Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0018/2021. (no publicada en B.O.) , jueves 21 de enero de 2021, 6 p.

Citas Legales : Acuerdo de implementación de la transferencia de jurisdicción sobre el servicio público de distribución de energía eléctrica a la provincia de Bs.As. y a la Ciudad Autónoma de Bs.As. (09/05/2019), Acuerdo de implementación de la transferencia de jurisdicción sobre el servicio público de distribución de energía eléctrica a la provincia de Bs.As. y a la Ciudad Autónoma de Bs.As. (09/05/2019) - cláusula 3, Acuerdo de implementación de la transferencia de jurisdicción sobre el servicio público de distribución de energía eléctrica a la provincia de Bs.As. y a la Ciudad Autónoma de Bs.As. (09/05/2019) - cláusula 1 apartado 1.1., Acuerdo para el ejercicio conjunto de la jurisdicción sobre el servicio público metropolitano de distribución de energía eléctrica - artículo 04, Acuerdo para el ejercicio conjunto de la jurisdicción sobre el servicio público metropolitano de distribución de energía eléctrica, Acuerdo para el ejercicio conjunto de la jurisdicción sobre el servicio público metropolitano de distribución de energía eléctrica - artículo 07, Acuerdo para el ejercicio conjunto de la jurisdicción sobre el servicio público metropolitano de distribución de energía eléctrica - artículo 08, Código penal, Constitución nacional, Constitución nacional - artículo 018, Constitución nacional - artículo 121, Contrato de concesión (Edesur S.A.), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 inciso m), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 incisos m) y x), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 44, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 5.2., Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 5.3., Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 6.4., Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 6.7., Decreto 00277/2020, Decreto 00277/2020 - artículo 1, Decreto 00277/2020 - artículo 2, Decreto 00963/2020, Decreto 00963/2020 - artículo 1, Decreto 01020/2020, Decreto 01020/2020 - artículo 12, Decreto 01759/1972 (t.o. 2017) - artículo 077, Ley 14.772, Ley 15.336, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 19.549 - artículo 12, Ley 24.065 - artículo 03, Ley 24.065 - artículo 16, Ley 24.065 - artículo 54, Ley 24.065 - artículo 55, Ley 24.065 - artículo 56, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); o) y s), Ley 24.065 - artículo 57, Ley 24.065 - artículo 58, Ley 24.065 - artículo 59, Ley 24.065 - artículo 60, Ley 24.065 - artículo 61, Ley 24.065 - artículo 62, Ley 24.065 - artículo 63, Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 24.065 - artículo 64, Ley 24.065 - artículo 65, Ley 24.065 - artículo 66, Ley 24.065 - artículo 67, Ley 24.065 - artículo 68, Ley 24.065 - artículo 69, Ley 27.467, Ley 27.467 - artículo 124, Ley 27.541, Ley 27.541 - artículo 06, Ley 27.541 - artículo 07, Nota ENRE 125.248, Nota ENRE 125.248 - punto 7.1., Nota ENRE 129.062, Resolución ENRE 0023/1994 - anexo - artículo 15, Resolución ENRE 0064/2017, Resolución ENRE 0085/2020, Resolución ENRE 0085/2020 - artículo 1, Resolución ENRE 0085/2020 - artículo 2, Resolución ENRE 0085/2020 - artículo 3, Resolución ENRE 0085/2020 - artículo 4, Resolución ENRE 0421/2011, Resolución ENRE 0421/2011 - anexo IV

Fallos Citados : CNFed. Cont. Adm. Sala 2; fallo: "Transnea S.A. c/ Resolución 110/2010 - ENRE (Expte. N° 28.785/09). Causa Nº 19.299/2010" [18 de octubre de 2011], JNFed. Cont. Adm N° 05; causa: "ENRE c/ Edesur S.A. s/ proceso de conocimiento (Expte. N° 65.015/2019)" [7 de febrero de 2020]

Expediente Citado : EX-2018-43672142-APN-SD#ENRE



BUENOS AIRES, JUEVES 21 DE ENERO DE 2021

    VISTO el Expediente N° EX-2018-43672142-APN-SD#ENRE, y

    CONSIDERANDO:

    Que mediante el artículo 1 de la Resolución RESOL-2020-85-APN-ENRE#MDP de fecha 10 de agosto de 2020, se sancionó a la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) con una multa en pesos equivalente a TRESCIENTOS CINCUENTA MIL KILOVATIOS HORA (350.000 kWh), en relación al incendio ocurrido el día 1° de septiembre de 2018 en la vivienda sita en la calle Chiclana N° 555 del Partido de EZEIZA, Provincia de BUENOS AIRES, en tanto reconoció que el incidente le fue imputable -anomalía: “LABT-6: Línea Aérea Baja Tensión: instalación con averías” de acuerdo al ANEXO IV de la Resolución ENRE N° 421/2011-; verificando así, incumplimientos a las obligaciones establecidas por el artículo 16 de la Ley N° 24.065 y por el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión suscripto entre esa distribuidora y el ESTADO NACIONAL, graduada en conformidad a los parámetros contemplados en los puntos 5.2, 6.4 y 6.7 del Subanexo 4 de dicho contrato.

    Que a través del artículo 2 de la citada resolución, se instruyó a EDESUR S.A. a depositar la multa resultante del artículo 1, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de dicha resolución, en la Cuenta Corriente del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 50/652 Recaudadora de Fondos de Terceros N° 2.915/89 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo, bajo apercibimiento de ejecución.

    Que, por el artículo 4, se le hizo saber a la distribuidora que, de conformidad con lo dispuesto en el punto 5.3 del Subanexo 4 de su Contrato de Concesión y el artículo 15 de la Resolución ENRE Nº 23 de fecha 16 de marzo de 1994, no se daría trámite a los recursos que interponga si previamente no hacía efectiva la multa dispuesta en dicha resolución.

    Que mediante presentación digitalizada como IF-2020-54412152-APN-SD#ENRE, EDESUR S.A. interpuso recurso de reconsideración con alzada en subsidio contra la Resolución RESOL-2020-85-APN-ENRE#MDP al tiempo que solicitó la suspensión de los efectos del acto, alegando una supuesta nulidad absoluta derivada de la contradicción que existiría -a su entender- entre la parte resolutiva del acto (en particular, lo dispuesto en el artículo 4, en cuanto exige como presupuesto para recurrir, hacer efectiva la multa aplicada) y lo dispuesto por el artículo 3, párrafo tercero, del Acuerdo de Implementación de la Transferencia de Jurisdicción sobre el Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica a la Provincia de BUENOS AIRES y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Que a este respecto señala que en el artículo 3, párrafo tercero, del citado acuerdo, se estableció que “…los procedimientos sancionatorios por hechos o actos anteriores a la entrada en vigencia de este Acuerdo de Implementación y demás trámites en curso a esa fecha ante el ENRE, relativos a la función de control del servicio, así como los recursos de alzada contra decisiones del ENRE pendientes de resolución, a esa misma fecha, continuarán su curso hasta su resolución definitiva ante los órganos competentes antes de la entrada en vigencia de este Acuerdo de Implementación. Esas resoluciones definitivas serán notificadas al nuevo ente bipartito a fin de que éste determine las condiciones para su ejecución o implementación…”.

    Que, como consecuencia de lo allí dispuesto, la distribuidora considera que el nuevo ente bipartito debiera ser quien -en última instancia-, defina las condiciones de ejecución de las sanciones del ENRE vinculadas a hechos preexistentes al traspaso jurisdiccional.

    Que en el punto III de su presentación, alegó que la sanción impuesta resulta arbitraria, ineficiente y contradictoria; sin brindar para ello, mayores precisiones ni fundamentos de análisis que justifiquen las apreciaciones efectuadas respecto de la multa que le fuera aplicada.

    Que en el punto V de su presentación recursiva, cuestionó que este Ente Nacional haya indicado que la valorización de la sanción aplicada, expresada en KILOVATIOS HORA (kWh), se deba efectuar a la fecha del dictado del acto, ya que conforme surge de las Notas ENRE Nº 125.248 y su aclaratoria Nº 129.062, para este tipo de sanciones, se debe cuantificar el valor del kWh vigente al primer día del período de control, y que dicho valor “…fue aplicado por EDESUR S.A. a los fines de liquidar y cancelar la sanción”.

    Que sostuvo al respecto, que dicho temperamento es el único que se ajusta al marco legal vigente y al principio de debido proceso y de irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables, consagrado en el artículo 18 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y en los pactos internacionales de derechos humanos que invoca.

    Que, asimismo, con sustento en la aplicación del principio de la ley penal más benigna, sostuvo que “…no cabe imponer una sanción administrativa por una conducta que a la época de su realización constituía una penalidad menos gravosa que la establecida en la actualidad”, y que bajo tales premisas, “…sería contrario al debido proceso legal liquidar la sanción en la forma en que lo pretende ese Ente, ya que, el citado principio de legalidad, supone…que la sanción debe ser cuantificada con la aplicación de la norma vigente al tiempo del hecho punido…motivo por el cual no es admisible el antagónico criterio del Regulador al valorizar la penalidad con el precio del kWh establecido al momento de dictar el acto sancionatorio”.

    Que refirió, por último, que, de no efectuarse la valorización de la sanción aplicada al primer día del período de control, este Ente Nacional incurriría en un exceso de punición que derivaría en una detracción injustificada de inversiones y recursos que debieran ser destinados a mejorar la calidad en la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica conforme a los objetivos definidos en las Normas de Calidad de Servicio aprobadas mediante Resolución ENRE Nº 64 de fecha 31 de enero de 2017.

    Que, ahora bien, es del caso destacar, que el artículo 12 -último párrafo- de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, establece que la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.

    Que el caso particular no reúne ninguno de los extremos a que se refiere el artículo glosado en el considerando precedente.

    Que en efecto, la cláusula primera, punto 1.1, parte pertinente del Acuerdo de Implementación de la Transferencia de Jurisdicción sobre el Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica a la Provincia de BUENOS AIRES y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires preveía que la Provincia de BUENOS AIRES y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumirían en forma conjunta, a partir de la entrada en vigencia de dicho acuerdo de implementación, la jurisdicción sobre el servicio público prestado por la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) y por EDESUR S.A., y consecuentemente, la regulación, control y el carácter de poder concedente de dicho servicio. Asimismo, la cláusula sexta del referido documento, dispone que el acuerdo entraría en vigencia una vez ratificado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de BUENOS AIRES y por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Que si bien dichas ratificaciones fueron cumplidas, el directorio del ente bipartito de control y regulación creado en el Acuerdo para el Ejercicio Conjunto de la Jurisdicción sobre el Servicio Público Metropolitano de Distribución de Energía Eléctrica firmado entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de BUENOS AIRES, (título II, capítulo I, artículo 4), no llegó a constituirse por falta de nombramiento de los representantes de esa provincia, lo que determinó que el ENRE continuara ejerciendo -en forma efectiva e ininterrumpida- las tareas de regulación y control asignadas en el marco legal y contractual vigente. Ello, a fin de asegurar la correcta prestación de dicho servicio y la protección de los Usuarios y las Usuarias.

    Que lo expuesto determinó que la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica que realiza EDENOR S.A. y EDESUR S.A., nunca dejara de desempeñarse en la jurisdicción federal, no existiendo, huelga aclarar, acta alguna de traspaso del control del servicio formalizada a través de instrumentos idóneos fehacientes.

    Que el 21 de diciembre de 2019, se sancionó la Ley Nº 27.541 (Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública), publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre de 2019, que, en su artículo 7, dispuso la suspensión de la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley Nº 27.467, durante la vigencia de la emergencia declarada y el mantenimiento, por parte del ENRE, de la competencia sobre el servicio público de distribución de energía eléctrica de las concesionarias EDENOR S.A. y EDESUR S.A.

    Que, en tales circunstancias, en tanto continúe el estado de emergencia dispuesto por la citada ley y, consecuentemente, mientras el ENRE siga siendo la autoridad de control del servicio público de distribución de energía eléctrica concesionado a EDENOR S.A. y EDESUR S.A., esas concesiones conservan el carácter federal que surge del artículo 3 y concordantes de la Ley N° 24.065. Lo expuesto, por cuanto de acuerdo con el capítulo XII de la Ley N° 24.065, el ENRE es un organismo de carácter federal y, consecuentemente, solo en dicho ámbito puede actuar.

    Que por otra parte -y con relación al planteo de EDESUR S.A., que presupone que hubiera operado efectivamente el traspaso de jurisdicción del servicio de distribución que le fuera concesionado, al tiempo del dictado del acto en crisis- el dictado de la referida Ley N° 27.541, por cuyo artículo 7 dispuso “mantener” la competencia del ENRE sobre el servicio público de distribución de energía eléctrica de las concesionarias, ha dejado en claro el carácter federal del servicio al tiempo de aplicación de la sanción y, consecuentemente, la regularidad de la actuación del ENRE, ya que sólo resulta susceptible de ser mantenido aquello que se ha venido ejecutando (Conforme www.rae.es).

    Que así lo ha entendido también el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5 en el expediente en el cual tramitó la acción declarativa que iniciara el ENRE (Autos “ENRE c/ EDESUR SA s/PROCESO DE CONOCIMIENTO” Expediente N° 65.015/19) a fin de que se determinara que hasta tanto el nuevo ente regulador entrara en funciones efectivas -de acuerdo con los artículos 7 y 8 del Acuerdo para el Ejercicio Conjunto de Jurisdicción-, el ENRE debería continuar realizando las tareas previstas en la Ley N° 24.065 con relación al servicio prestado por EDESUR S.A. y EDENOR S.A. En dicha actuación, atendiendo al dictado de la Ley N° 27.541 -y con fundamento en el mentado artículo 7-, el juzgado interviniente declaró abstracta la medida peticionada por este organismo, en el entendimiento de que, en tales condiciones, la petición formulada por el ENRE perdió su objeto.

    Que, por el artículo 2 del Decreto N° 277 de fecha 16 de marzo de 2020 se designó al Interventor del ENRE y por el artículo 4 del mismo se dispuso que éste tiene las facultades de gobierno y administración del ente establecidas en la Ley N° 24.065 y las asignadas por ese decreto.

    Que mediante Decreto Nº 963 de fecha 30 de noviembre de 2020 se designó nueva Interventora en los mismos términos dispuestos por el artículo 1 del Decreto N° 277/2020, prorrogado mediante el artículo 12 del Decreto N° 1.020 de fecha 16 de diciembre de 2020.

    Que, asimismo, esta conclusión resulta palmaria, con sólo considerar que el CONGRESO NACIONAL mal podría haber dispuesto la continuidad de la regulación y control del ENRE sobre EDENOR S.A. y EDESUR S.A., si esas concesiones hubieran pasado en algún momento anterior al ámbito local, pues constituiría una violación del artículo 121 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

    Que, por consiguiente, este ENRE conserva las facultades y atribuciones expresamente conferidas por la Ley N° 24.065, con relación al servicio de distribución de energía eléctrica, entre ellas, la fijación y aplicación de criterios de ejecución de las sanciones que aplica.

    Que en lo que respecta a los cuestionamientos formulados por EDESUR S.A. respecto a la fecha que debería tomarse para la cuantificación de la sanción impuesta, cabe señalar que el punto 7.1 de la Nota ENRE N° 125.248, prevé que: “A partir de la entrada en vigencia de las tarifas resultantes de la RTI, tanto para los casos en que para el cálculo de la sanción se aplique el concepto de COSTO DE LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA (CENS), como para aquellos en que se utilice el de KILOVATIOS HORA (kWh) será tenido en cuenta el valor vigente o tarifa media correspondiente, según sea el caso, del primer día del período de control que corresponda o de la fecha de acto sancionatorio”.

    Que, por lo tanto, lo dispuesto en la Resolución RESOL-2020-85-APN-ENRE#MDP, en tanto prevé que la valorización del importe de la multa aplicada, sea realizada a la fecha en que fuera emitida dicha sanción, esto es, al 10 de agosto de 2020, se ajusta a lo que expresamente fuera contemplado y aprobado en la metodología de cálculo aprobada mediante Nota ENRE Nº 125.248 punto 7.1.

    Que desde ese punto de vista, y más allá del reparo que merece la invocación y pretensa aplicación de principios propios del derecho penal en sumarios como el presente, bajo ningún punto de vista la valorización practicada desde este Ente Nacional, al valor vigente del KILOVATIO HORA (kWh), correspondiente a la fecha en que fuera dictado del acto, atenta contra el principio de legalidad, ni vulnera de manera alguna el principio de irretroactividad en la aplicación de normas sancionadoras desfavorables, tal como lo afirma la distribuidora, en tanto ésta, no ha demostrado que este organismo se haya apartado en la operatoria efectuada, de los lineamientos de valorización contemplados en la metodología aprobada mediante la dicha nota.

    Que, por otra parte, vale tener presente que la multa configura una sanción impuesta en el marco de una instrucción sumarial ordenada a raíz de los incumplimientos que fueran observados por el Departamento de Seguridad Pública (DSP) del ENRE, respecto de las obligaciones establecidas por el artículo 16 de la Ley N° 24.065, por el artículo 25 incisos m) y x) de su Contrato de Concesión, y graduada -en cuanto a su importe- en función a los parámetros contemplados en los puntos 5.2, 6.4 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión; configurando ello, una actividad de tipo administrativa, cuya tramitación debe ser desenvuelta conforme a los principios propios del derecho administrativo, encontrando su basamento y sustento de orden jurídico en la Ley Nº 24.065 y en el Contrato de Concesión que rige la prestación del servicio público concesionado a la distribuidora; los preceptos allí contenidos, ofrecen fundamentación legal suficiente para llevar adelante la instrucción sumarial desarrollada hasta la aplicación de las sanciones correspondientes.

    Que de hecho, el artículo 44 del Contrato de Concesión suscripto entre el ESTADO NACIONAL y EDESUR S.A. dispone que: “Sin perjuicio del marco legal sustancial dado por las Leyes Nº 14.772, Nº 15.336 y Nº 24.065, el CONTRATO será regido e interpretado de acuerdo con las leyes de la República Argentina, y en particular, por las normas y principios del Derecho Administrativo, sin que ello obste a que las relaciones que LA DISTRIBUIDORA mantenga con terceros se rijan sustancialmente por el Derecho Privado”.

    Que la potestad sancionatoria de la que se encuentra investido este Ente Nacional encuentra su fundamento legal en las facultades de control y de autoridad regulatoria que le fuera otorgada mediante Ley Nº 24.065 y demás disposiciones reglamentarias que conforman el Marco Regulatorio Eléctrico, como régimen jurídico especial al que se encuentra sujeto la concesionaria, y cuyo objetivo primario consiste -en líneas generales- en desalentar los posibles incumplimientos de la distribuidora, procurando de tal modo lograr un más satisfactorio cumplimiento de las obligaciones por éste asumidas mediante un libre acuerdo de voluntades.

    Que, de este modo, la postura por la cual se pregona la existencia de un derecho penal administrativo -como especie del género derecho penal-, que colocaría a las faltas o contravenciones administrativas en una dimensión semejante al delito y que haría aplicable a su respecto la parte general del Código Penal (verbigracia tipicidad, presunción de inocencia, non bis in idem, retroactividad y ultra-actividad de la ley más benigna, prescripción) resulta ajena, en principio, a sumarios como el que aquí se analiza.

    Que en tal línea de pensamiento se ha expresado la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, Sala II, en autos “Transnea S.A. c/ Resolución 110/2010 - ENRE (Expte. N° 28.785/09)”, causa Nº 19.299/2010, de fecha 18 de octubre de 2011.

    Que en esa oportunidad, la sala interviniente se abocó a realizar un análisis del factor de atribución de responsabilidad por los apartamientos normativos al Marco Regulatorio Eléctrico conformado por las Leyes Nº 15.336 y Nº 24.065 y todas sus normas reglamentarías, concluyendo al respecto que: “…[e]l ejercicio de la potestad sancionadora es de la administración y el de la potestad criminal es de la justicia (Jiménez de Asúa, “Tratado de Derecho Penal”, T. I. pág. 39, párr. 11), debiendo puntualizarse que aquélla no tiene ni el rigor ni la inflexibilidad de las normas del Derecho Penal sustantivo (Villegas Basavilbaso, “Derecho Administrativo”, T. HI, pág. 530, n° 358); y que existen circunstancias irrelevantes en el ámbito penal que pueden no serlo en el administrativo (Fallos: 307:1282, y PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN en Dictámenes 97:310, 108:34). En consonancia, este tribunal ha destacado que el derecho administrativo tiene principios ignorados por el derecho penal, como la preponderancia del elemento objetivo sobre el intencional (esta sala -con otra integración- in re: “Jacovella, Patricio”, del 24/12/91 y “Dar S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda”), y que “…la faz sancionadora del Derecho Administrativo no se encuentra regida por los principios que informan estrictamente al Derecho Penal” (esta sala in re -con otra integración-: “Aceitera Chabas S.A.”, del 25/10/94; “Vicentín S.A.I.C. c/ Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal”, del 17/5/94; y “Francisco López S.A c/ Inst. Nac. de Semillas”, del 7/4/94)”.

    Que finalmente resta aclarar, que contrariamente a lo afirmado por la distribuidora al introducir estos cuestionamientos, no existe en el expediente constancia alguna de que EDESUR S.A. haya liquidado y cancelado la sanción aplicada por este Ente Regulador, razón por la cual corresponde instruir a la distribuidora a que proceda a su efectivo e íntegro pago, en un todo conforme a los términos expresados en los artículos 2, 3 y 4 de la Resolución RESOL-2020-85-APN-ENRE#MDP.

    Que, en suma, sobre la base de lo expresado en los considerandos precedentes, corresponde rechazar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución RESOL-2020-85-APN-ENRE#MDP formulado por EDESUR S.A. en el marco de su escrito recursivo registrado y digitalizado como IF-2020-54412152-APN-SD#ENRE.

    Que en las presentes actuaciones se han respetado los principios del debido proceso y se ha producido el dictamen jurídico requerido por el artículo 7, inciso d) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549.

    Que el ENRE resulta competente para el dictado de la presente resolución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 incisos a), o) y s) de la Ley N° 24.065.

    Que la Interventora del ENRE se encuentra facultada para el dictado de la presente resolución en virtud de lo dispuesto en los incisos a) y g) del artículo 63 de la Ley N° 24.065, el artículo 6 de la Ley Nº 27.541, en el Decreto N° 277 de fecha 16 de marzo de 2020, en el Decreto N° 963 de fecha 30 de noviembre de 2020 y en el artículo 12 del Decreto N° 1.020 de fecha 16 de diciembre de 2020.

    Por ello,

    LA INTERVENTORA DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE:

    ARTÍCULO 1.- Rechazar el recurso de reconsideración y el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución RESOL-2020-85-APN-ENRE#MDP de fecha 10 de agosto de 2020 solicitado por la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) en el marco de su presentación registrada y digitalizada como IF-2020-54412152-APN-SD#ENRE.

    ARTÍCULO 2.- Instruir a EDESUR S.A. a que calcule la multa resultante del artículo 1 de la Resolución RESOL-2020-85-APN-ENRE#MDP, conforme los términos impartidos en la instrucción contenida en la Nota del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) Nº 125.248 punto 7.1 y su aclaratoria, la Nota ENRE N° 129.062, a la fecha del dictado de esa resolución y proceda a depositarla, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente, en la Cuenta Corriente ENRE N° 50/652 Recaudadora de Fondos de Terceros N° 2.915/89 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo, bajo apercibimiento de ejecución.

    ARTÍCULO 3.- Notifíquese a EDESUR S.A.

    ARTÍCULO 4.- Oportunamente, remítanse las actuaciones a la SECRETARÍA DE ENERGÍA a fin que conozca el recurso de alzada interpuesto subsidiariamente.

    ARTÍCULO 5.- Regístrese, comuníquese y archívese.
    Resolución ENRE N° 018/2021
    ACTA Nº 1650
    Dra. María Soledad Manín
    Interventora
    Ente Nacional Regulador de la Electricidad
    Citas legales:Resolución ENRE 0023/1994 Biblioteca
    Resolución ENRE 0064/2017 Biblioteca
    Resolución ENRE 0085/2020 Biblioteca
    Decreto 00277/2020 Biblioteca
    Decreto 00963/2020 Biblioteca
    Decreto 01020/2020 Biblioteca
    Decreto 01759/1972 (t.o. 2017) Biblioteca
    Ley 14.772 Base de datos 'Biblioteca', Vista '(Por Tipo B)'
    Ley 15.336 Biblioteca
    Ley 19.549 Biblioteca
    Ley 24.065 Biblioteca
    Ley 27.467 Biblioteca
    Ley 27.541 Biblioteca
    Contrato de concesión Biblioteca
    Acuerdo de implementación de la transferencia de jurisdicción sobre el servicio público de distribución de energía eléctrica a la provincia de Bs.As. y a la Ciudad Autónoma de Bs.As. (09/05/2019)
    Acuerdo para el Ejercicio Conjunto de la Jurisdicción Sobre el Servicio Público Metropolitano de Distribución de Energía Eléctrica (09/05/2019)
    Fallos citado:Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5, fallo: "Ente Nacional Regulador de la Electricidad c/ Edesur S.A. s/ proceso de conocimiento. Expte N° 65015/2019". (7 de febrero de 2020) Libros
    Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Sala II, fallo: "Transnea S.A. c/ Resolución 110/2010 - ENRE" (Expte. N° 28.785/09). Causa Nº 19.299/2010 [18 de octubre de 2011] Libros
    Acta ENRE 1650/2021 Biblioteca