Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0097/2020. (no publicada en B.O.) , miércoles 19 de agosto de 2020, 8 p..

Citas Legales : Código Tributario Municipal (Ullum), Constitución nacional, Constitución nacional - artículo 075 inciso 18), Contrato de concesión (Transener S.A.), Contrato de concesión (Transener S.A.) - artículo 27, Decreto 00277/2020, Decreto 01807/1993, Dictamen AJ 0139/2017, Ley 01.705 (San Juan), Ley 14.772, Ley 15.336, Ley 15.336 - artículo 12, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 23.548, Ley 24.065, Ley 24.065 - artículo 01, Ley 24.065 - artículo 02 incisos c) y f), Ley 24.065 - artículo 16, Ley 24.065 - artículo 17, Ley 24.065 - artículo 22, Ley 24.065 - artículo 35, Ley 24.065 - artículo 35 inciso b), Ley 24.065 - artículo 36, Ley 24.065 - artículo 54, Ley 24.065 - artículo 56, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a) y s), Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); j) y s), Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 24.065 - artículo 66, Ley 24.065 - artículo 66 inciso a), Ley 24.065 - artículo 67, Ley 24.065 - artículo 72, Ley 24.065 - artículo 77, Ley 26.190, Ley 27.191, Ley 27.541, Ley 27.541 - artículo 06, Pacto Federal para el Empleo la Producción y el Crecimiento (1993), Resolución SE 0008/2002, Resolución SE 0008/2002 - anexo III - punto 10., Resolución SEE 0061/1992, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 17, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 17 - punto 3., Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 11, Resolución SEyM 0108/2001, Resolución SRRyME 0007/2019

Fallos Citados : Corte de Justicia. Salta; fallo: "Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta -EDESA S.A.- Acción de inconstitucionalidad" (Expte. N° CJS 27.395/05)" [17 de Mayo de 2005], CNFed. Cont. Adm. Sala 5; fallo: "Hidroeléctrica El Chocón S.A. c/ Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Secret. Energ. Nac.) Resoluciones 5/21/112/94. Causa N° 33.145/94" (20 de mayo de 1996), CSJN; fallo: "Edenor S.A. c/ Municipalidad de Gral. Rodríguez s/ acción declarativa - medida cautelar" [5 de octubre de 1999]

Expediente Citado : EX-2020-34747448-APN-SD#ENRE



CIUDAD DE BUENOS AIRES, MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DE 2020

    VISTO el Expediente Nº EX-2020-34747448-APN-SD#ENRE, y

    CONSIDERANDO:

    Que mediante Nota digitalizada como IF-2020-34889448-APN-SD#ENRE se presenta la empresa SOLARGEN ULLUM SOCIEDAD ANÓNIMA (SOLARGEN ULLUM S.A.) solicitando la intervención del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) en relación a la pretensión fiscal de la Municipalidad de ULLUM, Provincia de SAN JUAN, consistente en la fijación de una contribución por generación de energía eléctrica, equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del total de los ingresos que factura, la cual califica de ilegítima.

    Que, en orden a fundamentar su posición, señala que, según la legislación municipal, se trata de una tasa fijada como contraprestación por los servicios de contralor de seguridad, higiene y salubridad sobre la actividad que la generadora desarrolla.

    Que cuestiona la naturaleza del tributo cuyo pago le exige el Municipio de Ullum, afirmando que SOLARGEN ULLUM S.A. desarrolla una actividad que se encuentra sujeta a regulación exclusiva de las autoridades nacionales, por lo tanto no podría recibir de la autoridad municipal ningún servicio, lo que pone en evidencia que en realidad lo que se le está reclamando es el pago de un impuesto que cae sobre los ingresos brutos por la generación de energía eléctrica y no la contribución o tasa legislada en el Código Tributario Municipal.

    Que según afirma, la pretensión municipal resulta violatoria de: i) la Ley Nº 23.548 de Coparticipación Federal, ii) el Pacto Fiscal II (del 12 de agosto de 1993), en el cual se acordó la derogación de los impuestos provinciales específicos que graven la transferencia de energía eléctrica, iii) el Régimen Federal de Energía Eléctrica establecido por las Leyes Nacionales Nº 15.336 y Nº 24.065 y iv) el régimen de energías renovables regulado por la Ley Nacional Nº 26.190 y su modificatoria, la Ley Nº 27.191 y por la Ley Provincial Nº 1.705.

    Que, asimismo, pone de resalto que, SOLARGEN ULLUM S.A. ya abona al ENRE una tasa por la prestación de los servicios de verificación y control.

    Que, en tal sentido, indica que por aplicación de lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley Nº 24.065, la generadora ingresa a este Ente Nacional la tasa prevista en dicha normativa. Señala que su presupuesto de procedencia es idéntico al de la tasa que el Municipio de Ullum exige a SOLARGEN ULLUM S.A., procede por la prestación de servicios de verificación y control, y recae sobre sus ingresos brutos.

    Que reitera que, por disposición de las Leyes Nacionales Nº 24.065 y Nº 29.191, el municipio no puede prestar ningún servicio sobre las instalaciones que SOLARGEN ULLUM S.A. tiene en su ejido territorial, sino que lo hace la autoridad nacional y por lo que efectivamente abona la tasa al ENRE.

    Que finalmente, sostiene que no es admisible que se le exija el pago de DOS (2) tributos idénticos por la prestación de UN (1) único servicio nacional, además de que el municipio interfiere en las acciones de verificación del ENRE, careciendo de poder de policía que lo habilita a inspeccionar las actividades de generación de energía renovable.

    Que la Asesoría Jurídica (AJ) de este Ente Nacional señaló que, la Ley Nº 24.065 declara que la generación destinada total o parcialmente a abastecer de energía a un servicio público será considerada de interés general, afectada a dicho servicio y encuadrada en las normas legales y reglamentarias que aseguran el normal desenvolvimiento del mismo (conf. artículo 1, párrafo 2° del citado marco regulatorio eléctrico).

    Que en función de la importa social que presenta la generación de energía eléctrica, ha sido calificada por el legislador como actividad de interés general y, por lo tanto, se halla sujeta a regulación estatal en tanto esté asociada al abastecimiento del transporte y distribución de electricidad.

    Que esa regulación, en lo que respecta al ámbito de competencia del ENRE, comprende las normas que imponen a los generadores, la obligación de operar y mantener sus equipos e instalaciones de manera tal que no constituyan peligro para la seguridad pública (artículo 16 de la Ley Nº 24.065), debiendo cumplir con las reglamentaciones y resoluciones que emita el ENRE al efecto (artículo 56 de la Ley Nº 24.065).

    Que el artículo 17 de la misma ley, establece la función del ENRE de controlar que la infraestructura física, las instalaciones y la operación de los equipos de generación, transporte y distribución se adecúe a las medidas de protección de cuencas hídricas y de los ecosistemas involucrados y la emisión de contaminantes.

    Que, además, cuando los agentes ingresan al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), se comprometen en los términos establecidos en el punto 3 del Anexo 17 de Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobados por Resolución Ex SEE N° 61/1992, sus modificatorias y complementarias (-LOS PROCEDIMIENTOS- texto según Resolución Ex SRRyME N° 7/2019, Boletín Oficial N° 34.083, del miércoles 27 de marzo de 2019, pp. 24-25), al cumplimiento de las normas que rigen ese mercado y que han sido dictadas por la SECRETARÍA DE ENERGÍA en ejercicio de las facultades que le otorgan los artículos 35 y 36 de la Ley Nº 24.065, tales como el Procedimiento Técnico N° 11, Anexo 24 “SMEC”, “SOTR”, Resolución de la Ex SECRETARÍA DE ENERGÍA Y MINERÍA (Ex SEyM) N° 108/2001, entre otras, cuya fiscalización se encuentra a cargo del ENRE.

    Que, por lo expuesto, resulta claro que este Ente Nacional despliega en relación a los agentes generadores de energía eléctrica del MEM funciones regulatorias de control y fiscalización, contando con la facultad de aplicar sanciones a los no concesionarios (conforme artículo 77 del citado marco legal) ante violaciones o incumplimientos de la Ley Nº 24.065 y sus normas reglamentarias.

    Que, asimismo, cuenta con facultades jurisdiccionales resolviendo controversias entre agentes del MEM (artículo 72) y también ejerce funciones de autorización al otorgar las autorizaciones de acceso al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a aquellos agentes que pretenden inyectar su producción al sistema eléctrico (artículo 2 incisos c) y f), 22, 56 incisos a), j) y s), 63 incisos a) y g) de la Ley N° 24.065).

    Que todo ello compone la prestación del servicio regulatorio que el ENRE brinda a los agentes generadores del MEM y que justifican el pago de la tasa de fiscalización y control establecida en los artículos 66 y 67 de la Ley Nº 24.065.

    Que, sobre la naturaleza de la tasa, en la sentencia dictada la Causa Nº 33.145/94 “Hidroeléctrica El Chocón S.A. c/ Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Secret. Energ. Nac.) Resoluciones 5/21/112/94” el 20/5/1996, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, señaló: “… el aporte que realizan (anualmente y por adelantado; art. 67, primer párrafo, de la ley 24.065) los generadores, transportistas y distribuidores de energía eléctrica, definido prístinamente como tasa (arts. 66, inciso “a” y 67 de la ley), contribuye a conformar el presupuesto del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, a modo de retribución, por los servicios, funciones y facultades que, a fin de cumplir los objetivos enunciados en el art. 2 de la ley (ver art. 54), aquél prestará, con arreglo a la previsión del art. 56, cada año en curso. Precisamente la nota retributiva que presenta el referido aporte es la que permite encuadrarlo en el concepto de tasa, delineado claramente en la redacción de la normativa, en tanto su cobro se anuda a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio determinado y con ella se cubre su gasto, también determinado (conf. Fallos 307:412 -voto del Dr. Fayt- y causa C. 1003. XXI “CÍA. QUÍMICA S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE TUCUMÁN s/ RECURSO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO Y ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD”, del 5/9/89: (Fallos 312:1575)”.

    Que ahora bien en lo que hace al ejercicio de la potestad municipal, de legislar sobre cuestiones vinculadas a la seguridad de los pobladores de su ámbito territorial, salubridad, higiene, etc., cabe citar la doctrina expuesta en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Salta en la causa “Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta -EDESA S.A.- Acción de inconstitucionalidad" (Expte. N° CJS 27.395/05), en el que se ha sostenido: “Que la tasa por actividades diversas establecida en los art.2, grupo A y art.3, ap. 15 de la Ordenanza Tributaria anual 2004 de la Municipalidad de Tartagal -Pcia. de Salta- sobre el monto de los ingresos brutos o facturación del servicio público de electricidad, es una facultad municipal y no del ente regulador de los servicios públicos, en tanto este último ejerce el poder de policía referido al servicio público por el cual percibe la tasa de fiscalización y control, atribuciones que no se identifican con los servicios previstos en la norma tributaria municipal, de contralor, salubridad, higiene y asistencia social y cualquier otro no retribuido por un tributo especial y que tienda al bienestar de la población”.

    Que en el precedente citado también se puso de relieve que: “Que como lo ha dicho la Corte Suprema Nacional (Fallos, 322:2331), según lo dispuesto por las leyes 14.772, 15.336 y 24.065 la prestación del servicio público interconectado de generación, transporte y distribución interjurisdiccional de electricidad, es de competencia nacional en razón de constituir el ejercicio del comercio y de promover a la prosperidad, el adelanto y el bienestar general del país (Fallos, 295:338, especialmente considerando 6° y sus citas; 305:1847, voto de mayoría y su cita y considerandos 4°, 5° y 7° de la disidencia del juez Guastavino; 310:1567, considerandos 5° del voto de mayoría y 7° de la disidencia del juez Belluscio; conf. también doctrina de Fallos, 292:26, considerandos 15 y 16 del voto de mayoría y 21 del voto concurrente).

    Que la mencionada jurisdicción nacional -a menos que contenga alguna exención acordada en virtud de lo dispuesto por el artículo 75 inciso 18 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL- es compatible con el ejercicio del poder de policía y de la potestad fiscal por las provincias y sus municipalidades, ya que es la regla -y no la excepción- la existencia de jurisdicciones compartidas entre el ESTADO NACIONAL y los Estados Locales (Corte Suprema de Justicia de la Nación -CSJN-, Fallos, 186:170; 271:186; 296:432). Sobre el particular, se ha señalado que "...uno y otro ejercicio (del poder de policía y de la potestad fiscal por parte de las autoridades locales) no deben condicionar de tal modo la prestación del servicio que puedan obstruirlo o perturbarlo, directa o indirectamente" (Fallos, 213:467 y su cita).

    Que esta corte, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado (Tomo 60:689; 82:793; 83:953, entre otros) que la imposición de tasas presupone la existencia de un requisito fundamental, como es que al cobro del tributo debe corresponder, siempre, la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio al contribuyente (CSJN, Fallos, 312:1575 y sus citas), debiendo guardar, la recaudación total del tributo, proporcionalidad con el costo del servicio público efectivamente prestado por la comuna (Fallos, 319:2211). En idéntico sentido, el artículo 67, tercer párrafo, de la Constitución Provincial, determina que "Las tasas retributivas de servicios exigen su efectiva prestación".

    Que también se dijo que los términos del precepto anteriormente transcripto, dan cuenta de que se trata de una tasa, en la cual el hecho imponible surge de la configuración efectiva del presupuesto normativo, es decir, la realización de una actividad comercial, industrial o de servicio, y en tanto exista la organización y prestación de servicios públicos municipales que permiten el desarrollo seguro, ordenado y rentable de las actividades mencionadas. Y, los servicios descriptos en la norma, tienen por finalidad el resguardo del bienestar general de la población, antes que proporcionar una ventaja o beneficio individual al contribuyente.

    Que dicha tasa -puntualizó esta corte- se inscribe dentro del ámbito de facultades que, por su naturaleza, son propias de los municipios. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado, con cita de Joaquín V. González, en Fallos, 156:323; 320:619, entre otros, que "el régimen municipal que los Constituyentes reconocieron como esencial base de la organización política argentina al consagrarlo como requisito de la autonomía provincial (art. 5°), consiste en la Administración de aquellas materias que conciernen únicamente a los habitantes de un distrito o lugar particular sin que afecte directamente a la Nación en su conjunto y, por tanto, debe estar investido de la capacidad necesaria para fijar las normas de buena vecindad, ornato, higiene, vialidad, moralidad, etc. de la Comuna y del poder de preceptuar sanciones correccionales para las infracciones de las mismas..." (Fallos, 322:2331, considerando. 7).

    Que, la tasa examinada pertenece a la órbita de las facultades municipales y no como alega la actora (fojas 171, segundo párrafo in fine) a la del Ente Regulador de los Servicios Públicos.

    Que ello es así porque, de acuerdo con las normas antes transcriptas, el Ente Regulador de Servicios Públicos de SALTA (ENRESP) ejerce el poder de policía referido "al servicio" público, respecto del cual tiene facultades para dictar reglamentos, ejercer el control de su cumplimiento y sancionar su incumplimiento, por lo cual percibe la llamada Tasa de Fiscalización y Control. Esas atribuciones no se identifican con los servicios previstos en la norma tributaria municipal, de contralor, salubridad, higiene y asistencia social, y cualquier otro no retribuido por un tributo especial, y que tienda al bienestar de la población; además, en modo alguno impiden que el municipio regule y perciba la tasa retributiva por la prestación de tales servicios -como se señaló- en resguardo del bienestar general de la población”.

    Que en lo que respecta a la actividad fiscal del Municipio de Ullum y su control de legalidad, cabe tener en consideración que, el artículo 12 de la Ley N° 15.336 establece que “Las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en las mismas no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación. No se comprende en esta exención las tasas retributivas por servicios y mejoras de orden local”.

    Que sobre esa disposición la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el artículo 12 no consagró una inmunidad impositiva absoluta, y que debe respetarse el poder de policía e imposición local, en tanto no interfieran en el cumplimiento de los fines perseguidos por la ley nacional (Fallos: 322:2598, considerando 9).

    Que como fuera más arriba señalado, el más alto tribunal fijó su posición favorable con respecto a la constitucionalidad de esas tasas, siempre y cuando lo recaudado por el cobro de éstas sea a cambio de una efectiva prestación de un servicio por parte del Estado, que pretenda el cobro de la misma.

    Que, ahora bien, en el presente caso, la generadora cuestiona la legalidad del tributo fijado por la Municipalidad de Ullum, sosteniendo que no se trata de una tasa retributiva de servicios porque ningún servicio se le presta a SOLARGEN ULLUM S.A., sino lo que se pretende es el cobro de un impuesto, que recae sobre los ingresos brutos por la generación de energía eléctrica.

    Que, al respecto cabe señalar, que éste no es el ámbito para discutir sobre la naturaleza jurídica y la constitucionalidad del tributo, a cuya aplicación resiste la generadora, se trata de una cuestión que corresponde someter a conocimiento exclusivo del Poder Judicial, por ser una función privativa de esa autoridad el análisis de la compatibilidad de la norma local con el orden jurídico.

    Que lo expuesto es corroborado por numerosos precedentes jurisprudenciales, entre ellos, la sentencia dictada recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Transportadora Mar del Plata S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ acción declarativa de certeza (CSJ 1425/16)” del 25/6/2019, en donde señaló “La acción declarativa por la que se pretende hacer cesar la incertidumbre respecto a la pretensión de la Provincia de Buenos Aires de gravar con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos la actividad exenta que realiza una empresa, esto es la construcción, operación y mantenimiento de la obra de interconexión eléctrica, corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues existe cuestión constitucional atinente a la alegada afectación que el tributo local podría producir en la regulación del sistema de energía eléctrica, que es materia reservada al gobierno central” (dictamen de la procuradora fiscal que la corte hace suyo).

    Que, es decir, resolver si la potestad tributaria municipal entra en crisis con la política energética nacional establecida por las Leyes Nº 15.336 y Nº 24.065, así como su confrontación con la ley de coparticipación federal de impuestos, constituye una cuestión cuyo conocimiento corresponde únicamente al poder judicial, en este caso, el de la Provincia de SAN JUAN.

    Que lo expuesto resulta acorde con el criterio sentado en el Dictamen AJ N° 139/2017, en el cual la Asesoría Jurídica del ENRE se expidió sobre la viabilidad de reconocer a las concesionarias de transporte -en el marco de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)- los importes que abonan en diversos conceptos de tasas e impuestos locales, sosteniendo que sobre la base de lo dispuesto en el artículo 27 del Contrato de Concesión de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER S.A.) y equivalentes de las otras transportistas por distribución troncal que, “ … a fin de que resulten viables sus reclamos ante el ENRE para que adopte las medidas que considere necesarias a fin de restablecer la equivalencia de las prestaciones recíprocas, las concesionarias previamente deberán procurar que la Justicia determine, en cada caso, la legalidad de los tributos que pretendan se reflejen en su tarifa, o bien demostrar por otro medio idóneo, su compatibilidad con el régimen federal”.

    Que la pauta referida ha sido receptada en numerosas resoluciones ENRE, resultando de aplicación también al supuesto bajo análisis aun cuando se trata de un agente del MEM no concesionario, ello así, por cuanto en el ordenamiento legal argentino, sólo el poder judicial tiene a su cargo el control de constitucionalidad de las leyes, normas y actos administrativos.

    Que, en tal sentido, cabe traer a colación las consideraciones efectuadas en el dictamen de la señora procuradora fiscal en la causa CENTRALES TÉRMICAS PATAGÓNICAS SOCIEDAD ANÓNIMA c. Provincia del CHUBUT s/ acción declarativa (Fallos 336:1415), en el que señaló: “Que a tenor del art 1° de la ley 24.065, la actividad realizada por la actora, en tanto está destinada a abastecer un servicio público (el de transporte y distribución de energía eléctrica en el MEM) se considera "de interés general, afectada a dicho servicio y encuadrada en las normas legales y reglamentarias que aseguren el normal funcionamiento del mismo”. “Que resulta a mi juicio ostensible que, a pesar de no encontrarnos ante un servicio público, la generación de energía también ha sido rodeada por el legislador federal de una serie de garantías cuando está afectada a abastecer al sistema federal de energía eléctrica. Es cierto que en el art. 60 de la ley recién mencionada se establece que los generadores podrán celebrar contratos de suministro directamente con distribuidores y grandes usuarios, y que estos contratos serán libremente negociados entre las partes -el mercado a término, según el art. 35, inc. a-. Pero también lo es que la generación de energía para su venta en el mercado spot -de la que trata la presente causa, como señalé ut supra- fue producto de una regulación más minuciosa, que con base en lo dispuesto por los arts. 35, inc. b), 36 y cc. de la ley 24.065, dejó sentado -entre otros extremos- que la autoridad nacional (en aquel momento la Secretaría de Energía) dictará una resolución que deberá disponer que "los generadores perciban por la energía vendida una tarifa uniforme para todos en cada lugar de entrega que fije el DNDC, basada en el costo económico del sistema.". Es la uniformidad de la tarifa que han de percibir los generadores que vendan su producción en este mercado un punto en torno al cual pivota la política nacional diseñada a tal efecto.

    Que, sobre la base de estas premisas, tengo para mí que dicha autoridad nacional, con aplicación de la mentada norma del art. 12 de la ley 15.336, y en ejercicio de la competencia atribuida por los arts. 36 y cc. de la ley 24.065, dictó primero la resolución 61/1992 de la ex Secretaría de Energía Eléctrica (y sus modificaciones) y luego la actualmente vigente, resolución 8/2002 (y sus modificaciones), en las cuales de manera indirecta en la primera y directa en la segunda (art. 10 del Anexo 1), decidió indubitablemente que en la forma de determinar el precio de la energía eléctrica entregada a CAMMESA y que, a su turno, ésta (como encargada del DNDC y del MEM) les facturaría por su venta a distribuidores y otros usuarios de este mercado -que involucraba el coste variable de producción de los agentes generadores- no debían incorporarse los tributos locales, puesto que configuraba una hipótesis de restricción o de dificultad en la libre producción y circulación de la energía eléctrica.

    Que, a todo evento, por si alguna duda cupiera, creo que ella se desvanece si, en primer término, se repasan los considerandos de la mencionada res. 8/2002, en cuanto la autoridad nacional entiende que las variaciones en la metodología por ella estipulada para el cálculo de los costos variables de producción que declaren los agentes generadores puede poner "en riesgo la sustentabilidad de su actividad y, consecuentemente, el suministro a los usuarios finales de todo el país.". Y, por otra parte, si se repara en las respuestas brindadas por CAMMESA (fs. 366/369) y la Subsecretaría de Energía Eléctrica (fs. 373/375), en las cuales mencionan y confirman que, en virtud de las disposiciones reglamentarias mentadas, la actora -ni ninguna otra generadora que actuase en el MEM- no incluyó el tributo aquí discutido en sus costos, los que fueron utilizados para la fijación del precio tarifado a percibir.

    Que, por ende, considero que tal declaración de la autoridad federal competente respecto de la conformación de la tarifa ha de implicar la exención del gravamen local discutido y goza de la presunción de legitimidad de todo acto administrativo (Fallos: 250:36, entre otros), y configura una conducta de la autoridad nacional que debe ser entendida en el contexto del reconocimiento de la consolidada jurisprudencia de la Corte de que "quien tiene el deber de procurar determinado fin, tiene el derecho de procurar los medios para su logro efectivo" (Fallos: 304:1186; 322:2624; 327:2369, entre otros)”.

    Que, sobre la base de los antecedentes jurisprudenciales referidos, normativa mencionada y análisis jurídico efectuado, la Asesoría Jurídica opinó que no corresponde al ENRE -por no ser de su competencia- entender en la cuestión planteada por SOLARGEN ULLUM S.A. en la presentación digitalizada como IF-2020-34889448-APN-SD#ENRE.

    Que, en virtud de lo expuesto, compartiendo los términos del dictamen precedentemente citado, el ENRE resulta incompetente para resolver la cuestión traída a su conocimiento.

    Que se ha producido el correspondiente dictamen jurídico en un todo conforme a lo dispuesto por el artículo 7 inciso d) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

    Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD se encuentra facultado para el dictado de la presente resolución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 incisos a) y s) de la Ley N° 24.065.

    Que el Interventor del ENRE resulta competente para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en los incisos a) y g) del artículo 63 de la Ley N° 24.065, en el artículo 6 de la Ley Nº 27.541 y el Decreto N° 277 de fecha 16 de marzo de 2020.

    Por ello,
    EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE:

    ARTÍCULO 1.- Declarar la incompetencia del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) para entender en la cuestión planteada por SOLARGEN ULLUM SOCIEDAD ANÓNIMA (SOLARGEN ULLUM S.A.) en la presentación digitalizada como IF-2020-34889448-APN-SD#ENRE.

    ARTÍCULO 2.- Notifíquese a SOLARGEN ULLUM S.A.

    ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese y archívese.
    RESOLUCIÓN ENRE Nº 097/2020
    ACTA 1622
    Lic. Federico José Basualdo Richards
    Interventor
    Ente Nacional Regulador de la Electricidad
    Citas legales:Resolución SE 0008/2002 Biblioteca
    Resolución SEE 0061/1992 Biblioteca
    Resolución SEyM 0108/2001 Biblioteca
    Resolución SRRyME 0007/2019 Biblioteca
    Decreto 00277/2020 Biblioteca
    Decreto 01807/1993 Biblioteca
    Ley 14.772 Base de datos 'Biblioteca', Vista '(Por Tipo B)'
    Ley 15.336 Biblioteca
    Ley 19.549 Biblioteca
    Ley 23.548 Biblioteca
    Ley 24.065 Biblioteca
    Ley 26.190 Biblioteca
    Ley 27.191 Biblioteca
    Ley 27.541 Biblioteca
    Contrato de concesión Biblioteca
    Acta ENRE 1622/2020 Biblioteca
    Fallos citados:Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Sala V, fallo: "Hidroeléctrica El Chocón S.A. c/ Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Secret. Energ. Nac.) Resoluciones 5/21/112/94". Causa N° 33.145/94 (20 de mayo de 1996 Libros
    Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo: "Edenor S.A. c/ Municipalidad de Gral. Rodríguez s/ acción declarativa - medida cautelar" [5 de octubre de 1999] Libros