Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0600/2001. Boletín Oficial n° 29.767, lunes 5 de noviembre de 2001, p. 48.

Citas Legales : Código civil - artículo 1071, Contrato COM (Transener S.A. - GEEAC), Contrato COM (Transener S.A. - GEEAC) - artículo 34, Contrato COM (Transener S.A. - GEEAC) - artículo 36, Decreto 02743/1992 - artículo 12, Dictamen PTN 0343/1992, Ley 19.549 - artículo 18, Ley 24.065 - artículo 36, Ley 24.065 - artículo 56 inciso s), Ley 24.065 - artículo 63 inciso g), Ley 24.065 - artículo 71, Memorándum AARyEE 0780/1999, Pliego de bases y condiciones (cuarta línea del sistema de transmisión Comahue - Buenos Aires) - anexo XI, Resolución ENRE 0242/1998, Resolución ENRE 0421/1999, Resolución ENRE 0421/1999 - artículo 4, Resolución ENRE 0560/1998, Resolución ENRE 0613/1996, Resolución ENRE 0711/1999, Resolución ENRE 0762/1998, Resolución ENRE 1028/1997, Resolución ENRE 1354/1998, Resolución SEyM 0022/2001

Expediente Citado : ENRE 06197/1999

(Nota: confirmada por Resolución SE 173/02 Biblioteca. Declarada nula por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III en fallo "Aes Alicurá S.A. y otros c/ Resolución ENRE 600/2001 (expte. 2167/99 6197/99)". Causa N° 1567/03 Libros)

BUENOS AIRES, 26 DE OCTUBRE DE 2001

    VISTO: El Expediente ENRE Nº 6197/99, y

    CONSIDERANDO

    Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, mediante Resolución ENRE N° 613/96 otorgó el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública que autorizó la construcción de la Cuarta Línea de Transmisión Comahue - Buenos Aires en 500 kV.

    Que la decisión de autorizar la citada construcción fue tomada porque se evaluó que el beneficio para todos los usuarios del sistema interconectado justificaba la eventual afectación que ésta produciría.

    Que el proyecto de la llamada cuarta línea presentado por parte del Grupo de Generadores de Energía Eléctrica del Área del Comahue (GEEAC) coincidió con el que ya había sido preparado por Hidronor S.A., al que el referido grupo solicitante de la ampliación de la capacidad de transporte incorporó un Estudio de Impacto Ambiental Básico referido a la franja de tendido de la proyectada Línea de Alta Tensión, incluyendo recomendaciones de minimización del impacto que ésta produciría.

    Que cuando se realizó la Audiencia Pública para el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la obra, no existió ninguna oposición o planteo respecto de la traza básica que contenía el proyecto de referencia.

    Que determinada la necesidad de la obra, los solicitantes de la misma elaboraron el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso Público Nacional e Internacional realizado para la Construcción, Operación y Mantenimiento (COM) de la Cuarta Línea, al que se incorporó el mencionado estudio, que además fue ampliado en el Anexo XI de dicho Pliego, titulado “Requerimientos Ambientales”.

    Que mediante Resolución ENRE N°1028/97 se aprobó la adjudicación a TRANSENER S.A. del contrato COM licitado, y se dejó en claro que la fiscalización de la evaluación de impacto ambiental debía ser permanentemente monitoreado a medida que avanzara el proyecto ejecutivo.

    Que bajo el sustento de la traza general aprobada, TRANSENER S.A. solicitó la afectación de los predios por donde transcurre la franja de servidumbre, y en virtud de la información aportada por la mentada transportista el ENRE dictó el acto de afectación de servidumbre administrativa, por medio de las Resoluciones ENRE N° 242/98, 560/98 y 762/98, que implicó la traza definitiva en detalle.

    Que realizado el Estudio de Impacto Ambiental Complementario y el Plan de Gestión Ambiental por la Contratista, y hechos suyo por la Comitente, fueron presentados al ENRE, quien, luego de su evaluación, los aprobó mediante Resolución ENRE 1354/98.

    Que emitidas las Resoluciones ENRE N° 242/98, 560/98 y 762/98 tomaron conocimiento de la mencionada restricción los titulares de las parcelas que resultarán afectadas por la traza de la línea, siendo por lo tanto en ese momento donde manifiestan su oposición a la obra, a pesar de haberse realizado una Audiencia Pública, para la cual se puso a disposición de todos los interesados la documentación relacionada con la misma.

    Que posteriormente ante la solicitud de suspensión de la obra en cuestión por parte del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Tornquist, así como de otros afectados, y las medidas dictadas por el Juzgado Federal N°2 con competencia en el lugar, por los motivos que fueron explicitados oportunamente, se convocó, mediante Resolución ENRE N° 421/99, a una Audiencia Pública que se celebró en Saldungaray.

    Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Resolución mencionada, se procedió a la contratación de la Universidad Nacional del Sur con el objeto de que esta efectuara la Evaluación del Impacto Ambiental comparativa entre la traza original y otros trazados posibles entre los piquetes 75 y 135 a los efectos de seleccionar la traza más adecuada.

    Que del informe presentado por esa Universidad el día 19 de mayo de 1999 se concluyó que las dos variantes menos perjudiciales son las denominadas ORIGINAL y ENRE 1 (E1), y entre las dos variantes se recomienda la E1. dado que la misma es la de menor impacto visual.

    Que a los efectos de evaluar su consideración, se solicitó a TRANSENER S.A. una estimación de los costos adicionales que insumiría la alternativa identificada como ENRE 1, a lo que esa Transportista contestó mediante Nota de Entrada N° 37433 que el mismo ascendería a pesos $ 4, 5 millones.

    Que atento a las conclusiones arribadas, el Area de Análisis Regulatorios y Estudios Especiales elevó al Directorio del ENRE el Memorándum N° 780/99 en el cual sugiere la autorización de la alternativa E1, la utilización de los fondos Salex para la construcción de los 6 km suplementarios de la Cuarta Línea, previo cumplimiento de ciertos requisitos, y la nueva afectación de servidumbres.

    Que el 1 de junio el ENRE dictó la Resolución ENRE N° 711/99 en la cual dispuso: I) ajustar el recorrido de la traza correspondiente a la “Cuarta Línea del Comahue” de 500 kV entre los piquetes 50 y 135; II) aprobar, en los términos del artículo 4° de la ley N° 19.552 la afectación a servidumbre administrativa de electroducto de las parcelas que figuraban en los anexos; III) ordenar a “TRANSENER S.A.” notificar fehacientemente la citada Resolución a los propietarios de las nuevas parcelas afectadas, haciéndoles saber los derechos que les corresponden junto con las restricciones y limitaciones al dominio; IV) disponer la desafectación de las parcelas alcanzadas por la servidumbre administrativa de electroducto en la traza oportunamente aprobada por la Resolución ENRE Nº 242/98 en el tramo comprendido entre los piquetes 50 y 135 y ordenar a “TRANSENER S.A.” llevar a cabo las medidas tendientes a la inscripción en los registros correspondientes de la desafectación de dichas parcelas; y V) intimar a “TRANSENER S.A.” a presentar en el plazo de 30 días corridos contados a partir de la notificación de la presente Resolución, la adecuación del Plan de Gestión Ambiental que incluya las medidas de mitigación correspondientes a la etapa de construcción, respecto de la modificación autorizada en el artículo 1 precedente.

    Que dictada la Resolución ENRE N° 711/99, el día 4 de junio TRANSENER S.A. presentó una solicitud de aclaración respecto de sus términos en cuanto a la elevación del canon a la cantidad de $25.140.000 o que en caso contrario la asignación de Recursos a tal efecto de la subcuenta de excedentes del corredor Comahue - Buenos Aires.

    Que por su parte, el GEEAC también presentó una solicitud de aclaratoria con respecto: i) si la Concesionaria había tenido la intervención que le compete a fin de garantizar que no se produzca ninguna restricción futura de transporte motivada por la cercanía de las líneas; ii) si el eventual costo adicional que supondría el cambio de traza implica una la modificación del canon y iii) si el eventual costo adicional estimado por la constructora y mencionado por el ENRE, será en su caso solventado con parte de los fondos acumulados en la subcuenta de excedentes de la capacidad de transporte del corredor Comahue - Buenos Aires.

    Que sin perjuicio de estas solicitudes, el día 1/12/99 se firmó el ACTA ACUERDO - CONTRATO DE ELECTRODUCTO PARA LA CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUARTA LÍNEA DEL CORREDOR COMAHUE - BUENOS AIRES en la cual las partes consideran en los incisos j), k) y l) respectivamente que: I) El CONTRATISTA ha manifestado un mayor costo de U$S 4.500.000 (dólares estadounidenses cuatro millones quinientos mil) por el cambio de traza dispuesto por el ENRE, conforme la consulta que sobre el particular le efectuara el citado organismo;II) El COMITENTE considera que, tal como surge de EL CONTRATO, de haberse producido un mayor costo, éste era parte del riesgo del negocio asumido por EL CONTRATISTA, como consecuencia de entre otras cosas, de haber quedado en cabeza de EL CONTRATISTA la responsabilidad de la traza; III) EL CONTRATISTA considera que el cambio de traza dispuesto de oficio por el ENRE mediante la Resolución ENRE N° 711/99 genera un incremento de costos que excede las obligaciones y riesgos asumidos en EL CONTRATO, y que corresponde el reconocimiento y pago de los mayores costos derivados de tal situación.

    Que en función de las consideraciones precedentes, las partes acordaron entre otras, en los puntos 6.IV); y 6.VI) que:I) El CONTRATISTA no efectuará al COMITENTE Reclamo alguno debido al cambio de traza resuelto por el ENRE mediante Resolución ENRE N° 711/99; II) Las PARTES reconocen que en lo que a cada uno de ellos respecta, con la presente dan por superados todos y cualquier tipo de Reclamo por cualquier concepto, como por ejemplo por mayores costos de cualquier naturaleza y/o multas durante la ejecución de la obra, no teniendo ningún Reclamo que formularse por ningún concepto, incluso por las observaciones de construcción planteadas por el COMITENTE ante el ENRE.

    Que con fecha 7 de junio del año 2001 el Grupo Constructor integrado por las empresas SADE SKANSKA S.A. y CPC S.A., subcontratistas nominados declarados por TRANSENER S.A. quienes tuvieron a su cargo la construcción del electroducto, solicitaron la indemnización de todos los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la ejecución de la variante a la traza, dispuesta por la Resolución ENRE N° 711/99, los cuales ascenderían a $ 7.821.399.

    Que cabe señalar que, a fojas 4313 del Expediente ENRE N° 2167 obra que SADE SKANSKA S.A. y CPC S.A. fueron nominados Subcontratistas por TRANSENER en su oferta que resultara adjudicataria del proceso licitatorio llevado a cabo para la construcción, operación y mantenimiento de la Cuarta Línea.

    Que asimismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo tercero del Contrato de Electroducto que establece que: ”El Contratista será el único responsable frente al Comitente por su incumplimiento, el de sus subcontratistas y/o respectivos dependientes. En este caso también los Subcontratistas Principales serán solidariamente responsables con el Contratista en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° párrafo segundo del Convenio suscripto entre el Contratista y los Subcontratistas con fecha 18 de septiembre de 1997, incluido a fojas 01091-01097, carpeta 0, volumen 1 de la oferta”, SADE SKANSKA S.A. y CPC S.A. eran solidariamente responsables con TRANSENER S.A. frente al Comitente.

    Que del mismo modo el Grupo Constructor asume los costos de construcción de la obra, en función del Acuerdo firmado entre las empresas SADE Ingeniería y Construcciones S.A. y CPC S.A. y al Convenio de Construcción que el Grupo firmó con TRANSENER S.A..

    Que por lo tanto, de existir mayores costos asociados a la construcción, como consecuencia de una modificación de la traza, estos recaen sobre el Grupo Constructor, sustentando la legitimidad de su Reclamo.

    Que por otra parte cabe analizar si procede la indemnización por dichos mayores costos ocasionados con motivo de la ejecución de la variante a la traza de la Cuarta Línea dispuesta por la Resolución ENRE N° 711/99.

    Que en este sentido el Contrato de Electroducto dispone que: I) “El Contratista será el único responsable de cualquier daño o perjuicio causado a terceros y/o al Comitente y/o a sus empleados, sea en su persona, bienes o derechos, con motivo o en ocasión de la ejecución del Contrato. En este caso también los Subcontratistas Principales serán solidariamente responsables con el Contratista, ....” (artículo 3°, tercer párrafo); II)”No obstante lo establecido en los párrafos precedentes, si durante la etapa de construcción el Contratista denunciare eventos ajenos a su voluntad, que a juicio exclusivo del Comitente constituyen supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor, el Comitente estará facultado a modificar la o las fechas claves afectadas por dicho evento en la real incidencia del mismo, sin que ello implique la facultad del Contratista de reclamar mayores costos por dicho motivo “ (artículo 7°, undécimo párrafo); III)“El Contratista asume las consecuencias del caso fortuito o la fuerza mayor.

    Quedan comprendidas dentro de las causales de caso fortuito y fuerza mayor todo hecho fuera de control del Comitente que incidiera en la ejecución del Contrato.

    Que asimismo, en dicho contrato el Contratista renuncia a invocar las causales de imprevisión, mayores costos y/u otras derivadas de hechos ajenos al Comitente. Por lo tanto el Contratista no tendrá derecho a Reclamo económico alguno derivado de tales causales y, en particular, a la modificación del Canon o a percibir ninguna otra suma que las mencionadas en el artículo 36.” ( artículo 34°).

    Que por lo tanto, surge claramente que el contratista y el subcontratista principal, como consecuencia de la responsabilidad solidaria, asumen frente al comitente, las consecuencias derivadas de la suspensión de las obras por causales de distinta índole, así como la renuncia a Reclamos originados por tales causales, en cuanto a mayores costos.

    Que en este sentido, abunda además, el acta firmada el día 1 de diciembre del año 1999, por el comitente y el contratista en la que acuerdan la renuncia por parte de este último a efectuar al COMITENTE Reclamo alguno debido al cambio de traza resuelto por el ENRE mediante Resolución ENRE N° 711/99.

    Que asimismo, las partes reconocieron en el acta mencionada que en lo que a cada uno de ellos respecta, “dan por superados todos y cualquier tipo de Reclamo por cualquier concepto, como por ejemplo por mayores costos de cualquier naturaleza y/o multas durante la ejecución de la obra, no teniendo ningún Reclamo que formularse por ningún concepto, incluso por las observaciones de construcción planteadas por el COMITENTE ante el ENRE”.

    Que por consiguiente, el Reclamo efectuado a través de la presentación de SADE, no puede ser dirigido al Comitente, sino que deberá ser analizado desde la responsabilidad del Estado, en tanto ejerce la facultad de modificar el proyecto original, como acontecimiento ajeno a la voluntad de los contratistas, y la posibilidad de ser tenido en cuenta al momento de efectuar la oferta que posteriormente ha sido adjudicada.

    Que, los diversos actos administrativos dictados por el ENRE, en las distintas etapas del procedimiento, tales como la emisión del correspondiente Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, la aprobación del Pliego, la adjudicación de la obra así como los actos de afectación a servidumbre, fueron válidos y legítimos.

    Que del mismo modo, el acto que modificó la traza original, es decir la Resolución ENRE 711/99, cumplió los mismos requisitos y fue realizado por razones de interés público.

    Que la administración no debe probar que sus actos son legítimos, es decir que han sido dictados de conformidad con el ordenamiento.

    Que es una presunción legal impuesta que se funda en el hecho de que “si no existiera tal principio toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común” (Cassagne)

    Que por otra parte, la posible alteración de la ecuación económico-financiera aludida por el Grupo Constructor puede producirse por tres circunstancias fundamentales: I) por causas imputables a la Administración introduciendo modificaciones al contrato, sean estas abusivas o no; II) por causas imputables al Estado, inclusive desde luego a la Administración Pública, cuyos efectos incidan o puedan incidir por reflejo en el contrato y III) por trastornos de la economía general del contrato, debidos a circunstancias externas, no imputables al Estado y que inciden en el contrato por vía refleja.

    Que en la primera hipótesis se estará en presencia de un supuesto común de responsabilidad contractual del Estado, en la segunda hipótesis aparece el denominado “hecho del príncipe”; y en el tercer supuesto surge la llamada “teoría de la imprevisión”.

    Que la primera hipótesis contempla el vínculo entre Estado y cocontratante, que no corresponde al caso en análisis, por lo tanto nos referiremos a las hipótesis b) y c), que encuadran en las causas que pueden incidir por vía indirecta en el contrato.

    Que en su obra “Licitación Pública” el Dr. Roberto Dromi sostiene que “El “hecho del príncipe” se manifiesta a través de decisiones jurídicas o acciones materiales que pueden modificar las cláusulas contractuales o las condiciones objetivas o externas del contrato, lesionando los derechos del contratista de modo sobreviniente a la ecuación jurídica que le dio nacimiento”.

    Que “La teoría del “hecho del príncipe” se aplica a toda clase de contrato administrativo, pero solamente en los casos de alteración contractual por actos de alcance general, ya que los de alcance particular dan lugar a la responsabilidad contractual del estado”.

    Que “Sólo el acto de poder anormal o extraordinario que afecte la ecuación financiera del contrato da lugar a la aplicación de esta teoría para responsabilizar al Estado, pues el acto de poder normal u ordinario, aún en el caso de disposiciones generales que sólo tornen un poco gravoso el contrato, queda a cargo del contratista, en virtud del riesgo o ventura que éste asume”.

    Que “Para la procedencia de la indemnización se exige que el perjuicio exista efectivamente; y que tal perjuicio sea resarcible, en mérito a que: a) el daño se haya producido imprevistamente, sin que el contratista pudiera razonablemente haberlo tenido en cuenta en el momento de celebrar el contrato; b) que la medida estatal determinante del daño haya sido de carácter general, y c) que tal medida provenga de cualquier autoridad pública, siempre que pertenezca a la misma esfera de competencia.”

    Que por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto no corresponde la aplicación del “hecho del príncipe” dado que el acto emitido por el ENRE ha sido de “carácter normal” - determinando perjuicios “comunes u ordinarios” y que ha sido de alcance particular, ya que obliga sólo al Contratista (TRANSENER S.A.), aún proviniendo de la misma autoridad en la misma esfera de competencia.

    Que asimismo, no puede encuadrase dentro de la teoría de la imprevisión, atento a que la situación creada no puede asimilarse a un acontecimiento “extraño o ajeno a la voluntad estatal”.

    Que dicha teoría procede ante circunstancias anormales extraordinarias e imprevisibles, pero temporarias o transitorias, que alteran la ecuación económico - financiera del contrato deteriorándola en perjuicio del contratante que puede requerir la ayuda pecuniaria del estado para obviar esa crítica situación y dar cumplimiento así a dicho contrato.

    Que tales circunstancias, en el caso que nos ocupa, a pesar de ser ajenas a la voluntad del contratante, no provienen de una autoridad estatal distinta de la interviniente en la celebración del contrato, requisito para el encuadre en esta hipótesis.

    Que para finalizar con el análisis de la responsabilidad de la administración, deberemos adentrarnos en la herramienta citada por el reclamante que se funda en el artículo 18° in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos.

    Que el mismo al establecer el régimen de revocación de los actos administrativos dispone que “... podrá ser revocado, modificado o restituido por razones de oportunidad mérito o conveniencia, indemnizando los perjuicios que causare a los administrados.”

    Que para que la administración pueda revocar un acto con fundamento en razones de oportunidad, mérito o conveniencia exige que el interés público sea de igual naturaleza que el del acto objeto de revocación. (Procuración del Tesoro, dictamen 343/92, B.O., 24/6/92, segunda sección, p.27).

    Que asimismo, en cuanto a la obligación de indemnizar en caso de revocación por razones de oportunidad, no es aceptable la opinión que funda esa obligación resarcitoria en el principio de responsabilidad por actos lícitos, pues en la especie no media culpa del estado y tratándose por lo demás de un acto lícito cumplido por el mismo en ejercicio de un deber legal resulta impropio recurrir a la noción de responsabilidad, ya que faltaría uno de sus elementos esenciales: la culpa. Aquí sigue imperando el principio general de derecho incorporado al Código Civil en cuyo mérito el ejercicio de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto (artículo 1071 y su nota); siendo así, resulta irrazonable hablar de “responsabilidad por actos lícitos”.

    Que tampoco la equidad puede ser invocada como fundamento del derecho a indemnización, pues la equidad no es fuente jurídica en derecho administrativo argentino.

    Que el derecho subjetivo que el acto administrativo le reconoce o crea al administrado es una “propiedad” del mismo, en el sentido constitucional del término.

    Que el fundamento de la facultad revocatoria por razones de oportunidad es análogo al de la expropiación por utilidad pública; en este orden de ideas el fundamento de ser indemnizado no es otro que el respeto debido a la constitución, que constituye a su vez, un principio general de derecho aplicable a todas las hipótesis en que un derecho patrimonial cede por razones de interés público.

    Que en consecuencia de lo citado precedentemente surge la viabilidad del reconocimiento del mayor costo en términos del menoscabo patrimonial sufrido en función del interés general que fundamentó el acto administrativo (Resolución ENRE N° 711/99) y que ya fuera observado en el Memorándum N° 780/99 que el Area de Análisis Regulatorios y Estudios Especiales elevó al Directorio del ENRE.

    Que dicho acto, sostiene en sus fundamentos una consideración de significativa importancia al referirse que “esta obra al ser calificada como de Conveniencia y Necesidad Pública por el Organismo Público del Estado Nacional específico para la autorización de la misma, representa la decisión oficial, dispuesta en atención al interés público de todo el país involucrado en la satisfacción de una necesidad básica como lo es la disponibilidad de energía eléctrica”.

    Que a través de la Resolución ENRE N° 711/99 se posibilitó la entrada en servicio comercial de la “Cuarta Línea del Comahue” de 500 kv que permitió la mayor exportación de la energía disponible en el área Comahue, ocasionando un beneficio al sistema en su conjunto, al disponer de energía de bajo costo.

    Que por lo tanto, carece de toda trascendencia, entonces, que la medida perturbadora del equilibrio o ecuación económico - financiera del contrato provenga o no de la misma autoridad pública que intervino en el mismo. Tal medida perturbadora, en todos los casos, será imputable al “Estado”, cualquiera sea el órgano o repartición de este de que provenga la medida lesiva.

    Que determinada que fuera la responsabilidad, corresponde entonces el resarcimiento de los mayores costos incurridos por el Contratista como consecuencia de la decisión del Estado Nacional, entendiendo que a estos efectos el mismo dispone de fondos específicos.

    Que dichos fondos fueron creados por las Resoluciones dictadas por la Secretaría de Energía en ejercicio de las facultadas otorgadas por el artículo 36 de la Ley 24.065 y por el artículo 12 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2743.

    Que estos fondos tienen su origen en la Recaudación Variable por Precio Local de la Energía a partir del establecimiento de una restricción a la capacidad del sistema transporte y son asignables a las ampliaciones de dicho sistema.

    Que en particular los fondos acumulados en la subcuenta de excedentes por restricciones a la capacidad de transporte del Corredor Comahue - Buenos Aires se originaron en la imposibilidad de exportar toda la energía disponible en el área Comahue, ocasionando un perjuicio al sistema en su conjunto, al no disponer de energía de bajo costo y a los generadores del Comahue al ver reducida su capacidad de exportación.

    Que teniendo en cuenta que la decisión oficial que determinó la Conveniencia y Necesidad Pública de la obra, así como el resto de los actos administrativos fueron dispuestos en atención al interés público de todo el país involucrado en la satisfacción de una necesidad básica como lo es la disponibilidad de energía eléctrica, siendo beneficiados los usuarios del sistema eléctrico y en especial los del corredor Comahue - Buenos Aires, es legítimo que se recurra a los fondos acumulados en la Subcuenta de Excedentes por Restricciones a la Capacidad de Transporte del Corredor Comahue - Buenos Aires.

    Que si bien existen procedimientos establecidos a los efectos de la utilización de dichos fondos, existen antecedentes en que la administración empleó una vía diferente para ello.

    Que en este sentido la Resolución SEyM N° 22/01 autorizó por excepción al ENRE a prever la asignación de los fondos disponibles para solventar el 70% de los costos de adquisición, instalación y ajuste de las protecciones del tramo Ezeiza - Rodríguez del corredor Litoral - Buenos Aires; sin perjuicio de señalar que el mantenimiento y reposición de las instalaciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión es responsabilidad de la empresa Concesionaria de ese sistema.

    Que entonces, a los efectos de otorgar la debida autorización en el marco de lo previsto por la regulación vigente, corresponderá a la Secretaría de Energía y Minería de la Nación acordar, la procedencia de tal asignación de fondos y ordenar a la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) que proceda a su desembolso a favor de TRANSENER S.A. quien deberá acreditar la cesión del pago al Grupo Constructor.

    Que dicha cesión deberá acreditarse ante este Organismo a los efectos de dar por extinguida la obligación derivada de lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

    Que de acuerdo a las manifestaciones vertidas en la presentación realizada por el Grupo Constructor, estos mayores costos están basados en las diferencias entre los costos del proyecto de la Referencia y de los de la Variante aprobada por la Resolución ENRE N° 711/99.

    Que por lo tanto, a los efectos de determinar el monto correspondiente a los mismos, basado en razones de equidad y estricta justicia, se requerió al Grupo Constructor, la remisión a este organismo de la documentación que acredite la existencia de dichas diferencias.

    Que mediante Nota de Entrada N° 61219 obrante a fojas 1412 y ss. el Grupo Constructor presentó un detalle de los conceptos y los montos a ser reconocidos en la determinación de los mayores costos ocasionados por la ejecución del ajuste al recorrido de la traza correspondiente a la “Cuarta Línea del Comahue” de 500 kV entre los piquetes 50 y 135.

    Que con relación a los montos indicados por “Diferencia de Costos de Construcción, Montaje y Suministro entre el Proyecto de Referencia y la Variante ENRE 1”, que ascenderían a pesos setecientos setenta mil setecientos dos ( $770.702) se consideró que los mismos son razonables tomando como parámetro el costo por kilómetro (aproximadamente $177 mil/km) informado por TRANSENER S.A. como valor nuevo de reemplazo para la línea Bahía Blanca - Olavarría en el proceso de revisión tarifaria de esa Transportista.

    Que asimismo, dada la premura y la necesidad de la entrada en servicio de la obra, es dable suponer que fue necesario el pago de incentivo y horas extras sobre los jornales.

    Que en cuanto a los gastos de movilización y desmovilización, no puede aceptarse el monto presentado ni el detalle asociado, sin embargo cabe reconocer que el Grupo Constructor incurrió en gastos por este concepto por lo que a los efectos de su consideración se establece el mismo en un diez (10) por ciento del valor de la obra, más los gastos por los viajes del carretón y de los semiremolques y camiones.

    Que teniendo en cuenta que parte de la obra de la referencia se encontraba ejecutada entre los piquetes 49 y 75, corresponde reconocer los costos asociados a la construcción, montaje y a los materiales instalados y perdidos por el cambio de traza.

    Que del monto informado por costo de los materiales perdidos se descontó los valores asociados a “Stubs para torres R60/T45” en atención a que como cantidad figura cero, y el “transporte de Fábrica /Puerto” debido a que este último ya había sido considerado en el costo total del proyecto de la referencia.

    Que el valor presentado por la “Ingeniería”, se considera razonable en función de que el mismo representa aproximadamente un 4% del costo total de la nueva traza.

    Que con relación al “Costo Financiero” se debe considerar para su cálculo dos períodos diferentes: el costo financiero asociado al período de construcción de la obra y el costo financiero desde la puesta en servicio comercial hasta la fecha del efectivo pago el que deberá ser calculado por CAMMESA oportunamente.

    Que para calcular dichos costos corresponde utilizar la tasa fijada por el Banco Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos a treinta (30) días de plazo.

    Que asimismo, teniendo en cuenta que la tasa utilizada por el Grupo Constructor, tal como fuera informado para calcular el margen de ganancia fue del ocho por ciento (8%), cabe recalcular dicho “Margen” respetando la tasa informada.

    Que por otra parte, no corresponde considerar “Pérdida de la Productividad”, teniendo en cuenta que se le reconocen todos los costos (trabajo, capital y organización) y las pérdidas en las que incurrió el Grupo Constructor.

    Que con respecto a los mayores costos informados por “Costos de oficinas centrales del Main Contractor” y “Costos de mayor permanencia en obra”, no corresponde su consideración teniendo en cuenta que los mismos no han sido debidamente probados y que existieron tareas pendientes que constaban en el acta del 1 de diciembre de 1999 - que permitió la habilitación comercial- en las que figura la participación de los Contratistas.

    Que tampoco corresponde aceptar el monto solicitado por “Gastos Generales” atento que los mismos fueron considerados individualmente como “Costos Indirectos de Obra” en los distintos conceptos anteriormente aceptados.

    Que otro importe que no deberá ser tenido en cuenta es el solicitado por contingencia, en virtud que el reconocimiento de estos mayores costos se debe a un hecho que cabe ser juzgado como tal.

    Que por todo lo expuesto los mayores costos a reconocer son de pesos TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VIENTINUEVE ($3.403.929).

    Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado de la presente Resolución en virtud de lo dispuesto en los artículos 56 inciso s), 63 inciso g) y 71 de la Ley Nº 24065.

    Por ello:

    EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE:

    ARTICULO 1.- Reconocer a SADE SKANSKA S.A. y CPC S.A. la existencia de mayores costos ocasionados por la ejecución del ajuste al recorrido de la traza correspondiente a la “Cuarta Línea del Comahue” de 500 kV entre los piquetes 50 y 135 dispuesta por la Resolución ENRE N° 711/99 por el monto de pesos TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VIENTINUEVE ($ 3.403.929).

    ARTICULO 2.- Reconocer que corresponde la aplicación de intereses compensatorios con carácter retroactivo a la fecha de la habilitación comercial, los que deberán ser determinados en forma análoga a lo previsto en Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios, sobre la base de la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días de plazo.

    ARTICULO 3.- Dar parte a la Secretaría de Energía y Minería, para que disponga la asignación de fondos acumulados en la subcuenta de excedentes por restricciones a la capacidad de transporte del Corredor Comahue - Buenos Aires a los efectos del pago de los mayores costos más los intereses reconocidos en los artículos precedentes, ordenando a la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) que proceda a su desembolso a favor de TRANSENER S. A.

    ARTICULO 4.- Ordenar a TRANSENER S. A. a que acredite la cesión del pago a SADE SKANSKA S.A. y CPC S.A. ante este Organismo, una vez percibido el monto determinado en el artículo 1, a los efectos de dar por extinguida toda obligación.

    ARTICULO 5.- Notifíquese a la Secretaría de Energía y Minería, SADE SKANSKA S.A., CPC S.A., TRANSENER S. A..

    ARTICULO 6.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
    RESOLUCION ENRE Nº 600/2001
    ACTA Nº 608
    Ester Beatriz Fandiño,
    Vocal Primera.-
    Alberto Enrique Devoto,
    Vicepresidente.-
    Juan Antonio Legisa,
    Presidente.
    Citas legales: Resolución ENRE 0613/96 Biblioteca
    Resolución ENRE 1028/97 Biblioteca
    Resolución ENRE 0242/98 Biblioteca
    Resolución ENRE 0560/98 Biblioteca
    Resolución ENRE 0762/98 Biblioteca
    Resolución ENRE 1354/98 Biblioteca
    Resolución ENRE 0421/99 Biblioteca
    Resolución ENRE 0711/99 Biblioteca
    Resolución SEyM 22/01 Biblioteca
    Ley 19.552 Base de datos 'Biblioteca', Vistas '(Por Tipo B)'
    Decreto 2743/92 Biblioteca
    Ley 19.549 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 36 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 56 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 63 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 71 Biblioteca
    Código Civil de la Nación - artículo 1071 Biblioteca