Argentina. Procuración del Tesoro de la Nación
Dictamen PTN 0145/2011. , martes 30 de agosto de 2011, 12 p.

Citas Legales : Constitución nacional - artículo 075 inciso 13), Constitución nacional - artículo 075 inciso 18), Constitución nacional - artículo 075 inciso 19), Constitución nacional - artículo 075 inciso 30), Constitución nacional - artículo 117, Decreto 01398/1992, Decreto 01398/1992 - anexo I - artículo 98, Decreto 02743/1992, Ley 24.065 - artículo 04, Ley 24.065 - artículo 11, Ley 24.065 - artículo 35, Ley 24.065 - artículo 36, Ley 24.065 - artículo 72, Resolución ENRE 0003/2010, Resolución ENRE 0312/2010, Resolución ENRE 0312/2010 - artículo 1, Resolución ENRE 0312/2010 - artículo 2, Resolución ENRE 0312/2010 - artículo 3, Resolución SE 0224/2011, Resolución SEE 0061/1992, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I - artículo 01, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I - artículo 03, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I - artículo 04, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I - artículo 05, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I - artículo 06, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I - artículo 07, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II - artículo 08, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II - artículo 09, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II - artículo 10, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II - artículo 11, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II - artículo 12, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II - artículo 13



    Tomo : 278 Página : 177

    Expte. N° S04:0020266/11


    N° Original 1247/10

    MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS BUENOS AIRES,
30 de Agosto de 2011

    SEÑOR ASESOR JURÍDICO DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD:

    Vuelven las presentes actuaciones a esta Procuración del Tesoro de la Nación, en las cuales se consulta acerca del planteo realizado por el Ente Provincial Regulador Eléctrico de la Provincia de Mendoza (EPRE) contra la Resolución Nº 312/10 (B.O. 10-6-10) del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

    A través de dicha Resolución, se otorgó el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCNP) a la ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión de TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA y de Distribución de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo, llevada a cabo por DISTROCUYO SOCIEDAD ANÓNIMA, solicitada por la empresa POTASIO RÍO COLORADO SOCIEDAD ANÓNIMA (PRC S.A.), aprobándosele, asimismo, a esta última sociedad el acceso a la Capacidad de Transporte de TRANSENER S.A., en su calidad de Gran Usuario Mayor para una demanda de 100 MW y otorgándosele prioridad en el acceso a la ampliación frente a terceros que requieran utilizarla, siempre que la demanda a acceder esté asociada a emprendimientos mineros o industriales, que puedan o tengan facultad para contratar su abastecimiento de energía eléctrica en forma independiente.
    - I -

    ANTECEDENTES

    1. Las actuaciones se originaron con la presentación del ENRE de fojas 1/44, en la que señaló que PRC S.A. le había requerido a TRANSENER S.A. el acceso al Sistema de Transporte de Electricidad, cuya operación y mantenimiento se le habían concedido a aquélla por Decreto Nº 2743/92 (B.O. 28-1-93), así como su ampliación. Explicó que la conexión por la que se iba a materializar el acceso tendría lugar en la línea Comahue-Cuyo, a través de una nueva Estación Transformadora (ET) que se proyectaba construir y que se denominaría EL CORTADERAL. En cuanto a la ampliación, indicó que una línea de Alta Tensión uniría la mencionada ET con una nueva, a llamarse POTASIO RÍO COLORADO.

    Agregó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Nº 24.065 (B.O. 16-1-92), sólo las empresas transportadoras de electricidad pueden promover las referidas ampliaciones de sus Sistemas, aun cuando la iniciativa de ampliación parte de un privado que es agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

    Aclaró que los agentes del MEM son: los generadores de electricidad, los transportistas, los distribuidores y los grandes usuarios. Indicó que PRC S.A. había iniciado ante la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el trámite para que se le reconociera el carácter de Gran Usuario.

    Remarcó que el citado artículo 11 de la Ley Nº 24.065 prescribe que todo pedido de ampliación de los sistemas de los transportistas (o distribuidores) requiere el otorgamiento de un CCNP, emitido por el ENRE, razón por la cual TRANSENER S.A. le había efectuado el correspondiente pedido.

    Refirió que, frente a esa solicitud, la empresa DISTROCUYO S.A. efectuó una presentación en la que sostuvo que algunas de las instalaciones que compondrían la ampliación solicitada (la E.T. POTASIO RÍO COLORADO y la línea de alta tensión de 132kV de 120 Km.) no deberían formar parte del Sistema de TRANSENER S.A., sino del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Región de Cuyo, mediante el cual ella también presta el servicio público de transporte de electricidad.

    Señaló que TRANSENER S.A. no formuló objeciones sobre esa posición.

    Luego, manifestó que, previo a la emisión del CCNP, el ENRE dictó la Resolución Nº 3/10, convocando a audiencia pública.

    Agregó que, en oportunidad de realizarse dicha audiencia, el EPRE efectuó una presentación ante el ENRE, señalando que la circunstancia de haberse constituido como parte de aquélla, no implicaba consentir la atribución de jurisdicción federal dispuesta por el ENRE sobre la constitución, operación y mantenimiento del sistema de 132 kV, que incluía la línea de alta tensión (LAT) de 132 kV y la estación transformadora Potasio Río Colorado.

    Señaló que, en la misma fecha, la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Mendoza prestó su conformidad con la ampliación solicitada, y que, dentro del marco de la audiencia pública realizada, ninguno de los intervinientes opuso objeción alguna al otorgamiento del certificado en cuestión.

    Afirmó que, frente a ello y habiéndose cumplido los requerimientos técnicos respectivos, el ENRE dictó la Resolución Nº 312/10, mediante la cual fue otorgado el CCNP.

    Puso de manifiesto que, contra dicho acto, el EPRE presentó un planteo de competencia y, subsidiariamente, un recurso de reconsideración.

    Destacó que en el punto central de su cuestionamiento, manifestó que .el ENRE no tendría competencia para intervenir en el pedido de ampliación del Sistema de DISTROCUYO S.A. efectuado, sino que la obra que implica la vinculación de PRC S.A. con el SADI, sería jurisdicción de la Provincia de Mendoza y competencia de ese EPRE.

    Añadió, como datos relevantes, que DISTROCUYO S.A. solicitó el rechazo de la presentación del EPRE y PRC S.A. y aclaró que nunca había solicitado el CCNP al ente provincial.

    Luego de relatar los antecedentes del caso, la Asesoría Jurídica del ENRE analizó los planteos efectuados por el EPRE.

    En lo que se refiere al conflicto de competencia, sostuvo que resultaba viable que el EPRE interviniese en los obrados como parte. No obstante, entendió que, habiendo mediado consentimiento por parte de dicho órgano, como consecuencia de su participación en la audiencia pública, el planteo de competencia intentado por esa vía no resultaba procedente. Máxime cuando el ENRE ya emitió su decisión a través de la Resolución Nº 312/10.

    Añadió que de estimarse lo contrario, se estaría ante un conflicto interadministrativo entre personas jurídicas de distintas jurisdicciones (el ENRE y el EPRE), por lo que sólo cabría la dilucidación por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en atención a lo previsto en el artículo 117 de la Constitución Nacional.

    Con relación al fondo de la cuestión, en apretada síntesis, sostuvo que todas las operaciones del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) debían ser consideradas de jurisdicción nacional, en atención a diversas razones, entre ellas:

    a) El carácter interprovincial de las transacciones efectuadas en el MEM.

    b) El carácter de establecimiento de utilidad nacional de la red troncal del sistema eléctrico.

    c) La incidencia de la energía en el desarrollo económico y la consecuente facultad del Congreso de regular a ese respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, incisos 18 y 19, de la Constitución Nacional.

    d) Las diversas cláusulas que en tal sentido contendrían distintas leyes y sus respectivas reglamentaciones.

    En apoyo de su postura citó distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los que se reconoció .la jurisdicción nacional para todo lo relativo a la actividad del Sector Eléctrico que se materialice en el Sistema Argentino de Interconexión, incluyendo a las ampliaciones del Sistema de Transporte. Concluyó que, por las razones expuestas, correspondería sostener la vigencia de la Resolución Nº 312/10.

    2.1. En su intervención de fojas 45/46 esta Casa consideró que no se encontraban reunidos los requisitos que habilitaran la emisión de su opinión, puesto que no obraba en los actuados el dictamen del servicio jurídico permanente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y tampoco se habían agregado todos los antecedentes del caso (v. Dictámenes 275:104).

    2.2. De este modo, fueron agregados los antecedentes requeridos.

    Aun cuando la nota de fojas 1/44, que ha sido precedentemente reseñada, refleja acertadamente los antecedentes más significativos, estimo procedente, para una mejor comprensión de la cuestión, reiterar los siguientes elementos de juicio.

    a) A fojas 1772/1788 obra la copia certificada de la Resolución del Directorio del ENRE Nº 312/10 del 2 de junio de 2010.

    A través de dicho acto, básicamente, se otorgó el CCNP a la ampliación al Sistema de Transporte de TRANSENER S.A. y de DISTROCUYO S.A., presentada por PRC S.A., consistente en .i) Nueva E.T. EL CORTADERAL 500/132 kV con un transformador de 150 MVA; ii) una línea de 132 kV de aproximadamente 125 km desde la nueva E.T. EL CORTADERAL hasta la Nueva RIO POTASIO y iii) la Nueva E.T. POTASIO RIO COLORADO de 132 kV a desarrollarse íntegramente en la Provincia de MENDOZA (art. 1º).

    Asimismo, se aprobó a PRC S.A. el acceso a la Capacidad de Transporte de TRANSENER S.A., en su calidad de Gran Usuario Mayor para una demanda de 100 MW a conectarse mediante la construcción de las instalaciones mencionadas precedentemente (v. art. 2º).

    Finalmente, se otorgó a PRC S.A. prioridad en el acceso a la ampliación frente a terceros que requieran utilizarla, siempre que la demanda a acceder, esté asociada a emprendimientos mineros o industriales que puedan o tengan facultad para contratar su abastecimiento de energía eléctrica en forma independiente, agregándose que .la capacidad no comprometida en la prioridad en el Acceso a POTASIO RIO COLORADO S.A. podrá ser utilizada en caso de ser solicitado por los distribuidores de energía eléctrica y otros grandes usuarios (art. 3º).

    b) A fojas 1856/1878 se verifica la presentación que el 12 de julio de 2010 efectuara el EPRE ante el ENRE, la cual encuadró como conflicto de competencia y, a todo evento, recurso de reconsideración con alzada en subsidio con-tra la Resolución del ENRE Nº 312/10. Sostuvo, en lo esencial, que el acto en cuestión adolece de una flagrante falta de motivación, por haberse soslayado el tratamiento de las cuestiones planteadas por el EPRE.

    Enfatizó en la competencia constitucional propia de la Provincia de Mendoza, conforme el mandato constitucional provincial y nacional.

    Explicó que el artículo 98 del Decreto Nº 1398/92 (B.O. 11-8-92), reglamentario de la Ley Nº 24.065, determina que la adhesión otorgada por las provincias no implica conceder jurisdicción al ENRE sobre las actividades que no se encuentran sujetas a la jurisdicción federal. Agregó que, tratándose de un conflicto entre la jurisdicción federal y la jurisdicción local, no correspondía la intervención del ENRE, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 72 del texto legal citado.

    Indicó que, de acuerdo con los incisos 13 y 30 del artículo 75 de la Constitución Nacional, la jurisdicción federal existe cuando se encuentra afectado el comercio interprovincial o internacional o, en su caso, cuando se trate de lugares sometidos a la jurisdicción exclusiva del Congreso Nacional, no configurándose ninguno de estos supuestos en el caso de marras.

    Hizo hincapié también en el vicio en el objeto del acto impugnado, por resolver respecto de una materia vedada a las autoridades federales.

    Afirmó que la definición del SADI excluye toda posible inclusión de una línea destinada al abastecimiento de un usuario final, .pues precisamente no interconecta, y que la competencia nacional sobre la etapa del Transporte por Distribución Troncal no podía definirse por el nivel de tensión, la función del transporte o el carácter que tuvieran las partes de agentes del MEM. Sostuvo que el sistema que abarca la concesión de DISTROCUYO S.A. no alcanza, afecta, ni altera los Sistemas Provinciales de Transporte de Energía Eléctrica, ni sus futuras ampliaciones.

    Culminó considerando que .Adjudicar jurisdicción a la Nación de una línea de 132 kV que nace en una instalación que no pertenece en propiedad a la transportista por distribución troncal DISTROCUYO SA, aun cuando forme parte del Sistema Argentino de Interconexión -vinculando eléctricamente a dicha estación transformadora con un usuario final, se inscribe dentro de la jurisdicción provincial y no puede en ningún caso conformar una interconexión que integra el Sistema Argentino de Interconexión y no debe quedar sometida a la jurisdicción federal-.

    c) A fojas 1880/1882 se observa en copia certificada la Resolución del EPRE Nº 30/10, mediante la cual se declaró la Conveniencia y Necesidad Pública del Proyecto presentado por POTASIO RÍO COLORADO S.A. descripto en los considerandos, es decir del .Proyecto de Acceso a la Capacidad de Transmisión para Potasio Río Colorado, con la alternativa de conectar la nueva planta de Potasio Río Colorado en Cañadón Amarillo, Malargüe, con la futura LAT 500 KV Comahue-Cuyo y con el MEM a través de la construcción de una LAT de 90 Km y la instalación de un transformador de 500/132 kV.

    3. A fojas 1926/1935 la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tras efectuar la correspondiente reseña normativa, sostuvo que de los antecedentes técnicos y fácticos se desprendía que las instalaciones que componen la ampliación del sistema para abastecer a PRC S.A. se conectarán al SADI en la línea Comahue-Cuyo.

    Señaló, asimismo, que, habiendo llevado a cabo la citada empresa los trámites necesarios para obtener la condición de Gran Usuario Mayor y contando, en consecuencia, con capacidad como para celebrar contratos de compraventa de energía eléctrica en bloques con los generadores (v. art. 35 de la Ley Nº 24.065), el ENRE resultaba competente para el dictado de la Resolución Nº 312/10. Ello, por estar sujetos dichos contratos, cuando se ejecutan a través del SADI, a la jurisdicción nacional.

    Fundó su postura en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaído en los autos Ente Regulador de la Electricidad de la Provincia de Santiago del Estero c/ Resoluciones ENRE 533/97 - 1108/97 - (Exp. 1232/95 - 3492/97) y otro, del 14 de marzo de 2006.

    4. Encontrándose radicadas las actuaciones en este ámbito, esa Asesoría Letrada del ENRE acompañó copia de la Resolución de la Secretaría de Energía Nº 224/2011, por la cual se autorizó el ingreso de PRC S.A. como agente del MEM, en la condición de Gran Usuario Mayor, para su Mina y Planta elaboradora de sales de potasio localizada en el Paraje Cañadón Amarillo del Departamento de Malargüe de la Provincia de Mendoza (v. actuación agregada como foja 1939).
    - III -

    ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN

    1. La opinión de esta Procuración del Tesoro de la Nación es solicitada en torno a la controversia suscitada entre dos entes de control -nacional y provincial- del servicio de electricidad, con motivo de la solicitud presentada por la empresa PRC S.A.

    Dicha cuestión contiene una serie de consideraciones técnico-económicas, que, por revestir tal carácter, exceden al análisis de esta Casa.

    En efecto, tal como se ha sostenido desde antaño y de modo permanente La Procuración del Tesoro de la Nación no entra a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por resultar ello ajeno a su competencia. Su función asesora se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de Derecho y su aplicación al caso concreto, quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas a la autoridad administrativa con competencia en la materia. (Dictámenes 245:359 y 381).

    La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad con los informes de los especialistas en la materia, sin que este organismo entre a considerar tales aspectos (.) por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (Dictámenes 199:119 y 241:207, entre otros).

    2. Sentado lo anterior, y previo a ingresar al examen de la cuestión planteada, cabe efectuar una reseña de las disposiciones que, a ese fin, pueden resultar de utilidad, algunas de las cuales se consignan en el Considerando de la Resolución del ENRE N° 312/10.

    2.1. La Ley Nº 24.065, en su artículo 4º prescribe que Serán actores reconocidos del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA:

    a) Generadores o productores, autogeneradores y cogeneradores b) Transportistas c) Distribuidores d) Grandes Usuarios e) Comercializadores.

    A su vez, en su artículo 10 establece que Se considera gran usuario a quien contrata, en forma independiente y para consumo propio, su abastecimiento de energía eléctrica con el generador y/o el distribuidor. La reglamentación establecerá los módulos de potencia y de energía y demás parámetros técnicos que lo caracterizan.

    Asimismo, en su artículo 11, dispone que Ningún transportista o distribuidor podrá comenzar la construcción y/u operación de instalaciones de la magnitud que precise la calificación del ente, ni la extensión o ampliación de las existentes, sin obtener de aquél un certificado que acredite la conveniencia y necesidad pública de dicha construcción, extensión o ampliación. El ente dispondrá la publicidad de este tipo de solicitudes y la realización de una audiencia pública antes de resolver sobre el otorgamiento del respectivo certificado.

    2.2. Por su parte, conforme se desprende de la página web www.cammesa.gov.ar, los PROCEDIMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA OPERACIÓN, EL DESPACHO DE CARGAS Y EL CÁLCULO DE PRECIOS (en adelante los Procedimientos), aprobados por la Resolución de la (ex) Secretaría de Energía Eléctrica Nº 61/92 y sus modificatorias, en el Título I - acceso a la Capacidad de Transporte Existente y en el Título II - Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Contrato entre Partes del Anexo 16 - REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA-, en lo que aquí resulta pertinente, establecen lo siguiente.

    Respecto del acceso a la Capacidad de Transporte Existente, que:

    a) Todo USUARIO o futuro USUARIO del SISTEMA DE TRANSPORTE que requiera el acceso a la capacidad de transporte existente deberá presentar una SOLICITUD ante LA CONCESIONARIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE (LA TRANSPORTISTA) correspondiente. Cuando el USUARIO no fuere agente del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) deberá solicitar previamente a la SECRETARÍA DE ENERGÍA su reconocimiento como tal (v. art. 1º).

    b) Ante cada solicitud de acceso a la capacidad de transporte existente, LA TRANSPORTISTA deberá enviar el informe del SOLICITANTE al ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED), dentro de los cinco (5) días de recibida la solicitud y éste con participación de la TRANSPORTISTA, deberá evaluar, en un plazo de TREINTA (30) días, la factibilidad técnica de conectar al nuevo USUARIO a la capacidad existente remanente y las eventuales modificaciones en la composición de la oferta de energía eléctrica resultante de tal conexión. Ambas evaluaciones serán notificadas al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, en un plazo máximo de TREINTA (30) días, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud (v. art. 3º).

    c) El ENRE deberá resolver en TREINTA (30) días sobre la existencia o no de capacidad de transporte necesaria para satisfacer la solicitud y notificar su decisión al SOLICITANTE y a la TRANSPORTISTA, si ello fuere negativo. La falta de pronunciamiento en término será interpretada como aprobación tácita de la solicitud (v. art. 4º).

    d) Cuando el ENRE considerare que existe capacidad de transporte remanente en el SISTEMA DE TRANSPORTE para satisfacer la SOLICITUD, deberá: a) dar a publicidad la SOLICITUD y b) disponer la celebración de la Audiencia Pública a que hace referencia el Artículo 11 de la Ley N° 24.065 (v. art. 5º).

    e) Si en la audiencia pública se presentaren proyectos alternativos al del SOLICITANTE, el ENRE podrá rechazar aquéllos que no cumplan con lo que fuere de aplicación de lo establecido en el artículo 19 del reglamento en examen, y si se presentaren observaciones u oposiciones al proyecto del SOLICITANTE, el ENRE analizará las objeciones y las resolverá en instancia única (v. art. 6º).

    f) Si como resultado de lo actuado el ENRE resolviese autorizar la utilización de capacidad de transporte existente, deberá:

    1) Informarlo a quien resulte autorizado, estableciendo en tal oportunidad, la fecha a partir de la cual comenzará a participar de la remuneración del transporte según lo que disponga la SECRETARÍA DE ENERGÍA Y PUERTOS en ejercicio de las facultades regladas por el Artículo 36 de la Ley Nº 24.065.

    2) Notificar al OED la autorización otorgada a los efectos de que sea incorporada a la gestión técnica y comercial del MEM (v. art. 7º).

    En lo que atañe a la ampliación, que:

    a) Uno o más agentes del MEM que, para establecer o mejorar su vinculación con el Mercado Eléctrico, requieran de una ampliación de la capacidad del SISTEMA DE TRANSPORTE (AMPLIACIÓN) podrán obtenerla celebrando con una TRANSPORTISTA o con un TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE un contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (CONTRATO COM) (v. art. 8º).

    b) Los agentes a que se hace referencia precedentemente deberán presentar una SOLICITUD ante LA TRANSPORTISTA que sea titular de la concesión del SISTEMA DE TRANSPORTE al cual se vincule dicha ampliación, precisándose la información que debe contener tal solicitud (v. art. 9º).

    c) LA TRANSPORTISTA deberá notificar al ENRE la SOLICITUD a que se hace referencia en el Artículo 9º de este reglamento, acompañada de su evaluación dentro de los TREINTA (30) días de recibida (v. art. 10).

    d) El ENRE, previa verificación de la adecuación de la SOLICITUD a las normas que regulan el Transporte de Energía Eléctrica, la dará a publicidad y dispondrá la celebración de una audiencia pública en los términos del Artículo 11 de la Ley N° 24.065 (v. art. 11).

    e) De no haber oposición el ENRE autorizará el proyecto, emitiendo el correspondiente CCNP, que habilitará el otorgamiento de la LICENCIA TÉCNICA por la TRANSPORTISTA dentro de los TREINTA (30) días de la emisión del certificado (v. art. 12).

    f) De existir oposición fundada, el ENRE analizará sus fundamentos debiendo expedirse sobre el particular dentro del plazo máximo de NOVENTA (90) días, notificará su decisión a los interesados dándola, a su vez, a publicidad. La falta de pronunciamiento en término será interpretada como aprobación tácita de la solicitud, considerándose emitido el CCNP (v. art. 13).

    3. Las disposiciones transcriptas en el punto anterior, dan cuenta de la competencia del ENRE para resolver, como lo hizo a través de la Resolución Nº 312/10, la solicitud efectuada por PRC S.A., en los términos de los Procedimientos aprobados por la Resolución de la (ex) SEE Nº 61/92 y sus modificatorias, que regulan, precisamente, el acceso y las ampliaciones del sistema de transporte de jurisdicción federal, requeridos por quienes soliciten, a su vez, el reconocimiento como agentes del MEM. Tal es la postura que corresponde adoptar al respecto, si se tiene en cuenta lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Ente Regulador de la Electricidad de la Provincia de Santiago del Estero c/Resoluciones Nº 535/97 y Nº 1108/97 ENRE, del 14 de marzo de 2006 (v. Fallos 329:595).

    En efecto, en dicho precedente jurisprudencial se sostuvo que:

    a) .una ya arraigada jurisprudencia ha establecido que lo atinente a la generación, transporte y consumo de la energía eléctrica se inscribe en un marco de regulación federal incorporado al concepto integral que supone la interpretación del art. 75, inc. 13, de la Constitución Nacional. (Considerando 5º).

    b) .la prestación del servicio público interconectado de generación, transporte y distribución interjurisdiccional de electricidad es de competencia nacional en razón de constituir el ejercicio del comercio y de promover a la prosperidad, el adelanto y el bienestar general del país. (Considerando 5º).

    c) .dadas las peculiaridades que presenta la actividad de generación, transporte y consumo de energía eléctrica, en materia de competencias para regular dichas actividades no corresponde aceptar el criterio puramente territorial, pues esta única condición no faculta a ejercer esa potestad en tanto los estados provinciales no pueden invocar la titularidad territorial para ".poner trabas de índole alguna a las actividades que, en su esencia, se vinculan al tráfico interprovincial e internacional." (Considerando 5º).

    d) .las normas federales (.) declaran como propias de la jurisdicción nacional a las actividades de transformación y transmisión de la energía eléctrica cuando -entre otros supuestos-: "se destinen a servir el comercio de energía eléctrica entre .una provincia con otra." o cuando "en cualquier punto del país integren la Red Nacional de Interconexión". (Considerando 6º).

    e) .la línea que se examina en autos, aun cuando la totalidad de su recorrido se desarrolle dentro del territorio de la Provincia de Santiago del Estero, debe sujetarse a la jurisdicción nacional. En efecto, en tanto aquella línea operará en una tensión de 132 Kv e iniciará su recorrido en la estación transformadora Santiago Centro-instalación ésta que pertenece en propiedad a la transportista por distribución troncal Transnoa S.A. y forma parte del Sistema Argentino de Interconexión- vinculando eléctricamente a dicha estación transformadora con las instalaciones que la distribuidora provincial posee en las localidades de Suncho Corral, Añatuya, Bandera y Quimilí -hasta ahora abastecidas mediante el sistema de generación aislada- conforma una interconexión que integra el Sistema Argentino de Interconexión y que, en cuanto tal, debe quedar sometida a la jurisdicción federal. (Considerando 7º).

    f) .le compete al Ente Nacional Regulador de la Electricidad pronunciarse acerca de la conveniencia y necesidad de toda obra o ampliación que se pretenda llevar a cabo y sobre el acceso a las instalaciones existentes (.) es pertinente colegir que, en cuestiones eminentemente técnicas y de suma complejidad como las discutidas en esta causa, la conclusión de la autoridad de aplicación en el sentido de considerar que la línea de alta tensión que se examina en autos constituye una ampliación del sistema de transporte sometido a jurisdicción federal, únicamente podría ser sustituida por otra distinta en tanto el organismo regulador provincial hubiera ofrecido razones que, de un modo claro y contundente, indicasen la irrazonabilidad, el error o la ilegalidad en el criterio de aquella autoridad. Esto no ha ocurrido, según resulta de la compulsa de la causa. En efecto no resulta consistente -ni se apoya en norma alguna- el argumento del ente provincial acerca de que cuando se trata de una instalación de transporte que se conecta con el Sistema Argentino de Interconexión, pero que no pertenece a éste sino al sistema eléctrico de una provincia, dicha instalación debe ser considerada de jurisdicción local. (Considerando 7º).

    A su vez, el criterio que se viene propiciando en el presente asesoramiento es el que mejor se concilia con la línea de razonamiento seguida por el Alto Tribunal en precedentes posteriores.

    En efecto, en Fallos 330:5257 se remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación, en el que se sostuvo que .todo gran usuario, cualquiera sea su ubicación territorial, en cuanto contrata su abastecimiento con un generador en el MEM para ser ejecutado a través del SADI (.) está sometido a jurisdicción federal y como cualquier otro agente de ese mercado, debe actuar de conformidad con las normas dictadas por la Secretaría de Energía., agregándose, asimismo, que .la prestación del servicio público eléctrico está incorporada en la expresión "comercio" del art. 75, inc. 13, como así también en los incs. 18 y 30 de ese artículo (.) Ello justifica el sometimiento a la jurisdicción nacional de los contratos ejecutados a través del SADI, como así también por medio de la actuación de quienes operan en el mercado nacional, ya que se encuentra involucrado el comercio federal de energía (Cap. VI).

    Y en Fallos 333:1224 nuevamente se remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación, en el que se efectuaron idénticas consideraciones.

    4. Con relación a la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es reiterada la doctrina de esta Casa según la cual la jerarquía del citado Tribunal, el carácter definitorio y último de sus sentencias respecto de la interpretación y aplicación del derecho y la necesaria armonía con el comportamiento de los distintos órganos del Estado son factores que determinan, en principio, que la Administración se atenga a la orientación que sustente la Corte en el ámbito jurisdiccional (v. Dictámenes 179:13; 193:253; 195:89; 234:89; 235:393; 260:30).

    5. Por las razones apuntadas, considero que el ENRE, al dictar la Resolución Nº 312/10, actuó dentro de su esfera de competencia y, por ende, dicho acto resulta ajustado a derecho.
    - IV -

    CONCLUSIÓN En atención a la normativa aplicable y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entiendo que, en el presente caso, corresponde reconocer la jurisdicción federal.

    Así opino.

    DICTAMEN Nº: 145
    ANGELINA M. E. ABBONA
    PROCURADORA DEL TESORO DE LA NACION
    Citas legales:Resolución ENRE 0003/2010 Biblioteca
    Resolución ENRE 0312/2010 Biblioteca
    Resolución SE 0224/2011 Biblioteca
    Resolución SEE 0061/1992 Biblioteca
    Decreto 01398/1992 Biblioteca
    Decreto 02743/1992 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 04 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 11 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 35 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 36 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 72 Biblioteca
    Constitución nacional - artículo 075 Biblioteca
    Constitución nacional - artículo 117 Biblioteca