Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0489/2021. (no publicada en B.O.) , lunes 15 de noviembre de 2021, 9 p.

Citas Legales : Código civil y comercial, Código civil y comercial - artículo 0724, Código civil y comercial - artículo 0725, Código civil y comercial - artículo 0730, Código civil y comercial - artículo 0731, Constitución nacional, Constitución nacional - artículo 001, Constitución nacional - artículo 014, Constitución nacional - artículo 014 bis, Constitución nacional - artículo 017, Constitución nacional - artículo 018, Constitución nacional - artículo 019, Constitución nacional - artículo 028, Constitución nacional - artículo 031, Constitución nacional - artículo 033, Constitución nacional - artículo 042, Constitución nacional - artículo 075 inciso 22), Contrato de concesión (Edesur S.A.), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 incisos x) e y), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 44, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 6.3., Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Convención Americana Sobre Derechos Humanos - artículo 26, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre - artículo XI, Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos - artículo 25, Decreto 00067/2021, Decreto 00125/2021, Decreto 00168/2021, Decreto 00235/2021, Decreto 00260/2020, Decreto 00277/2020, Decreto 00297/2020, Decreto 00311/2020, Decreto 00311/2020 - artículo 1, Decreto 00311/2020 - artículo 2, Decreto 00311/2020 - artículo 3, Decreto 00311/2020 - artículo 4, Decreto 00311/2020 - artículo 5, Decreto 00325/2020, Decreto 00355/2020, Decreto 00408/2020, Decreto 00459/2020, Decreto 00493/2020, Decreto 00520/2020, Decreto 00543/2020, Decreto 00576/2020, Decreto 00605/2020, Decreto 00641/2020, Decreto 00677/2020, Decreto 00714/2020, Decreto 00754/2020, Decreto 00792/2020, Decreto 00814/2020, Decreto 00875/2020, Decreto 00875/2020 - artículo 3, Decreto 00956/2020, Decreto 00963/2020, Decreto 01020/2020, Decreto 01020/2020 - artículo 12, Decreto 01033/2020, Decreto 01759/1972 (t.o. 2017) - artículo 012, Decreto 01759/1972 (t.o. 2017) - artículo 038 apartado b), Decreto 01759/1972 (t.o. 2017) - artículo 076, Decreto 01759/1972 (t.o. 2017) - artículo 082, Decreto 01759/1972 (t.o. 2017) - artículo 084, Ley 19.549 - artículo 01, Ley 19.549 - artículo 01 inciso e) apartado 4), Ley 19.549 - artículo 07 inciso b), Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 19.549 - artículo 07 inciso e), Ley 24.065 - artículo 02 inciso a), Ley 24.065 - artículo 40, Ley 24.065 - artículo 41, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); b) y s), Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 27.541, Ley 27.541 - artículo 05, Ley 27.541 - artículo 06, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales - artículo 11, Resolución ENRE 0027/2020, Resolución ENRE 0035/2020, Resolución ENRE 0058/2021, Resolución ENRE 0058/2021 - artículo 1, Resolución ENRE 0058/2021 - artículo 2, Resolución ENRE 0058/2021 - artículo 2 inciso a), Resolución ENRE 0058/2021 - artículo 2 inciso b), Resolución ENRE 0058/2021 - artículo 3, Resolución ENRE 0058/2021 - artículo 4, Resolución ENRE 0058/2021 - artículo 5, Resolución ENRE 0058/2021 - anexo I, Resolución ENRE 0058/2021 - anexo II, Resolución ENRE 0063/2017, Resolución MDP 0173/2020, Resolución SE 0040/2021, Resolución SE 0371/2021, Resolución SE 0371/2021 - artículo 1, Resolución SE 0371/2021 - artículo 1 inciso b)

Expediente Citado : EX-2021-07069391-APN-SD#ENRE



CIUDAD DE BUENOS AIRES, MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

    VISTO el Expediente N° EX-2021-07069391-APN-SD#ENRE, y

    CONSIDERANDO:

    Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), por medio del artículo 1 de la Resolución N° 58 de fecha 5 de marzo de 2021 (RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC), instruyó a la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) a emitir las Liquidaciones del Servicio Público (LSP) de energía eléctrica únicamente con los importes que correspondan a los consumos del período a liquidar e informar, a su vez y por separado, las deudas que se han originado o incrementado durante la vigencia de las medidas sanitarias de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y las de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO).

    Que, asimismo, se ordenó a la distribuidora, por el artículo 2 de la citada resolución, que los saldos adeudados deberán ser informados en las liquidaciones de facturación dirigidas a las personas usuarias del servicio público de energía eléctrica, sin contemplar intereses y, por otra parte, diferenciar aquéllas con "Saldo adeudado al 31/12/2020, Res. ENRE 58/2021", de las correspondientes a "Saldo adeudado al 28/02/2021, Resolución ENRE 58/2021”.

    Que, por el artículo 3, se la instruyó a emitir las Liquidaciones de Servicio Público de energía eléctrica con los importes correspondientes a los consumos del período liquidado, informando en forma separada al detalle de la liquidación el saldo adeudado sin expresar los intereses, a las personas usuarias alcanzadas por las Resoluciones del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 27 de fecha 5 de mayo de 2020 y N° 35 de fecha 15 de mayo de 2020.

    Que, por el artículo 4, se informó a la distribuidora que los saldos adeudados conforme la instrucción emitida en los artículos 2 y 3 le serían abonados conforme las pautas que oportunamente establezca este Ente Regulador, razón por la cual, debería abstenerse hasta ese momento de perseguir su cobro; mientras que por el artículo 5, se dispuso que EDENOR S.A. se debería abstener de suspender el suministro por los montos adeudados hasta el 28 de febrero de 2021.

    Que, finalmente, se instruyó a la concesionaria a dar adecuada difusión lo dispuesto en los artículos precedentemente mencionados, por medio de su página web, canales de atención comercial, redes sociales, medios gráficos y en las propias facturas de las personas usuarias (artículo 6) y se la intimó a que, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, informe a este Ente Nacional los montos adeudados según la categoría establecida en los incisos a) y b) del artículo 2, según el detalle efectuado en el Anexo I (IF-2021- 09673641-APNSD#ENRE) y en el Anexo II (IF-2021-09675245-APN-SD#ENRE) que integran la Resolución N° RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC.

    Que en fecha 18 de marzo de 2021, mediante presentación digitalizada como IF-2021-24099191-APNSD# ENRE, EDENOR S.A. interpuso recurso de reconsideración contra la referida resolución, planteó reserva de ampliar los fundamentos del recurso interpuesto en los términos del artículo 77 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017, hizo reserva de caso federal al entender que se encontrarían afectados los derechos constitucionales consagrados en los artículos 16, 17, 18, 19, 28 y 33 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y solicitó la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado, conforme los términos dispuestos en el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

    Que posteriormente, mediante Nota N° NO-2021-27621907-APN-ENRE#MEC, de fecha 29 de marzo de 2021, se comunicó a EDENOR S.A. la suspensión de lo dispuesto por el artículo 3 de la Resolución ENRE Nº 58/2021, en lo que respecta, a la parte concerniente a la obligación de informar, en forma separada al detalle de la liquidación, el saldo adeudado sin expresar los intereses “…a las personas usuarias alcanzadas por la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 27 de fecha 5 de mayo de 2020…”.

    Que los argumentos planteados por EDENOR S.A. en su escrito recursivo, se advierte que la distribuidora consideró que la Resolución N° RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC resulta nula de nulidad absoluta y manifiesta, por encontrarse viciada en sus elementos objeto, causa, motivación y finalidad, conforme a los recaudos exigidos por el artículo 7 incisos b), c), d), e) y f) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, por vulnerar el derecho de defensa y debido proceso adjetivo que asiste a la concesionaria y que las medidas adoptadas por este organismo resultan arbitrarias, irrazonables y adolecen de exceso de discrecionalidad.

    Que fundamentó los cuestionamientos introducidos, en la demora incurrida por la Administración a la hora de tomar decisiones y dar cumplimiento a las funciones que le fueran encomendadas a la Unidad de Coordinación creada por la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO (MDP) Nº 173 del fecha 17 de abril de 2020 y que, como consecuencia de tal demora, se pretenda ahora por medio de las instrucciones contenidas en la Resolución N° RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC, exigírsele el cumplimiento de cometidos que debieron haber sido efectuados por dicha unidad de coordinación, todo lo cual, le ocasionaría un perjuicio económico que repercute de manera negativa en su ecuación económica financiera.

    Que, siguiendo esa línea argumental, sostuvo que el acto atacado resulta irracional y arbitrario, en tanto el cumplimiento de las instrucciones impartidas altera directamente la ecuación económica y financiera de la concesionaria al conllevar, además, una carga de trabajo extraordinaria que involucra procesos comerciales, como así también mayor asignación de recursos humanos.

    Que, en ese sentido, expresó que la Unidad de Coordinación creada por medio de la Resolución MDP Nº 173/2020, debió haber elaborado dentro del plazo previsto en la normativa “…un informe respecto de la cantidad de usuarios alcanzados previstos en el artículo 3ro del Decreto y el segmento de usuarios no alcanzados que se considerase conveniente incluir…” y que, sin embargo, dicha unidad de coordinación no entró en funciones y por ende nunca ejecutó las tareas encomendadas.

    Que de allí que haya considerado que este Ente Nacional “…no puede trasladar a la Compañía las consecuencias de lo que no se ha resuelto en el tiempo transcurrido, que no es otra cosa que la no operatividad y funcionamiento hasta la actualidad de la referida unidad, y el incumplimiento de las pautas establecidas pese a haberse previsto un plazo de tiempo para todo ello…”.

    Que sostuvo, asimismo, que con la Resolución N° RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC se le ha trasladado funciones a la distribuidora “…con relación a las medidas que deben ser implementadas en la resolución de reclamos, conforme dispone el marco regulatorio, apartándose notoriamente de los procedimientos previstos para el tratamiento de éstos, lesionándose de tal modo el derecho de defensa de esta parte y el debido proceso que garantiza la normativa aplicable…”.

    Que, añadió en ese sentido que, al igual que lo sucedido con la Resolución N° RESOL-2021-37-APNENRE# MEC, este Ente Nacional volvió a disponer “…medidas con un límite temporal”, cercenando sin límite cierto de tiempo el accionar previsto en la norma vigente, a fin de resolver cuestiones demoradas por la propia Administración, afectando la seguridad jurídica…”.

    Que, finalmente, bajo invocación de los mismos argumentos reseñados, al entender que la Resolución N° RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC se encuentra viciada de nulidad absoluta y manifiesta, solicitó la suspensión de sus efectos en los términos prescriptos por el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, hasta tanto se resuelva en forma definitiva la impugnación impetrada por la concesionaria.

    Que, ahora bien, en primer lugar cabe destacar que teniendo en consideración la fecha de notificación (8 de marzo de 2021) que surge de la Constancia de Notificación Electrónica IF-2021-20241090-APN-SD#ENRE, corresponde tener por presentado en legal tiempo y forma el recurso de reconsideración interpuesto por EDENOR S.A., mediante su presentación digitalizada como IF-2021-24099191-APN-SD#ENRE.

    Que, sentado ello y tras la reseña efectuada respecto de los cuestionamientos introducidos por EDENOR S.A., se advierte que tanto el planteo de nulidad efectuado como la arbitrariedad, irrazonabilidad y exceso de discrecionalidad que le atribuye a las medidas consagradas en la Resolución N° RESOL-2021-58-APNENRE# MEC, se fundamentan básicamente en la demora que le atribuye a la Administración al no haber conformado, ni entrado en función, la Unidad de Coordinación creada por la Resolución N° RESOL-2020-173- APN-MDP, entendiendo que los distintos requerimientos que ahora debe cumplir, se corresponden y resultan consecuencia de tal demora.

    Que, demás está aclarar, que la demora que la distribuidora endilga a la Administración, por la falta de conformación de dicha unidad y por la falta de cumplimiento de las funciones y cometidos que le fueran asignados, no constituye en sí misma, tal como fuera expuesto por la recurrente, un agravio que lesione un derecho subjetivo o un interés legítimo que le sea propio, conforme a lo exigido por el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017.

    Que al hacer reiterado hincapié en la demora señalada, la distribuidora soslaya por completo en su queja, que amén de las funciones que fueran encomendadas a dicha unidad de coordinación, este Ente Nacional se encuentra investido de facultades y potestades reglamentarias e instructoras más que suficientes a tenor de lo dispuesto por el artículo 2 inciso a) y el artículo 56 incisos a), b) y s) de la Ley Nº 24.065 y del artículo 25 inciso y) del Contrato de Concesión suscripto entre la concesionaria y el PODER EJECUTIVO NACIONAL (PEN).

    Que, en lo atinente al planteo de nulidad formulado por la recurrente, se advierte que la distribuidora se limita a postular la mera existencia de los vicios que afectan a cada uno de los elementos del acto administrativo en los términos del artículo 7 de la Ley Nacional Procedimientos Administrativos N° 19.549 sin brindar mayores fundamentos más allá del expresado en torno a la aludida demora en la puesta en funciones de la unidad de coordinación mencionada.

    Que más allá que esa orfandad de expresión bastaría para disponer sin más, el rechazo del recurso interpuesto, corresponde hacer énfasis en las siguientes consideraciones, que fueron totalmente soslayadas por la distribuidora en su impugnación.

    Que, al respecto, vale destacar que el artículo 7 inciso b) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se enrola en una concepción objetivista que considera como causa del acto administrativo los antecedentes de hecho o de derecho que, en cada caso, justifican su dictado.

    Que a los efectos de este análisis, resulta ilustrativo traer a colación el voto emitido por el Ministro Horacio Rosatti en la causa “Roa Restrepo, Henry c/ EN - M Interior OP y V - DNM s/ recurso directo DNM”, Expediente CAF 53869/2017/CS1-CA1, del 6 de mayo de 2021 (Fallos 344:1013), quien señaló que “…a la luz de nuestra arquitectura constitucional, el procedimiento administrativo no solo constituye el ámbito a través del cual se debe procurar -con justicia- la satisfacción del interés público; en paralelo, es también una instancia para la defensa de los derechos e intereses de los particulares, sujeta -inexcusablemente- a los principios de legalidad, debido proceso adjetivo y sustantivo -o razonabilidad- (artículos 18, 19 y 28, Constitución Nacional y artículo 1°, ley 19.549; arg. doctrina de Fallos: 324:3593)…”, y “…que en resguardo de los principios, derechos y garantías constitucionales, las decisiones que adopta la administración se encuentran sujetas -como recaudo de validez- a la observancia de los requisitos esenciales previstos en los artículos 7° y 8° de la ley 19.549. De este modo, y en lo que aquí concierne, el acto administrativo debe contar con una “causa”: entendida como los antecedentes de hecho y de derecho que sustentan la decisión (artículo 7°, inciso b), y con su respectiva “motivación”, esto es, la explicitación de las razones que justifican la emisión del acto (artículo 7°, inciso e)…”.

    Que ambos requisitos, “…se apoyan en la máxima republicana que sostiene a nuestro sistema de gobierno, constituyen una interdicción a la eventual arbitrariedad administrativa y, además, representan una garantía para que el particular pueda ejercer -en forma plena la defensa de sus derechos e intereses. En otras palabras, la solución legislativa -al exigir una administración que justifique y funde racionalmente sus decisiones- no está haciendo otra cosa que cumplir con el equilibrio que exige la Constitución Nacional entre la tutela de los derechos por ella reconocidos y la acción administrativa, subordinada a la juridicidad, debido proceso adjetivo y sustantivo (artículos 1°, 14, 18, 19, 28, 31, 33 y cctes. Constitución Nacional) …”.

    Que siguiendo esas premisas, cabe destacar que las medidas dispuestas por la Resolución N° RESOL-2021-58- APN-ENRE#MEC fueron sancionadas en un contexto de emergencia pública en materia sanitaria declarada, en primer término, por la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y ampliada, posteriormente, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, como consecuencia de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) por el virus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de su entrada en vigencia, la cual se hizo efectiva el 12 de marzo de 2020.

    Que la distribuidora soslayó por completo en su cuestionamiento que las medidas implementadas por este Ente Nacional, apuntan a garantizar a las personas usuarias la continuidad de la efectiva prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica y evitar, en la medida de lo posible, que se generase en perjuicio de ellos un impacto económico negativo, más grave aún que el producido por la propia pandemia.

    Que en ese contexto, vale destacar también, que con el objeto de salvaguardar y proteger la salud pública, desde el PEN se impusieron medidas de restricción a la libre circulación individual que quedaron plasmadas en el ASPO dispuesto originariamente mediante Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, cuyo plazo fue sucesivamente prorrogado mediante los Decretos N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, N° 459 de fecha 10 de mayo de 2020 y N° 493 de fecha 24 de mayo de 2020, con ciertas modificaciones según el territorio, por los Decretos N° 520 de fecha 7 de junio de 2020, N° 576 de fecha 29 de junio de 2020, N° 605 de fecha 18 de julio de 2020, N° 641 de fecha 2 de agosto de 2020, N° 677 de fecha 16 de agosto de 2020, N° 714 de fecha 30 de agosto de 2020, N° 754 de fecha 20 de septiembre de 2020, N° 792 de fecha 11 de octubre de 2020, N° 814 de fecha 25 de octubre de 2020, N° 875 de fecha 7 de noviembre de 2020, N° 956 de fecha 29 de noviembre de 2020, N° 1.033 de fecha 20 de diciembre de 2020, N° 67 de fecha 29 de enero de 2021, hasta el 28 de febrero de 2021 inclusive y N° 125 de fecha 27 de febrero de 2021 hasta el 12 de marzo de 2021

    Que posteriormente, mediante artículo 3 del Decreto Nº 875 de fecha 7 de noviembre de 2020, dicha medida mutó al DISPO para el aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), establecida originariamente desde el 9 de noviembre hasta el 29 de noviembre de 2020, inclusive, prorrogada luego por los Decretos N° 956/20, N° 1.033/20, N° 67/21, N° 125/21, N° 168/21 y N° 235/21, hasta el 30 de abril de 2021.

    Que las medidas adoptadas por este Ente Nacional, en la Resolución ENRE Nº 58/2021 se enmarcan, también, en las establecidas por el PEN mediante Decreto DNU Nº 311/20, reglamentado luego en cuanto a sus alcances, por la Resolución MDP N° 173 de fecha 17 de abril del 2020, la cual responde también, al objetivo de garantizar en el marco de pandemia declarada con motivo del COVID-19, “…el acceso a los servicios públicos que constituyen medios instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales tales como a una vivienda digna, a la salud, a la educación o la alimentación para los ciudadanos y ciudadanas…”.

    Que ello a su vez, encuentra su fundamento en la normativa de protección a las personas usuarias de rango constitucional y convencional consagrado por los artículos 14 bis, tercer párrafo, 42 y 75 inciso 22 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo XI de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 11, primer párrafo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como así también, en lo dispuesto por el artículo 2 inciso a) de la Ley Nº 24.065, y en las facultades reglamentarias de las que se encuentra investido este Ente Nacional en materia de procedimientos técnicos, medición y facturación de los consumos consagrada por el artículo 56 incisos a), b) y s) de ese mismo ordenamiento legal.

    Que la distribuidora soslaya por completo también en su planteo, los antecedentes de hecho que fueron tenidos en consideración por este Ente Nacional, a la hora de disponer las medidas que fueran adoptadas en el marco de la Resolución RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC, como ser las presentaciones efectuadas por la Dirección de Programas de Inclusión Económica del Ministerio de Desarrollo Social, NO-2021-08436852-APN-DPIE#MDS; las realizadas por la Comisión de Usuarios Residenciales (CUR), IF-2021-07161860-APN-SD#ENRE, por la Secretaría de Comercio de la Municipalidad de Avellaneda, IF-2021-08450700-APN-SD#ENRE, por el representante de diversas personas usuarias no residenciales del servicio de electricidad prestado por EDENOR S.A. y EDESUR S.A., IF-2021-08397064-APN-SD#ENRE; y la efectuada por el Defensor del Pueblo de Avellaneda, IF-2021-08392583-APN-SD#ENRE, cuyo respectivo contenido en relación a las distintas situaciones denunciadas, no fueron objeto de rechazo, desconocimiento, ni de impugnación en modo alguno por EDENOR S.A.

    Que, en definitiva, la Resolución RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC encuentra su razón en la morigeración de los efectos causados por la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 que tuvieron un impacto directo en los sectores más vulnerables, lo que requirió la adopción de medidas excepcionales que permitieran garantizar el acceso a los servicios públicos de este universo afectado.

    Que, efectivamente, el servicio de distribución de energía eléctrica resulta indispensable en este contexto por ser un servicio básico, como así también es esencial para permitir las comunicaciones y los servicios tecnológico.

    Que, sin lugar a dudas, y conforme surge de la propia Resolución RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC, las dificultades económicas producto de la situación sanitaria, en gran parte de la población, han sido la causa de muchas alteraciones en la relación persona usuaria – prestador, como es la situación de mora incursa en gran cantidad de usuarios del servicio de energía eléctrica.

    Que, tal análisis y apreciación se observan tanto en el Memorando ME-2021-18656315-APN-ARYEE#ENRE como en el Informe IF-2021-09062484-APN-AJ#ENRE, criterios luego tomados en cuenta en oportunidad de dictar la Resolución ENRE N° 58/2021.

    Que, por ello, la Resolución RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC tiene como objetivo facilitar la cancelación de las deudas por la falta de pago por la prestación del servicio público de energía eléctrica para las personas usuarias imposibilitadas de pagar sus facturas en un solo pago, pero preservando, al mismo tiempo, la continuidad del servicio y accesibilidad del mismo.

    Que en cuanto a la afectación económica y financiera que le traería aparejado el cumplimiento de las medidas contenidas en la Resolución RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC, la distribuidora no ha acompañado elemento de prueba alguno o de análisis que permita tener por acreditado o demostrado en mínima medida, que la efectiva observancia y ejecución de las instrucciones contendidas en dicha resolución, le cause un perjuicio económico en la relación costos – ingresos. Contrario a ello la Resolución ENRE N° 58/2021 no priva a la distribuidora de la percepción de sus ingresos, sino que brinda la posibilidad del cobro de las liquidaciones por facturación a sus usuarios finales, a partir de marzo del corriente año, en acuerdo a la metodología que establece este Ente en relación a la capacidad de pago de las personas usuarias comprendidas en la misma.

    Que el Decreto N° 311 de fecha 24 de marzo de 2020 ha dispuesto la suspensión temporaria de cortar el suministro del servicio por ser un elemento esencial para el desarrollo de la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas, incluidas las personas usuarias de los servicios públicos enumerados en su artículo 3.

    Que, el artículo 4 de igual decreto establece que la autoridad de aplicación podrá incorporar a “…otros beneficiarios y beneficiarias de las medidas dispuestas en los artículos 1° y 2°, siempre que su capacidad de pago resulte sensiblemente afectada por la situación de emergencia sanitaria y las consecuencias que de ella se deriven...”

    Que, asimismo, el artículo 5 ordena a las empresas prestadoras de los servicios detallados en los artículos 1 y 2 (entre ellos, energía eléctrica) a otorgar a las personas usuarias, planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas dispuestas y, conforme las pautas que establezcan los entes reguladores o las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados, con la conformidad de la Autoridad de Aplicación.

    Que, además, los considerandos del mencionado decreto, destacan la importancia vital de continuar con la prestación de los servicios públicos comprendidos en la medida, sobre todo, en los sectores de mayor vulnerabilidad o en aquellos gravemente afectados en su economía por la pandemia.

    Que, por último, el plazo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 27.541 ha sido prorrogado por el Decreto N° 543 de fecha 18 de junio de 2020 hasta el pasado 31 de diciembre de 2020.

    Que resulta oportuno hacer referencia a la Resolución de SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 371 de fecha 28 de abril de 2021 que fija en su artículo 1, los criterios para la aplicación del “Régimen Especial de Regularizaciones de Obligaciones” dispuesto por Resolución SE N° 40 de fecha 21 de enero de 2021, en referencia a los acuerdos que se adhieran los agentes distribuidores. El inciso b) del artículo 1 de esta resolución dispone que: “las políticas implementadas en beneficio de la demanda durante la vigencia del Decreto Nº 311/2020 (1° de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020) determinarán un reconocimiento equivalente a un valor máximo de DOS (2) facturas medias mensuales del agente distribuidor del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en el año 2020”.

    Que, con ello se infiere que el Estado Nacional, también ha considerado la situación de las distribuidoras del servicio público de energía eléctrica brindando herramientas que permitan compensar su situación económica en estas circunstancias particulares de pandemia.

    Que finalmente, en relación al planteo de arbitrariedad e irrazonabilidad que le endilga a las medidas adoptadas por medio de la Resolución N° RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC, en donde la distribuidora se limitó a formular tales cuestionamientos, sin brindar mayores fundamentos al respecto, más allá de la demora que le reprocha a la Administración, por no haber operado el funcionamiento de la referida unidad de coordinación, a quien -como ya se señaló- la Resolución N° RESOL-2020-173-APN-MDP le encomendó la realización de una serie de labores y funciones.

    Que si bien, este argumento fue anteriormente rechazado con motivo de las facultades y potestades de rango legal de las que se encuentra suficientemente investido este Ente Nacional para emitir las instrucciones previstas en la Resolución N° RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC, cabe destacar por otra parte, que la garantía de razonabilidad encuentra su sustento genérico en lo dispuesto por los artículos 28 y 33 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y “…aparece receptado en la LNPA, en el artículo 7º, en su inciso c), en cuanto a los recaudos que debe guardar el objeto del acto y en su inciso f), en donde, en relación al elemento finalidad del acto, se prescribe: las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad, en referencia a la que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes al órgano emisor del acto…”. Ergo, en nuestro ordenamiento jurídico “…la razonabilidad presupondría el control del acto en su objeto y fin, de acuerdo al artículo 7º incisos c) y f); y el vicio sería el de violación de la ley o desviación de poder (art. 14, inc. b), ambos de la LNPA (v. Dictámenes 304:291)…” (confronte Dictamen IF-2020-61219519-APN-PTN, 14 de septiembre de 2020. EX- 2018-52786472-APN-DDE#SGP. SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN).

    Que nuestra CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, al hacer suyos los fundamentos y conclusiones expresados por la Procuradora Fiscal en su dictamen, señaló que “…"la Constitución Nacional no consagra derechos absolutos, in-susceptibles de razonable reglamentación" (Fallos: 312:318, considerando 3°). Ello surge, además, de los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional. Sobre esta base, la Corte ha entendido que la constitucionalidad de esa reglamentación está condicionada, por una parte, a la circunstancia de que los derechos afectados sean respetados en su sustancia y, por la otra, a la adecuación de las restricciones a las necesidades y fines públicos que las justifican, de manera que no aparezcan infundadas o arbitrarias, sino razonables, es decir, proporcionadas a las circunstancias que las originan y a los fines que se procuran alcanzar con ellas (Fallos: 247:121). Asimismo, la Corte ha destacado que la carga de la prueba de la irrazonabilidad está en manos de quien la invoca (dictamen de la Procuración General de la Nación, causa SC. E. 112, L. XLVIII, "Editorial Río Negro SA cl EN-Ley 26364- Dto. 936/11 s/amparo", emitido el 13 de febrero de 2014) …” (Fallos: 338:1444).

    Que siguiendo esas premisas, si se tiene en consideración la situación imperante de emergencia pública dictada en materia sanitaria, las medidas de resguardo a la salud pública que fueran consecuentemente implementadas desde el PEN y el impacto que ello ocasionó en la actividad, economía y capacidad de pago de las personas usuarias, las medidas adoptadas mediante la Resolución N° RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC no lucen arbitrarias o irrazonables, tal como postula la distribuidora, máxime aún, cuando ésta no aportó mayores fundamentos que la mera invocación y existencia de tales defectos, ni en menor medida aún, ofreció elementos de análisis o de prueba que permitan tener por acreditada la existencia de tales vicios en las instrucciones impartidas por medio de dicha resolución.

    Que, en atención a los fundamentos precedentemente expuestos, corresponde rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por EDENOR S.A. contra la Resolución N° RESOL-2021-58-APN-ENRE#MEC, mediante presentación digitalizada como IF-2021-24099191-APN-SD#ENRE.

    Que, por los mismos fundamentos y teniendo en consideración que la concesionaria se basó en los mismos argumentos recientemente analizados para solicitar la suspensión de los efectos de dicha resolución en los términos del artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, corresponde también disponer el rechazo de tal solicitud.

    Que a todo esto, cabe destacar que constituye un deber ineludible a ser observado por este Ente Nacional, atender las actuales circunstancias imperantes y propender, a garantizar la continuidad de la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, adoptando toda medida que esté a su alcance y que responda al ejercicio legítimo de sus atribuciones, a los fines de evitar que las personas usuarias se vean privadas de la efectiva prestación de un servicio esencial indispensable para su salud y el desarrollo de una vida digna.

    Que tal postura encuentra su sustento en lo dispuesto por los artículos 14 bis, tercer párrafo, 42 y 75 inciso 22 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo XI de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 11, primer párrafo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como así también, en lo dispuesto por el artículo 2 inciso a) de la Ley Nº 24.065.

    Que, por otra parte, con motivo del rechazo al recurso de reconsideración interpuesto, corresponde intimar a EDENOR S.A. que en el plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos acredite el cumplimiento de lo ordenado por este Ente en la Resolución ENRE N° 58/2021, como así también, lo instruido por la Nota N° NO- 2021-27621907-APN-ENRE#MEC.

    Que, se ha emitido el correspondiente dictamen jurídico, conforme lo requiere el inciso d) del artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

    Que el ENRE resulta competente para el dictado de la presente resolución, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2 inciso a) y 56 incisos a), b) y s) de la Ley N° 24.065, y por el artículo 12, 82, 84 y normas concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017 y el segundo párrafo del artículo 12 del Decreto N° 1.020 de fecha 16 de diciembre de 2020.

    Que la Interventora del ENRE se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en los incisos a) y g) del artículo 63 de la Ley N° 24.065, en el artículo 6 de la Ley Nº 27.541, en el Decreto N° 277 de fecha 16 de marzo de 2020, en el Decreto Nº 963 de fecha 30 de noviembre de 2020 y en el primer párrafo del artículo 12 del Decreto N° 1.020/2020.

    Por ello,
    LA INTERVENTORA DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE:

    ARTÍCULO 1.- Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.), mediante su presentación digitalizada como IF-2021-24099191-APN-SD#ENRE, contra la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 58 de fecha 5 de marzo de 2021 sobre la base de los argumentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

    ARTÍCULO 2.- No hacer lugar la solicitud de suspensión de los efectos de la Resolución ENRE N° 58/2021 sobre la base de los argumentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

    ARTÍCULO 3.- Intimar a EDENOR S.A. a que en el plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de notificada la presente resolución proceda a dar cumplimiento a la Resolución ENRE N° 58/2021.

    ARTÍCULO 4.- Ordenar a EDENOR S.A. dar cumplimiento a lo instruido en Nota N° NO-2021-27621907-APNENRE# MEC bajo apercibimiento de iniciar sumario administrativo a los fines de determinar la aplicación de sanciones, conforme lo disponen el artículo 25 incisos x) e y) de su Contrato de Concesión y el punto 6.3 del Subanexo 4 de su Contrato de Concesión.

    ARTÍCULO 5.- Notifíquese a EDENOR S.A.

    ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese y archívese.
    Resolución ENRE N° 489/2021
    ACTA Nº 1727
    Dra. María Soledad Manín
    Interventora
    Ente Nacional Regulador de la Electricidad
    Citas legales:Resolución ENRE 0027/2020
    Resolución ENRE 0035/2020
    Resolución ENRE 0058/2021
    Resolución ENRE 0063/2017
    Resolución MDP 0173/2020
    Resolución SE 0040/2021
    Resolución SE 0371/2021
    Decreto 00067/2021
    Decreto 00125/2021
    Decreto 00168/2021
    Decreto 00235/2021
    Decreto 00260/2020
    Decreto 00277/2020
    Decreto 00297/2020
    Decreto 00311/2020
    Decreto 00325/2020
    Decreto 00355/2020
    Decreto 00408/2020
    Decreto 00459/2020
    Decreto 00493/2020
    Decreto 00520/2020
    Decreto 00543/2020
    Decreto 00576/2020
    Decreto 00605/2020
    Decreto 00641/2020
    Decreto 00677/2020
    Decreto 00714/2020
    Decreto 00754/2020
    Decreto 00792/2020
    Decreto 00814/2020
    Decreto 00875/2020
    Decreto 00956/2020
    Decreto 00963/2020
    Decreto 01020/2020
    Decreto 01033/2020
    Decreto 01759/1972 (t.o. 2017)
    Ley 19.549
    Ley 24.065 - artículo 02
    Ley 24.065 - artículo 40
    Ley 24.065 - artículo 41
    Ley 24.065 - artículo 56
    Ley 24.065 - artículo 63
    Ley 27.541
    Contrato de concesión
    Acta ENRE 1727/2021