Argentina. Procuración General de la Nación
Resolución PGN 0123/2006. (no publicada en B.O.) , miércoles 13 de septiembre de 2006, 9 p. .

Citas Legales : Constitución nacional - artículo 120, Ley 24.946, Ley 24.946 - artículo 33 inciso e), Ley 24.946 - artículo 33 inciso l), Ley 24.946 - artículo 33 inciso s), Resolución PGN 0023/2000, Resolución PGN 0036/2000, Resolución PGN 0007/2000, Resolución PGN 0088/2002, Resolución PGN 0033/2002, Constitución nacional - artículo 041, Decreto 00830/2006, Ley 24.051, Ley 22.421, Código penal - artículo 200, Código penal - artículo 201, Código penal - artículo 202, Código penal - artículo 203, Código penal - artículo 204, Código penal - artículo 205, Código penal - artículo 206, Código penal - artículo 207


    Res. P.G.N. N° 123/06
BUENOS AIRES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2006.

    VISTO:

    El artículo 120 de la Constitución Nacional, las funciones encomendadas al Procurador General de la Nación por la Ley Orgánica 24.946, arts. 33, incisos e), l) y s), lo actuado en el expediente interno 5788/06 en virtud a lo peticionado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

    El proyecto elaborado por la Secretaría de Coordinación Institucional del Ministerio Público Fiscal y los antecedentes de las Res. PGN 23/00, 36/00, 7/00, 88/02, 33/02, entre otras.

    CONSIDERANDO:

    En el día de la fecha se ha suscripto entre este Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros un convenio mediante el cual se acordara realizar las acciones necesarias para hacer posible la creación y el posterior funcionamiento de una Unidad Fiscal para la investigación de delitos ambientales.

    En pos de dar cumplimiento a dicho compromiso, debe recordarse que una de las funciones encomendadas al Procurador General de la Nación por la Ley 24.946 es la de diseñar la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal (art. 33 inc. e), así como la de coordinar las actividades del Ministerio Fiscal con las diversas autoridades nacionales (art. 33 inc. l).

    En este marco y en concordancia con los lineamientos de política criminal que esta Procuración viene implementando con el objetivo de diseñar estrategias que eleven los índices de eficiencia del actual sistema de administración de justicia, es que se ha firmado el aludido Convenio mediante el que se han sentado las bases que permiten la creación de una Unidad Fiscal de Delitos Ambientales.

    Ello por cuanto, como se reasaltara en los fundamentos del convenio, el medio ambiente constituye uno de los objetivos más valiosos a los que brindar protección desde las distintas esferas estatales, en tanto de él depende la subsistencia misma de la especie humana y su sano desarrollo. Es conocido por todos que en la última centuria fundamentalmente, las sociedades evolucionaron a niveles de producción inconcebibles hasta entonces, aunque sin prestar atención al impacto ambiental negativo que producían. Por ello, una eficaz regulación jurídica sobre la materia y el accionar eficiente de las autoridades, se constituyen en ejes fundamentales de dicha misión, en tanto es crucial detener y contener dentro de lo tolerable los riesgos de naturaleza ambiental generados, así como reparar los daños ocasionados en la medida en que resulta posible.

    En tal sentido, la propia Constitución Nacional, tras la reforma operada en el año 1994, ha establecido en el artículo 41 que "todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales".

    Por su parte, conforme lo dispuesto por el Decreto Nacional 830/2006, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tiene como objetivos, entre otros, asistir al Jefe de Gabinete de Ministros en la implementación de la política ambiental como política de Estado y en los aspectos técnicos relativos a la política ambiental y la gestión ambiental de la Nación; coordinar las políticas del gobierno nacional; coordinar y articular la gestión ambiental de los organismos responsables de ejecutar la política ambiental nacional y entender en el ordenamiento ambiental del territorio y en la planificación e instrumentación de la gestión ambiental nacional; entender en la elaboración y actualización permanente del diagnóstico de la situación ambiental nacional en forma coordinada con organismos nacionales, provinciales y municipales.

    En cumplimiento de sus tareas, a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección de Infracciones Ambientales, le incumbe incluso sustanciar los sumarios infraccionales vinculados con la investigación y sanción de faltas ambientales, que eventualmente pueden también constituir o transformarse en delitos ambientales o conexos con estos.

    Así las cosas, resulta de suma importancia el acuerdo celebrado con la aludida Secretaría dada la conveniencia de aunar esfuerzos para solventar la imperiosa necesidad de contar con una Unidad Fiscal de Delitos Ambientales del Ministerio Público Fiscal, empleando de tal modo un mecanismo institucional que optimice la persecución y represión, en todo el país, de los delitos que afectan de manera directa o indirecta al medio ambiente.

    La Unidad Fiscal tendrá como principal cometido, generar investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones en curso, referidas a los hechos en infracción a la ley de residuos peligrosos (24.051) y todos aquellos delitos que protegen la salud pública vinculados con la protección del ambiente (arts. 200 al 207), las infracciones a la ley 22.421 de protección y conservación de la fauna silvestre, así como aquellos delitos conexos con la materia.

    Asimismo, su labor también se referirá a la obtención de datos de las distintas Fiscalías y Tribunales del país vinculados con la temática, como a relevar la doctrina y jurisprudencia referente a delitos ambientales, a efectos de elaborar diagnósticos de las problemáticas existentes en la materia y proponer soluciones que desde el Ministerio puedan impulsarse.

    La conveniencia de centralizar las labores de la Unidad a efectos de racionalizar, como también la naturaleza interjurisdiccional en ocasiones de los delitos ambientales demuestran la conveniencia de que su sede tenga lugar en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Asimismo, a efectos de poder abarcar todo el ámbito nacional, se establecerán en el país cinco puntos de apoyo, a fin de actuar como enlace y cooperación en las tareas de coordinación que la Unidad tendrá en el interior del país.

    Por todo lo expuesto,
    EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
    RESUELVE:

    ARTICULO 1°- DISPONER la protocolización del Convenio suscripto en el día de la fecha entre este Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que en original se adjunta como Anexo.

    ARTÍCULO 2°- CREAR la UNIDAD FISCAL PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE (U.F.I.M.A.) y designar a cargo de ella al doctor Ramiro GONZÁLEZ, titular de la Fiscalía Federal de Dolores.

    ARTÍCULO 3°- DISPONER que la Unidad creada en el artículo primero tendrá por misión, generar investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones en curso, que se vinculen con delitos contra el medio ambiente y, en particular, las referidas a los hechos en infracción a la ley de residuos peligrosos (24.051), a aquellos delitos que protegen la salud pública vinculados con la protección del ambiente (arts. 200 al 207 del C.P.), a las infracciones a la ley 22.241 de protección y conservación de la fauna silvestre, así como aquellos delitos conexos con la materia.

    ARTÍCULO 4°- DISPONER que la cita Unidad realice las gestiones pertinentes a efectos de obtener los datos necesarios para efectuar un mapa de las distintas causas penales en trámite ante la Justicia Nacional en todo el país, como así también releve la doctrina y jurisprudencia referente a delitos ambientales, a efectos de elaborar diagnósticos de las problemáticas existentes en la materia y proponer soluciones que desde este Ministerio puedan impulsarse.

    ARTÍCULO 5°- DESIGNAR a los siguientes magistrados de este Ministerio Público Fiscal, para que actúen como enlaces de la Unidad en el interior del país:

    a) Ricardo C.M. ÁLVAREZ, Fiscal General de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, respecto de las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa.

    b) Antonio Gustavo GÓMEZ, Fiscal General de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, respecto de las provincias de Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.

    c) Santiago A. TERUEL, Fiscal General de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, respecto de las provincias de Mendoza, San Luis, La Rioja, San Juan y Córdoba.

    d) Horacio Héctor ARRANZ, Fiscal General de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, respecto de las provincias de Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén.

    e) Hugo Omar CAÑON, Fiscal General de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, respecto del territorio de su jurisdicción.

    ARTÍCULO 6°- Regístrese, notifíquese, publíquese en la página web y oportunamente archívese.

Citas legales:Ley 24.051 Biblioteca
Ley 24.946 Biblioteca
Decreto 0830/2006 Biblioteca
Constitución nacional - artículo 41 Biblioteca

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Y EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, representada en este acto por su Secretaria, Dra. Romina Picolotti, con domicilio en la calle San Martín 451 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio Fiscal de la Nación, representado en este acto por el Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi, con domicilio en la calle Guido 1577, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha convenido en suscribir un Convenio de Cooperación tendiente a hacer más eficiente la persecución de los delitos contra el medio ambiente, a tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

Que el medio ambiente constituye uno de los objetos más valiosos a los que se les brinda protección desde las distintas esferas estatales, en tanto de él depende la subsistencia misma de la especie humana y su sano desarrollo. Es por todos conocidos que en la última centuria, fundamentalmente, las sociedades evolucionaron a niveles de producción inconcebibles; pero sin prestar atención al impacto ambiental negativo que producían; por ello, una eficaz regulación jurídica sobre la materia y el accionar eficiente de las autoridades, son ejes fundamentales para la misión encomendada, en tanto es crucial detener y contener dentro de lo tolerable, los riesgos de naturaleza ambiental generados, así como reparar los daños ocasionados en la medida en que resulta posible.

Que en tal sentido, debe resaltarse que la propia Constitución Nacional, tras la reforma de 1994, estableció que "...todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales".

Que conforme el Decreto 830/06 son objetivos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable entender en la propuesta y elaboración de los regímenes normativos relativos a la calidad de los recursos ambientales, el desarrollo sustentable, el ordenamiento ambiental del territorio y la calidad ambiental, la promoción del desarrollo sustentable del asentamiento humano mediante acciones que garanticen la calidad de vida y disponibilidad y conservación de los recursos naturales y la aplicación de los tratados internacionales relacionados con los temas de su competencia, interviniendo en la formulación de convenios internacionales en los asuntos propios de su área.

Que asimismo, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable elabora y desarrolla las políticas en todo lo inherente a la preservación y protección ambiental, el desarrollo sustentable, la conservación y utilización racional de los recursos naturales renovables y no renovables para lograr un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.

Que en la nueva estructura de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se jerarquiza el área de control ambiental, creando la Dirección Nacional de Control Ambiental, con dependencia directa de la señora Secretaria, quién tendrá a su cargo el velar por el cumplimiento del ejercicio de Poder de Policía en materia ambiental en el ámbito de competencia de la Secretaría. A su vez a través de la Dirección de Infracciones Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se sustanciarán los sumarios sobre infracciones a las leyes de las que la Secretaría es autoridad de aplicación, correspondiéndole en razón de su competencia, la investigación de los hechos y la eventual aplicación de sanciones.

Que en el ejercicio de las aludidas funciones, es frecuente la detección de delitos ambientales, tanto de naturaleza ordinaria como federal o ilícitos conexos en la materia.

Que por ello, a los efectos de elevar la eficacia y eficiencia de los procedimientos de rigor, asume vital importancia contar con la cooperación de una Unidad Fiscal de Delitos Ambientales del Ministerio Público Fiscal, utilizando de esta forma un mecanismo institucional que optimice la persecución y represión, en todo el país, de los delitos que afecten de manera directa o indirecta al medio ambiente, y en tanto se relacionen con las funciones legalmente atribuidas a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Que en este marco y sin perjuicio de propiciar oportunamente reformas a la legislación vigente en la materia, las partes firmantes consideran conveniente establecer las bases que permitan la creación de una Unidad Fiscal para la investigación de delitos ambientales en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, según las siguientes cláusulas:

PRIMERA: La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jefatura de Gabinete de Ministros y la Procuración General de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones necesarias para hacer posible la creación y el posterior funcionamiento de una Unidad Fiscal para la investigación de delitos ambientales.

SEGUNDA: La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jefatura de Gabinete de Ministros se obliga a aportar los elementos de infraestructura edilicia e informática, así como los recursos materiales necesarios para el funcionamiento de la Unidad Fiscal de que se trata el presente convenio, siendo a cargo de la Procuración de la Nación los gastos por viáticos y pasajes de los miembros de la unidad necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

TERCERA: La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jefatura de Gabinete de Ministros y la Procuración General de la Nación, instruirán a sus Funcionarios y Magistrados, respectivamente, con competencia en las investigaciones precedentemente descriptas para coordinar con la Unidad Fiscal referida y asimismo, obtener de ésta última, toda la asistencia necesaria para optimizar sus investigaciones.

CUARTA: Las tareas que se realicen en el marco del presente convenio que no fueran remuneraciones de los Magistrados de Ministerio Público, se financiarán con fondos que aportará la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jefatura de Gabinete de Ministros y eventualmente, con fondos que, de común acuerdo, se soliciten para la concreción de proyectos a organismos nacionales o internacionales o las partidas presupuestarias que asigne el Estado Nacional en virtud de las normas que se dicten al efecto.

Leído por las partes y en prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de septiembre de 2006