Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0121/2004. (no publicada en B.O.) , jueves 26 de febrero de 2004, 4 p.

Citas Legales : Código civil - artículo 0001, Código civil - artículo 0002, Constitución nacional - artículo 017, Constitución nacional - artículo 018, Constitución nacional - artículo 019, Constitución nacional - artículo 028, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 041, Ley 19.549 - artículo 12, Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 24.065 - artículo 77, Resolución D.AMB. 0018/2003 (formulación de cargos a Praxair S.A.), Resolución ENRE 0032/1994, Resolución ENRE 0051/1994, Resolución ENRE 0052/1995, Resolución ENRE 0071/1995, Resolución ENRE 0415/2003, Resolución ENRE 0488/2001, Resolución ENRE 1196/1999

Expediente Citado : ENRE 06003/1998



BUENOS AIRES, 26 DE FEBRERO DE 2004

    VISTO: el Expediente ENRE N° 6003/1998, y

    CONSIDERANDO:

    Que la empresa generadora de energía eléctrica “PRAXAIR ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA” (PRAXAIR S.A.) interpone Recurso de Reconsideración y Recurso de Alzada en subsidio en legal tiempo y forma, en contra de la Resolución ENRE N° 415/2003 de fecha 24 de septiembre de 2003, que aplica a la recurrente una sanción de PESOS OCHO MIL (8.000) por incumplimiento a las obligaciones emergentes de las Resoluciones ENRE N° 32/94, ENRE N° 52/95, ENRE N° 1196/99 y ENRE N° 488/01, sobre los plazos de presentación de los Planes de Gestión Ambiental e informes de avances trimestrales referentes a estos Planes y que corresponden a los períodos ambientales: 19/2/99 - 30/6/2000, 1/7/2000 - 31/12/2000 y, 1/1/2001 - 31/12/2002;

    Que, PRAXAIR S.A. se remite a los antecedentes expuestos en el punto III - HECHOS del descargo presentado a fojas 253/261 del Expediente del Visto, haciendo remisión en el presente acto por razones de brevedad;

    Que, sin perjuicio de lo antes expuesto, en esta etapa recursiva PRAXAIR S.A. argumenta:

    Que, la Resolución objeto de impugnación es nula de nulidad absoluta por carecer de causa, motivación, finalidad y el procedimiento, y que ha sido dictado en violación de derechos, principios y garantías constitucionales previstas en los artículos 17, 18, 19 y 28 de la Constitución Nacional;

    Que, reitera el argumento esgrimo en oportunidad de efectuar el descargo, afirmando que en el caso de autos es de aplicación el principio de la ley penal más benigna;

    Que seguidamente y, por razones de brevedad, se hace mención a los contenidos del Recurso de Reconsideración interpuesto, según constancias de fojas 290/299 del Expediente del Visto;

    Que con relación al argumento de la sumariada respecto a los vicios de la Resolución atacada, debe afirmarse que de ningún modo la Resolución ENRE N° 415/03 se encuentra viciada en sus elementos esenciales por las razones de hecho y de derecho que a continuación se exponen:

    Que es sabido que la actividad administrativa debe tender siempre a satisfacer, directa o indirectamente necesidades de interés público, y en ese sentido, “la falta de cumplimiento de los plazos para la presentación del PGA y de los informes trimestrales sobre el avance de los trabajo, representa una infracción a las normas de prevención sobre protección del medio ambiente, ya que el ENRE debe analizar y evaluar los programas ambientales con anterioridad a su ejecución para determinar la oportunidad y conveniencia técnica de su desarrollo y si estos se adecuan a la protección de los ecosistemas donde la planta realiza sus operaciones”, (por Rubén A. Barreiro, Derecho de la Energía Eléctrica, pág.438/439, Ed. Abaco).

    Que el Estado Nacional ejercitando la potestad de raigambre constitucional (artículo 41 de la Constitución Nacional) y delegada a este Ente, se encuentra manifiesta en el dictado de los ordenamientos normativos que obligatoriamente rigen para todos los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) entre ellos, Resolución ENRE N° 32/94 y la Resolución ENRE N° 52/95.

    Que la Resolución atacada sanciona un incumplimiento derivado de las obligaciones de la quejosa en lo que respecta a la materia ambiental, por lo que no se puede desconocer que en ese Acto Administrativo esté ausente su finalidad, como elemento esencial, el carácter de interés público;

    Que, no obstante ello, la doctrina administrativa entiende que no es menester entonces que una norma requiera expresamente esa correlación entre la “finalidad” del acto y el “interés público” pues la actuación permanente de la Administración Pública para satisfacer dicho interés constituye un “principio” fundamental que en el Estado de Derecho se impone como ineludible resultado de la sumisión de la Administración al orden jurídico. (Marienhoff Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo - Abeledo Perrot, 1993).

    Que estamos frente a una “finalidad” verdadera no encubierta ni falsa ni distinta a la correspondiente al “objeto” o “contenido” del acto.

    Que lo que interesa al Estado es el conocimiento anterior de las operaciones y actividades realizadas por el administrado y si éstas se adecuan y obedecen a las normativas aplicables en la materia por cuanto, resulta redundante para la recurrente recordarle que los ordenamientos jurídicos y marco regulatorio vigentes en materia ambiental, se suponen conocidos por ésta quién, valga la redundancia, no puede alegar en derecho su propia torpeza (Título I - artículos 1 y 2 del Código Civil) y pretender que este Organismo de Control le esté recordando sistemáticamente como agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) el deber de cumplir con los plazos fijados por tal o cual reglamentación o Resolución, porque su incumplimiento se sanciona con multa....;

    Que, en cuanto a la falta de motivación esgrimida por la quejosa, cabe mencionar que la motivación de los actos administrativos aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, y en ese sentido el ENRE al aplicar la sanción recurrida ha observado y aplicado las normas jurídicas que legitiman su accionar;

    Que, la sanción impuesta salvaguarda el principio de razonabilidad del monto de la multa, destacando que a PRAXAIR S.A., por tratarse de un agente del MEM no concesionario, le cabe la aplicación del artículo 77 de la Ley 24.065 por la derivación efectuada por las Resoluciones ENRE N° 51/94, 52/95 y 71/95 es decir que es facultad discrecional de este Ente, la aplicación de una sanción entre los montos consignados en esta normativa que fija un mínimo de cien pesos y un máximo de cien mil pesos.

    Que, de las valoraciones precedentes, se infiere palmariamente que este Ente al aplicar a la recurrente una multa de Pesos Ocho Mil, ha respetado y observado los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben imperar en el ejercicio discrecional de potestades por parte de la Administración, por cuanto el artículo 77 de la Ley 24.065 fija un minimum de Pesos Cien ($ 100) y un maximun de Pesos Cien Mil ($ 100.000) el cual está claramente lejos del monto impuesto en la sanción recurrida;

    Que se rechazan los argumentos de aplicación al caso de marras del principio de la ley penal mas benigna alegados por la recurrente, toda vez que el derecho penal tiene por fin la prevención y represión de la delincuencia como vulneración del orden jurídico general mientras que el ilícito penal administrativo no es un delito de daño pues, se trata de penalizar la trasgresión al deber de colaborar con la administración en la realización de sus fines de bien común (“El Derecho Penal Administrativo y el Problema de su Autonomía) Juan Carlos Cassagne pag. 190/191) y, en este sentido, la multa no es una sanción penal, por esta razón es posible sancionar a personas jurídicas, situación que resulta inaplicable en el derecho penal (Mariennhoff - tomo IV - pag. 618) y, por esta razón el derecho penal administrativo es un derecho especial que se nutre del derecho administrativo y del derecho penal.

    Que los demás agravios de orden fáctico - jurídico enunciados por la PRAXAIR S.A. en esta etapa impugnativa son iguales a los ya mencionados en oportunidad de formular descargo, no agregando circunstancias nuevas y suficientemente idóneas que permitan revocar la Resolución objeto de impugnación;

    Que por consiguiente, si nos atendemos a los hechos que motivan la aplicación de la sanción y que se encuentran especificados en la Resolución 415/2003 y Resolución D. AMB 18/2003 a la que hacemos remisión por razones de brevedad, se infiere palmariamente que este Ente al aplicar a la recurrente una multa de Pesos Ocho Mil, ha respetado y observado los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben imperar en el ejercicio discrecional de potestades por parte de la Administración;

    Que basta con la simple lectura del Acto objeto de impugnación para inferir que el mismo ha sido dictado por autoridad competente, expresa causa y objeto, se encuentra debidamente motivado y determina el fin que define el dictado del mismo y, en concordancia con el artículo 12 de la Ley 19549, ha sido emitido conforme al ordenamiento jurídico vigente, presunción no desvirtuada por argumento alguno y suficientemente válido, argüido por la recurrente, que permita revocar la Resolución ENRE 415/2003.

    Que sobre la base de los Considerandos que anteceden se encuentran desvirtuados los argumentos de nulidad absoluta esgrimidos por la recurrente toda vez que, ha sido acreditado que la Resolución ENRE N° 415/2003 es válida al encontrarse confirmados los siguientes aspectos: el órgano que ha dictado la misma se encuentra legalmente facultado, se han expresado las razones de hecho y de derecho que la respaldan y el motivo y causa de su dictado, sobre la base de un objetivo concreto y determinado en una finalidad específica con arreglo a la ley, respetando los derechos de las partes, intereses generales, procedimientos y modos indicados por la ley ritual al dictado de dicha Resolución;

    Que a fojas 306/308 del Expediente del Visto, PRAXAIR S.A. acredita haber depositado bajo protesto en la cuenta N° 00002915/89 el importe de la multa impuesta por la Resolución ENRE N° 415/2003.

    Que por todo ello, corresponde rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por PRAXAIR S.A. en contra de la Resolución 415/2003 y elevar los antecedentes a la Secretaría de Energía a los fines de considerar el Recurso de Alzada interpuesto en subsidio;

    Que el Directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad se encuentra facultado para el dictado del presente acto de virtud de lo dispuesto por los artículos 63 incs. a) y g) de la Ley 24.065;

    Por ello;

    EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE

    ARTICULO 1.- Rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa generadora de energía eléctrica “PRAXAIR SOCIEDAD ANONIMA” en contra de la Resolución ENRE N° 415/2003 de fecha 24 de septiembre de 2003.

    ARTICULO 2.- Elevar a la SECRETARIA DE ENERGIA los antecedentes obrantes en el Expediente ENRE N° 6003/1998 en virtud del Recurso de Alzada interpuesto por PRAXAIR S.A. en contra de la Resolución ENRE N° 415/2003.

    ARTICULO 3.- Notificar a PRAXAIR S.A. por algunos de los medios previstos en el artículo 41 del Decreto Reglamentario N° 1759/72 (t.o. 1991).

    ARTICULO 4.- Regístrese, comuníquese y archívese.
    RESOLUCION ENRE N° 121/2004
    ACTA N° 688
    Jorge Daniel Belenda,
    Vocal Tercero.-
    Julio César Molina,
    Vocal Segundo.-
    Ricardo Alejandro Martínez Leone,
    Vicepresidente.
    Citas legales:Resolución ENRE 0415/2003 Biblioteca
    Resolución ENRE 0032/1994 Biblioteca
    Resolución ENRE 0051/1995 Biblioteca
    Resolución ENRE 0052/1995 Biblioteca
    Resolución ENRE 0071/1995 Biblioteca
    Resolución ENRE 1196/1999 Biblioteca
    Resolución ENRE 0488/2001 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 63 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 77 Biblioteca
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    Constitución Nacional - artículo 17 Biblioteca
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    Acta ENRE 688/2004 Biblioteca