Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0526/2004. Boletín Oficial n° 30.492, viernes 24 de septiembre de 2004, p. 17.

Citas Legales : Ley 25.561 - artículo 11, Nota ENRE 045.972, Ley 24.065 - artículo 62, Código civil - artículo 1946, Resolución ENRE 0438/2002, Resolución ENRE 0555/2002, Decreto 00214/2002, Ley 25.561 - artículo 08, Decreto 00320/2002, Decreto 00214/2002 - artículo 04, Decreto 00214/2002 - artículo 08, Decreto 00320/2002 - artículo 2, Ley 24.283, Ley 24.065 - artículo 56 inciso s), Ley 24.065 - artículo 63 inciso g), Ley 24.065 - artículo 72

Fallos Citados : CNFed. Cont. Adm. Sala 3; fallo: "Pluspetrol Energy S.A. c/ Resolución ENRE 458/02" (Expte. 176260/02) [10 de mayo 2004]

Expediente Citado : ENRE 05113/1998

(Nota: confirmada por Resolución ENRE 194/05 Biblioteca).

BUENOS AIRES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2004

    VISTO: Expediente ENRE N° 5113/1999, y

    CONSIDERANDO:

    Que la empresa COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. (en adelante, COBRA) solicitó - mediante Nota Entrada ENRE N° 68.419 de fecha 3 de julio de 2002, (fojas 1469/70) obrante en el Expediente del Visto - que se inicie la negociación del Ajuste Equitativo del canon correspondiente a la OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DOS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN DE 132 KV, UNA ENTRE LA ET RECREO 500/132 KV, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA, PROPIEDAD DE TRANSENER S.A. Y LA ET FRÍAS 132/13,2 KV UBICADA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, PROPIEDAD DE TRANSNOA S.A. Y LA OTRA ENTRE LA MENCIONADA ET RECREO 500/132 KV Y LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, PROVINCIA DE CATAMARCA, INCLUIDAS LAS OBRAS DE ACCESO A LAS ESTACIONES Y DESARTICULACIÓN DE LA T RÍGIDA EN ESTA ÚLTIMA LOCALIDAD.

    Que concretamente COBRA, basándose en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 25.561, requirió al ENRE la realización de los trámites correspondientes para obtener el reajuste equitativo de contrato referido;

    Que a partir de ello, este Ente solicitó a COBRA que informe el costo de obra al momento de la habilitación comercial desagregado en origen nacional e importado y abierto por distintos rubros, así como la financiación de la obra (fojas 1505), del referido Expediente;.

    Que dicha empresa - mediante Nota Entrada ENRE N° 73.541, (fojas 1518/24) obrante en el Expediente del Visto - envió los correspondientes cálculos, así como una propuesta de ajuste del canon.

    Que la metodología que utilizó fue la siguiente: recalculó el valor de la obra en pesos al mes de septiembre de 2002, es decir, presupuestó la misma como si la tuviera que construir de nuevo, atendiendo la situación actual en cuanto a provisión de materiales nacionales e importados, así como servicios y mano de obra. Para ello, agrupó las prestaciones del presupuesto original en rubros cuyo costo varía con el mismo parámetro. Luego, reemplazó estos parámetros por índices oficiales de variación análoga.

    Que esto permitió, según COBRA, extrapolar una polinómica que permite establecer el valor de la obra, en pesos, con su equilibrio restablecido a largo plazo. Asimismo, calculó el interés implícito en la oferta original, conjuntamente con una evaluación para la adopción de una tasa de financiación. Finalmente, elaboró un esquema para calcular el probable valor recuperado y su financiación a lo largo del tiempo.

    Que en función de lo anterior, COBRA informa que a septiembre de 2002 el monto del valor de obra con equilibrio establecido a recuperar es de (pesos diez millones seiscientos siete mil cincuenta y siete con cuarenta y dos centavos) $ 10.607.057,42 para RECREO FRÍAS y de (pesos dieciséis millones quinientos siete mil novecientos sesenta y nueve con treinta y un centavos) $ 16.507.969,31 para RECREO SAN MARTÍN y por ende, solicita que el número de meses para restablecer este reajuste equitativo sea de 240 (doscientos cuarenta) meses con un canon de (pesos ciento sesenta y siete mil setecientos noventa y dos con sesenta y ocho centavos) $ 167.792,68 para RECREO FRÍAS y de (pesos doscientos sesenta y un mil ciento treinta y nueve) $ 261.139 para RECREO SAN MARTÍN.

    Que a partir de esta información se confirió el pertinente traslado a los comitentes: la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, EDELAR S.A.), fojas 1528 y la empresa LOMA NEGRA CIASA (en adelante, LOMA NEGRA), fojas 1526;.

    Que LOMA NEGRA contesta el traslado (fojas 1538) señalando en primer lugar que en razón de la naturaleza y complejidad de la materia dicha información debiera estar auditada por una firma de auditores independientes y de reconocido prestigio.

    Que asimismo, señala que en función de la naturaleza misma de LOMA NEGRA, la empresa carece de Recursos técnicos necesarios para determinar con un grado de certeza razonable la corrección y procedencia de la información y método de cálculo realizado por la constructora. Por ello, solicita que una vez cumplido el primer punto el ENRE provea las medidas necesarias para determinar con un grado de certeza razonable la corrección y procedencia de la información y método de cálculo.

    Que finalmente, sobre los efectos del reajuste equitativo LOMA NEGRA interpreta que no sólo debe considerarse la situación de la parte que resulta acreedora de la obligación, sino también de la deudora de la misma.

    Que por su parte, EDELAR S.A., (fojas 1542/48) en respuesta al traslado otorgado, solicita que el ENRE despeje la incertidumbre sobre la naturaleza pública o privada del Contrato de Construcción a través del cual se implementara la construcción de la Obra de la referencia, lo cual entiende determina el régimen jurídico aplicable.

    Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD dio respuesta al requerimiento de EDELAR S.A. a través de su Nota ENRE N° 45.972, obrante a fojas 1560 a 1562 del Expediente del visto.

    Que al respecto, EDELAR S.A. realizó una presentación en la que señala que la Nota ENRE N° 45.972 (1564/67) fue emitida sin contar el Directorio del ENRE con el quórum exigido por virtud del artículo 62° de la Ley 24.065 al efecto de que este Ente manifieste su voluntad. Por ello, la Distribuidora interpreta que dicha nota resulta del todo inoperante, habida cuenta que no constituye una “manifestación de voluntad” del Organismo.

    Que asimismo, EDELAR S.A. mantiene que el ENRE se contradice respecto de la naturaleza jurídica del Contrato de Construcción en la nota de respuesta a esta Distribuidora y resoluciones anteriores del Organismo.

    Que a raíz de ello concluye que el propio ENRE ha reconocido que los Comitentes actúan por “delegación” del Estado Nacional y por tanto, EDELAR S.A. entiende que no son sino los representantes ex lege de la Administración Pública, de modo tal que por simple aplicación de la denominada “teoría de la representación” resulta factible postular que el Contrato de Construcción ha sido “celebrado por la Administración Pública”, bien que representada en ese acto por los Comitentes; la Distribuidora argumenta que esto es apoyado por lo dispuesto en el artículo 1946 del Código Civil.

    Que no obstante, EDELAR S.A. interpreta que el ENRE fundamenta su cambio de criterio en la existencia de la Nota N° 70.457 proveniente de la Secretaría de Energía, la cual obra en el Expediente ENRE N° 12.335/02; en función de ello solicita vista del Expediente antes mencionado, la cual es otorgada por este Ente Regulador.

    Que también formula reserva de ampliar y/o readecuar su posición.

    Que respecto a las presentaciones realizadas por los comitentes deben realizarse las siguientes consideraciones.

    Que independientemente del cuestionamiento sobre el emisor de la citada Nota N° 45.972, su contenido no hacía más que reiterar los fundamentos esgrimidos en la Resolución ENRE N° 438/02, parcialmente modificada por la Resolución ENRE N° 555/02.

    Que en cuanto dichas resoluciones declaran la procedencia de la aplicación del COEFICIENTE DE ESTABILIZACION DE REFERENCIA (en adelante CER) al presente contrato, significa necesariamente que el ENRE lo ha considerado como uno de naturaleza privada.

    Que estas resoluciones fueron notificadas a EDELAR S.A. (fojas1481 y 1512) y publicadas en el Boletín Oficial (fojas 1500 y 1514).

    Que, para mayor claridad se hace constar que en la mencionada Resolución se dijo que a partir del dictado de la Ley de Emergencia Económica quedó eliminada la relación del tipo de cambio de un peso igual a un dólar estadounidense vigente hasta ese momento; además que el art. 11 de dicha ley prevé que las prestaciones dinerarias exigibles a partir del 6 de enero de 2002 originadas en contratos celebrados entre particulares sometidos a normas de derecho privado, realizarán los pagos a cuenta en pesos, a la relación de cambio un peso igual un dólar estadounidense.

    Que asimismo, se indicó que con posterioridad a la sanción de la Ley N° 25.561, fue dictado el Decreto N° 214/02, siendo éstas normas de orden público y por tanto de aplicación obligatoria a las partes.

    Que además, se señaló que la Ley N° 25.561 estableció la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades en el PODER EJECUTIVO NACIONAL hasta el 10 de diciembre de 2003.

    Que por ello, en este caso particular, el Contrato de Construcción firmado entre las partes, está incluido en el Capítulo III “De las obligaciones originadas en los contratos entre particulares, no vinculadas al sistema financiero” del Título IV de la Ley N° 25.561 (Artículo 11); en este sentido se indicó que corresponde la aplicación del CER.

    Que se notificó, además, que estos argumentos fueron comunicados a la Secretaría de Energía mediante Nota Entrada ENRE N° 42.614 que obra en el Expediente ENRE N° 12.335/2002.

    Que en función de lo anterior, la Secretaría de Energía, mediante Nota Entrada ENRE N° 70.457 informó que dicho análisis era compartido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la Nación en su dictamen 144.538 del 6 de septiembre de 2002.

    Que por otra parte, este Organismo manifestó que con respecto a lo expresamente planteado en la nota de EDELAR S.A., quienes firmaron el Contrato de Construcción han sido los comitentes/beneficiarios, no habiendo suscripto el Estado dicho contrato como sí lo ha hecho al firmar los Contratos de Concesión de los servicios públicos.

    Que el Contrato de Construcción no se encuentra incluido en lo previsto por el art. 8 de la Ley 25.561 toda vez que el mismo excluye todos aquellos contratos que no hubieran sido suscriptos por la Administración Pública.

    Que la Excelentísima Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal en sentencia dictada en los autos “PLUSPETROL ENERGY S.A. c/ENRE Resol. 458/02” (Sala III, Expte. 176260/02, 10/3/04) ha reconocido a un contrato similar al presente su naturaleza privada.

    Que el ENRE nunca se ha expedido en sentido distinto del que surge de las resoluciones mencionadas;

    Que pasando a la consideración de la petición realizada, debe señalarse que, de acuerdo a las cláusulas vigésimo quinta y vigésimo sexta del contrato, toda controversia que se generara con motivo de la aplicación del mismo debía ser “sometida en forma previa y obligatoria a la jurisdicción del Ente Nacional Regulador de la Electricidad”.;

    Que surge de las constancias obrantes en el Expediente que se ha otorgado traslado de la propuesta de reajuste de canon a los sujetos que revisten la calidad de partes conforme lo establece el art. 11° de la Ley N° 25.561, siendo aquellos sujetos que celebraron el contrato en cuestión y las mismas han tomado la correspondiente intervención;

    Que, a los efectos de considerar la solicitud realizada por COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A., debe tenerse presente, en primer término, que se encuentra cumplida la condición material establecida por la ley en cuanto a la conclusión del plazo de 180 días para que las partes acordaran una reestructuración de sus obligaciones recíprocas.

    Que la ley 25.561, el dec. 214/02 y el dec. 320/02, constituyen el marco normativo sustancial en el cual debe encuadrarse el asunto traído a consideración.

    Que las normas aludidas determinan un mecanismo que podríamos sintetizar como: 1)pago a cuenta - aplicación del CER -(artículos 8° y 4° del dec. 214/02); 2)reajuste equitativo (el mismo art. 8° expresa que “si el valor resultante de la cosa, bien o prestación fuere superior o inferior al del momento del pago, cualquiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio”.

    Que por otra parte el Decreto 320/02 realiza alguna aclaración a lo dispuesto en el citado artículo 8° del Decreto 214/02, estableciendo en su artículo 2° que “...A los efectos del reajuste equitativo del precio, previsto en dicha disposición, se deberá tener en cuenta el valor de reposición de las cosas, bienes o prestaciones con componentes importados” .

    Que lo así establecido por el Decreto 320/02 se entiende en el marco de lo dispuesto en la ley 24.283 que en su artículo 1° reza: “Cuando deba actualizarse el valor de una cosa o bien, o cualquier otra prestación aplicándose índices, estadísticas u otro mecanismo establecidos por acuerdo, normas o sentencias, la liquidación judicial o extrajudicial resultante no podrá establecer un valor superior al real y actual de dicha cosa o bien o prestación, al momento del pago...”.

    Que siendo el valor de reposición el costo que demandaría reproducir a la fecha que se realiza la valuación, las propiedades afectadas al servicio, dicho costo deberá ser observado, considerado, “tenido en cuenta” (art.2° Decreto 320/02), a efecto de verificar su no superación con los cálculos que se realicen;

    Que determinado esta primera circunstancia para la realización del ajuste, cabe realizar algunas consideraciones respecto al carácter de equitativo que debe observar el mismo;

    Que las consecuencias que la Emergencia Pública dictada por la ley 25561 generadas en las relaciones contractuales superaron sin duda alguna la previsión de las partes, requiriendo los contratos una ecuánime adaptación a las nuevas circunstancias.

    Que el plexo normativo precedentemente indicado determinaron una solución que impone decidir para cada caso el alcance del ajuste equitativo legalmente establecido;

    Que el principio básico que establecen las normas al imponer el ajuste equitativo implica que todos (acreedor y deudor) soporten razonablemente las consecuencias de la emergencia de modo que nadie se beneficie con la misma a expensas del otro.

    Que una decisión resulta razonable, por ejemplo, si se toma en situaciones en que no sería aceptable o no podría adoptarse una decisión estrictamente racional, buscando un equilibrio entre exigencias contrapuestas, pero que necesariamente hay que considerar en la decisión;

    Que la razonabilidad no se plantea en relación a casos claros o rutinarios, sino a propósito de los casos difíciles, entendiendo que un caso puede categorizarse como difícil si, aplicando principios de racionalidad estricta, resulta que: 1) El caso no tiene solución, 2) Tiene una única solución que resultaría inaceptable o 3) Tiene más de una solución incompatibles entre si. Ejemplos (extremos) de ello sería admitir una solución que implique la liberación de la deuda mediante el pago de una suma con la aplicación de la paridad U$S 1 igual a $ 1, u otra solución sería el reconocimiento de dicha deuda a la paridad existente en la actualidad (U$S 1 igual a $ 3). Ambos ejemplos en el marco de la normativa legal de aplicación resultan soluciones incompatibles, inaceptables y por ende irrazonables;

    Que aplicado el CER al valor de la cosa, tal como legalmente está determinado y habiendo sido solicitado por una de las partes el ajuste equitativo, ante tal circunstancia debemos considerar los aspectos precedentemente señalados y además recordar que las disposiciones, dictadas por el Poder Ejecutivo en el marco de la ley 25.561, deben sustentarse según el art. 11° de la misma en el principio del sacrificio compartido.

    Que a los efectos del desarrollo metodológico, interesan las dos primeras etapas, ya que durante esos períodos se invierte y recupera el capital utilizado para la construcción de las instalaciones.

    Que en el caso de los contratos de construcción de obra, como el aquí tratado, la operación y mantenimiento de las instalaciones está a cargo de la Distribuidora troncal o transportista correspondiente, por lo que el canon establecido para el período de amortización no incluye el costo de este servicio.

    Que la oferta de canon realizada por el transportista independiente (TI)/constructor, incluye el financiamiento de la construcción, por lo que durante esa etapa los beneficiarios no aportan capital. Recién en el periodo de amortización el TI/constructor recupera el capital invertido y hace frente a las obligaciones contraídas que le permitieron construir las instalaciones.

    Que asimismo, durante la etapa de amortización, que comienza con la habilitación comercial de la obra, el TI opera y mantiene las instalaciones.

    Que si bien los contratos COM, y los de construcción de obra, tienen por objeto la ejecución de nuevas instalaciones para brindar el servicio de transporte de energía eléctrica, éstos no se corresponden estrictamente con los contratos de obras públicas.

    Que la diferencia fundamental, desde el punto de vista económico, entre unos y otros es la concepción implícita del negocio.

    Que en el caso de los contratos COM y los de construcción de obra, la oferta del TI o constructor a través del canon cierra económicamente al finalizar el periodo de amortización.

    Que recién con el cobro del último canon se recupera el capital invertido en la construcción y se obtiene la rentabilidad estipulada.

    Que claramente, en estos contratos, la relación contractual finaliza con el período de amortización.

    Que es el mismo constructor el que debe proveerse de financiamiento para asumir la construcción, y por ende, el responsable ante las instituciones financieras cuando se solicitaron préstamos.

    Que asimismo, los beneficiarios sólo se comprometen al pago del canon.

    Que además, determinadas las condiciones técnicas para la construcción, el concepto de financiamiento es el de mayor relevancia a la hora de la competencia por el menor canon.

    Que por el contrario, en las obras públicas, el contratista recibe cuotas por avance de obra, finalizando su cobro con la entrega del bien terminado.

    Que en este tipo de contrato, durante la construcción el contratista obtiene una rentabilidad por su trabajo.

    Que además, básicamente es el solicitante de la obra, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, el que la financia, sea con Recursos propios o a través de préstamos.

    Que por último, cabe agregar que la relación contractual finaliza con la entrega de la obra y el solicitante repaga los compromisos asumidos.

    Que teniendo en cuenta lo expuesto en los Considerandos anteriores, resulta necesario determinar, a los efectos de realizar el ajuste equitativo del canon, como primer paso, el costo de obra a recuperar que el constructor invirtió y aún no fue abonada por los cánones.

    Que para ello, se solicitó a COBRA el costo de la obra al momento de la habilitación comercial, abierto por rubros y detallando la componente nacional e importada de cada uno de ellos.

    Que el Área de Análisis Regulatorios y Estudios Especiales ha realizado un dictamen al respecto; (fojas 1584/93)

    Que dicho dictamen determinó que en la información presentada por COBRA, los valores de obra a septiembre de 2002 no se corresponden con las variaciones de los índices utilizados.

    Que lo expuesto parte del concepto de que el canon máximo aprobado por el organismo, es el resultante del canon de obra y del canon por financiación ofertado, teniendo explicitada además el valor de la tasa de interés utilizada en la oferta.

    Que el dictamen, considerando que la recomposición del canon debe realizarse a partir del dictado de la Ley de Emergencia, realizó un cálculo que tuvo por objeto: i) obtener el valor presente a la habilitación comercial de los cánones devengados a noviembre de 2001, último canon no ajustado por CER; ii) deducir el valor de i) al monto del costo de obra al momento de la habilitación comercial y, iii) calcular el valor futuro a noviembre de 2001 del monto determinado en ii).

    Que como resultado de esto, el dictamen realizado por el Área mencionada obtuvo el valor remanente del costo de obra expresado a noviembre de 2001, señalando que otra forma de arribar a este valor (expresado a noviembre de 2001) es calculando el valor futuro de la inversión y deducirle el valor futuro de los cánones devengados hasta noviembre de ese año.

    Que también, en el mencionado dictamen, se realizó un análisis de la participación del componente nacional e importado en la inversión realizada al momento de la habilitación comercial, considerando los siguientes rubros: insumos importados, insumos nacionales, mano de obra, servicios de terceros y otros (incluye gastos de explotación, de contratación, financieros e indirectos), se establecieron los porcentajes de participación de las distintas monedas en el costo de obra y se aplicaron al valor remanente del costo de obra expresado a noviembre de 2001.

    Que así pues, quedó desagregado el costo en moneda nacional y el costo en moneda extranjera de acuerdo a la tasa de cambio vigente en la convertibilidad,

    Que este valor (y su composición nacional e importado), sirvió como punto de partida para la determinación de la base de capital (pesificada) al 31/08/2003 sobre la cual se calculó el valor del nuevo canon, de acuerdo al siguiente esquema.

    Que la componente importada del costo de obra a recuperar, que incluye los insumos importados, los gastos financieros y el seguro, se ajustó por la tasa de cambio $/US$ promedio del período diciembre 2001 / agosto 2003, $2,97/US$.

    Que la porción nacional se actualizó con diferentes índices de precios, todos ellos publicados por INDEC, y considerando la variación ocurrida desde diciembre 2001 a agosto 2003, a saber: los insumos nacionales con el índice del costo de los materiales de la construcción (74,6%); la mano de obra por el rubro mano de obra del índice de costo de la construcción (19,6%) y los servicios a terceros con el índice de costo de la construcción, nivel general (46,85%). En cuanto a los otros gastos, su variación de 91,50%, se obtuvo de ajustar (77,42%) los gastos de explotación, que inciden en este rubro un 21,56%, y el resto que incide un 78,43%, con el rubro manufacturas y energía eléctrica del índice de precios internos mayorista (95,37%).

    Que la variación del 77,42% mencionada en el considerando anterior se obtuvo mediante una combinación lineal del rubro mano de obra del índice del costo de la construcción (part. 10%), del índice del costo de los materiales de la construcción (part. 50%) y del rubro manufacturas y energía eléctrica del índice de precios internos mayorista (part. 40%).

    Que en el dictamen que se comenta, al monto así obtenido debe restársele el valor de los cánones correspondientes al periodo diciembre 2001 a agosto 2003, expresados en pesos constantes del 31/08/2003.

    Que de esta forma, se toma como nueva base de capital, la suma de la componente nacional del costo de obra a recuperar a agosto de 2003 y la componente importada expresada en moneda nacional menos los cánones correspondientes al periodo antes mencionado (dic. 2001/ago.2003).

    Que una vez así definida la base de capital considerada a agosto de 2003 se puede establecer un nuevo canon, que no sería más que el pago anual equivalente de la base de capital considerando el plazo de repago y la tasa de rentabilidad reconocible.

    Que la rentabilidad reconocida sobre el capital invertido durante el periodo dic. 2001/agosto 2003, debe ser consistente con la que se reconoce para la determinación del nuevo canon.

    Que los contratos COM o de construcción de obra se materializan como una prestación en donde el TI / Constructor financia a los beneficiarios la construcción de las instalaciones cobrando un canon durante el periodo de amortización establecido. En consecuencia, las ampliaciones a la capacidad de transporte a través de este mecanismo tienen una componente asimilable a una actividad financiera.

    Que a partir de la sanción de la Ley N° 25.561 y los posteriores decretos del Poder Ejecutivo Nacional y comunicaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se determinaron las tasas máximas a ser consideradas en los casos de reestructuración de los préstamos pesificados. Así, básicamente se estableció un nivel de rentabilidad a percibir por las actividades financieras.

    Que de acuerdo a lo anterior, los bancos y entidades financieras podrán percibir una tasa máxima para los saldos de deuda recalculados hasta del 8% para préstamos otorgados a personas jurídicas, en operaciones sin garantía hipotecaria.

    Que considerando la metodología aplicada para la determinación del ajuste equitativo de los cánones en los contratos COM y de construcción, resulta válida como referencia los valores determinados por el Poder Ejecutivo para las actividades financieras.

    Que el referido dictamen tomó como tasa de rentabilidad a considerar para el cálculo resultante del ajuste equitativo de los contratos COM el 7%.

    Que de acuerdo a lo señalado en los Considerandos anteriores, el dictamen realizado por el Área de Análisis Regulatorios y Estudios Especiales determina una base de capital de la obra asciende (PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO) $ 11.722.894 para RECREO – SAN MARTÍN y (PESOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE) $ 7.987.611 para RECREO – FRIAS, expresados en moneda del 31/08/2003.

    Que con una tasa de rentabilidad del 7% (siete por ciento), y un período de amortización de 9 años y 5 meses (9,41 años) para RECREO - SAN MARTÍN y de 10 años y 4 meses (10,36 años) para RECREO - FRIAS, contados a partir de septiembre 2003, los nuevos cánones anuales resultantes son de (PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA) $ 1.742.670 y (PESOS UN MILLÓN CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE) $ 1.109.859, respectivamente.

    Que además del dictamen referido se solicitó a TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A. que realice un presupuesto actualizado del valor de la obra en cuestión;

    Que dicha empresa presenta un informe del que surge un valor actual de (PESOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS) $ 23.636.500 (fojas 1611/1624)

    Que conforme surge del contrato respectivo (ateniéndonos a la oferta del contratista, el monto del Contrato ascendió a U$S 19.204.370,40, discriminado en: a) valor obra: U$S 9.698.207,00 y b) valor de financiación: U$S 9.506.616,40;

    Que en virtud de los informes precedentes y los montos contractuales citados, resulta procedente atender a la consideración de la solicitud de reajuste equitativo realizada por COBRA, de conformidad con la normativa expresamente dictada al efecto;

    Que en el marco de lo expuesto, aparece como razonable y equitativo, que el valor del canon de obra a reconocer a partir de la declaración de la emergencia sea tal que ambas partes deban soportar por mitades el aumento del dólar respecto de la equivalencia que regía durante el período de la convertibilidad convirtiéndose el canon a la citada paridad (1 U$S igual a 1 $) con más el 50 % de la brecha entre ambas cotizaciones al día del efectivo pago.

    Que a ello debe adicionarse el componente financiero (valor canon financiero), calculado en función del período de pago faltante a partir de la declaración de la emergencia y de una tasa de interés que refleje las condiciones del actual momento, por otra parte la naturaleza del financiamiento por la seguridad de cobro involucrada en el circuito institucional establecido, puede caracterizarse como de bajo riesgo y en las actuales condiciones y perspectivas financieras del mercado, aparece atendible analizar la incidencia de una tasa de interés del 8 % anual.

    Que por otra parte, realizado bajo los principios de ajuste equitativo - sacrificio compartido, el cálculo del valor de la obra o cosa, debe además verificarse que dicho valor cumpla con lo determinado por el régimen de la ley 24.283 es decir no superar el valor de reposición.

    Que a efectos de calcular la recomposición del canon, la misma debe realizarse a partir del dictado de la Ley de Emergencia;

    Que para ello se debe: 1) obtener el valor presente a la habilitación comercial de los cánones devengados a noviembre de 2001, último canon no ajustado por CER; 2) deducir el valor de 1) al monto del costo de obra al momento de la habilitación comercial; 3) calcular el valor futuro a noviembre de 2001 del monto determinado en 2);

    Que como resultado de esto se obtiene el valor remanente del costo de obra expresado a noviembre de 2001;

    Que se debe proceder a pesificar ese valor utilizando el criterio de sacrificio compartido (tc igual a 1 más el 50% del incremento del tc), adicionándole una tasa del 8 % durante el período diciembre 2001/julio 2004;

    Que al monto resultante, deben descontársele los cánones devengados correspondientes a diciembre 2001/julio 2004, expresados en pesos del 31/7/2004;

    Que de esta manera se obtiene el Costo de obra, ajustada equitativamente, remanente a recuperar, a partir del cual se establece el nuevo de valor de canon/período de amortización, reconociendo una tasa de interés del 8 %, como dan cuenta los Anexos I y II que forman parte de la presente.

    Que el cálculo así realizado bajo los principios legalmente establecidos de ajuste equitativo y sacrificio compartido demuestra que los valores y plazos del pago a cuenta concedido según lo prescripto por el Decreto 214/02 (artículos 8° y 4°), resulta para el caso aquí tratado, razonable, por lo que no existe a criterio de este Ente, razón que justifique apartarse de las condiciones que actualmente se encuentran fijadas al efecto;

    Que se ha elaborado el correspondiente dictamen técnico jurídico;

    Que el Directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad se encuentra facultado para el dictado de la presente Resolución, en virtud de lo establecido por el art. 11 de la Ley N° 25.561, el artículo 8 del Decreto N° 214/02, los arts. 56 inciso s), 63 inciso g) y 72 de la Ley N° 24.065 y el art. 25 del CONTRATO DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DOS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN DE 132 KV, UNA ENTRE LA ET RECREO 500/132 KV, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA, PROPIEDAD DE TRANSENER S.A. Y LA ET FRÍAS 132/13,2 KV UBICADA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, PROPIEDAD DE TRANSNOA S.A. Y LA OTRA ENTRE LA MENCIONADA ET RECREO 500/132 KV Y LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, PROVINCIA DE CATAMARCA, INCLUIDAS LAS OBRAS DE ACCESO A LAS ESTACIONES Y DESARTICULACIÓN DE LA T RÍGIDA EN ESTA ÚLTIMA LOCALIDAD.

    Por ello:
    EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE:

    ARTÍCULO 1.- Rechazar el pedido de reajuste equitativo realizado por COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A..

    ARTÍCULO 2.- Notifíquese a COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A., EDELAR S.A. S.A., y LOMA NEGRA C.I.A.S.A.

    ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
    RESOLUCIÓN ENRE N° 526/2004
    ACTA N° 716
    Jorge Daniel Belenda,
    Vocal Tercero.-
    Julio César Molina,
    Vocal Segundo.-
    Marcelo Baldomir Kiener,
    Vocal Primero.-
    Ricardo Alejandro Martínez Leone,
    Vicepresidente.
    Citas legales:Resolución ENRE 0438/2002 Biblioteca
    Resolución ENRE 0555/2002 Biblioteca
    Ley 25.561 Biblioteca
    Ley 24.283 Biblioteca
    Decreto 00214/2002 Biblioteca
    Decreto 00320/2002 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 56 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 62 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 63 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 72 Biblioteca
    Acta ENRE 716/2004 Biblioteca
    Fallo citado:Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Sala III, fallo: "Pluspetrol Energy S.A. c/ Resolución ENRE 458/02" (Expte. 176260/02) [10 de mayo 2004 ]Libros