Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0632/2007. (no publicada en B.O.) , jueves 27 de septiembre de 2007, 9 p.

Citas Legales : Resolución ENRE 0182/2007, Resolución ENRE 0182/2007 - artículo 3, Resolución ENRE 0524/2007, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 102, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 19.549 - artículo 12, Resolución ENRE 0524/2007 - artículo 2, Ley 19.549 - artículo 13, Estatuto social (Intesar S.A.), Ley 19.549 - artículo 14, Ley 19.549 - artículo 14 inciso b), Resolución ENRE 0868/2005, Ley 24.065 - artículo 11, Resolución ENRE 0868/2005, Ley 24.065 - artículo 56 inciso i), Ley 24.065 - artículo 54, Constitución nacional - artículo 042, Ley 24.065 - artículo 18, Ley 19.552, Ley 24.065 - artículo 16, Ley 19.552 - artículo 20, Ley 19.552 - artículo 09, Ley 19.552 - artículo 13, Ley 19.549 - artículo 01, Resolución ENARGAS 2389/2001, Ley 19.549 - artículo 01 inciso b), Ley 19.549 - artículo 07 inciso e), Ley 19.549 - artículo 17, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 56 incisos a) y s)

Fallos Citados : CNFed. Cont. Adm. Sala 2; fallo: "Edesur S.A. c/ ENRE (Causa N° 52.616/94)" [3 de febrero de 1998]

Expediente Citado : ENRE 21553/2006



BUENOS AIRES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007

    VISTO: El Expediente ENRE N° 21.553/2006, y

    CONSIDERANDO:

    Mediante Resolución ENRE N° 182/2007, se dispuso la afectación de servidumbres administrativas de electroducto de la Planimetría y el listado de las parcelas y propietarios afectados por la traza de la línea denominada: “INTERCONEXIÓN RINCÓN SANTA MARIA - RODRÍGUEZ, SUB TRAMO SUR - ET COLONIA ELIA - ET RODRÍGUEZ”, correspondiente al tercer tramo del sistema de transmisión asociado a la Central Hidroeléctrica Yacyreta;

    Que, la Resolución citada estableció en su artículo 3 : “La afectación de la servidumbre administrativa de electroducto será a favor de “TRANSENER S.A.”, siendo el Transportista Independiente, el responsable de realizar todas las acciones tendientes a la constitución definitiva de la servidumbre administrativa de electroducto conforme a la normativa vigente”;

    Que a fojas 612 a 722, “RATFORD S.A.” mediante Nota de Entrada N° 133.080, plantea la nulidad absoluta de la Resolución ENRE N° 182/2007;

    Que la empresa denuncia, que el acto administrativo adolece de los siguientes vicios: i) inexistencia de la transportista independiente “INTESAR S.A.” por no estar inscripta ante la Inspección General de Justicia, ii) error esencial y dolo en cuanto se tienen como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; iii) traza arbitrariamente dispuesta;

    Que por lo expuesto la empresa solicita, urgente suspensión de las obras y rediseño de la traza;

    Que a fojas 723 a 725, mediante nota de entrada N° 133.652, la transportista independiente de la obra, “INTESAR S.A.” solicita urgente rectificación y/o aclaratoria sobre la denominación o razón social de la empresa;

    Que, a razón de ello, se dicta la Resolución ENRE N° 524/2007 la cual resuelve la ambigüedad acaecida;

    Que recurre por Nota de Entrada N° 135.348 la sociedad “HARAS LA TRADICIÓN S.R.L.” e interpone nulidad absoluta de la Resolución ENRE N° 524/2007;

    Que declara en la misma que, “HARAS LA TRADICIÓN S.R.L”, es adquirente por compra, de los predios de “RATFORD S.A.” sitos en el partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires;

    Que expresa la recurrente que, dichos predios se pretenden afectados a servidumbre administrativa de electroducto por la Resolución ENRE N° 182/2007;

    Que la nulidad incoada por la sociedad, denuncia que el acto administrativo adolece de: i) extemporaneidad de la aclaratoria por plazo dispuesto en el artículo 102 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LNPA), ii) improcedencia formal de la aclaratoria por su contenido, iii) violación del procedimiento por ausencia del requisito esencial dispuesto en el artículo 7 inciso d) de la LNPA;

    Que en primer lugar, “RATFORD S.A.” solicita que se disponga la suspensión de los efectos del acto recurrido hasta tanto se resuelva la acción de nulidad;

    Que en la primera parte del artículo 12 de la Ley de procedimientos administrativos se establece que el acto administrativo goza de presunción de legitimidad;

    Que dicha presunción implica que el acto administrativo ha sido dictado con arreglo a las normas jurídicas que debieron condicionar su emisión;

    Que ello da lugar a que la Administración se ubique en una peculiar posición, que la doctrina ha denominado de autotutela. Tal situación obedece a la propia dinámica del actuar del Estado y a las finalidades de interés público que el mismo persigue. Ella consiste básicamente en que la Administración por sí misma cuenta con la facultad de definir una situación jurídica sin necesidad de tener que recurrir a un juez --autotutela declarativa-- y en la potestad de efectivizar materialmente la declaración contenida en el acto administrativo --autotutela ejecutiva- (Héctor Pozo Gowland Publicado en: LA LEY 1993-B, 424);

    Que el fundamento de este carácter deriva, de la presunción general de validez que acompaña a los actos estatales: a toda Ley se la presume constitucional, a toda sentencia se la considera válida, y a todo acto de la Administración se lo presume legítimo;

    Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha dictaminado que la presunción de legitimidad es la base que sustenta el deber del administrado de cumplir el acto, quien debe cumplirlo, sin perjuicio de los Reclamos y Recursos a que se creyere con derecho. Al no hacerlo, su conducta es válidamente aprehendida como antecedente del justo reproche. (Dictámenes: 199: 138);

    Que los actos impugnados gozan de plena ejecutividad, dado que los mismos son actos dictados con todos los recaudos que prescriben la normas legales, y por lo tanto tiene fuerza obligatoria;

    Que para que la administración suspenda los efectos del acto dictado, debe observar en el mismo, una nulidad manifiesta y notoria lo cual a simple vista no podría subsanarse;

    Que la Resolución ENRE N° 182/2007, no refleja la situación descripta en el párrafo anterior, por lo que continúa implícitamente su fuerza ejecutoria;

    Que en virtud de lo expuesto, adelantamos que no corresponde suspender la Resolución recurrida;

    Que resulta de las presentaciones de “RATFORD S.A.” y las “HARAS LA TRADICIÓN S.R.L.”, denuncias que recaen sobre la transportista independiente estableciendo que, “INTESAR S.A.” e “INTEGRACIÓN ELECTRICA SUR ARGENTINO S.A.” son inequívocamente dos personas jurídicas distintas;

    Que las agraviadas ponen de manifiesto que, “INTESAR S.A.” es una sociedad inexistente por no estar inscripta ante la autoridad administrativa correspondiente;

    Que a fin de resolver la situación acaecida, este Ente Regulador ha tomado el recaudo de dictar la Resolución ENRE N° 524/2007 el cual establece la aclaratoria solicitada por la transportista independiente sobre su razón social o denominación;

    Que tal pronunciamiento, dilucidó la cuestión planteada por la transportista, en virtud de que la aclaratoria se fundamentó en determinar con precisión el sentido del acto, liberándolo de esta manera de las ambigüedades producidas;

    Que conforme la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación: “un acto es aclaratorio, cuando no contiene una alteración de la voluntad declarada en el precepto que se pretende aclarar”;

    Que tal como expresa la Resolución ENRE N° 524/2007 en uno de sus considerandos: “Los actos administrativos que involucran al Transportista Independiente “INTEGRACION ELECTRICA SUR ARGENTINA S.A.” deben ser interpretados conforme la aclaración que se dispone en el acto administrativo proyectado”;

    Que respecto de los agravios concretos que sostienen las reclamantes, ello ha quedado subsanado al establecer la Resolución citada en su artículo 2: “Establecer que la mención de “INTESAR S.A.” realizada en la Resolución ENRE N° 182/2007 y en todas aquellas actuaciones administrativas y/o judiciales en que este Ente se haya pronunciado, lo hizo con el fin de hacer alusión al Transportista Independiente INTEGRACION ELECTRICA SUR ARGENTINA S.A.”;

    Que la figura jurídica de la aclaratoria, supone que la sustancia del acto es la misma y que sólo se subsana una omisión, una contradicción o una ambigüedad;

    Que sus efectos son retroactivos y se considera el acto aclarado como si lo estuviera desde su nacimiento. (artículo 13 LNPA);

    Que sin perjuicio del dictado de la aclaratoria, es dable señalar que “INTESAR S.A.”, ha sido objeto de vastos actos administrativos dictados por este Ente Regulador;

    Que el Estatuto Social de la empresa recurrida, en su artículo 1 establece su denominación en “INTEGRACIÓN ELECTRICA SUR ARGENTINA S.A.”;

    Que corresponde aclarar, que ha sido uso y costumbre del Ente Regulador, denominar a la empresa INTEGRACIÓN ELECTRICA SUR ARGENTINA S.A. como “INTESAR S.A.” pues esto lo han avalado numerosas actuaciones realizadas en el ente como en el ámbito del mercado eléctrico;

    Que en este orden de ideas, no puede soslayarse que la supuesta irregularidad de la sociedad, acarree la nulidad de los actos administrativos, pues su presunción de legitimidad y su principio de ejecutoriedad es indiscutible;

    Que sobre este punto, “RATFORD S.A.” denuncia que la Resolución ENRE N° 182/2007 es nula de nulidad absoluta en virtud del artículo 14 de la LNPA.;

    Que la empresa, califica al acto administrativo dictado dentro de los lineamientos establecidos en el artículo cuando establece que: “El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable.....a) cuando la voluntad de la administración resultare excluida por error esencial; dolo en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos”;

    Que en principio vale destacar, las palabras de Hutchinson el cual establece que la Ley de Procedimientos Administrativos no contempla a la voluntad como elemento del acto. (Hutchinson, Tomás, Ley comentada de Procedimientos Administrativos);

    Que ahora bien, la LNPA se refiere a la “voluntad de la Administración excluida por error esencial”, aludiendo así a una situación que no es, técnicamente, en el marco del derecho privado, un supuesto de “error esencial” (Comadira, Julio Rodolfo, Procedimientos Administrativos Ley Comentada Tomo I);

    Que en efecto: “la exclusión de la voluntad configura, por definición, no un caso de voluntad viciada, como sucede con el error esencial, sino de inexistencia de voluntad”. (Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, p.513);

    Que se trata, como dice Marienhoff, de un supuesto de suma gravedad, ya que da como resultado la ausencia de o falta de voluntad;

    Que es por ello que, entonces, el error “esencial” excluyente de la voluntad que contempla el art. 14 inc. b) de la LNPA debería ser referido a los supuestos de exclusión o afectación grave de un elemento esencial del acto, y por lo tanto determinante de su nulidad absoluta;

    Que en ese sentido, el Estado para el cumplimiento de sus funciones, actúa por medio de órganos. La existencia de una “voluntad estatal” se exterioriza mediante una declaración expresada en formas legales. El acto administrativo se aprecia a través de esa declaración;

    Que adviértase que lo necesario, es que haya coincidencia entre la función atribuida por la norma del órgano y la finalidad que el acto concretamente consigue;

    Que ello se denota en toda la formación del acto administrativo recurrido, pues el espíritu del mismo fue creado en virtud de realizar las afectaciones a servidumbre administrativa a fin de regularizar la situación de las parcelas;

    Que en virtud de lo expuesto, observamos que en el acto argüido no se encuentra exclusión de voluntad como denuncia la recurrida, pues el Ente Regulador ha dictado la Resolución en concordancia con sus antecedentes;

    Que la acusación de “RATFORD S.A.” ante el Ente Regulador, que el acto administrativo dictado no posee “voluntad”, no tiene sostén jurídico ante el análisis expuesto;

    Que sigue el Reclamo de la recurrente y denuncia dolo en el acto administrativo cuestionado;

    Que se advierte que, el fundamento del vicio del dolo es la razón objetiva de la carencia de presupuestos de hecho;

    Que corresponde ante todo aclarar, que no se sostienen los fundamentos de la recurrida sobre la denuncia de dolo en acto, pues todos los actos administrativos dictados en las actuaciones de la referencia han sido analizados exhaustivamente y se desprenden en concordancia de lo actuado en el Expediente ENRE N° 18.393/2006;

    Que en relación con este vicio, y también respecto al error dijo Fiorini: “Por más errores que se mencionen, por más dolo que se denuncie, si éstos no se reflejan en los elementos esenciales del acto administrativo, no podrá presentarse la invalidez que pueda provocar la nulidad o anulabilidad del acto”(Fiorini B, La voluntad de los agentes en los actos administrativos, La Ley, 154 –1075);

    Que la Procuración Nacional del Tesoro ha sostenido que para la calificación del vicio de que pueden adolecer los actos administrativos, carece de toda trascendencia el dolo que haya sido producido por los administrados, porque tal proceder no importa el dolo del funcionario competente para dictar dichos actos (Dictámenes 113:120);

    Que asimismo, no se advierten las circunstancias antes señaladas en el dictado de la Resolución ENRE N° 182/2007, pues ella ha sido dictada conforme los lineamientos establecidos en la Ley;

    Que en primer lugar, no se ha demostrado de las presentaciones realizadas, por parte de las recurrentes, el agravio que adolece en sus parcelas la traza aprobada por la Resolución ENRE N° 182/2007;

    Que corresponde ante todo aclara que esta Resolución es consecuencia del acto administrativo dictado por el Ente Regulador en las actuaciones del Expediente ENRE N° 18.393/2006;

    Que en forma concordante, previamente al dictado de la Resolución recurrida se ha otorgado el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte, solicitado por el “COMITÉ DE EJECUCIÓN”, integrado por el “COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF)”, la UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISION YACYRETA (UESTY) y EMPRENDIMIENTOS ENERGETICOS BINACIONALES SOCIEDAD. ANONIMA. (EBISA) para ampliación a la capacidad de transporte para la construcción de la denominada TERCER TRAMO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ASOCIADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA YACYRETA (Resolución ENRE N° 868/2005;

    Que el mismo ha sido resuelto luego de un previo análisis de los informes de Impacto Ambiental presentados por la transportista;

    Que atento a ello, el trámite continua con la conformidad del Departamento Ambiental de nuestro Ente Regulador;

    Que adviértase sobre el tema, el fallo más reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el cual ha ratificado dichos certificados al expresar que: “En forma previa a realizarse cualquier ampliación de la red, corresponde al Enre expedirse sobre la utilidad pública de la obra, a cuyo fin debe emitir el correspondiente “Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública”. Así pues, el artículo 11 de la Ley N° 24.065 dispone que ningún transportista podrá comenzar la construcción y operación de instalaciones de magnitud que precisen la calificación del ente, ni la extensión o ampliación sin contar con aquel. El Enre publicará este tipo de solicitudes y dispondrá la realización de una audiencia pública antes de resolver sobre el otorgamiento del respectivo certificado”.(“Pluspetrol Energy S.A. c/ Resolución ENRE N° 458/02);

    Que para el dictado del mismo, se analizaron por parte del Departamento Ambiental del Ente Regulador el Impacto Ambiental propuesto;

    Que a estos efectos se transcribe el considerando pertinente de la Resolución ENRE N° 868/2005: “Que el Departamento Ambiental de este Organismo considera que la documentación que integra la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), ha informado que no existen inconvenientes para el llamado a la Audiencia Pública debiendo cumplimentar la información faltante con anterioridad a su celebración”;

    Que en segundo lugar, recuérdese la facultad del Ente Regulador de dictar la afectación de servidumbre administrativa que surge del artículo 56 inciso i): “El Ente tendrá las siguientes funciones y facultades....: Autorizar las servidumbres de electroducto mediante los procedimientos aplicables de acuerdo a los dispuesto por el artículo 18 de esta Ley, y otorgar toda otra autorización prevista en la presente”;

    Que es incuestionable la competencia del ENRE para realizar estos actos administrativos pues él posee las facultades que le ha otorgado la ley. Lo que conlleva, a una indiscutible fuerza ejecutoria y legitimidad del dictado de la Resolución ENRE N° 182/2007;

    Que esta potestad del Ente Regulador ha sido reconocida ampliamente por la Jurisprudencia judicial de modo que: “La Ley N° 24.065 –marco regulatorio del servicio público de electricidad-, crea el Ente Regulador de la Electricidad (artículo 54), y le otorga las facultades necesarias para el cumplimiento de los objetivos fijados en su artículo 2 de raigambre constitucional –artículo 42, Const. Nac.-“(CNCont.Adm.Fed., Sala II, 3/2/98, causa 52.616/94);

    Que sobre la base de los expresado precedentemente, se desprende el artículo 18 de la ley citada en cuanto establece: “Artículo 18: Los transportistas y los distribuidores gozarán de los derechos de servidumbre previstos en la Ley N° 19.552”;

    Que en ese sentido, cabe destacar que los transportistas gozan de los derechos de servidumbre establecidos en la Ley N° 19.552 y en el artículo 18 de la Ley N° 24.065;

    Que en el primer párrafo del apartado 1.8 de la Licencia Técnica para la mencionada obra, obrante en el Expediente ENRE N° 18.393/2005 se establece que la Transportista Independiente deberá realizar todas las tramitaciones y procedimientos necesarios para lograr la constitución de la servidumbre administrativa de electroducto;

    Que en consecuencia esa Transportista Independiente tiene la obligación de operar y mantener sus instalaciones y equipos de forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública (art. 16 Ley N° 24.065);

    Que la operación y mantenimiento están en íntima relación con las restricciones y limitaciones al dominio, establecidas mediante acto administrativo de afectación a servidumbre de electroducto;

    Que en el presente caso, es preciso aclarar y dar énfasis a las razones de interés público, que no es el interés de la administración sino el interés general o de la comunidad, conducen a considerar prioritaria la ejecución de una obra destinada a la prestación de un servicio público;

    Que ningún tercero podrá impedir la constitución de las servidumbres creadas por Ley y constituidas según la misma, ni turbar u obstruir su ejercicio (art. 20, Ley N° 19.552);

    Que el propietario del predio, que detentara la ocupación con anterioridad a la autorización de la servidumbre y su notificación al propietario, tienen derecho a ser resarcidos (art. 9 y 13 de la Ley N° 19.552);

    Que el análisis del mismo, nos conduce a afirmar que la nota distintiva de las servidumbres administrativas de electroducto es que están determinadas por el interés público ínsito en su constitución, actuando el Estado, al imponerlas, en el ámbito del derecho público (Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, tomo IV);

    Que en virtud de lo expuesto, no se encuentra fundamentos en determinar la irrazonabilidad e ilegalidad de la traza aprobada por el Ente Regulador como pretende la reclamante;

    Que respecto a la extemporaneidad que acusa “HARAS LA TRADICION S.R.L” de la Resolución ENRE N° 524/2007, no constituye la nulidad de la misma, pues es sabido que para que el acto administrativo sea considerado nulo de nulidad manifiesta y absoluta este debe estar viciado en sus elementos esenciales;

    Que nótese que ello, no es óbice para que un acto administrativo considerado legitimo, sea revocado como nulo, pues la notificación constituye en acto facultativo de la autoridad competente;

    Que a tal fin la observación de la extemporaneidad, aparece dentro de la esfera de los recaudos formales exigidos al acto dictado, y el incumplimiento de la administración, sin perjuicio de ocasionarlo, no afecta a la validez del acto, pues no existe nulidad por la nulidad misma, la que es directa consecuencia del principio de conservación de los actos jurídicos (Dictámenes 30-265; 71-128);

    Que es contundente la jurisprudencia la cual establece, que en materia de vicios de procedimientos, si en este caso los hubiere, ella participa del criterio de la “subsanación”. (CSJN Fallos 301:410; 302:1564);

    Que advertida la circunstancia por el Ente Regulador, la Resolución otorgando la aclaratoria fue una medida tendiente a la convalidación de sus actos administrativos;

    Que la extemporaneidad advertida no es perjudicial para el caso en autos, habida cuenta “ya que siempre subsiste para la administración la obligación de expedirse sobre las cuestiones planteadas (art. 1 de la Ley N° 19.549), lo que hace a la esencia del sistema republicano de gobierno” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala II (CNFedContenciosoadministrativo)(SalaII) ~ 2006-05-30 ~ Seidel, Germán R. y otros c. Ministerio de Economía);

    Que en el contexto de lo antedicho, es conocido por el derecho administrativo, que la administración goza del dictado de actos de carácter discrecional;

    Que su aplicación supone, que el funcionario puede utilizar su juicio y elegir entre más de un camino o medio de acción.(Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo Tomo I);

    Que en este caso, su conducta es legítima, cualquiera sea la decisión que adopte, pero puede no llegar a serlo si transgrede alguno de los llamados “limites a las facultades discrecionales”;

    Que los principales límites son: i) La razonabilidad, es decir la prohibición de actuar arbitraria o irrazonablemente), ii) la desviación de poder (prohibición de actuar con una finalidad impropia) y por último iii) la buena fe;

    Que en ese orden de ideas, no se estima, que el caso de autos resulte un acto abusivo en sus facultades discrecionales, pues advertida la confusión de la sociedad en cuanto a su razón social o denominación, y en virtud de la complejidad de las actuaciones, la extemporaneidad no constituye un vicio el cual deba producir el acaecimiento del acto administrativo;

    Que es dable mencionar que, el Estado no podría funcionar si careciera de la flexibilidad necesaria para adoptar la decisión más adecuada en cada instante y en cada lugar, dicha necesidad presupone la discrecionalidad administrativa, pues la Ley, por sus propias características formales y sus exigencias procedimentales, es incapaz de prever la respuesta que en cada caso requiere la satisfacción del interés general (Resolución ENERGAS N° 2389/2001);

    Que la discrecionalidad comporta la necesidad de tomar en cuenta criterios no solo estrictamente jurídicos para adoptar la decisión, sino también criterios técnicos o de mera oportunidad, mérito o conveniencia según sea el caso;

    Que así lo entendió este Ente Regulador al dictado de la Resolución aclaratoria de la razón social o de la denominación de la transportista independiente, pues dicho acto ratifica todo lo actuado en las actuaciones citadas;

    Que no puede soslayarse, que la Resolución recurrida por extemporaneidad, ha sido dictada en aras de proteger el sistema jurídico vigente, pues otorga seguridad jurídica a los actos dictados a fin de no violentar derechos legítimamente adquiridos;

    Que en este caso, el planteo de extemporaneidad denunciado por “HARAS S.R.L” resulta improcedente toda vez que la administración ha tenido en miras apaciguar la problemática surgida con su denominación;

    Que por los argumentos expuestos, el escenario convalida el acto administrativo dictado por el Ente Regulador;

    Que empero, no le corresponde a la Procuración del Tesoro de la Nación definir cuales son los servicios permanentes de asesoramiento jurídico de los entes descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, pues ellos serán definidos en la reglamentación interna que defina cada órgano según la especificidad de la materia en la que se trate;

    Que, el Ente Regulador, es un órgano creado por la Ley N° 24.065 en la cual se encuentra definida su especificidad;

    Que asimismo la LNPA en el artículo 1 inciso b) establece los principios de todo procedimiento administrativo el cual deberán aplicarse la celeridad, economía, sencillez y oficio en los trámites;

    Que en el caso de este Ente Regulador, los servicios de asesoramiento jurídico están dividos por Area y/o departamento en razón de la materia, de acuerdo con sus especificaciones correspondientes;

    Que de lo expuesto surge, que este sistema da garantía al procedimiento administrativo, pues el sistema adoptado por el Ente Regulador en la cual distintas áreas realizan dictamen jurídico previo, evita complicaciones, costos, lentos trámites administrativos que dificulten el desenvolvimientos de las actuaciones;

    Que en particular, el Area que ha dictado los dos actos administrativos recurridos, Area de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales, así como las demás áreas del Ente Regulador, cuenta con profesionales jurídicos y con la facultad para expedirse sobre las cuestiones planteadas;

    Que en estricto rigor, el dictamen previo exigido por la Ley, es un loable propósito tendiente a encauzar jurídicamente toda la actividad administrativa;

    Que el dictamen previo realizado en las resoluciones recurridas, ha sido dictado conforme el ordenamiento jurídico vigente, pues es notable que ambos han sido fundado en concordancia con el deber genérico de motivar los actos administrativos (art. 7, inc. e);

    Que los dictámenes citados, han generado implícitamente el derecho que tiene cada administrado a una decisión fundada, pues de esta manera confirman en los hechos, la presunción de legitimidad que se les atribuye;

    Que por lo expuesto precedentemente, estimamos que no se ha violado el derecho de defensa como arguyen las recurridas;

    Que denuncia “HARAS LA TRADICION S.R.L”, que el Ente Regulador omitió publicar en el boletín oficial la Resolución de la aclaratoria;

    Que ante esta denuncia, es dable recordar que el acto administrativo es una declaración unilateral emitida en ejercicio de una función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. (Dictámenes Tomo 235 Página 143) (Dictámenes 235:143);

    Que la recurrida pretende hacer extensiva la publicación pues sostiene que dicha omisión repercute en sus derechos, y ello acarrea la nulidad del acto;

    Que ello no es óbice para que esta Administración, dicte la nulidad del acto administrativo. Pues no configura un elemento esencial del acto, y dicha publicación ha sido conforme a los procedimientos establecidos para el mismo;

    Que asimismo, no se advierte el perjuicio que le ha provocado a la reclamante que el acto administrativo no le haya sido notificado, por el contrario en causa su razón que la parte que afecta dicho acto y por el cual ha sido la motivación del mismo ha sido notificada;

    Que atento a lo expuesto, “RATFORD S.A.” y las “HARAS LA TRADICIÓN S.R.L.” han denunciado vicios en los actos administrativos dictados y por lo tanto su consecuente nulidad de los mismos;

    Que en este contexto, debe tenerse en cuenta la limitación del artículo 17 de la Ley Nº 19.549, en cuanto constituye una excepción a la actividad revocatoria de la Administración, debe ser interpretada con carácter restrictivo, toda vez que su aplicación acarrea la subsistencia jurídica de un acto viciado de nulidad (Dictámenes Tomo 233 Página 329);

    Que aclárese sobre esta figura en particular, que la nulidad en el derecho público es excepcional, pues mientras no sobrevenga la revocación o no se declare la nulidad el acto administrativo se presume legítimo, es plenamente eficaz;

    Que ha sido demostrado claramente por este Ente Regulador en el presente dictamen, que los actos recurridos gozan de cumplimiento del 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos;

    Que es necesario destacar que la recurrente no ha demostrado la existencia de las condiciones del art. 12 de la Ley N° 19.549, por lo que resulta innecesario pronunciarse sobre la suspensión del acto solicitada;

    Que se ha dado cumplimiento al dictamen previo exigido en el artículo 7 inciso d) de la Ley N° 19.549;

    Que asimismo, el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD tiene competencia para el dictado del siguiente proyecto por las facultades contenidas en el artículo 56 incisos a) y s) de la Ley N° 24.065;

    Por ello,
    EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE:

    ARTICULO 1.- Rechazar la solicitud de nulidad interpuesta por “RATFORD S.A.” contra la Resolución ENRE N° 182/2007.

    ARTICULO 2.- Rechazar la solicitud de nulidad interpuesta por “HARAS LA TRADICION S.R.L.” contra la Resolución ENRE N° 524/2007.

    ARTICULO 3.- Notifíquese a “RATFORD S.A.” y a las “HARAS LA TRADICION S.R.L.”.

    ARTICULO 4.- Regístrese, comuníquese, y oportunamente archívese.
    RESOLUCION ENRE N° 632/2007
    ACTA N° 960
    Jorge Daniel Belenda,
    Vocal Tercero.-
    Marcelo Baldomir Kiener,
    Vocal Primero.-
    Ricardo Alejandro Martínez Leone,
    Vicepresidente.
    Citas legales:Resolución ENRE 0458/2002 Biblioteca
    Resolución ENRE 0868/2005 Biblioteca
    Resolución ENRE 0182/2007 Biblioteca
    Resolución ENRE 0524/2007 Biblioteca
    Ley 19.549 Biblioteca
    Ley 19.552 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 11 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 16 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 18 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 54 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 56 Biblioteca
    Constitución nacional - artículo 042 Biblioteca
    Acta ENRE 960/2007 Biblioteca