Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0295/2006. Boletín Oficial n° 30.879, martes 4 de abril de 2006, p. 27.

Citas Legales : Contrato de concesión (Edelap S.A.) - subanexo 4, Contrato de concesión (Edelap S.A.) - subanexo 4 - punto 4., Contrato de concesión (Edelap S.A.) - subanexo 4 - punto 4.1., Contrato de concesión (Edelap S.A.) - subanexo 4 - punto 4.3., Contrato de concesión (Edelap S.A.) - subanexo 4 - punto 4.5., Contrato de concesión (Edenor S.A.) - subanexo 4, Contrato de concesión (Edenor S.A.) - subanexo 4 - punto 4., Contrato de concesión (Edenor S.A.) - subanexo 4 - punto 4.1., Contrato de concesión (Edenor S.A.) - subanexo 4 - punto 4.3., Contrato de concesión (Edenor S.A.) - subanexo 4 - punto 4.5., Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 4., Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 4.1., Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 4.3., Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 4.5., Decreto 00714/1992 - artículo 10, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 071, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 072, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 073, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 074, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 075, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 076, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 077, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 078, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 079, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 080, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 081, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 082, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 083, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 084, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 085, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 086, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 087, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 088, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 089, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 090, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 091, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 092, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 093, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 094, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 095, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 096, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 097, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 098, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 099, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 100, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 101, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 102, Decreto 01798/1994 - anexo - artículo 27, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 19.549 - artículo 12, Ley 19.549 - artículo 24 inciso a), Ley 19.549 - artículo 25 inciso a), Ley 24.065 - artículo 56 inciso b), Ley 24.065 - artículo 56 inciso s), Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 24.065 - artículo 71, Ley 24.240, Ley 25.561, Ley 25.790 - artículo 5, Memorándum DDyCEE 0124/2002, Reglamento de suministro, Reglamento de suministro - artículo 03 inciso c), Reglamento de suministro - artículo 04, Reglamento de suministro - artículo 04 inciso j), Reglamento de suministro - artículo 04 inciso j) apartado I), Reglamento de suministro - artículo 06 inciso a) apartado III), Reglamento de suministro - artículo 10, Resolución ENRE 0002/1998, Resolución ENRE 0025/1993, Resolución ENRE 0082/2002, Resolución ENRE 0172/1996, Resolución ENRE 0311/2001, Resolución ENRE 0527/1996

Expediente Citado : ENRE 10310/2001



BUENOS AIRES, 23 DE MARZO DE 2006

    VISTO el Expediente ENRE N° 10.310/2001 y la Resolución ENRE N° 82/2002, y

    CONSIDERANDO:

    Que en las actuaciones del Visto tramitó la reforma del inciso c) del artículo 3°, el inciso j) del artículo 4°, el inciso a) del apartado III) del artículo 6°, y el artículo 10° del Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica para los Servicios prestados por las empresas “EDENOR S.A.”, “EDESUR S.A.” y “EDELAP S.A.”;

    Que el Directorio del Organismo dictó la Resolución ENRE N° 82/2002, de fecha 13 de febrero de 2002, por la que se modificaron los artículos antedichos;

    Que previo al dictado de dicha Resolución, este Organismo llevó a cabo un procedimiento de consulta por el cual cada asociación de defensa del consumidor registrada en el Organismo y las tres Distribuidoras involucradas tuvieron la posibilidad de analizar el proyecto de reforma propuesto;

    Que mediante nota de Entrada N° 65.467, la Unión de Usuarios y Consumidores presentó un Recurso de Alzada contra la Resolución ENRE N° 82/2002, por lo que este Organismo procedió a elevar una copia certificada de las actuaciones a la Secretaría de Energía conforme el acuse obrante a fojas 149 de estas actuaciones;

    Que mediante nota de Entrada N° 77.583 esa Secretaría remitió en devolución la copia certificada y el Recurso intentado por considerar que siendo la Resolución recurrida por esa Unión de usuarios un acto administrativo de alcance general dicho Recurso de Alzada correspondía ser tratado como un Reclamo administrativo en los términos del artículo 24 inciso a) de la Ley N° 19.549;

    Que en este sentido, es necesario destacar que en Dictámenes 233:400, la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho que corresponde rechazar la procedencia de los Recursos administrativos previstos en el capítulo VIII del reglamento de la Ley N° 19.549, como medios idóneos para impugnar en forma directa actos administrativos de carácter general, debiendo darse a tales impugnaciones el tratamiento de Reclamos impropios susceptibles de ser resueltos por la misma autoridad que dictó el acto o su superior jerárquico;

    Que por consiguiente, corresponde por parte de este Organismo el tratamiento de dicho Recurso de Alzada como Reclamo administrativo en los términos previstos en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549;

    Que por su parte, la Distribuidora “EDESUR S.A.” promovió impugnación directa en los términos del inciso a) del artículo 24 de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 contra la Resolución mencionada mediante la nota de entrada N° 65.807, obrante a fojas 130/144;

    Que a fojas 117/119 del Expediente del Visto y mediante nota de Entrada N° 65.004, la Distribuidora “EDELAP S.A.” interpuso una aclaratoria conforme lo previsto en el artículo 102 del Decreto PEN N° 1759/72, reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos;

    Que asimismo, la Distribuidora “EDELAP S.A.” promovió Reclamo impropio en los términos del inciso a) del artículo 24 de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 contra la Resolución del Visto mediante nota de entrada N° 67.048, obrante a fojas 152/162;

    Que la Distribuidora “EDENOR S.A.” dedujo igual planteo contra la Resolución del Visto, mediante nota de entrada N° 70.050, obrante a fojas 167/176;

    Que asimismo, las Distribuidoras “EDELAP S.A.” y “EDENOR S.A.” solicitan la suspensión de los efectos de la Resolución impugnada en los términos del artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos;

    Que en primer lugar, cabe rechazar el pedido de suspensión de los efectos solicitado por estas últimas Distribuidoras toda vez que las partes peticionantes no han acreditado la verificación de algunas de las causales establecidas por el citado artículo para que deba concederse la suspensión de los efectos del acto administrativo dictado;

    Que la Unión de Usuarios y Consumidores plantea que la modificación al inciso c) del artículo 3° del Reglamento de Suministro impone una modificación sustancial a los usuarios en relación con el reglamento vigente dado que los mismos deben tener la facultad y no la obligación de tener que concurrir a las empresas a deducir sus quejas y Reclamos, y que considera que la empresa pasa a ser un juez administrativo de primera instancia y sólo puede ir en Recurso ante el Ente;

    Que también argumenta que el inciso j) del artículo 4° contraviene lo establecido en el artículo 27 del Decreto PEN N° 1798/94 toda vez que confiere a la empresa un plazo de quince (15) días hábiles administrativos cuando este decreto establece para esta situación un plazo de diez (10) días corridos;

    Que por último, señala que al no prever la Resolución un plazo para recurrir ante el ENRE se violenta el derecho a la información de los usuarios;

    Que en primer lugar, debe señalarse que la Unión de Usuarios realiza una interpretación errada de lo establecido en el reglamento de Suministro dado que de ninguna manera las Distribuidoras se erigen en jueces de ningún tipo, ni le cabe al usuario el acudir al ENRE mediante la presentación de Recurso alguno, sencillamente el Usuario se presentará espontáneamente ante el Organismo alegando que las Distribuidoras han decidido su Reclamo en forma adversa o bien se han negado a tramitarlo;

    Que atento la aclaración anterior, resulta infructuoso un mayor análisis del tercer argumento de la Unión de Usuarios;

    Que en cuanto al plazo de diez días corridos para contestar los Reclamos previsto en el artículo 27 del Decreto PEN N° 1798/94 -Reglamentario de la Ley de Defensa del Consumidor-, cabe señalarse que el mismo no es más exigente que el plazo de quince días hábiles dispuesto en el reglamento vigente -conf. apartado I del inciso j) del artículo 4°- dado que “contestar” implica una menor obligación para la Distribuidora en comparación con lo que se le exige en el reglamento;

    Que en este sentido, sin perjuicio de ser el plazo establecido en el reglamento mayor que aquel previsto en el decreto citado, es necesario destacar que la obligación reglamentaria de “...tramitar, resolver y responder los Reclamos y las quejas...” -conf. apartado I del inciso j) del artículo 4°-, redunda en una mejor protección de los derechos de los usuarios toda vez que las Distribuidoras se ven obligadas a adentrarse en el análisis definitivo del Reclamo, lo cual supera a favor del usuario las previsiones del decreto reglamentario citado;

    Que por su parte, “EDESUR S.A.” plantea con fecha 19 de marzo de 2002 y a fojas 131 que ha habido una modificación arbitraria de los índices de calidad en un escenario en que la grave crisis económica, política y social del país, incide negativamente sobre las concesiones del sector eléctrico, no sólo por la devaluación del peso con relación al dólar, sino también por la pesificación de las tarifas, y por el incremento de la conflictividad social, que impide la normal prestación del servicio;

    Que manifiesta que los aspectos expuestos ocasionaron a esa Distribuidora un significativo desequilibrio en la relación gastos-retribución por lo que la Resolución ENRE N° 82/2002 carece de lógica, puesto que considera que no era ese el momento oportuno para modificar el Reglamento, ni para hacer más exigente la calidad del servicio comercial, cuando se encontraba comprometida la calidad de servicio convenida originalmente dado que entiende que se estarían modificando los parámetros de calidad estatuidos por el Subanexo 4 del Contrato de Concesión;

    Que sienta también su oposición a los cambios en materia de quejas y Reclamos dado que obligarán a que se realicen modificaciones operativas y estructurales significativas con erogaciones económicas importantes;

    Que en particular, manifiesta que la Resolución impugnada modifica la letra del Contrato de Concesión, incorporando mayores exigencias y obligaciones dado que la Distribuidora ha asumido contractualmente la obligación de prestar un servicio comercial satisfactorio que debe ser medido por el ENRE en función de los indicadores de calidad comercial previstos en el contrato;

    Que considera que es erróneo por parte del Organismo el fundar la reforma del Reglamento en los puntos 4 y 4.5 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión;

    Que manifiesta que si bien existe la obligación de las Distribuidoras de resolver y solucionar rápidamente los Reclamos de sus usuarios, conforme lo dispone el artículo 3° inciso c) del Reglamento, ello no implica que la autoridad de aplicación pueda modificar los índices de calidad del servicio comercial previstos en el contrato;

    Que argumenta que la modificación propuesta modifica específicamente los siguientes indicadores de calidad comercial: el punto 4.1 del Subanexo 4, relativo a conexiones, donde se establecen plazos mayores a 15 días para resolver las conexiones, según haya que hacer modificaciones a la red y según la categoría del usuario que efectúa la solicitud y el punto 4.3 del mismo Subanexo relativo a Reclamos por error de facturación, donde sólo se establece que en 15 días la Distribuidora deberá estar en condiciones de informar al usuario sobre la Resolución del mismo pero el objeto del Reclamo deberá estar solucionado en la próxima facturación;

    Que argumenta que la modificación del artículo 4° inciso j) del Reglamento impone a la Distribuidora la obligación de llevar un registro informático y le otorga un plazo de 15 días hábiles para tramitar, resolver y responder todos los Reclamos y quejas que le formulen sus usuarios;

    Que señala que el plazo de quince (15) días es una exigencia desmedida por lo que considera que dicho plazo debiera ser únicamente para responder por escrito al usuario y que constituye un formalismo peligroso que se exija a la Distribuidora que funde debidamente la Resolución de los Reclamos, como si estos fueran sentencias judiciales;

    Que asimismo señala que habría una contradicción entre el plazo de quince (15) días y el plazo establecido por la Resolución ENRE N° 2/1998;

    Que considera que la generación e implementación del registro informático solicitado debería aplicarse sólo a los Reclamos comerciales, excluyendo tanto los Reclamos por calidad de producto y servicio técnico, como también aquellos Reclamos indemnizatorios ya que en la generalidad de los casos están en juego aspectos técnicos que bajo ningún punto de vista pueden resolverse en un plazo de quince (15) días como se ha establecido;

    Que por otra parte, debe tenerse en cuenta el precepto contenido en el artículo 5° de la Ley N° 25.790 que expresamente establece que las disposiciones de la normativa de emergencia en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones;

    Que el artículo citado despeja toda duda en cuanto a que la Distribuidora debe cumplir con las obligaciones establecidas por el Organismo en ejercicio de sus facultades reglamentarias, por lo que el análisis del primer argumento vertido por la misma resulta infructuoso;

    Que se confunde la Distribuidora al decir que el Organismo basó la reforma en el punto 4.5 del Subanexo 4° toda vez que tal como se consignara en la Resolución impugnada, la competencia material para este tipo de reforma viene dada por lo dispuesto en el inciso b) del artículo 56 de la Ley N° 24.065, el que establece un poder reglamentario amplio en lo atinente a aspectos que intrínsecamente se refieren a la relación de consumo existente entre la prestadora y el usuario;

    Que en oportunidad de observar -con fecha 25 de septiembre de 2001, presentación obrante a fojas 47/51 del Expediente del Visto- el proyecto de reforma que contenía las modificaciones que fueran luego aprobadas por la Resolución ENRE N° 82/2002, la Distribuidora no planteó que las mismas implicasen una modificación a los parámetros de calidad contractualmente establecidos;

    Que debe tenerse en cuenta que la consulta a la que fue sometido dicho proyecto respondió a un mecanismo por el cual se habilitó un espacio institucional para la expresión de opiniones y propuestas atento la trascendencia de la norma que se aspiraba reformar;

    Que en cuanto al punto 4.1 del Subanexo 4° del Contrato de Concesión, es necesario destacar que no guarda relación alguna con las previsiones del Reglamento de Suministro, dado que el pedido de conexión de suministro no constituye un Reclamo por sí mismo, sin perjuicio que ante el eventual incumplimiento de las Distribuidoras, el usuario ingrese un Reclamo por la demora, por lo que en nada resultan alterados los plazos dispuestos contractualmente a esos efectos;

    Que en cuanto al plazo del punto 4.3 del Subanexo 4, no existe alteración del mismo toda vez que el plazo de quince días es el plazo máximo para que el usuario tenga una respuesta que incluya el análisis de su Reclamo por parte de la Distribuidora, cuya solución se verá reflejada en la próxima facturación;

    Que tal como se argumentó en el Memorándum conjunto obrante a fojas 62/66, si la Distribuidora verdaderamente no puede resolver el Reclamo en el tiempo estipulado, no correrá ningún riesgo de ser sancionada, en tal caso sólo deberá hacerle saber al usuario los motivos por los cuales se ve imposibilitada para resolver en el tiempo estipulado, la fecha o plazo que estiman tenerlo resuelto y las medidas adoptadas a tal fin;

    Que a su turno, la Distribuidora “EDELAP S.A.” impugnó la Resolución del Visto para lo que invoca el artículo 25 inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos mediante nota de entrada N° 67.048, obrante a fojas 152/162;

    Que previo a adentrarse en el análisis del Reclamo impropio interpuesto, es necesario destacar que la aclaratoria interpuesta por esta Distribuidora a fojas 117 y ss. de estas actuaciones no es procedente conforme lo expresado en el Memorándum DDCEE N° 124/02, el cual obra a fojas 150 de estas actuaciones y en el que se determina que el pedido formulado por la Distribuidora no reúne las condiciones determinadas por el artículo 102 del Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549;

    Que por consiguiente, no corresponde aclarar el acto administrativo dictado tal como lo solicitara la Distribuidora “EDELAP S.A.” oportunamente;

    Que argumenta que la crisis económica, financiera y social ha incidido negativamente sobre la concesión del servicio eléctrico, lo que sumado a la pesificación de las tarifas y el incremento del conflicto social, hace que se vea obstaculizada la prestación del servicio público por lo que se ha visto obligada a suspender sus planes y cronogramas comprometidos y está realizando un enorme esfuerzo para garantizar la prestación del servicio eléctrico, en condiciones muy diferentes a las oportunamente contratadas con el Poder Ejecutivo Nacional;

    Que considera que los cambios producidos en el Reglamento de Suministro, conllevan la realización de erogaciones, inversiones y gastos por parte de las empresas de servicio público que no se encuentran reconocidas en la tarifa actual y las mismas no deberán ser exigidas;

    Que mediante las modificaciones propuestas el ENRE ha incorporado mayores exigencias que modifican no sólo el Reglamento sino el Contrato de Concesión y de los índices de calidad comercial previsto en el Subanexo 4 del mismo, modificación que resulta absolutamente arbitraria, dado que el ENRE puede modificar el reglamento de Suministro, pero no el Contrato de Concesión;

    Que en primer lugar, con relación a la crisis económica y social, debe estarse a lo argumentado en los párrafos precedentes en cuanto a que la Distribuidora no ha sido eximida de cumplir con sus obligaciones contractuales;

    Que en lo que respecta a las demás alegaciones vertidas en su Reclamo impropio, la Distribuidora no brinda las razones concretas y fundadas por las que considera que se ha violentado el Contrato de Concesión por lo que no es procedente el análisis de tales agravios inespecíficos;

    Que por otra parte, debe tenerse en cuenta que en oportunidad de observar el proyecto de reforma del reglamento, -con fecha 21 de septiembre de 2001, presentación obrante a fojas 52/56- esa Distribuidora nada argumentó al respecto, habiéndose limitado a observar cuestiones menores;

    Que por su parte, la Distribuidora “EDENOR S.A.” argumenta en su Reclamo administrativo impropio que la reforma del Reglamento de Suministro ha sido dictado prácticamente en los mismos términos de la propuesta efectuada oportunamente y que, a pesar de haber sido puesta en conocimiento de las empresas para que expusieran las observaciones que estimarán correspondientes, no se han atendido las efectuadas por esa empresa, ni se han dado las razones por las que se desecharon las mismas;

    Que las observaciones planteaban las dificultades con las que se encontraría la empresa para implementar tales modificaciones;

    Que por otra parte, considera que el dictar la Resolución impugnada, el ENRE ha modificado cláusulas expresas que contiene el Contrato de Concesión y afirma que se excede en su competencia y se aparta del principio de legalidad toda vez que la única previsión reglamentaria que autoriza al Organismo a modificar el mismo está dado por el artículo 10 del Decreto PEN N° 714/92;

    Que considera que el inciso b) del artículo 56 de la Ley N° 24.065 no se refiere a la facultad para dictar reglamentos en la materia del Reglamento de Suministro;

    Que considera que la nueva redacción del artículo 4° del Reglamento contradice lo dispuesto por el punto 4.3 del Subanexo 4° del Contrato de Concesión;

    Que por otra parte, las condiciones del tratamiento de los Reclamos ya se encontraban contempladas por el Contrato de Concesión y el Reglamento de Suministro y otras normas que el ENRE ha dictado al respecto y los mismos son adecuadamente atendidos por el concesionario;

    Que considera que al agregar todos los Reclamos a dicho sistema, el ENRE modifica numerosas resoluciones que ya prevén una modalidad clara ya implementada por diferentes registros informáticos que atienden tales Reclamos, para lo que cita las Resoluciones ENRE N° 172/1996, ENRE N° 527/1996, ENRE N° 2/1998 y ENRE N° 311/2001;

    Que por último, manifiesta que la modificación efectuada resulta total y absolutamente inoportuna, toda vez que desde hacía más de un mes atrás de su dictado había sido sancionada la Ley N° 25.561 que determinó que los precios y tarifas resultantes de los contratos de concesión quedaban pesificadas y que la implementación práctica de las reformas dispuestas requiere importantes sumas de dinero que no se encuentra en condiciones de afrontar;

    Que las tres Distribuidoras se han agraviado por considerar que las modificaciones dispuestas por la Resolución impugnada modifican los índices de calidad establecidos en el Contrato de Concesión;

    Que es imperioso destacar que esa conclusión resulta errónea, toda vez que las modificaciones dispuestas no crean nuevas exigencias sino que reglamentan con un mayor detalle la obligación de prestación de suministro ya existente y la relación de la Distribuidora con el usuario;

    Que en cuanto a las consecuencias de la normativa de emergencia dictada, debe estarse a lo manifestado en oportunidad de contestar los Reclamos de las otras dos Distribuidoras teniéndose en cuenta el precepto contenido en el artículo 5° de la Ley N° 25.790 que expresamente establece que las disposiciones de la normativa de emergencia en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones;

    Que en cuanto a que la reforma no ha tenido en cuenta las observaciones de “EDENOR S.A.” obrantes a fojas 38/41 del Expediente del Visto, cabe destacar que en el Memorándum conjunto, que antecedió al dictado de la Resolución ENRE N° 82/2002 y obra a fojas 62/65 de las presentes actuaciones, fueron analizadas dichas observaciones;

    Que en lo que respecta a la alegada incompetencia del Organismo para reformar el Reglamento de Suministro, es necesario reseñar que es función del Organismo el dictar este tipo de reglamentos, siendo clara y abonando en este entendimiento la reglamentación del inciso b) del artículo 56 de la Ley N° 24.065;

    Que en cuanto a que el Organismo ya ha dictado reglamentaciones en igual sentido que el reglamento de suministro impugnado, debe manifestarse en primer lugar que los antecedentes citados por la Distribuidora versan sobre aspectos que hacen a la órbita de control del Organismo con respecto a las concesionarias, mientras que el Reglamento de Suministro constituye el instrumento en el que se establecen cuestiones atinentes principalmente a la relación jurídica entre las concesionarias y los usuarios;

    Que es por eso que de ninguna forma debe entenderse que existe en contradicción entre ellas, sino complementariedad;

    Que en cuanto a la supuesta nueva exigencia dispuesta por el Reglamento de Suministro en cuanto a la implementación de un registro informático adicional, debe tenerse en cuenta que el Organismo, mediante la Resolución ENRE N° 25/1993, ya había dado la opción a las Distribuidoras para que opten entre la adopción de un libro rubricado o de un registro informático en el que constarían los Reclamos recibidos;

    Que la Resolución ENRE N° 2/1998, derogatoria de la anterior Resolución citada, mantuvo la exigencia para las Distribuidoras de contar con un registro informático;

    Que para mayor abundamiento, es necesario destacar que las tres Distribuidoras han hecho aplicación del Reglamento de Suministro modificado por la Resolución impugnada hasta el presente, lo que evidencia que la dificultad económica alegada no era un impedimento para su implementación;

    Que en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde el rechazo de los Reclamos impropios presentados por la Unión de Usuarios y Consumidores y por las Distribuidoras “EDESUR S.A.”, “EDELAP S.A.” y “EDENOR S.A.” contra la Resolución ENRE N° 82/2002;

    Que en las presentes actuaciones se han respetado los principios del debido proceso y se ha producido el dictamen jurídico requerido por el inciso d) del artículo 7° de la Ley N° 19.549;

    Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado del presente acto administrativo en virtud de lo que disponen el inciso s) del artículo 56, los incisos a) y g) del artículo 63 y el artículo 71 de la Ley N° 24.065;

    Por ello:
    EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE

    ARTICULO 1.- Rechazar los Reclamos impropios presentados por la UNIÓN DE USUARIOS y CONSUMIDORES y las Distribuidoras “EDESUR S.A.”, “EDELAP S.A.” y “EDENOR S.A.” contra la Resolución ENRE N° 82/2002.

    ARTICULO 2.- Rechazar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución ENRE N° 82/2002 solicitado por las Distribuidoras “EDENOR S.A.” y “EDELAP S.A.”

    ARTICULO 3.- Determinar que no procede la aclaración del acto administrativo del Visto solicitada por la Distribuidora “EDELAP S.A.” en virtud de los argumentos expuestos en la presente Resolución.

    ARTÍCULO 4.- Notifíquese a la UNIÓN DE USUARIOS Y CONSUMIDORES y a las Distribuidoras “EDESUR S.A.”, “EDELAP S.A.” y “EDENOR S.A.”

    ARTICULO 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
    RESOLUCION ENRE N° 295/2006
    ACTA N° 848
    Jorge Daniel Belenda,
    Vocal Tercero.-
    Julio César Molina,
    Vocal Segundo.-
    Marcelo Baldomir Kiener,
    Vocal Primero.-
    Ricardo Alejandro Martínez Leone,
    Vicepresidente.
    Citas legales:Resolución ENRE 0025/1993 Biblioteca
    Resolución ENRE 0527/1996 Biblioteca
    Resolución ENRE 0172/1996 Biblioteca
    Resolución ENRE 0002/1998 Biblioteca
    Resolución ENRE 0311/2001 Biblioteca
    Resolución ENRE 0082/2002 Biblioteca
    Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) Base de datos 'Biblioteca', Vistas '(Por Tipo B)'
    Decreto 01798/1994 Biblioteca
    Decreto 00714/1992 Biblioteca
    Ley 25.561 Biblioteca
    Ley 25.790 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 56 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 63 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 71 Biblioteca
    Ley 19.549 Biblioteca
    Contrato de concesión Biblioteca
    Contrato de concesión Biblioteca
    Contrato de concesión Biblioteca
    Reglamento de suministro Biblioteca
    Acta ENRE 848/2006 Biblioteca