Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0036/2002. Boletín Oficial n° 29.829, viernes 1 de febrero de 2002, p. 11.

Citas Legales : Código civil - artículo 0523, Código civil - artículo 2328, Constitución nacional - artículo 017, Constitución nacional - artículo 042, Contrato de concesión (Edesur S.A.), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 02, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 16, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 21, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 inciso e), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 082, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 084, Dictamen DGAJ 124475, Ley 19.552, Ley 19.552 - artículo 01, Ley 19.587, Ley 24.065 - artículo 09, Ley 24.065 - artículo 71, Ley 24.065 - artículo 72, Ley 24.240, Ley 24.240 - artículo 03, Ley 24.240 - artículo 37, Reglamentación para Líneas Aéreas Exteriores en General (AEA) (versión 1971), Reglamento de suministro, Reglamento de suministro - artículo 01 inciso g), Resolución ENRE 0225/1999, Resolución ENRE 0445/2001, Resolución ENRE 0734/1999, Resolución ENRE 1745/1998, Resolución ENRE 1745/1998 - artículo 01, Resolución ENRE 1745/1998 - artículo 02, Resolución ENRE 1745/1998 - artículo 07, Resolución SE 0536/1999

Fallos Citados : CNFed. Cont. Adm. Sala 2; fallo: "Compañía de Emprendimientos y Desarrollos Inmobiliarios S.A. c/ Edenor S.A." [11 de febrero 1999]

Expediente Citado : ENRE 09040/2000

(Nota del Centro de Documentación: confirmada por Resolución SE 704/03 Biblioteca)

BUENOS AIRES, 23 DE ENERO DE 2002
      VISTO: La Ley 24.065, el Reglamento Nacional de Procedimientos Administrativos, la Resolución ENRE N° 445/2001 y el Expediente ENRE Nº 9040/00 y ,

      CONSIDERANDO:

      Que “EDESUR S.A.” presenta Recurso de Reconsideración impugnando la Resolución ENRE Nº 445/01 donde se le ordenó reintegrar los montos asociados a los costos por la construcción de las cámaras o centros de transformación, a los usuarios que acrediten el pago de los mismos, todo ello de acuerdo con su Contrato de Concesión, el Reglamento de Suministro y la Resolución ENRE Nº 1745/98.

      Que la Distribuidora en su reconvención alega que las construcciones de obras civiles no forman parte del sistema de distribución eléctrico, ni están incorporadas a la red de abastecimiento, en consecuencia no resultan aplicables los arts. 16 y 25 del contrato.

      Que al respecto, corresponde asentar la definición de cámara o centro de transformación dada por La Asociación de Electrotécnica Argentina en la REGLAMENTACION SOBRE LÍNEAS AEREAS EXTERIORES EN GENERAL, art. 3 - Definiciones - respaldada por la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo Nº 19587 -, define la camara o centro de transformación como: “Puesto o cámara de transformación: Conjunto de transformadores, instalaciones y construcciones destinados a la transformación de la corriente, a la tensión de consumo, sin que sea atendido por personal estable, pero sujeto a revisaciones periódicas. Un puesto o cámara de transformación puede ser subterráneo, a nivel o sobre postes. Las cámaras subterráneas pueden construirse también debajo de la vereda o Alzada.”

      Que de esta definición se desprende que las construcciones y obras, pertenecen y forman parte de la instalación destinada a la transformación de la corriente; es decir, el conjunto de transformadores, instalaciones y construcciones son parte de un todo que esta destinado a un fin concreto - la transformación de la corriente -. Por tanto, la obra civil es lo accesorio de lo principal - equipos eléctricos -.

      Que en consonancia es dable recordar el art. 2328 del Código Civil “Son cosas accesorias aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa, de la cual dependen, o a la cual están adheridas”. Para completar este concepto es también importante evocar los artículos 523 y ss. “De las obligaciones principales y de las obligaciones accesorias”.

      Que alimenta lo manifestado en los considerandos precedentes, los antecedentes innegables de la Resolución ENRE Nº 225/99 “encontrándose a cargo de la Distribuidora el costo de las inversiones necesarias a efectos de garantizar la calidad de servicio quedan incluidas en tal concepto las derivadas de la construcción de alojamientos de instalaciones destinadas a tal fin”. Asimismo, agrega esta entidad de contralor que “la reglamentación vigente no prevé la posibilidad de que la Distribuidora transfiera al usuario costos que le son propios, excepto en aquél caso que se encuentre previsto por una norma específica, por tanto cualquier convención en contrario resulta inoponible al usuario, encontrándose este organismo facultado para así declararlo”.

      Que en este orden de ideas, el Dictamen DGAJ Nº 124475 que respalda la Resolución de la Secretaria de Energía Nº 536 de 18 de Octubre de 1999 dice: “cabe poner de resalto el error en que incurre la Distribuidora al considerar que al no poseer el dominio de la obra civil en cuestion, no se halla obligada a soportar su costo”. “En consecuencia, la construcción del citado local es esencial para poder satisfacer esa solicitud de suministro, es plenamente inexcusable la obligación de la Distribuidora de proceder a su construcción, a su exclusivo costo y cargo.” Finalmente completa su argumentación la SE ratificando que “teniendo en cuenta la obligación estipulada en el art. 25 del contrato de concesión, es carga de la Distribuidora realizar las inversiones necesarias para alcanzar su fin primario - satisfacer toda solicitud de suministro - no puede en esta instancia pretender excusarse alegando que la titularidad de la obra civil no le pertenece”.

      Que por otra parte, en atención a la interpretación que hace la Distribuidora del art. 9 de la Ley N° 24.065 (definición del distribuidor) manifestando que del mismo se desprende su responsabilidad con relación a las redes de abastecimiento y no respecto de las construcciones de las cámaras de transformación, es dable señalar, que este art. 9 expresa la responsabilidad concreta de las Distribuidoras de concesión nacional de abastecer a todos los usuarios finales que lo soliciten, y que se encuentren dentro de su área de concesión. Es así que dicho art. 9 se complementa con el artículo 2 del contrato de concesión de EDESUR S.A. que dice: LA CONCESIÓN otorgada implica que LA DISTRIBUIDORA está obligada a atender todo incremento de demanda dentro del AREA concedida, ya sea solicitud de nuevo servicio o aumento de la capacidad de suministro, en las condiciones de calidad especificadas en el Subanexo 4.

      Que en atención a lo razonado por la Distribuidora cuando hace referencia a los arts. 17 a 22 de su contrato, que establecen que las obras a cargo de la Distribuidora podrán ser emplazadas tanto en el dominio público como en el dominio privado. En el primero de los casos será necesario un permiso de la Municipalidad y en el segundo la constitución de un derecho real de servidumbre (Ley N° 19.552). Ahora bien tanto en uno y otro caso las construcciones son obligación de la Distribuidora - salvo las excepciones que se explicaran a continuación y que define la normativa vigente -.

      Que acerca de la interpretación que pretende la Distribuidora cabría preguntarse, para las cámaras o centros instalados en el dominio público, si la misma le exige a la Municipalidad que sufrague los gastos de construcción de la obra civil que alberga los equipos eléctricos.

      Que la recurrente continua arguyendo que de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 1 inciso g) del Reglamento de Suministro “El titular, a requerimiento de la Distribuidora, estará obligado a poner a disposición de la misma un espacio de dimensiones adecuadas para la instalación de un centro de transformación ...”. Este espacio, interpreta la Distribuidora, debe considerarse en sus distintas dimensiones o tres direcciones largo, ancho y profundidad, por tanto, el espacio a ceder ha de tener esa forma.

      Que acerca de este razonamiento de la Distribuidora, corresponde reiterar el criterio antes mencionado acerca de que tanto la obra civil como los equipos eléctricos internos forman parte de un todo inseparable. Se recuerda pues aquí lo dispuesto por los artículos 523 y ss. del Código Civil de donde se desprende el tan esgrimido principio de “lo accesorio sigue la misma suerte de lo principal”.

      Que la interpretación extensiva que hace la Distribuidora de la reglamentación vigente es absolutamente incorrecta dado que va en detrimento del usuario, obligándole de esta forma a realizar un desembolso y un gasto que no está específicamente detallado en la reglamentación.

      Que en aras de esclarecer esta cuestión, corresponde remarcar que la obligación dineraria que pretende trasladar la Distribuidora al usuario, ha de estar expresamente definida en la normativa y, de la redacción del inciso g) del art. 1 del Reglamento de Suministro no se desprende objetivamente tal obligación, sino tan solo la de cesión de un espacio o lugar; cuestión que, por otra parte, nada tiene que ver con la construcción de la obra civil que alberga los equipos eléctricos.

      Que ahondando en estos argumentos se puede resaltar lo declarado por la Corte en materia de interpretación de concesiones: “toda duda debe ser resuelta en sentido adverso al concesionario, porque nada debe tomarse como concedido, sinó cuando es dado en términos inequívocos o por una implicancia clara” Fallos C.S.J.N. t. 155 p. 12.

      Que la Doctrina nutre esta senda proclamando que “en principio, el monopolio - al igual que cualquier otro privilegio - debe interpretarse restrictivamente, esto es, sólo con el alcance que ha sido expresamente reconocido a favor de su titular, toda vez que el mismo protege únicamente el interés del particular beneficiado y, a su vez, afecta o puede afectar derechos o intereses de terceros y limita también las potestades estatales para regular de modo diferente el servicio. La Corte ha interpretado reiteradamente los privilegios con este alcance”. Añade en defensa de los usuarios que “la concesión de privilegios debe ser consecuente con los motivos y fines de interés público que la justifican, de manera que en caso de diversas interpretaciones posibles debe elegirse el criterio menos restrictivo para la libertad, esto es, menos lesivo de los derechos de los usuarios y consumidores. En otras palabras, el alcance del privilegio debe interpretarse de manera tal que no resulte más gravoso que lo estrictamente necesario para cumplir con las exigencias de interés público que motivaron su concesión”. Sobre la interpretación de privilegios en los Contratos de Concesión de Servicios Públicos. Carlos F. Balbín. EL DERECHO. Viernes 29 de Junio de 2001.

      Que además el artículo 37 de la Ley N° 24.240 establece: “... La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa...”

      Que en otro orden de cosas y en lo que hace a la segunda parte del art. 1 inc. g) del mentado reglamento, es decir la cesión de un espacio o lugar, es fundamental señalar que esta cesión está en intima relación con el art. 1 de la Ley N° 19.552 “Toda heredad esta sujeta a la servidumbre administrativa de electroducto que se crea por la presente ley, la que se constituirá a favor del concesionario de subestaciones eléctricas, líneas de transporte de energía eléctrica, distribuidores de energía eléctrica que estén sujetos a jurisdicción federal.” Todo ello en orden a lo expresado por la Constitución Nacional en su Artículo 17.- “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada...”.

      Que asimismo, el derecho de servidumbre de la Ley N° 19.552 es el descripto en la ultima parte del art. 1 inciso g) del reglamento nombrado, donde dice “... se deberá firmar un convenio estableciéndose los términos y condiciones aplicables para la instalación de dicho centro de transformación, como así mismo el monto y modalidad del resarcimiento económico que puedan acordar.” Es aquí donde aparece el derecho real de servidumbre estableciendo los derechos y obligaciones para las partes (titular de la servidumbre y propietario del predio).

      Que otra de las razones que alega EDESUR S.A. para fundamentar que no deben asumir los costos de las obras civiles, tiene que ver con que las paredes del recinto no constituyen instalaciones eléctricas, pues están adheridas al inmueble por accesión.

      Que respecto de estas interpretaciones es dable reiterar lo manifestado más arriba en lo atinente a la definición de cámara transformadora - Conjunto de transformadores, instalaciones y construcciones destinados a la transformación de la corriente, a la tensión de consumo, sin que sea atendido por personal estable, pero sujeto a revisaciones periódicas -. Con ello queda definitivamente aclarado que la construcción u obra civil forma parte integrante de la cámara o centro o puesto de transformación; es decir, constituye parte de un todo, cuyo único objetivo y fin es suministrar de energía eléctrica a uno o varios usuarios.

      Que en otro de los argumentos volcados en su escrito de responde la Distribuidora intenta establecer una analogía entre la construcción u obra civil y los pilares o los gabinetes de medición en baja tensión que sí ha de costear el usuario. Esta asimilación es inadmisible dado que la obra civil construida esta destinada exclusivamente a la protección de las instalaciones y equipos eléctricos y protege por tanto dichas instalaciones. Por consiguiente, contrariamente al razonamiento de EDESUR S.A., tal situación no es asimilable a la construcción de un pilar para la colocación del equipo de medición y la conexión de un suministro de baja tensión, cuya obligación y titularidad le pertenece al cliente.

      Que por otra parte, es dable aclarar que si bien el principio general es el descripto hasta el momento; es decir, la obligación de inversión en la red de suministro la tiene la Distribuidora y ello incluye las cámaras transformadoras (construcción y equipamientos eléctricos); no obstante, existen ciertas excepciones, que a continuación se detallan:

      1.- Arts. 1, 2, 7 de la Resolución ENRE Nº 1745/98:
      • ARTÍCULO 1.- Los usuarios y grandes usuarios comprendidos en la Tarifa N° 3 (T3-Grandes Demandas) y la Tarifa por el Servicio de Peaje, respectivamente, del cuadro tarifario de las Distribuidoras "EDENOR S.A.", "EDESUR S.A." y "EDELAP S.A.", deberán tener una demanda mínima de potencia igual a 315 KW, como requisito para solicitar el suministro en media tensión, y una demanda mínima de potencia igual a 20 MW (20.000 KW), para solicitar el suministro en alta tensión.
      • ARTÍCULO 2.- No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, los límites establecidos son indicativos, permitiéndose el acceso de un usuario a cualquier nivel de tensión, aún cuando el mismo no se encuentre dentro del rango de potencia correspondiente al nivel de tensión que solicita, siempre que tal solicitud sea debidamente fundada ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, en base a requerimientos tecnológicos del equipamiento propio del mismo.
      • ARTÍCULO 7.- Cuando un usuario que recibe suministro eléctrico en el nivel de tensión correspondiente a su potencia contratada, de acuerdo a los límites establecidos en el artículo 1 de la presente Resolución, y presente una solicitud de cambio de tensión por los motivos indicados en el artículo 2, los costos de las inversiones en la red asociadas al cambio de tensión solicitado estarán a cargo del usuario. A ello podrá eventualmente agregarse un resarcimiento a la Distribuidora en concepto de invalidación de inversiones hundidas afectadas al actual suministro, todos los cuales deberán estar debidamente justificados, y contar con la previa aprobación de ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD para su aplicación. Para los casos contemplados en el presente artículo no será de aplicación lo dispuesto por el artículo 6 de la presente Resolución.

      2.- Art. 21 in fine del Contrato de Concesión de EDESUR S.A.: “Todos los gastos de remoción, retiro, traslado, modificación, acondicionamiento, sustitución y prolongación de cables e instalaciones que fuera menester realizar, para que queden en perfectas condiciones de seguridad y eficiencia desde el punto de vista técnico y económico, deberán serle reintegrados a LA DISTRIBUIDORA por la autoridad, empresa, USUARIO o vecino que haya requerido la realización de los trabajos.”

      3.- Art. 25 inciso e) del Contrato de Concesión: “Los gastos de la nueva conexión, modificación o sustitución del equipamiento eléctrico realizados como consecuencia del cambio de una tensión a otra, por iniciativa de LA DISTRIBUIDORA deberán ser soportados íntegramente por la misma; si el cambio se efectuara a solicitud del USUARIO este deberá soportar tales gastos.”

      Que en cuanto a la primera de las excepciones (Resolución ENRE Nº 1745/98) se aclara que en los casos amparados en el artículo 1 se mantiene la obligación de la Distribuidora de hacerse cargo de las adecuaciones necesarias para la instalación de las celdas de acometida de la línea de media tensión, quedando a cargo del usuario la totalidad de los gastos de instalación del centro de transformación. Por el contrario, en los casos contemplados en el articulo 2 es el usuario el que debe hacerse cargo de todos los costos de la instalación del nuevo nivel de tensión, tal como lo establece el artículo 7. Además, para los cambios de nivel de tensión de media a alta tensión, el ENRE determinará el limite de la obligación de la Distribuidora.

      Que ciertamente, estas son las únicas excepciones que la normativa distingue del principio general que obliga a la Distribuidora a realizar las inversiones en su sistema de suministro eléctrico.

      Que como se puede comprobar estos casos están específicamente detallados y definidos en el Contrato de Concesión de la Distribuidora y en la Resolución ENRE Nº 1745/98. Por ello, solo en estas situaciones concretas, donde la obligación se encuentra específicamente señalada como del usuario, se puede determinar que la construcción e incluso los equipamientos eléctricos, pertenecen al usuario y no a la Distribuidora, y por tanto la inversión la deberá realizar dicho usuario.

      Que por otra parte, y sin perjuicio del respeto que merece la sentencia de la CN Fed. Civ. y Com. en los autos caratulados “Compañía de Emprendimientos y Desarrollos c/ Edenor S.A.” este organismo regulador no comparte la apreciación que se hace cuando declara “que si bien la empresa Distribuidora obtiene una ventaja patrimonial con el suministro -es su negocio-, la actora no deja de obtener ventajas de ese suministro, pues de otro modo no podría realizar la comercialización que es su propio negocio, ya que los adquirentes de las unidades carecerían de un elemento tan indispensable como la electricidad, de manera que su inversión no pueda calificarse de injustificada.” Ello así por cuanto se entiende y por tanto va de suyo, que los usuarios de todo servicio público reciben una ventaja que no es tal sino un servicio de los de primera necesidad, que efectivamente hace a la naturaleza propia de todo servicio público.

      Que en el mismo orden de cosas y en cuanto a ventaja se refiere, también la Distribuidora del servicio público de energía eléctrica obtiene un beneficio, ventaja o utilidad en estos casos dado que los centros de transformación son utilizados para suministrar energía eléctrica a otros usuarios de la zona, y por consiguiente, dicha cámara o centro de transformación es utilizado para llevar el suministro eléctrico a todos los usuarios o consumidores de la zona y no en exclusiva al usuario que cede el espacio para instalar la cámara.

      Que por último es conveniente hacer nuevamente una serie de recordatorios: (i) El servicio público fue creado para satisfacer necesidades de la comunidad, la creación de monopolios o regímenes de exclusividad nunca puede ir en detrimento de los usuarios. (ii) El texto constitucional en su art. 42 dice “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno” etc.

      Que el único modo de compatibilizar con la Constitución Nacional, los monopolios y privilegios otorgados por el Estado es mediante la interpretación restrictiva de estos. Como declara el art. 42 de la Constitución, el deber de las autoridades públicas es defender los derechos de los usuarios contra cualquier abuso o interpretación extensiva de ese poder monopólico o privilegiado.

      Que el Ente Regulador tiene el deber constitucional y legal de buscar equilibrar las desigualdades existentes, compensando el poder monopólico o exclusivo con un mayor peso de su control y una mayor defensa del usuario.

      Que la Ley Nº 24.240 de Defensa al Consumidor en su artículo 3° dice: “Interpretación. Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas, en particular las de Defensa de la Competencia y de Lealtad Comercial. En caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor.”

      Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado del acto administrativo propuesto, en virtud de lo establecido en los artículos 82 y 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72. T.O. 1991 y los artículos 71 y 72 de la Ley N° 24.065.

      Por ello,
      EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL
      REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
      RESUELVE:

      ARTICULO 1°.- Rechazar parcialmente el Recurso de Reconsideración planteado por EDESUR S.A. respecto de la Resolución ENRE Nº 445/01.

      ARTICULO 2.- Aceptar como únicas excepciones al artículo 1 de la Resolución ENRE Nº 445/2001, las expresadas en los artículos 21 in fine y 25 inciso e) de su Contrato de Concesión y las de los artículos 1, 2 y 7 de la Resolución ENRE Nº 1745/98 y Resolución ENRE N° 734/99.

      ARTICULO 3.- Notifíquese a EDESUR S.A.

      ARTICULO 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
      RESOLUCIÓN ENRE Nº 36/2002
      ACTA Nº 621
      Daniel Muguerza,
      Vocal Tercero.-
      Ester Beatriz Fandiño,
      Vocal Primera.-
      Juan Antonio Legisa,
      Presidente.-
      Citas legales:Resolución ENRE 0445/2001 Biblioteca
      Resolución ENRE 1745/1998 Biblioteca
      Resolución ENRE 0225/1999 Biblioteca
      Resolución ENRE 0734/1999 Biblioteca
      Ley 19.587 Biblioteca
      Ley 19.552 Biblioteca
      Ley 24.240 Biblioteca
      Ley 24.065 - artículo 09 Biblioteca
      Ley 24.065 - artículo 71 Biblioteca
      Ley 24.065 - artículo 72 Biblioteca
      Decreto 1759/72 (t.o. 1991) Base de datos 'Biblioteca', Vistas '(Por Tipo B)'
      Código Civil - artículo 0523 Biblioteca
      Código Civil - artículo 0524 Biblioteca
      Código Civil - artículo 0525 Biblioteca
      Código Civil - artículo 0526 Biblioteca
      Código Civil - artículo 2328 Biblioteca
      Constitución Nacional - artículo 17 Biblioteca
      Constitución Nacional - artículo 42 Biblioteca
      Contrato de concesión Biblioteca
      Reglamento de suministro Biblioteca
      Reglamentación para líneas eléctricas exteriores en general. Buenos Aires: Asociación Electrotécnica Argentina, 1971. 18 p. Libros
      Fallo citado:Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Sala II, fallo: "Compañía de Emprendimientos y Desarrollos Inmobiliarios S.A. c/ Edenor S.A. s/ cobro de pesos" [11 de febrero 1999] Libros