Argentina. Leyes, etc.

Ley 14.250. Anales de Legislación Argentina n° XIII - A, 20 de octubre de 1953, pp. 195-199.

Citas Legales : Decreto 21877/1944, Ley 12.921


(Nota del Centro de Documentación y Traducciones: modificada por Ley 23.545 Biblioteca)


    Fecha de Sanción: 29/09/1953
    Fecha de Promulgación: 13/10/1953
    Publicado en: Boletín Oficial: 20/10/1953
    I - Convenciones colectivas

    Artículo 1º - Las convenciones colectivas de trabajo que se celebren entre una asociación profesional de empleadores, un empleador o un grupo de empleadores, y una asociación profesional de trabajadores con personalidad gremial, estarán regidas por las disposiciones de la presente ley.

    Artículo 2º - Las convenciones colectivas deberán celebrarse por escrito y consignarán:

    a) Lugar y fecha de su celebración;

    b) El nombre de los intervinientes y acreditación de su personería;

    c) Las actividades y las categorías de trabajadores a que se refieren;

    d) La zona de aplicación;

    e) El período de vigencia.

    Artículo 3º - Las convenciones colectivas deberán ser homologadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión. Cumplido ese requisito, no sólo serán obligatorias para quienes las subscribieren, sino también para todos los trabajadores y empleadores de la actividad, en las condiciones a que se refieren los arts. 8º y 9º.

    Las convenciones que se celebren ante el Ministerio de Trabajo y Previsión se considerarán, por ese solo hecho homologadas.

    Artículo 4º - Las convenciones colectivas homologadas, regirán a partir del día siguiente al de su publicación.

    El texto de las convenciones colectivas será publicado por el Ministerio de Trabajo y Previsión dentro de los diez días de subscritas u homologadas, según los casos. Vencido este término, la publicación efectuada por cualquiera de las partes en la forma que fije la reglamentación, surtirá los mismos efectos legales que la publicación oficial.

    El Ministerio de Trabajo y Previsión llevará un registro de las convenciones colectivas, a cuyo efecto el instrumento de las mismas quedará depositado en el mencionado departamento de Estado.

    Artículo 5º - Vencido el término de una convención colectiva, se mantendrán subsistentes las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ella, hasta tanto entre en vigencia una nueva convención.

    Artículo 6º - Las disposiciones de las convenciones colectivas deberán ajustarse a las normas legales que rigen las instituciones del derecho del trabajo, a menos que las cláusulas de la convención relacionadas con cada una de esas instituciones resultaran más favorables a los trabajadores y siempre que no afectaran disposiciones dictadas en protección del interés general.

    También serán válidas las cláusulas de la convención colectiva destinadas a favorecer la acción de las asociaciones de trabajadores en la defensa de los intereses profesionales que modifiquen disposiciones del derecho del trabajo siempre que no afectaren normas dictadas en protección del interés general.

    Artículo 7º - Las normas de las convenciones colectivas homologadas serán de cumplimiento obligatorio y no podrán ser modificadas por los contratos individuales de trabajo, en perjuicio de los trabajadores.

    La aplicación de las convenciones colectivas no podrá afectar las condiciones más favorables a los trabajadores, estipuladas en sus contratos individuales de trabajo.

    Artículo 8º - La convención colectiva, homologada será obligatoria para todos los trabajadores, afiliados o no, que se desempeñen en las actividades comprendidas en la misma, dentro de la zona de aplicación.

    La convención colectiva podrá contener cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que la subscribió.

    Las cláusulas de la convención por las que se establezcan contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participante, serán válidas no sólo para los afiliados sino también para los no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención.

    Artículo 9º - La convención colectiva celebrada por una asociación profesional de empleadores representativa de la actividad, será obligatoria para todos los empleadores de la misma comprendidos en la zona a que se refiere la convención, revistan o no el carácter de afiliados.

    En caso de no existir asociación profesional de empleadores, en la actividad objeto de una convención, el Ministerio de Trabajo y Previsión podrá integrar la representación patronal con empleadores de la rama respectiva, o bien considerar suficientemente representativo al grupo de empleadores que intervengan en la negociación.

    Hasta tanto se sancione el régimen legal de asociaciones de empleadores se seguirá igual procedimiento cuando, existiendo asociación, ésta no revistiere a juicio de ese ministerio, el carácter de suficientemente representativa. En estos casos la convención que se celebre tendrá iguales efectos que lo previstos en el primer apartado del presente artículo.

    Artículo 10. - El Ministerio de Trabajo y Previsión a pedido de cualquiera de las partes podrá extender la obligatoriedad de una convención colectiva a zonas no comprendidas en el ámbito de la misma en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

    Artículo 11. - Las convenciones colectivas celebradas con alcance nacional o las resoluciones del Ministerio de Trabajo y Previsión por las que se extienden convenciones a otras zonas, deberán incluir normas que determinen la situación de vigencia de las cláusulas de las convenciones locales preexistentes.

    Artículo 12. - Vencido el término de una convención o dentro de los sesenta días anteriores a su vencimiento, el Ministerio de Trabajo y Previsión deberá, a solicitud de cualquiera de las partes interesadas, disponer la iniciación de las negociaciones tendientes a la concertación de una nueva convención.

    Artículo 13. - El Ministerio de Trabajo y Previsión será la autoridad de aplicación de la presente ley y vigilará el cumplimiento de las convenciones colectivas.

    La violación de las cláusulas de las convenciones colectivas que reglen intereses, que sean objeto de protección por parte de las leyes reglamentarias del trabajo y cuya violación se considere en estas leyes infracción punible, traerá aparejada las sanciones a que se refiere el decreto 21.877/44 (1) (ley 12.921). Ello no implica enervar el derecho de ejercer las acciones pertinentes por parte de los interesados, para obtener su cumplimiento.
    II - Comisiones paritarias

    Artículo 14. - Cualquiera de las partes de una convención colectiva podrá solicitar al Ministerio de Trabajo y Previsión la creación de una comisión paritaria, en cuyo caso será obligatoria su constitución, en la forma y con la competencia que resulta de las disposiciones contenidas en el presente título.

    Artículo 15. - Estas comisiones se constituirán con un número igual de representantes de empleadores y de trabajadores, serán presididas por un funcionario designado por el Ministerio de Trabajo y Previsión y tendrán las siguientes atribuciones:

    a) Interpretar con alcance general la convención colectiva, a pedido de cualquiera de las partes de la convención o de la autoridad de aplicación;

    b) Proceder, cuando fuera necesario, a la calificación del personal y a determinar la categoría del establecimiento de acuerdo a lo dispuesto por la convención colectiva.

    Artículo 16. - Las comisiones paritarias podrán intervenir en las controversias individuales originadas por la aplicación de una convención, en cuyo caso, esa intervención tendrá carácter conciliatorio y se realizará exclusivamente a pedido de cualquiera de las partes de la convención.

    Esta intervención no excluye ni suspende el derecho de los interesados a iniciar directamente la acción judicial correspondiente.

    Los acuerdos conciliatorios celebrados por los interesados ante la comisión paritaria, tendrán autoridad de cosa juzgada.

    Artículo 17. - Las decisiones de la comisión paritaria pronunciadas de acuerdo al inc. a) del art. 15, que no hubieren sido adoptadas por unanimidad, podrán ser apeladas por las personas o asociaciones que tuvieren interés en la decisión, ante el Ministerio de Trabajo y Previsión, dentro del plazo que fije la reglamentación. En el caso de haber sido adoptadas por unanimidad, solamente se admitirá el recurso, fundado en incompetencia o exceso de poder.

    Cuando por su naturaleza, las decisiones de la comisión estuvieren destinadas a producir los efectos de las convenciones colectivas, estarán sujetas a las mismas formas y requisitos de validez que se requieren respecto de estas últimas. En los otros casos, las resoluciones de las comisiones paritarias surtirán efecto a partir de su notificación.
    III

    Artículo 18. - Las convenciones colectivas vigentes al momento de sancionarse la presente ley, registradas en el Ministerio de Trabajo y Previsión, producirán hasta su vencimiento los mismos efectos que esta ley atribuye a las convenciones colectivas que prevé.

    Artículo 19. - La reglamentación determinará en qué medida la presente ley se aplicará a actividades que, dadas sus características particulares, tengan en vigencia ordenamientos legales o reglamentarios vinculados con la misma materia.

    Artículo 20. - La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación y será incorporada en su oportunidad al Código de Derecho Social.

    Artículo 21. - Comuníquese, etc.
Bibliografía:Fernández, Mónica Beatriz; Pazo, María Soledad "Ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo". En: Revista jurídica argentina La Ley. Buenos Aires. La Ley. 1998 : D(1998), pp. 1096-1106. Libros


    ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS DE LA LEY 14.250

    Se originó en un proyecto del Poder Ejecutivo, que la Cámara de Diputados consideró y aprobó en la sesión de 25 de setiembre de 1953 (D. ses. Dip., 1953, ps. 1750 y sigts.).

    El Senado lo consideró y aprobó en la sesión de 29 de setiembre de 1953 (D. ses. Sen., 1953. ps. 1095 y sigts.).

    El proyecto de ley sobre convenciones colectivas se originó en el Poder Ejecutivo nacional. Después de estudiado por la Comisión de legislación del trabajo -junto con un proyecto del diputado Alonso y otros- se discutió ampliamente en la 38ª reunión (días 24 y 25 de setiembre de 1953; D. ses; Dip., ps. 1750 a 1717), como así también en el Senado (44ª reunión, 29 de setiembre de 1953; D. ses. Sen., ps. 1095 a 1107), y fue aprobado en definitiva ese mismo día. De la discusión parlamentaria conviene destacar algunas versiones susceptibles de aclarar y orientar sobre el sentido y alcance de ciertas disposiciones.

    1. Concepto y naturaleza de la convención colectiva. La ley no define la convención colectiva. Según palabras del miembro informante de la Comisión de legislación del trabajo de la Cámara de diputados, señor Presta, esa circunstancia "no puede señalarse como un inconveniente, dado que el concepto de la misma (convención) se halla suficientemente elaborado y difundido en el campo doctrinario, siendo, por otra parte, inadecuado enunciar definiciones legales referidas a instituciones del derecho del trabajo que se hallan en permanente transformación y desarrollo". Por otro lado, el diputado señor Pericás subrayó que "según el proyecto en discusión, el contrato colectivo de trabajo queda completamente desvinculado de la esfera puramente privada del código civil y es correcto que eso sea así, porque dicho contrato, por su naturaleza, por la cantidad de personas intervinientes, por la constante intervención estatal en su celebración y homologación, por el mecanismo de las comisiones paritarias de empleadores y trabajadores, tiene un marcado carácter público".

    2. Partes. Sólo pueden serlo, a los efectos de la ley, las enumeradas en el art. 1º. Las convenciones que se celebrarían entre partes distintas de las enumeradas, "no estarían comprendidas dentro del régimen legal que se propugna y, en consecuencia, no podrían invocar los efectos jurídicos que el mismo consagra". (diputado señor Presta). En el mismo sentido se expresó el senador señor Herrera. Agregó el diputado señor Pericás que "el proyecto no admite la validez de la contratación colectiva realizada por una asociación de trabajadores sin personería gremial. La razón es que las convenciones colectivas, una vez suscritas ante el Ministerio de Trabajo y Previsión u homologadas ante éste, según los casos, son obligatorias para todos los empleadores de la actividad, aun para los que no las hayan suscrito. Aceptar la pluralidad de la contratación es crear el problema de cuál de las contrataciones es obligatoria... y admitir la pluralidad de contratación es abrir la puerta al fraude de los empleadores que con sólo recurrir a la estratagema de la contratación con entidades de trabajadores sin verdadera representación, con conjuntos de "amarillos", eludirían las estipulaciones...".

    En contra de estos conceptos se pronunciaron varios diputados de la minoría, considerando que, según palabras del diputado señor Marcó, "esa norma (que excluye de la posibilidad de celebrar convenciones colectivas conforme a la ley, a todos los sindicatos que no tengan personería gremial reconocida) que reconoce su antecedente en el sistema corporativo fascista italiano, no sólo encierra una grave injusticia... sino que... viola el principio de la libertad sindical, en cuanto lleva al movimiento obrero, por imperio de las circunstancias, al sindicato único y obligatorio, en pugna con las recomendaciones de las conferencias, internacionales del trabajo, de respeto a la libertad sindical". En el mismo sentido pueden verse los discursos de los señores Weidmann y Perette.

    La ley introduce por primera vez en el régimen legal argentino -según destacó el señor Alende- el concepto de las asociaciones profesionales de empleadores, como posibles partes de una convención colectiva que se ajusta a la ley. Para el caso de que tales asociaciones aun no existieren. el art. 9º, apart. 2, prevé la integración de la representación patronal, por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión, con empleadores de la rama respectiva, o bien faculta a éste a considerar suficientemente representativo al grupo de empleadores que intervenga en la negociación. Con esto se subsana "el inconveniente (son palabras del diputado señor García) que crean los representantes de los establecimientos que no llegan a un entendimiento entre ellos para presentarse ante el Ministerio de Trabajo y Previsión y también se corta por lo sano las maniobras patronales que intencionalmente se ponen de acuerdo para no concurrir a considerar los convenios colectivos de trabajo".

    3. Efectos. La ley establece la aplicación extensiva a todos los trabajadores, afiliados o no, que se desempeñen en las actividades comprendidas en la misma, dentro de la zona de aplicación, como asimismo a todos los empleadores en iguales condiciones (arts. 8º y 9º). Esta extensión, según palabras del miembro informante señor Presta, "asegura la existencia de condiciones uniformes para los trabajadores de una determinada actividad, con prescindencia de la afiliación o no afiliación del empleador, condición que consideramos de fundamental importancia para una adecuada ordenación de las relaciones del trabajo". Sobre todo, "se invalida el recurso del empleador de desafiliarse de la entidad patronal, en vísperas de la celebración de una convención colectiva, para no quedar obligado al cumplimiento de la misma..." (diputado señor Pericás). Por su parte, el senador señor Herrera declaró que las disposiciones referentes a los efectos de la convención colectiva "se ajustan a las finalidades que persigue esta institución en el campo del derecho laboral y a la naturaleza propia de esos acuerdos de voluntades", especificando que tales finalidades consisten en "nivelar la situación de todos los que prestan servicios para el mismo trabajador", evitándose posibles maniobras de trato desigual por parte de los patronos, como a la inversa la competencia desleal de los trabajadores no organizados.

    4. Condiciones más favorables. No quedan afectadas por la convención colectiva, de acuerdo con el art. 7º, apart. 2. Al respecto dijo el miembro informante del Senado, señor Herrera, que "no se concebiría que la concertación de un acuerdo colectivo trajera como consecuencia que un sector de obreros cuyas condiciones de trabajo fuesen más favorables que las del resto de sus compañeros, ya sea en atención a su antigüedad, capacitación o clase de tareas, se viera privado de ellas en virtud de que las condiciones generales fijadas en el acuerdo colectivo fuesen inferiores. No debe olvidarse que también en la institución jurídica del convenio colectivo rige la inviolabilidad de los derechos adquiridos...".

    5. Contenido. Debe ser acorde a la ley (art. 6º). Pero las normas legales que rigen las instituciones del derecho del trabajo "pueden ser modificadas siempre que no se trate de disposiciones dictadas en protección del interés general y cuando las cláusulas de la convención, relacionadas con cada una de esas instituciones, resultaren más favorables a los trabajadores... Para valorar lo dispuesto por esta norma, debe tenerse en cuenta que todos los beneficios obreros consagrados por la legislación laboral son, en principio, irrenunciables, por entenderse que afectan el orden público; pero en el conjunto de aquellos beneficios, cabe diferenciar los que han sido dictados en vista de intereses generales, y como tales superiores... de los que sólo satisfacen un interés particular de los trabajadores. La inderogabilidad de las normas que atienden estos intereses individuales busca impedir así que, en ocasiones, los beneficios consiguientes puedan regatearse y aun volverse ilusorios por violencia ejercida sobre el trabajador. Mas cuando por vía de la convención colectiva el beneficiario aislado o indefenso es substituido por la asociación gremial, desaparece la razón de ser de dicha inderogabilidad, porque no es dable imaginar que se anule un determinado beneficio si no es para que la asociación obtenga para la clase trabajadora, en el conjunto de cada institución contemplada por la convención colectiva, beneficios mayores. Sobre la base de lo dicho, la primera disposición del art. 6º prevé y permite que instituciones legales que atiendan intereses exclusivamente privados, pueden ser derogadas o no aplicadas cuando las cláusulas de la convención colectiva conceptuada como un todo orgánico, atienda esos intereses privados de un modo más favorable a los trabajadores". Con esa exposición del miembro informante diputado señor Presta coincide la del miembro informante del Senado, señor Herrera.

    En lo demás, la ley, con excepción de los arts. 2º y 11, no determina mayormente los puntos sobre los que la convención colectiva debe contener disposiciones obligatoriamente. Una sugestión de la minoría (señor Perette), en el sentido de que los convenios deben contener obligatoriamente disposiciones relativas a la libertad sindical y la libertad de opinión de los trabajadores y que, especialmente, las condiciones de admisión y despido de los trabajadores no deben "afectar la libre elección del sindicato por los trabajadores", no prosperó. A juicio de la mayoría, según palabras del diputado señor Diskin, las referencias a la libertad sindical y la libertad de opinión serían innecesarias, ya que las ha incorporado a la Constitución nacional y emanan de ella.

    En cambio, la ley admite expresamente ciertas cláusulas. En cuanto a los "beneficios especiales en función de la afiliación" que la convención podrá contener (art. 8º, apart. 2), el diputado señor Presta los explicó diciendo que la ley "combina los dos sistemas posibles: El limitado, según el cual la convención sólo beneficia a los representados, y el amplio, conforme al cual el acuerdo alcanza a todos los trabajadores de la actividad. Esta combinación permite que los efectos de la convención beneficien a todos los trabajadores, sin desconocer sus derechos a quienes los conquistaron mediante su ejercicio". En el Senado, frente a la objeción de orden constitucional, en el sentido de que con esto se viola el principio de igualdad, el miembro informante señor Herrera la refutó alegando que "la igualdad ante la ley que establece la Carta magna, implica igual tratamiento para quienes se hallen en igualdad de situación, y mal podría sostenerse, entonces, que es igual la situación de los afiliados que la de los no afiliados".

    La ley también permite cláusulas por las que se establezcan contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participante las que serán válidas no sólo para los afiliados sino también para los no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención (art. 8º, apart. 3). Tales cláusulas, según expresó el senador señor Herrera, son "perfectamente congruentes con la economía del proyecto, desde que a los efectos de los beneficios que derivan de la aplicación de la convención, tampoco se hacen distinciones, y resultaría, entonces, ilógico que no correspondiesen análogas obligaciones e idénticos beneficios". Para la minoría, según palabras del diputado señor Marcó, estas cláusulas "tienden a establecer, diríamos, una dictadura sindical sobre los no afiliados, quienes deben contribuir al sostenimiento de un sindicato que puede contrariar sus propias opiniones y sentimientos".

    También serán válidas las cláusulas destinadas a favorecer la acción de las asociaciones de trabajadores en la defensa de los intereses profesionales que modifiquen disposiciones del derecho del trabajo, siempre que no afectaren normas dictadas en protección del interés general (art. 6º, apart. 2). Ese extremo puede darse, por ejemplo, "cuando la convención colectiva autorice la retención de salarios para la atención de sistemas de préstamos hipotecarios u otros del mismo tipo que pudiera instituir u organizar la asociación gremial, pese a lo que en contrario dispone la ley 11.278" (palabras del diputado señor Presta, idénticas a las del senador señor Herrera).

    6. Comisiones paritarias. De acuerdo con la exposición del miembro informante, diputado señor Presta, las comisiones paritarias "que nacieron en nuestro país por obra de las convenciones colectivas, adquirirán mediante este proyecto personería legal... La labor de las comisiones paritarias frente a la convención sería equiparable a la del Poder Ejecutivo frente a la ley. Ambos desarrollarían una función reglamentaria. El proyecto, por otra parte prevé una ubicación institucional de las comisiones paritarias considerando su actuación frente a la que corresponde al Poder Judicial en punto a conflictos individuales". Coincide la exposición del miembro informante en el Senado, señor Herrera.

    7. Homologación y registro. La convención colectiva, de acuerdo con la ley, "se sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos que no hacen al fondo de su naturaleza sino al procedimiento a substanciarse para su efectivización" (palabras del senador señor Herrera). En primer término está la homologación por el Ministerio de Trabajo y Previsión (art. 3º). "La concesión de tal facultad (al Ministerio) -prosiguió el señor Herrera- la explica la naturaleza misma de su actividad, la cual, dirigiéndose a fines múltiples y variados, requiere conocimientos especializados". Por otro lado, la exigencia del registro (art. 4º) "obedece a la necesidad que tiene la autoridad encargada de la aplicación de la legislación laboral de estar en conocimiento de todas las disposiciones que regulan las condiciones de trabajo". "Refiriéndose también al requisito de la homologación, la senadora señora Pineda de Molíns opinó que "nadie mejor que esta rama de la administración pública para interpretar y valorar los alcances de la convención colectiva que se someta a su consideración".

    8. Cumplimiento. El art. 13 se refiere a las consecuencias de la violación de las cláusulas de la convención colectiva. Distingue entre cláusulas que considera reglamentarias de trabajo, en el mismo sentido en que lo son las normas de ciertas leyes estatales, y otras "que atribuyen a los trabajadores derechos especiales, resultando de la distinta naturaleza de unas y otras que, si bien el incumplimiento de las primeras configura una infracción punible por su sola comprobación, como puede ser la relativa a la determinación de la jornada, a los regímenes de higiene y seguridad, etc., en cambio, el cumplimiento de las otras puede estar fundamentado en una distinta interpretación de las normas o apreciación de los hechos, lo que impone, sin duda alguna, la existencia de un procedimiento y de organismo que declare el derecho o resuelva el conflicto que puede plantearse por esas diferencias de interpretación" (miembro informante, diputado señor Presta). Agregó el diputado nombrado que "en el segundo caso... el conflicto deberá ser resuelto por las comisiones paritarias o por los tribunales del trabajo, según los casos". En términos iguales se pronunció el senador señor Herrera.

    9. Extensión a zonas no comprendidas. El otorgamiento de semejante facilidad al Ministerio de Trabajo y Previsión (art. 10) reconoce como fundamento, según palabras del senador señor Herrera, "a la necesidad que pudiera presentarse en un momento dado, de uniformar condiciones de trabajo determinadas en distintas zonas del país que ofrecieran características iguales o semejantes", ya que "la inexistencia en alguna zona de asociaciones profesionales, en modo alguno podría ser factor determinante de una desigualdad jurídica, económica o social...".
Ernesto Krotschin