Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0387/2009. (no publicada en B.O.) , miércoles 22 de julio de 2009, 6 p.

Citas Legales : Resolución SICyM 0092/1998, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 19.549 – artículo 24 inciso a), Ley 24.065 - artículo 56 inciso b), Ley 24.065 - artículo 63 incisos a); b); k) y s), Ley 25.414 - artículo 2, Ley 24.240, Ley 24.240 - artículo 57, Ley 25.556 - artículo 1, Resolución ENRE 0207/1995, Resolución ENRE 0184/2009, Constitución nacional - artículo 014, Constitución nacional - artículo 014 bis, Constitución nacional - artículo 076

Expediente Citado : ENRE 26421/2008



BUENOS AIRES, 22 DE JULIO DE 2009.

    VISTO: El Expediente ENRE N° 26.421/2008, y

    CONSIDERANDO:

    Que la Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE) y en el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME), varias personas matriculadas en los mismos, la Cámara Argentina de Instaladores Electricistas (ACYEDE), el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME), la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas y Electromecánicas (CADIE-CADIEM), como también diferentes personas individualmente, han interpuesto Recurso de Reconsideración contra la Resolución ENRE N° 184/2009 dictada el 18 de marzo de 2009 por este ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD;

    Que los matriculados en el APSE presentados a fojas 384/386; 387/389; 390/392, 433/35, 437/39, 442/44, 446/48, 451/53, 454/56, 613/615, 626/682, 685/687, 690/704, 706/708, 713/736, 940/948, 1039/1169, fundamentan su posición en la situación de inestabilidad laboral que les provoca la Resolución cuestionada, señalando que la misma les impediría continuar desarrollando sus tareas profesionales de inspección de las instalaciones eléctricas de los usuarios, vulnerando así sus derechos y garantías consagrados en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional;

    Que en ese orden de ideas, alegan que con el dictado de la Resolución ENRE N° 184/2009 se han violado las disposiciones del artículo 2 de la Ley N° 25.414 que establece que el ejercicio de las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional no podrá provocar despidos;

    Que también refieren que el reglamento que impugnan, puede dar lugar a maniobras dolosas, puesto que pone en cabeza de las Distribuidoras la obligación de supervisar las instalaciones domiciliarias, o sea dicen, que quien está encargado de la distribución de la energía, controlará las instalaciones eléctricas;

    Que asimismo, plantean su disconformidad con el régimen establecido por considerar que no otorga seguridad ni calidad de servicio al usuario;

    Que por otra parte, a fojas 393/406, 409/427, 430/432, 436, 440/441, 445, 449, 450, 457, 623/625, 683, 684, y 705 obran agregadas presentaciones, todas del mismo tenor, algunas suscriptas por matriculados en el APSE y en el COPIME y también por otras personas físicas no matriculadas, que solicitan una revisión de la medida adoptada sobre la base de que no se ha consultado previamente con los sectores directamente involucrados, generando un escenario de absoluta desprotección para el usuario, al ignorar valiosos aspectos de la experiencia acumulada durante la aplicación de la Resolución ENRE N° 207/1995;

    Que invocan como fundamento de su pretensión la defensa del bien común y del interés público, los que -entienden- han resultado afectados por el dictado de la Resolución ENRE N° 184/2009;

    Que también a fojas 407/408, 458/611, 623/624, 737/852 y 866/939 se encuentran agregadas presentaciones de idéntico tenor a las arriba señaladas, en las cuales sin realizar una crítica concreta a la Resolución ENRE N° 184/2009, explican los beneficios que a su criterio proporcionaba el sistema anteriormente vigente;

    Que la Cámara Argentina de Instaladores Electricistas (ACYEDE) se presenta a fojas 428/429, por intermedio de su presidente, formulando un planteo de idéntico tenor a las impugnaciones formuladas a fojas 407/408, 458/611, 623/624, 737/852 y 866/939 por matriculados del APSE y COPIME;

    Que a su vez, a fojas 853 se presenta el Presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME) y sostiene su legitimación para recurrir el reglamento en cuestión, en razón de la afectación de intereses legítimos de sus matriculados, invocando también en forma genérica la afectación a ciertos aspectos relevantes de la seguridad pública;

    Que a fojas 949/960 el apoderado de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas y Electromecánicas (CADIE-CADIEM), conforme acredita a fojas 961/964, señala que el reglamento que cuestiona, distorsiona las reglas de la leal competencia entre los fabricantes de productos de las empresas asociadas, ya que permite la habilitación de medidores de electricidad e instalaciones eléctricas nuevas sin certificación de seguridad eléctrica, conforme lo exige la Resolución N° 92/98 dictada por la Secretaría de Industria y Comercio, norma ésta de superior jerarquía, beneficiando a aquellos fabricantes que no cumplen con las normas de lealtad comercial establecidas en la norma citada;

    Que entiende que la norma impugnada, no puede garantizar la seguridad pública con el simple control de las instalaciones que dan a la vía pública, sin verificarse el estado de las instalaciones eléctricas de los inmuebles, las que pueden ocasionar peligro y daños para terceros;

    Que la Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE) se presenta por intermedio de su presidente, cuya calidad acredita a fojas 319/352, quien fundamenta su legitimación en la defensa del interés legítimo que surge los objetivos plasmados en el artículo 2 de su estatuto societario, y en los derechos que entiende afectados con los cambios que la norma cuestionada introduce y que se encuentran reconocidos en el convenio celebrado entre el APSE y el ENRE, el cual denuncia se encuentra vigente (fojas 965/1023);

    Que expone que el acto administrativo que cuestiona produce las siguientes consecuencias disvaliosas: a) crea un conflicto de intereses entre las Distribuidoras y los usuarios, que podría dar lugar a maniobras dolosas de las Distribuidoras, en pos de un beneficio económico de las concesionarias; b) deja preso al usuario de un monopolio de hecho, que sería ejercido por las Distribuidoras, en cuanto encargadas del control de los elementos de seguridad que requiere la nueva reglamentación, impidiendo la libertad de contratación al efecto y c) se deroga el sistema de registro, control y validación de las instalaciones eléctricas domiciliarias que realiza el APSE, sistema que delimita la responsabilidad de cada una de las partes en relación con el suministro;

    Que a fojas 1.245, el Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (COPITEC) solicita la revocación de la Resolución ENRE N° 184/2009, invocando la afectación de intereses legítimos de los profesionales matriculados y registrados que nuclea, como asimismo, alega afectación de aspectos relevantes de la seguridad pública;

    Que, comenzando analizar las impugnaciones presentadas, en lo atinente al análisis formal de la procedencia de los Recursos deducidos, corresponde señalar que, si bien denominaron a la impugnación como Recurso de Reconsideración, en rigor, nos encontramos ante un reclamo impropio;

    Que en efecto, se trata de una impugnación contra una Resolución que constituye un acto administrativo de alcance general, naturaleza que deviene no sólo por sus efectos, sino también por la generalidad o indeterminación de los sujetos a que se dirige (Dictámenes PTN 233:348; 239:90), por lo que corresponde encauzar las mismas y dar tratamiento de “Reclamo impropio” en los términos del artículo 24 de la LNPA (Procuración del Tesoro, Dictámenes: 124:300, 131:334, 132:115 entre otros);

    Que asimismo, ha de tenerse presente que una vez resuelto el Reclamo impropio por la autoridad que dictó el acto reglamentario, se produce el agotamiento de la instancia administrativa (artículo 24 inciso a) de la Ley N° 19.549);

    Que en forma previa al tratamiento de las impugnaciones reseñadas, resulta útil recordar que el reglamento para la conexión de nuevos suministros e instalaciones domiciliarias, aprobado por Resolución ENRE N° 184/2009, tiene por único objeto resguardar la seguridad pública;

    Que esa finalidad, puede llegar a verse afectada en caso que una instalación eléctrica privada domiciliaria deficiente, pueda generar una situación de peligro común de la que se deriven consecuencias dañosos para personas distintas del propio usuario;

    Que a fin de evitar esas situaciones, se han definido los elementos indispensables que deben tener los usuarios del servicio público de distribución de energía eléctrica y por ello se ha previsto la necesidad de contar con los mismos para obtener una conexión domiciliaria;

    Que determinado entonces el ámbito de aplicación del nuevo reglamento, su objeto y finalidad, corresponde adentrarnos en el análisis de la legitimación de los reclamantes;

    Que en tal sentido es dable señalar que, si bien la Ley N° 19.549 requiere la afectación de un derecho subjetivo como requisito habilitante del procedimiento de impugnación de una decisión administrativa general, aun cuando con un criterio amplio se aceptara la posibilidad de admitir el reclamo sólo ante la existencia de un interés legítimo, resulta necesario que el impugnante indique cuál es ese interés legítimo afectado y el perjuicio concreto que le irroga el reglamento en cuestión;

    Que cabe señalar que no resulta suficiente para abrir la vía del Reclamo impropio la alegación de un interés simple de legalidad, ni la invocación genérica de un obrar ilegítimo, como tampoco, la mera enunciación de aquellas garantías constitucionales que se entienden vulneradas, pues de ello no se deduce cuál es el agravio causado;

    Que el interés legítimo es aquel interés personal y directo, atribuible a una categoría definida y limitada de individuos, a diferencia del llamado interés público general, diluido en el común (Dict. PTN 197:129).

    Que asimismo, se caracteriza al interés legítimo como particular o privativo del que pretende accionar sobre la base de su validez, en oposición al interés general; pero también como diferente del interés de la Administración en el sostenimiento del ordenamiento jurídico, ya que esa misión, que le compete, no puede trasladarse a los particulares (Dict. PTN 201:179);

    Que al respecto, cabe señalar que solo aquellos alcanzados por los efectos jurídicos que el reglamento produce, vinculados sólo con la determinación de los elementos técnicos obligatorios para la preservación o resguardo de la seguridad pública, o las Distribuidoras en cuanto a las funciones que el reglamento les asigna, son los que pueden encontrarse legitimados para reclamar contra el mismo;

    Que del análisis de los reclamos presentados tanto por las personas físicas como jurídicas mencionadas, se advierte que en los mismos no se alega de manera concreta en qué reside la ilegitimidad del acto atacado, como tampoco señalan cuáles son los derechos o intereses que consideran afectados, vinculados con las seguridad pública en juego;

    Que los argumentos comunes de los reclamantes pueden sintetizarse en los siguientes: a) la vulneración de derechos laborales; b) la defensa de los intereses de los usuarios por la supuesta menor seguridad del régimen y porque alimentaría la producción de maniobras dolosas por parte de las Distribuidoras;

    Que en lo que respecta a los planteos sobre intereses propios laborales, los agravios expresados de manera alguna están vinculados con el objeto ni la finalidad de la norma que se pretende cuestionar. En efecto, no se alegan cuestiones vinculadas técnica ni conceptualmente a la preservación de la seguridad pública; que es lo que podría constituir materia propia de la impugnación;

    Que por el contrario, los reclamantes invocan en forma genérica una afectación al derecho a trabajar;

    Que la Resolución en cuestión no tiene absolutamente ninguna disposición relativa al trabajo que puedan desarrollar los impugnantes, tema sobre el cual, además no podría regular, porque el Ente carece de toda competencia para hacerlo. Simplemente, en cumplimiento de las facultades legales establecidas, reglamenta los mecanismos e instalaciones que obligatoriamente deben tener los usuarios para evitar que sus instalaciones privadas puedan afectar la seguridad pública;

    Que en lo que respecta a la afectación de los usuarios, cabe señalar que los presentantes carecen de facultades de representación de los usuarios de electricidad.

    Que las únicas entidades habilitadas a tal efecto son las asociaciones de usuarios debidamente registradas; sin embargo, son éstas precisamente las que se han manifestado favorablemente respecto de la Resolución en cuestión;

    Que con relación específicamente al Reclamo de las asociaciones y de los consejos mencionados, cabe señalar que para admitir su actuación en autos en representación de los intereses de los usuarios se requiere una legitimación básica, de la que carecen;

    Que al respecto, cabe destacar que la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 y sus modificaciones, establece que son requisitos para obtener el reconocimiento como organizaciones de consumidores, las siguientes condiciones especiales: a) No podrán participar en actividades políticas partidarias; b) Deberán ser independientes de toda forma de actividad profesional, comercial y productiva; c) No podrán recibir donaciones, aportes o contribuciones de empresas comerciales, industriales o proveedoras de servicios, privadas o estatales, nacionales o extranjeras; d) Sus publicaciones no podrán contener avisos publicitarios (conforme artículo 57):

    Que las aquí presentadas no han sido reconocidas como tales, ni cumplen con los requisitos establecidos;

    Que por el contrario, tal como se expresó anteriormente, las Asociaciones de usuarios reconocidas, tuvieron oportunidad de expresarse en el presente procedimiento, a través de la Comisión de Usuarios Residenciales (14 asociaciones de consumidores: ADECUA, Unión de Usuarios y Consumidores, Consumidores Libres, ADUC, Proconsumer, Consumidores Argentinos, DEUCO, UCA, Cruzada Cívica, CEC, ACYJ, ACUCC, LIDECO, Usuarios y Consumidores en defensa de sus derechos) que ha manifestado que la Resolución ENRE N° 184/2009 es altamente beneficiosa, remarcando el pedido de derogación de la Resolución ENRE N° 207/1995 solicitada en el año 2006 (fojas 1187/1190);

    Que además, cuando se objeta el abandono del régimen fijado por la Resolución ENRE N° 207/1995, bajo el argumento de resultar el mismo más beneficioso para el usuario, no se advierte que estas reglamentaciones operan en ámbitos distintos;

    Que debe tenerse presente que la Resolución ENRE N° 207/1995 por el que se admitía el Reglamento aprobado por la Asociación Electrotécnica Argentina, éste se refería a la construcción y mantenimiento de las instalaciones eléctricas internas de los inmuebles de usuarios del servicio público de distribución de energía eléctrica, mientras que el Reglamento para la conexión de nuevos suministros en instalaciones domiciliarias, establece los elementos técnicos indispensables que deben contar esas instalaciones particulares y que se constituyen en una barrera de protección hacia el exterior, ante la eventual ocurrencia de desperfectos en la instalación del usuario que pudieran poner en riesgo la seguridad pública;

    Que por lo demás, alegan afectación a la seguridad pública, sin siquiera explicar cuáles son los aspectos que entienden vulnerados, mencionan pero no especifican, menos aún fundamentan cual es el perjuicio o la amenaza de daño derivada de la norma que cuestionan;

    Que cabe señalar que la norma emitida es el producto del trabajo de técnicos de reconocida trayectoria y experiencia a los que el Ente recurrió para complementar la labor propia;

    Que como fuera expuesto, los reclamantes no han invocado la existencia de una situación jurídica calificada (derecho subjetivo o interés legítimo vinculado con el acto que pretenden impugnar), simplemente plantean una mera disconformidad con el acto de alcance general dictado por el ENRE, que pareciera estar fundada en la pura defensa de la legalidad, pero tampoco han alegado fundadamente cómo se habría vulnerado la misma. Todo lo cual no resulta suficiente para adquirir la calidad de interesados con derecho a intervenir en el procedimiento administrativo, toda vez que la decisión del Ente no tiene relación con los derechos subjetivos o intereses legítimos alegados;

    Que al respecto, la Procuración del Tesoro, ha señalado que nadie tiene en principio un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes, o reglamentaciones y que la modificación de normas por otras posteriores, no afecta derecho alguno emanado de la Constitución Nacional (Dictámenes PTN 249:83);

    Que finalmente, además de advertir que Ley N° 25.414, anteriormente citada por los recurrentes, ha sido derogada por el artículo 1° de la ley N° 25.556 promulgada el 26/12/2001, cabe señalar que el control y fiscalización de las posibles violaciones a las disposiciones de lealtad comercial establecidas en la Res ex SCIYM N° 92/98 no corresponden a la competencia de este Ente, debiendo plantearse tales cuestiones ante la autoridad de aplicación de la norma citada;

    Que en el caso particular del APSE que además alega la afectación de un derecho subjetivo, cabe señalar que dicho planteo no resulta procedente en el marco de las presentes actuaciones, por tratarse de una cuestión contractual ajena al objeto de la norma impugnada.

    Que por todo lo expuesto, no corresponde reconocer legitimación a los impugnantes;

    Que se ha emitido el Dictamen jurídico correspondiente según lo dispuesto por el artículo 7° inciso d) de la Ley N° 19.549;

    Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado de la presente Resolución, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 56 inciso b) y 63 incisos a), b) k) y s) de la Ley N° 24.065;

    Por ello,
    EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE:

    ARTICULO 1.- Rechazar los Reclamos impropios contra la Resolución ENRE Nº 184/2009 interpuestos por las personas físicas y jurídicas indicadas en los considerandos del presente acto.


    ARTICULO 2.- Notifíquese a los reclamantes mencionados en el artículo 1.

    ARTICULO 3.- Regístrese, comuníquese y archívese.
    RESOLUCIÓN ENRE N° 387/2009
    ACTA N° 1057
    Marcelo Baldomir Kiener,
    Vocal Primero.-
    Enrique Gustavo Cardesa,
    Vocal Segundo.-
    Luis Miguel Barletta,
    Vicepresidente.-
    Ing. Mario H .de Casas
    Presidente.
    Citas legales:Resolución ENRE 0207/1995 Biblioteca
    Resolución ENRE 0184/2009 Biblioteca
    Resolución SICyM 0092/1998 Biblioteca
    Ley 19.549 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 56 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 63 Biblioteca
    Ley 24.240 Base de datos 'Biblioteca', Vista '(Por Tipo B)'
    Ley 25.414 Biblioteca
    Constitución nacional - artículo 014 Biblioteca
    Constitución nacional - artículo 014 bis Biblioteca
    Constitución nacional - artículo 076 Biblioteca
    Acta ENRE 1057/2009 Biblioteca