo de reparto para dichos casos, en atención a las particularidades que se presenten.

    Que, por todo lo expuesto, se entiende necesario dejar sin efecto la Resolución ENRE N° 42/2020 y dictar un nuevo régimen relativo a la modalidad de acreditación de las penalidades con destino a los Usuarios Activos y la creación de la Cuenta Solidaria para Personas Usuarias Vulnerables, y para aquellas penalidades destinadas a los Usuarios Dados de Baja.

    Que en relación con las facultades de fiscalización y control que le han sido asignadas al ENRE, también corresponde regular el modo en que las distribuidoras deben producir y remitir a este Ente Nacional la información referida a dichas bonificaciones.

    Que, por último, a los fines de adecuar las futuras necesidades de remisión de la información producida por la distribuidora, su contenido, tipo y modalidad de intercambio, corresponde efectuar la pertinente delegación en el Jefe del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias (AAANR).

    Que se ha emitido el dictamen legal establecido por el artículo 7° inciso d) de la Ley Nacional N° 19.549 de Procedimientos Administrativos.

    Que la Interventora del ENRE se encuentra facultada para el dictado del presente acto en virtud de lo dispuesto en los artículos 2° inciso a), 56 incisos a) y s) y 63 incisos a) y g) de la Ley N° 24.065; el artículo 6° de la Ley N° 27.541; los Decretos N° 277/2020, N° 963/2020 y en el artículo 12 del Decreto N° 1.020/2020.

    Por ello,
    LA INTERVENTORA DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE:

    ARTÍCULO 1°.- Aprobar la nueva metodología para la acreditación y distribución de las sanciones destinadas al conjunto de los Usuarios Activos y la modalidad de acreditación de las sanciones en la Cuenta Solidaria para Personas Usuarias Vulnerables, así como también el modo en que la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) deben producir y remitir al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) dicha información, conforme lo establecido en el Anexo I (IF-2021-04689322-APN-SD#ENRE) que integra esta medida.

    ARTÍCULO 2°.- Disponer que el SETENTA POR CIENTO (70 %) del saldo de la cuenta a que hace referencia el Anexo I de la Resolución ENRE N° 42 de fecha 2 de junio de 2020 se destine a los Usuarios Activos -según Anexo IA del presente acto-, y que el TREINTA POR CIENTO (30 %) de dicha cuenta se destine a brindar una solución a grupos vulnerables de Usuarios y Usuarias que incluso se encuentran especialmente afectados por la crisis sanitaria y económica resultante del contexto actual -según Anexo IB del presente acto-.

    ARTÍCULO 3°.- Disponer que toda sanción que imponga el ENRE, cuyo destino sea la cuenta correspondiente al ANEXO I de la Resolución ENRE N° 42/2020, EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deberán asignar los fondos que correspondan en las cuentas a que se hace referencia en los Anexos IA y IB del presente y en los porcentajes indicados en el artículo precedente.

    ARTÍCULO 4°.- Aprobar la reglamentación de la metodología para la acreditación de las penalidades destinadas a los Usuarios Dados de Baja, así como también el modo en que EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deben producir y remitir al ENRE dicha información, conforme lo establecido en el Anexo II (IF-2021-04691698-APNSD# ENRE) que integra esta medida.

    ARTÍCULO 5°.- A los efectos de la presente resolución, se considerarán Usuarios Activos a todas aquellas Personas Usuarias de los servicios prestados por las distribuidoras al momento de acreditarse las bonificaciones y, a aquellas que no revistan tal carácter al momento de la acreditación de las penalidades, se los considerará como Usuarios Dados de Baja.

    ARTÍCULO 6°.- EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deberán abrir, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente resolución, sendas cuentas de Caja de Ahorro en pesos en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo, debiendo dichas cuentas ser utilizadas exclusivamente a los fines de depositar los importes correspondientes destinados a la Cuenta Solidaria para Personas Usuarias Vulnerables.

    ARTÍCULO 7°.- EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deberán, dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos de notificadas de la presente, informar al ENRE los números de las cuentas abiertas de conformidad con lo establecido en el artículo precedente.

    ARTÍCULO 8°.- EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deberán transferir a las cuentas a las que se refiere el artículo 6° de este acto, dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente resolución, el TREINTA POR CIENTO (30 %) del saldo de la cuenta correspondiente al Anexo I de la Resolución ENRE N° 42/2020.

    ARTÍCULO 9°.- Previo a dar cumplimiento a lo establecido en el punto 1.2 del Anexo IA del presente acto, EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deberán proceder conforme con lo instruido en el artículo precedente.

    ARTÍCULO 10.- A los fines de la correcta identificación de las cuentas bancarias, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, cada vez que se haga referencia a la cuenta oportunamente abierta en virtud del Anexo I de la Resolución ENRE N° 42/2020 deberá mencionarse como “Resolución ENRE ***/2021-Anexo IA” y la cuenta abierta en virtud de lo establecido en el artículo 5 de la de la Resolución ENRE N° 42/2020 (destinada a Usuarios Dados de Baja), deberá mencionarse como “Resolución ENRE ***/2021-Anexo II”.

    ARTÍCULO 11.- Derogar la Resolución ENRE N° 42/2020.

    ARTÍCULO 12.- Delegar en el Jefe del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias (AAANR) del ENRE, la facultad para reglamentar los pormenores que se presenten en la ejecución de este acto y para establecer adecuaciones de las futuras necesidades de remisión de la información en cuanto a su contenido, tipo y modalidad de intercambio.

    ARTÍCULO 13.- Notifíquese a EDENOR S.A. y a EDESUR S.A. y hágase saber que la presente resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos que se indican: a) por la vía del recurso de reconsideración conforme lo dispone en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos, como así también; b) En forma subsidiaria, o alternativa, por la vía del recurso de alzada previsto en el artículo 76 de la Ley Nº 24.065 y en el artículo 94 del citado reglamento, dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos, y; c) Mediante el recurso directo por ante la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL contemplado en el artículo 81 de la Ley Nº 24.065, dentro de los TREINTA (30) días hábiles judiciales.

    ARTÍCULO 14.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
    Resolución ENRE N° 015/2021
    ACTA Nº 1649
    Dra. María Soledad Manín
    Interventora
    Ente Nacional Regulador de la Electricidad
    anexo II.pdf
    Citas legales:Resolución ENRE 0042/2020 Biblioteca
    Resolución ENRE 0063/2017 Biblioteca
    Resolución ENRE 0064/2017 Biblioteca
    Resolución ENRE 0171/2000 Biblioteca
    Resolución ENRE 0325/2000 Biblioteca
    Decreto 00277/2020 Biblioteca
    Decreto 00438/1992 Biblioteca
    Decreto 00706/2020 Biblioteca
    Decreto 00963/2020 Biblioteca
    Decreto 01020/2020 Biblioteca
    Decreto 01759/1972 (t.o. 2017) Biblioteca
    Ley 19. 549 Biblioteca
    Ley 22.520 (t.o. 1992) Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 02 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 54 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 56 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 63 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 76 Biblioteca
    Ley 27.541 Biblioteca
    Contrato de concesión (Edenor S.A.) Biblioteca
    Contrato de concesión (Edesur S.A.) Biblioteca
    Acta ENRE 1649/2021 Biblioteca