Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0391/2004. (no publicada en B.O.) , jueves 24 de junio de 2004, 10 p.

Citas Legales : Código civil - artículo 0001, Código civil - artículo 0002, Código penal - artículo 062 inciso 5), Constitución nacional - artículo 028, Constitución nacional - artículo 033, Constitución nacional - artículo 041, Ley 19.549 - artículo 07, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 19.549 - artículo 12, Ley 19.549 - artículo 14, Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 24.065 - artículo 77, Memorándum A.L. 1297/1995, Norma IRAM ISO 14001, Norma IRAM ISO 14004, Resolución D.AMB. 0150/2003, Resolución ENRE 0023/1994 - anexo - artículo 16, Resolución ENRE 0032/1994, Resolución ENRE 0052/1995, Resolución ENRE 0057/2000, Resolución ENRE 0197/1999, Resolución ENRE 0428/2003, Resolución ENRE 0527/2002, Resolución ENRE 0555/2001

Fallos Citados : CNFed. Cont. Adm. Sala 5; fallo: "Edelar S.A. c/ Estado Nacional /resol. 116/98 ENRE. Expte. 3350/97. Causa 47.151/99". [15 de noviembre de 2000]

Expediente Citado : ENRE 05752/1998



BUENOS AIRES, 24 DE JUNIO DE 2004

    VISTO: El Expediente ENRE N° 5752/1998, y

    CONSIDERANDO:

    Que la empresa generadora de energía eléctrica “CENTRAL DOCK SUD ANONIMA” (CENTRAL DOCK SUD S.A.) ha interpuesto Recurso de Reconsideración y Recurso de Alzada en subsidio en legal tiempo y forma, en contra de la Resolución ENRE N° 428/2003 de fecha 24 de setiembre de 2003, dictada por el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD que aplica a la recurrente una sanción de PESOS OCHO MIL ($ 8.000) por incumplimiento de las obligaciones emergentes de las Resoluciones ENRE N° 32/94, ENRE N° 52/95, ENRE N°197/99, ENRE N°57/00 y, ENRE N° 527/02;

    Que los agravios expuestos por CENTRAL DOCK SUD S.A. en esta etapa recursiva son los siguientes:

    Que la Resolución objeto de impugnación es nula de nulidad absoluta e insanable, viciada en sus elementos objeto, procedimiento y motivación (artículos 7 y 14 Ley 19549);

    Que la falta de conformidad de la Resolución ENRE N° 428/03 con el régimen de las Resoluciones ENRE N° 32/94 y 52/95 que lleva al ENRE a estimar extemporánea la presentación del Plan de Gestión Ambiental (PGA) del período 2001, origina defecto de violación de la ley, invalidando el objeto de aquélla;

    Que el defecto se advierte respecto de las normas penales que disponen la prescripción de los hechos reprimidos con multa que se encuentran prescriptos;

    Que la falta de razonabilidad de la multa vicia la validez del objeto de la Resolución impugnada;

    Que existe desproporcionalidad de los hechos acreditados y la decisión adoptada, resultando el acto arbitrario y nulo de nulidad absoluta por exceso de punición;

    Que la sanción administrativa debe respetar el principio de proporción entre la pena y la conducta, sobre la base de razonabilidad cuya valoración debe responder a la realización del bien jurídico protegido y su significado social, que configura la finalidad de la norma, cuyo vicio vulnera los artículos 28 y 33 de la Constitución Nacional;

    Que el objeto de la Resolución impugnada afecta por contradicción con propios actos en que incurre el ENRE;

    Que se encuentra viciada por falta de dictamen jurídico previo (artículo 7 inciso d) Ley 19.549 y artículo 16 Anexo de la Resolución ENRE N° 23/94;

    Que la falta de fundamento que avale el monto de la multa vicia gravemente la motivación de la Resolución ENRE N° 428/03, requisito exigible en el caso de un acto dictado en el ejercicio de facultades discrecionales;

    Que no ha sido desconocido para el Organismo de Control la demora en la puesta en marcha de la Central por razones de orden técnico y que, el PGA del año 2000 ha comprendido las actividades desde el primero de enero de ese año y “hasta la puesta en marcha comercial del ciclo combinado”, situación puesta en conocimiento en la nota de fecha 28 de diciembre de 1999, con la cual se ingresa el PGA de ese período en cumplimiento de la Resolución ENRE N° 197/99;

    Que las Resoluciones ENRE N° 32/94 y ENRE N° 52/95 no establecen en forma expresa la exigencia de elaborar y presentar los PGA por períodos anuales y, la gestión ambiental extensiva hasta la explotación comercial de la planta ha sido convalidada por el ENRE en la Resolución ENRE N° 57/00;

    Que se mantuvo informado al Organismo de los atrasos que se estaban produciendo, sin dejar de adoptar las medidas ambientales necesarias, situación recordada en la nota de fecha 17/08/01 que acompaña al PGA de la etapa de explotación comercial de la Central, conforme la habilitación del ciclo combinado para la operación comercial otorgada por CAMMESA;

    Que la Central virtualmente no ha operado durante el primer semestre de 2001 y, en el transcurso de esta etapa estuvo detenida durante un mes;

    Que negar relevancia a las razones antes invocadas deviene incongruente porque gravitan en la cuestión debatida;

    Que su ingreso posterior no ha producido consecuencia dañosa, siendo un incumplimiento formal, no concretando infracción de las obligaciones por parte de DOCK SUD S.A.;

    Que las pautas temporales se habrían cumplido con respecto a la fecha fijada en la Resolución ENRE N° 57/00, pero no entre el PGA 2001 y su puesta en ejecución;

    Que no se ha configurado ingreso extemporáneo del Plan PGA 2001, resultando inadmisible su incumplimiento, en cuanto la Resolución se limita solamente a aprobar el PGA y la Resolución aprobatoria recae sobre acciones previas al acto de aprobación es decir que, el hecho infractor anterior al acto que se pretende incumplido, resulta de imposible configuración de incumplimiento;

    Que ha operado la prescripción de los informes de avance de los años 1998, 1999 y 2000 por haber transcurrido más de dos años de los eventos que se sancionan, por aplicación del artículo 62 inciso 5 del Código Penal, lo que lleva a la nulidad absoluta de la sanción, habiendo soslayado la prescripción relativa a las citadas faltas;

    Que la multa es claramente desproporcionada respecto de la gravedad e importancia del incumplimiento de CENTRAL DOCK SUD S.A. y, el ingreso extemporáneo de ciertos informes representan pocos días de atraso respecto del término de diez días impuesto por la Resolución ENRE N° 32/94, que nunca se ha extendido más allá del mes subsiguiente al período informado, que es el criterio actualmente previsto en la Resolución ENRE N° 555/01 y, no puede desconocerse que dicho plazo ha resultado exiguo por cuanto, ha sido motivo de modificación por parte de la Resolución ENRE N° 555/01;

    Que a continuación, la recurrente hace referencia a los procedimientos trabajosos en colectar la información requerida para confeccionar los informes de avance y, no habiendo ocasionado daño alguno al ambiente y salud de las personas, se trata de una mera infracción formal;

    Que además, la quejosa estima que el ENRE ha actuado contra sus propios actos, siendo que las Resoluciones ENRE N° 32/94 y ENRE N° 52/95 no establecen en forma expresa la exigencia de elaborar y presentar los PGA por períodos anuales y, las pequeñas demoras de la empresa no han sido objetadas, sorprendiendo a la sumariada en su buena fe;

    Que en el sentido antes indicado, buena fe es la exigencia de un comportamiento coherente que haya suscitado una confianza fundada acerca de la legitimidad de determinado proceder;

    Que por otra parte, la recurrente alega el vicio del acto objeto de impugnación por falta de dictamen jurídico exigido por el artículo 7 inciso d) de la Ley 19.549, en virtud del artículo 16 del Anexo I de la Resolución ENRE N° 23/94;

    Que no existe en el acto impugnado, ni en la Resolución D. AMB. N° 150/03, ni en las actuaciones precedentes, liquidación o constancia alguna que justifique la aplicación del monto sancionatorio, viciando la motivación de la Resolución ENRE N° 428/03;

    Que seguidamente y, por razones de brevedad, se hace remisión a los contenidos del Recurso de Reconsideración interpuesto, según constancias de fojas 2436/2453;

    Que sobre la base de los argumentos sostenidos por la recurrente y, compartiendo el dictamen obrante a fojas 2465/2469 del Expediente del Visto, este Ente responde:

    Que de ningún modo la Resolución ENRE N° 428/03 se encuentra viciada en sus elementos de objeto, procedimiento y motivación por las razones de hecho y derecho que a continuación se exponen:

    Que efectivamente: con relación al objeto, la Resolución antes mencionada aplica una sanción a la generadora sobre la base de incumplimientos a conductas previamente reglamentadas por la Resolución ENRE N° 32/94 y la Resolución ENRE N° 52/95 como así también por las resoluciones enumeradas en el Considerando Primero de la presente que han aprobado los PGA de la generadora térmica, imponiendo en sus artículos segundo y tercero que los programas ambientales siguientes debían ser presentados durante el cuarto trimestre del período ambiental que fenecía, debiendo remitir los informes de avance en la forma y plazos dispuestos por la Resolución ENRE N° 32/94;

    Que asimismo, el desarrollo y sustanciación del sumario ha respetado el debido proceso por cuanto la recurrente ha sido oída y ha ejercido debidamente su derecho de defensa por medio de la formulación de descargo. La Resolución sancionatoria se ha circunscripto exclusivamente a los hechos determinados en la formulación de cargos, los que han sido analizados por la recurrente en su descargo, sobre la base de la plataforma fáctica y disposiciones normativas que han sustentado la decisión final contando además, con diez días vista posteriores a la notificación de la Resolución y anteriores al plazo para ejercer la vía recursiva, a los fines de profundizar y analizar las actuaciones que motivaron la sanción;

    Que resulta oportuno consignar que las manifestaciones vertidas por la recurrente en esta instancia impugnativa son una repetición a las ya alegadas en oportunidad de presentar el respectivo descargo, no incorporando en la materialidad de su impugnación, nuevas pretensiones que no hayan sido ya desarrolladas y analizadas al momento de fundamentar la aplicación de una sanción por parte de este Ente;

    Que en aquella oportunidad, el ENRE se explaya en la real intelección de las potestades de control ejercidas por éste, sobre las políticas de prevención y constatación de resguardo de los ecosistemas y porqué la naturaleza de estas facultades inherentes al Estado imponen la necesidad de un control ex - ante al cumplimiento de la obligación y no ex - post por cuanto, tornaría ilusorio cualquier reproche posterior de una posible contaminación o menoscabo a los ecosistemas existentes, porque desvirtuaría las facultades de prevención que deben ser efectivamente anteriores, porque son preventivas y no reparadoras o reconstructivas de los bienes que jurídicamente son protegidos y pudieren ser menoscabados;

    Que cabe consignar que las potestades de control preventivo antes indicadas y ejercidas por este Ente, son totalmente independientes de la manifestación de la voluntad del Estado que se expresa posteriormente, en instancias de aprobar por medio del dictado de un acto administrativo los programas ambientales como así también, es independiente si esta expresión de voluntad estatal es inmediata o no al cumplimiento de la obligación por parte del sujeto obligado;

    Que este Ente ha aprobado los PGA cuando éstos no han merecido objeción alguna sobre los requerimientos mínimos acerca del contenido de los mismos, reglamentados por la Resolución ENRE N° 32/94 y, para el caso de las generadoras térmicas, también por la Resolución de Secretaría de Energía N° 149/90, circunstancia claramente especificada en las respectivas resoluciones de aprobación de los PGA pero, de ningún modo significa con ello, que se han consentido las presentaciones extemporáneas de los programas ambientales y los informes de avance;

    Que puede citarse la Resolución ENRE N° 527/02 de fecha 20 de noviembre de 2002 que aprueba el PGA correspondiente al período 2001/2002 que, establece en su artículo segundo que: “...la aprobación de los PGA mencionados en la cláusula primera, se efectúa sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle por la presentación fuera de término, tanto del PGA como de los informes de avance que correspondan al mismo, así como por el incumplimiento de las actividades contenidas en cada uno de ellos...”;

    Que se ha considerado en la Resolución objeto de impugnación que la naturaleza del bien jurídico a proteger impone rigurosos términos y plazos de cumplimiento por parte de los agentes del MEM;

    Que contrario a lo manifestado por CENTRAL DOCK SUD S.A., la Resolución ENRE N° 32/94 no ha sido derogada y modificada por la Resolución ENRE N° 555/01 para corregir un error jurídico sobre los plazos de presentación de los PGA y los informes de avance trimestrales sino que: a los fines de procurar la excelencia en la protección del ecosistema, la Resolución ENRE N° 555/01 introduce un nuevo sistema de gestión ambiental y dispone que cada agente lo diseñe tomando como referencia principios, sistemas y técnicas de apoyo o normas equivalentes, con procedimientos de certificación en el control y gestión ambiental, como IRAM ISO 14001 e IRAM ISO 14004 y, cuyo funcionamiento será auditado anualmente por una entidad u organismo de Certificación de Sistemas de Calidad de reconocido prestigio e independencia;

    Que resulta consecuente que, el nuevo sistema y control de gestión ambiental impone la necesidad de fijar presentaciones semestrales sobre el desarrollo de los programas ambientales y no trimestrales como imponía el régimen anterior al dictado de la Resolución ENRE N° 555/01;

    Que lo que interesa al Estado es el conocimiento anterior de las operaciones y actividades realizadas por el administrado y si éstas se adecuan y obedecen a las normativas aplicables en la materia por cuanto, resulta redundante para la recurrente recordarle que los ordenamientos jurídicos y marco regulatorio vigentes en materia ambiental, se suponen conocidos por ésta quién, valga la redundancia, no puede alegar en derecho su propia torpeza (Título I - artículos 1 y 2 del Código Civil) y pretender que este Organismo de Control le esté recordando sistemáticamente como agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) el deber de cumplir con los plazos fijados por tal o cual reglamentación o Resolución, porque su incumplimiento se sancionaría con multa...;

    Que asimismo, por ser la recurrente una agente del MEM cuya actividad es la producción de energía eléctrica, la observación y cumplimiento de las normas que le imponen el ejercicio de su actividad deben ser observadas por ésta con mayor rigor por cuanto importa, no sólo una cuestión de interés público y aún general como dispone la Ley 24.065 sino que, las características de la misma impone por parte de su actor el mayor celo y resguardo en el cumplimiento de las mismas al comprender y comprometer derechos e intereses particulares y de la colectividad toda;

    Que sobre el incumplimiento formal argüido por la recurrente y que también fuera analizado en oportunidad de dictar la Resolución ENRE N° 428/03, se ha explicado sobre la potestad del Estado de tutelar bienes jurídicos de orden e interés público como es la protección del ambiente, que no es meramente formal sino sustancial, siendo independiente de las políticas que en materia ambiental imparta el Estado, las que encuentran su real procura en la satisfacción del bien común como finalidad primigenia, precisamente citada por la recurrente;

    Que el artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce que: “todos los habitantes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras ... y tienen el deber de preservarlo ... Las autoridades proveerán a la protección de este derecho ... corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección... entonces, como el Estado puede prevenir la protección de este derecho, evidentemente que esa prevención debe hacerse antes que se desarrolle la actividad que pueda afectarlo para, precisamente evitarlo y no consentir su vulneración o menoscabo;

    Que la intelección del precepto constitucional antes señalado no indica cómo el Estado deberá proveer a la preservación del ambiente, encomendándole la organización, sistematización y disposición de acciones también preventivas para asegurar su protección (como es el caso que nos ocupa) y, no simplemente reparadoras - resarcitorias si el daño ya se hubiere producido;

    Que sobre la base de las consideraciones precedentes, resulta redundante expedirse sobre la confección y presentación de los programas ambientales como herramientas conducentes al alcance de fines superiores como así también, resulta redundante expedirse sobre las presentaciones tardías de esta documentación porque ya se encuentran respondidas en los Considerandos que preceden, resultando evidente que: la no presentación en término de los programas ambientales y la documentación que informa sobre la ejecución y desarrollo de los mismos, ha cercenado las facultades de control estatal en cuanto hace al ejercicio de esta potestad preventiva e inherente exclusivamente al Estado;

    Que por último, la extinción de la sanción por prescripción, alegada por la recurrente, por aplicación supletoria del artículo 62 inciso 5) del Código Penal, resulta inoficiosa, toda vez que: el ilícito penal administrativo es una trasgresión al deber de colaborar con la administración en la realización de sus fines de bien común y, no la prevención y represión de la delincuencia como vulneración del orden jurídico general como es el derecho penal y, por consiguiente, la multa no es una sanción penal porque permite sancionar a personas jurídicas, situación que no resulta aplicable en el derecho penal (Mariennhoff - tomo IV - pag. 618);

    Que además, el derecho penal administrativo es un derecho especial que se nutre del derecho administrativo y del derecho penal y, la naturaleza jurídica de los bienes protegidos por este Ente, no son producto de caducidad alguna al representar potestades propias e inherentes del Estado y que hacen al bien común por lo que resultan imprescriptibles, al conformar uno de los fines propios de su existencia;

    Que en cuanto a la irrazonabilidad del monto de la multa, la no proporcionalidad entre la pena prevista en la norma y la conducta del agente como la contradicción con los actos propios alegados por la recurrente cabe determinar que DOCK SUD S.A. por tratarse de un agente del MEM no concesionario, le cabe la aplicación del artículo 77 de la Ley 24.065 por la derivación efectuada por las Resoluciones ENRE N° 51/95, 52/95 y 71/95 es decir que es facultad discrecional de este Ente, la aplicación de una sanción entre los montos consignados en esta normativa que fija un mínimo de cien pesos y un máximo de cien mil pesos;

    Que por consiguiente, si nos atenemos a los hechos que motivan la aplicación de la sanción y que se encuentran específicamente detallados en la Resolución ENRE N° 428/03 y Resolución D. AMB. 150/03 a los que hacemos remisión por razones de brevedad, se infiere palmariamente que este Ente al aplicar a la recurrente una multa de Pesos Ocho Mil, ha respetado y observado los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben imperar en el ejercicio discrecional de potestades por parte de la Administración;

    Que asimismo, de ningún modo este Organismo de Control ha contrariado el principio de los actos propios toda vez que, si la recurrente consulta y examina los Decisorios dictados por este Directorio en la materia y que preceden a la Resolución objeto de impugnación, apreciará que todos ellos guardan congruencia y similitud con la decisión adoptada en la Resolución ENRE N° 428/03 como así también y, como se dijo en los Considerandos precedentes, han merituado la naturaleza y gravedad de las faltas incurridas, según Resolución D. AMB. 150/03 y Resolución ENRE N° 428/03, precisamente reconocidas por la recurrente en oportunidad de formular descargo y en el Recurso de Reconsideración impetrado por la misma;

    Que por otra parte, el principio de legitimidad que impera en los actos de la Administración supone que el principio de buena fe prima en el dictado de los mismos, presunción iuris tantum, cuya carga de la prueba se encuentra a cargo de quién alega lo contrario, circunstancia no acaecida en autos por cuanto, la recurrente ha omitido acreditar cuál ha sido la vulneración y vicio del acto que ha afectado este principio;

    Que basta con la simple lectura del Acto objeto de impugnación para inferir que el mismo ha sido dictado por autoridad competente, expresa causa y objeto, se encuentra debidamente motivado y determina el fin de define el dictado del mismo y, en concordancia con el artículo 12 de la Ley 19549, ha sido emitido conforme al ordenamiento jurídico vigente, presunción no desvirtuada por argumento alguno y suficientemente válido argüido por la recurrente, que permita revocar la Resolución ENRE N° 428/03;

    Que con relación a las consideraciones precedentes, quedan totalmente desvirtuadas las alegaciones de quejosa por la falta de motivación de la multa impuesta por cuanto, las atribuciones ejercidas por este Ente han sido expresamente detalladas y analizadas en el acto de formulación de cargos y en el acto de aplicación de la sanción como así también, reiterado en los enunciados que preceden;

    Que por último y, con referencia a la falta de dictamen jurídico previo y demás argumentos de la recurrente se responde:

    Que el ENRE en el dictado de la Resolución ENRE N° 428/03 ha observado las formalidades impuestas por el artículo 7 inciso d) de la Ley 19.549 por cuanto, el Memorandum D. AMB. N° 150/03 y obrante a fojas 2391 del Expediente del Visto, constituye el dictamen jurídico requerido por esta norma por cuanto, si advierte la recurrente, en su contenido se sostiene el criterio que posteriormente se plasma en el proyecto de Resolución que acompaña al mismo, se encuentra firmado por un asesor jurídico de este Organismo y avalado con la firma del Jefe del Departamento y el Jefe del Area donde emana el dictamen jurídico y anteproyecto adjunto según, la materia a resolver;

    Que asimismo los fundamentos del dictamen antedicho son jurídicos y sustentan el acto a dictarse expresando: “...sobre la base de las consideraciones precedentes, el anteproyecto adjunto rechaza los argumentos sostenidos por la Central Térmica...”

    Que por otra parte y en relación a la separación de la persona del asesor jurídico que emite el dictamen del instructor propiamente dicho alegado por la recurrente, se estima que ha efectuado una interpretación errónea sobre la verdadera intelección de la normativa contenida en el artículo 7 inciso d) de la Ley 19.549 y Resolución ENRE N° 23/94, toda vez que la impugnante no respeta el principio jurídico que: “no debe distinguirse donde la ley no distingue” y, en este sentido, sólo se requiere como elemento esencial del acto que el dictamen del asesor jurídico preceda al acto;

    Que sobre los servicios permanentes de asesoramiento jurídico, alegados por la quejosa, se consigna que: la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo - Sala V - causa 47.151/99 - fallo de fecha 15 de noviembre de 2000 ha dicho con relación al dictamen legal del Ente: “Por la índole de la opinión requerida, en la generalidad de los procedimientos, la opinión vertida en un dictamen es de orden técnico - jurídica, motivo por el cual si bien el ente tiene una gerencia de asuntos legales para atender el trámite de las causas judiciales o aquellas que especialmente se le asignen, en los restantes casos en cada área existe un letrado que es quién dictamina en forma conjunta con el técnico para lograr un acabado asesoramiento previo a la decisión”. ( op. cit. “Derecho de la Energía Eléctrica” - Rubén A. Barreiro - pag. 796 - Editorial Abaco - Edición setiembre 2002 );

    Que además, el Area de Asuntos Legales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad se ha expedido en Memorandum A.L. N° 1297/95, de fecha 10 de enero de 1995 analizando acabadamente la interpretación acordada al artículo 7 inciso d) de la Ley 19549 reconociendo que los abogados que se encuentren afectados a prestar servicios de las distintas áreas del Ente, conservan una dependencia jerárquica del área ante las que actúan y conservan una relación técnica con el Area de Asuntos Legales y cuya función es preservar la uniformidad de los criterios legales adoptados por el ENRE;

    Que consecuente con las expresiones vertidas precedentemente, los motivos que agravian las pretensiones de la recurrente ya se encuentran respondidos y analizados en la Resolución objeto de impugnación los que, han sido nuevamente reiterados y ampliados en el acto impugnatorio impetrado por la recurrente, haciendo remisión además de lo dicho en este Acto, al contenido de los Considerandos de la Resolución ENRE N° 428/03 por razones de brevedad;

    Que sobre la base de los Considerandos que anteceden se encuentran desvirtuados los argumentos de nulidad absoluta esgrimidos por la recurrente toda vez que, ha sido acreditado que la Resolución ENRE N° 428/03 es válida al encontrarse confirmados los siguientes aspectos: el órgano que ha dictado la misma se encuentra legalmente facultado, se han expresado las razones de hecho y derecho que la respaldan y el motivo y causa de su dictado, sobre la base de un objetivo concreto y determinado en una finalidad específica con arreglo a la ley, respetando los derechos de las partes, intereses generales, procedimiento y modos indicados por la ley ritual previo al dictado de dicha Resolución;

    Que por todo ello, corresponde rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por CENTRAL DOCK SUD S.A. en contra de la Resolución ENRE N° 428/03 y elevar los antecedentes a la Secretaría de Energía a los fines de considerar el Recurso de Alzada interpuesto en subsidio;

    Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD se encuentra facultado para el dictado del presente Acto sobre la base de lo dispuesto por el artículo 63 incisos a) y g) de la Ley N° 24.065;

    Por ello;

    EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE

    ARTICULO 1.- Rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por “CENTRAL DOCK SUD SOCIEDAD ANONIMA” contra de la Resolución ENRE N° 428/2003 de fecha 24 de setiembre de 2003, dictada por el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD sobre la base de los Considerandos de la presente Resolución.

    ARTICULO 2.- Elevar a la SECRETARIA DE ENERGIA los antecedentes obrantes en el Expediente ENRE N° 5752/98 en virtud del Recurso de Alzada interpuesto por CENTRAL DOCK SUD S.A. contra de la Resolución ENRE N° 428/2003.

    ARTICULO 3.- Notifíquese a “CENTRAL DOCK SUD SOCIEDAD ANONIMA”

    ARTICULO 4.- Regístrese, comuníquese y archívese.
    RESOLUCION ENRE N° 391/2004
    ACTA N° 702
    Jorge Daniel Belenda,
    Vocal Tercero.-
    Julio César Molina,
    Vocal Segundo.-
    Ricardo Alejandro Martínez Leone,
    Vicepresidente.-
    Citas legales:Resolución ENRE 0428/2003 Biblioteca
    Resolución ENRE 0197/1999 Biblioteca
    Resolución ENRE 0023/1994 Biblioteca
    Resolución ENRE 0032/1994 Biblioteca
    Resolución ENRE 0051/1995 Biblioteca
    Resolución ENRE 0052/1995 Biblioteca
    Resolución ENRE 0527/2002 Biblioteca
    Resolución ENRE 0555/2001 Biblioteca
    Resolución ENRE 0057/2000 Biblioteca
    Resolución ENRE 0071/1995 Biblioteca
    Resolución SSE 0149/1990 Base de datos 'Biblioteca', Vista '(Por Tipo B)'
    Ley 24.065 - artículo 63 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 77 Biblioteca
    Ley 19.549 Biblioteca
    Constitución Nacional - artículo 028 Biblioteca
    Constitución Nacional - artículo 033 Biblioteca
    Constitución Nacional - artículo 041 Biblioteca
    Código Penal - artículo 062 Biblioteca
    Acta ENRE 702/2004 Biblioteca
    Bibliografía citada:Barreiro, Rubén A. "Derecho de la energía eléctrica. Dinámica legal, derechos y obligaciones del usuario. Tratamiento exegético del marco regulatorio eléctrico. Texto ordenado de las leyes 15.336, 24.065 y normas reglamentarias. Concordado, comentado y anotado con jurisprudencia administrativa y judicial". Buenos Aires: Ábaco de Rodolfo Depalma, 2002. 1027 p. Libros