Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0222/2018. (no publicada en B.O.) , jueves 23 de agosto de 2018, 13 p.

Citas Legales : Constitución nacional - artículo 017, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 inciso f), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 inciso h), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 inciso y), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 35, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 36, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 37, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4, Decreto 01759/1972 (t.o. 2017) - artículo 084, Decreto 01759/1972 (t.o. 2017) - artículo 094, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 19.549 - artículo 07 inciso e), Ley 19.549 - artículo 12, Ley 24.065 - artículo 02, Ley 24.065 - artículo 42 inciso c), Ley 24.065 - artículo 49, Ley 24.065 - artículo 56 inciso a), Ley 24.065 - artículo 56 inciso b), Ley 24.065 - artículo 56 inciso m), Ley 24.065 - artículo 56 inciso s), Resolución ENRE 0032/2018, Resolución ENRE 0063/2017, Resolución ENRE 0064/2017, Resolución ENRE 0064/2017 - anexo XVIII, Resolución ENRE 0064/2017 - anexo XVIII - punto 1., Resolución ENRE 0064/2017 - anexo XVIII - punto 4. - apartado 4.1., Resolución ENRE 0064/2017 - anexo XVIII - punto 4. - apartado 4.6., Resolución ENRE 0064/2017 - anexo XVIII - punto 5., Resolución ENRE 0170/2018, Resolución ENRE 0170/2018 - anexo - punto III, Resolución ENRE 0463/2016, Resolución ENRE 0492/2016, Resolución ENRE 0525/2017

Expediente Citado : ENRE 51383/2018, EX-2018-37527755-APN-SD#ENRE



BUENOS AIRES, 23 DE AGOSTO DE 2018

    VISTO los Expedientes EX2018-37527755--APN-SD#ENRE y N° 51.383/2018 del Registro del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), la Resolución ENRE N° 170/2018, y

    CONSIDERANDO:

    Que mediante la resolución del Visto de fecha 29 de mayo de 2018 este ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) aprobó el Régimen Sancionatorio por Apartamiento del Plan de Inversiones a aplicar a la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) y a la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.).

    Que contra la resolución precitada EDESUR S.A. plantea recurso de reconsideración y alzada en subsidio, el que obra en el IF-2018-31499135-APN-SD#ENRE agregado en los expedientes del Visto.

    Que en su recurso la Distribuidora plantea que si bien la resolución objetada viene a formalizar un aspecto sin definición que había quedado pendiente desde el dictado de la Resolución ENRE N° 64/2017 y complementarias, la misma modifica un aspecto conceptual del marco regulatorio del servicio de distribución de energía eléctrica al establecer la obligatoriedad de inversiones.

    Que al respecto agrega que una muestra clara de ello es la modificación arbitraria, sustancial, palmaria e infundada que la resolución realiza sobre sobre el espíritu y la esencia del artículo 25 inciso f) del Contrato de Concesión de EDESUR S.A., el cual pone en cabeza de la distribuidora la obligación de efectuar las inversiones “…necesarias para garantizar los niveles de calidad y servicio definidos en el Subanexo IV…”.

    Que del mismo modo, sostiene que al fijar un compromiso posterior con las inversiones presentadas oportunamente para la Revisión Tarifaria Integral (RTI) sin la necesaria correspondencia con todo el marco en el cual se hizo la presentación en ese entonces, la resolución del Visto configura otro apartamiento sustancial de lo establecido por el marco regulatorio.

    Que en este sentido agrega que se debe recordar que EDESUR S.A. presentó su propuesta tarifaria en el informe particular “fundamentos y criterios de la propuesta tarifa” donde se establece “… dejamos expresamente aclarado que la presentación realizada por Edesur SA debe tomarse como una unidad que integra todos los estudios y criterios considerados y cualquier modificación de las consideraciones contempladas en nuestra propuesta Tarifaria, alteraría en forma directa la ecuación que permite sostener la misma y sus conclusiones…”.

    Que según la concesionaria, esto debe considerarse como un claro acto para evitar esta situación, en la que el regulador extrae información parcial de la presentación de la RTI y pretende, en forma injustificada, utilizarla para establecer obligaciones exógenas a la normativa. Y desconociendo que este especial recaudo que se adoptó, dotaría de ilegitimidad la norma que nos convoca.

    Que asimismo, la recurrente sostiene que existe una doble imposición puesto que la Autoridad Regulatoria ya ha penalizado a EDESUR S.A. en caso de no realizar las inversiones propuestas inicialmente para la RTI al calcular y aplicar el “X sin inv”, uno de los componentes integrantes del factor de estímulo a la eficiencia (E).

    Que en este sentido agrega que recién en la medida que las mismas se realizan se logra neutralizar dicho efecto y sólo una vez superado el valor propuesto de inversiones, es posible obtener un beneficio real por las mismas que no sea trasladado al cliente en forma automática.

    Que de tal manera, considera que la multa que se pretende aplicar ya se encuentra conceptualmente implícita en las fórmulas de actualización tarifarias establecidas en la Resolución ENRE N° 64/2017 y complementarias.

    Que además EDESUR S.A. manifiesta que al momento de la fijación tarifaria, presentó su requerimiento de ingresos acorde a los niveles de calidad fijados por las Resoluciones ENRE N° 463/2016 y N° 492/2016. Así, ajustado por la demanda prevista, EDESUR S.A. recibió un OCHENTA COMA SEIS POR CIENTO (80,6 %) de lo solicitado y sin embargo mantuvo su plan de inversiones propuesto (como lo atestigua la Resolución ENRE N° 32/2018). Pero a los fines del análisis, sostiene que no puede dejar de asumir el escenario hipotético, en el cual hubiese recortado su plan de inversiones. En igual proporción, se daría el hecho de que el valor de la Sanción por Apartamiento del Plan de Inversiones Anual (SAPIA) que surge de la mecánica de cálculo equivaldría al CINCUENTA Y CUATRO POR CIENTO (54 %) del valor del Q que se recibiría por dicho nivel de inversiones. Es más, si el plan de inversiones se desviara en menos de un DIEZ POR CIENTO (10 %) de este nuevo valor hipotético de equilibro respecto al ingreso recibido, la multa que se aplicaría nulificaría en su totalidad el incentivo recibido por el Factor Q.

    Que como consecuencia de ello, entiende como desproporcionado el mecanismo de amplificación de la multa previsto por la Resolución ENRE N° 170/2018 y solicita que acorde a lo señalado en el ANEXO XVIII de la Resolución ENRE N° 64/2017 -“…se define un régimen sancionatorio cuando se determine que la distribuidora ha incumplido con el plan de inversiones informado, o lo ha realizado con demoras significativas…”- se establezca una banda de indiferencia que contemple la relación de ingresos recibidos y requeridos por la distribuidora a partir de la cual se establezca el sendero gradual de multas que se pretende aplicar.

    Que por otra parte, la recurrente señala que la Resolución ENRE N° 64/2017 estableció únicamente un control anual de inversiones, no mencionando en ningún momento un control del período tarifario completo, por lo cual considera que existe una contradicción.

    Que agrega que aún en caso de definirse un cálculo para el período tarifario completo, se considera absurdo considerar como referencia fija e invariable el Plan de la Revisión Tarifaria Integral formulado para un escenario de proyección, el cual asumía, por ejemplo, una cierta evolución de la demanda. En este orden de ideas, es a todas luces racional considerar que el plan real debería adaptarse a las diferencias que surjan entre dicho escenario hipotético y la realidad evidenciada en el transcurso del período.

    Que sin desmedro de lo antedicho y contemplando lo segundo, si anualmente esta distribuidora debe enviar al ENRE el Plan “real” y justificar las diferencias con el Plan RTI, estas diferencias justificadas deberían llevarse a un “Plan RTI ajustado” contra el que se compare lo realmente ejecutado, a efectos de evaluar el quinquenio.

    Que la recurrente imputa al acto recurrido de falta de motivación.

    Que sostiene que en el caso de la resolución del Visto, en al apartado III del ANEXO I el regulador establece una Sanción de Apartamiento Quinquenal RTI (SAQRTI) determinada por la diferencia entre el plan declarado previo a la RTI, sin contemplar lo dicho por la distribuidora en que no debe usarse información de la RTI en forma aislada y las inversiones efectivamente realizada durante el quinquenio, medido ambos conceptos según su impacto en el Factor Q.

    Que en este sentido, afirma que no se entiende el objetivo de penalizar dicha diferencia ya que los usuarios se ven afectados por las inversiones sólo a través del impacto en sus tarifas por la aplicación del Factor “Q real” que surge efectivamente de las inversiones puestas en servicio durante cada año del cálculo o en la determinación de la base de capital del siguiente período tarifario, no influyendo en caso alguno la estimación previa del plan.

    Que además agrega que en el caso que la no realización de inversiones pueda llegar a afectar la calidad de servicio del usuario de alguna forma, tal como establece la regulación, éste se vería resarcido por el descuento en su servicio producto del régimen de calidad impuesto a la distribuidora independientemente de la causa.

    Que por lo tanto, concluye en que la aplicación de la sanción por apartamiento quinquenal RTI no encuentra ningún sustento en lo que respecta a tutelar una acción que pueda afectar a los usuarios, ni un incentivo a orientar las inversiones de la distribuidora, ya que tendría efecto en un período tarifario posterior, el cual necesariamente está determinado en base a las inversiones efectivamente realizadas por dicha compañía (base de capital).

    Que en atención a lo expuesto y a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo (LNPA), es que solicita la recurrente que se suspendan los efectos del acto hasta tanto se resuelva el presente recurso administrativo.

    Que asimismo, sin perjuicio de lo mencionado en el considerando ut supra, la distribuidora considera oportuno impugnar el criterio administrativo que admite sin más y por puras razones teóricas, sin sustento alguno de derecho positivo, la no suspensión del acto administrativo impugnado por recurso considerándolo como errado.

    Que a su vez, advierte que la suspensión de los efectos del acto no producirá ningún perjuicio al interés público ya que lo único que resultaría de la suspensión solicitada, es sujetar el cumplimiento del acto a la previa resolución del presente recurso y en su caso, a la correcta verificación de las afirmaciones vertidas por el ENRE en la resolución recurrida.

    Que por último, la recurrente formula expresa reserva del caso federal para acudir ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN por vía extraordinaria, en caso que no se haga lugar al presente, en tanto ello sería contrario a lo requerido por la distribuidora con fundamento en leyes federales (LNPA, Ley Nº 24.065) e implicaría una violación del derecho de propiedad de la distribuidora (artículo 17 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL).

    Que previo a tratar los agravios de la recurrente, cabe destacar que en cuanto al aspecto formal el recurso planteado resulta procedente a la luz de la normativa aplicable (artículos 84 y siguientes del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017) debido a que ha sido interpuesto dentro de los plazos procesales pertinentes.

    Que ahora bien, con respecto a los argumentos vertidos por la EDESUR S.A en su presentación, el análisis de los mismos permite realizar las siguientes consideraciones:

    Que en cuanto a lo manifestado por la recurrente sobre que la resolución del Visto que formaliza lo dispuesto en el ANEXO XVIII de la Resolución ENRE N° 64/2017 y complementarias, modifica un aspecto conceptual del marco regulatorio del servicio de distribución de energía eléctrica al establecer la obligatoriedad de inversiones, cabe recordarle que esta aseveración ya fue tratada en la Resolución ENRE N° 525/2017 que resolvió el recurso de reconsideración presentado por EDESUR S.A. contra la Resolución ENRE N° 64/2017.

    Que asimismo, la Resolución ENRE N° 525/2017 es un acto firme y consentido, dado que no ha sido cuestionada por la distribuidora dentro de los plazos establecidos en los artículos 84 y 94 del Decreto N° 1.759/1972, reglamentario de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, T.O. en 2017.

    Que no obstante lo anterior, se le reitera lo afirmado en dicha oportunidad, en la cual se le citó el dictamen jurídico N° 684/2017, obrante en el Expediente ENRE N° 45.630/2016.

    Que en dicho dictamen se considera que en los contratos de concesión aparece clara la diferencia entre la convención, propiamente dicha, y la reglamentación del servicio que ese contrato obliga a prestar al concesionario, facultad esta última que detenta este Ente Regulador en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 24.065, artículo 56, inciso b) y concordantes.

    Que por ello, la modificación de los aspectos reglamentarios del servicio, tanto de distribución como de transporte de energía eléctrica, resulta ser una facultad permanente de la autoridad pública encargada de emitirlos.

    Que en esta concepción, debe señalarse que no sólo los Subanexos del contrato de concesión integran los aspectos reglamentarios del servicio, sino que también lo componen aquellas disposiciones del contrato de concesión que son de esa naturaleza.

    Que por otra parte, sin perjuicio de las facultades expresas mencionadas en la Ley N° 24.065, esa norma ha otorgado al ENRE la capacidad genérica para realizar todos los actos necesarios para “…hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, controlando la prestación de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los contratos de concesión…” (artículo 56, inciso s). Ello así, por cuanto el espíritu de la Ley N° 24.065 es dotar a este Ente Regulador de todas las facultades necesarias para hacer cumplir el Régimen de la Energía Eléctrica que ésta consagra, así como todas las demás normas a él relacionadas, sea a través de los medios expresamente establecidos en dicha ley, como mediante otros que se encuentran implícitos en ella.

    Que por último, cabe hacer notar que el artículo 25, inciso f) del Contrato de Concesión impone a EDESUR S.A. la obligación de “…Efectuar las inversiones, y realizar el mantenimiento necesario para garantizar los niveles de calidad del servicio definidos en el “Subanexo 4”…” y que el inciso h) del mismo artículo le impone la de “…Extender o ampliar las instalaciones cuando ello resulte conveniente a las necesidades del SERVICIO PUBLICO, a requerimiento del ENTE…”. Por su parte, el inciso y) le impone la carga de “…Cumplimentar las disposiciones y normativa emanadas del ENTE en virtud de sus atribuciones legales…”.

    Que dichas obligaciones presuponen, necesariamente, el ejercicio de la potestad de control y sancionatoria por parte del ENRE para el caso de su incumplimiento. Así es que el artículo 36 del contrato de concesión de EDESUR S.A. contempla que “…En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por LA DISTRIBUIDORA, el ENTE podrá aplicar las sanciones previstas en el Subanexo 4, sin perjuicio de las estipuladas en los Artículos 35º y 37º del CONTRATO…”. Por ello y teniendo en cuenta lo expuesto más arriba, en cuanto a la clara diferencia existente entre la convención propiamente dicha y la potestad reglamentaria del servicio, facultad esta última que la ley confiere al ENRE con carácter permanente como autoridad pública encargada de emitirlos que resulta ser, no caben dudas que el ENRE ejerció, en cuanto al punto cuestionado, válidamente una potestad de origen legal.

    Que en función de lo señalado se rechaza el cuestionamiento realizado por la recurrente.

    Que respecto del planteo formulado por la distribuidora acerca de que la multa que se pretende aplicar ya se encuentra conceptualmente implícita en las fórmulas de actualización tarifaria establecidas en la Resolución ENRE N° 64/2017 y complementarias, cabe realizar una serie de consideraciones.

    Que en primer lugar, cabe reiterarle que la Resolución ENRE N° 64/2017, definió la aplicación anual de un Factor de Estímulo a la Eficiencia que por un lado, captura las ganancias de eficiencia y de productividad que las empresas obtienen en su gestión y se las transfiere al usuario (-X), conforme lo establecido en los artículos 42 inciso c) y 49 de la Ley Nº 24.065. Para ello se determinó un esquema de costos operativos decrecientes a reconocer a las empresas a lo largo del quinquenio.

    Que por otro lado, establece que la anualidad correspondiente a las inversiones que las empresas deben realizar sea reconocida en el Costo Propio de Distribución (CPD), una vez que los equipamientos eléctricos han entrado en servicio (Q).

    Que en este esquema, el Factor Q representa un incentivo para la distribuidora a realizar las inversiones comprometidas, toda vez que su aplicación anticipa la anualidad correspondiente a la instalación que entró en servicio y por lo tanto aumenta la remuneración.

    Que en este sentido, la variación del ingreso a través del Factor Q debe ser entendido como una decisión de la distribuidora, en realizar las inversiones comprometidas y no una multa implícita.

    Que así pues, su decisión de apartarse del plan de inversión anual declarado en su oportunidad, es la que provoca la aplicación de la SAPIA.

    Que en función de lo señalado se rechaza el cuestionamiento realizado por la recurrente.

    Que con relación a la desproporción de la multa planteada por la recurrente, cabe señalarle que en la determinación de la SAPIA se tuvo en cuenta un coeficiente Z que tiene en cuenta el nivel de apartamiento entre el Factor Q del año n que se deriva de las inversiones presentadas en el plan anual del año i y el Factor Q del año n que contempla las inversiones realizadas en el año i.

    Que dicho coeficiente refleja una escala gradual creciente de aplicación de DIEZ (10) rangos, hasta alcanzar su valor máximo; CINCO (5), conforme lo establecido en el ANEXO XVIII “SEGUIMIENTO FISICO DEL PLAN DE INVERSIONES EN EL MARCO DE LA REVISIÓN TARIFARIA INTEGRAL PARA EL PERÍODO 2017-2021” de las Resoluciones ENRE N° 63/2017 y N° 64/2017. Este anexo establece que “…El monto de dichas sanciones será determinado por el ENTE, cuyo máximo resultará de quintuplicar el monto de la diferencia del ingreso tarifario de la concesionaria que surja de la determinación del Factor Q real…”.

    Que en función de lo señalado se rechaza el cuestionamiento realizado por la recurrente.

    Que respecto a las contradicciones que plantea la recurrente referidas a que la Resolución ENRE N° 64/2017 estableció únicamente un control anual de inversiones, cabe señalar que en el punto 1, “Objetivo”; del ANEXO XVIII se establecen los lineamientos para efectuar el seguimiento físico y económico del Plan de Inversiones informado por la distribuidora en el marco de la RTI para el período 2017-2021, que involucra obras relacionadas con la expansión, la renovación y la calidad.

    Que asimismo, en el punto 5. “Plan de Inversiones a controlar” del mismo ANEXO se establece el plan de inversiones a controlar, sobre la base de la propuesta formulada por la distribuidora para el quinquenio 2017-2021.

    Que por ende, en dicho ANEXO se menciona tanto el Plan de Inversiones que debe presentar anualmente la distribuidora (Punto 4.1. “Presentación del Plan anual de Inversiones”) como el plan de inversiones comprometido en la RTI para el quinquenio.

    Que por otra parte, la verificación del nivel de cumplimiento del plan quinquenal de inversiones RTI a través de una sanción de apartamiento quinquenal (SAQRTI) le posibilita a la concesionaria, incorporar inversiones de años anteriores que por alguna razón no fueron puestas en servicio, pudiendo así compensar los atrasos y desvíos ocurridos en los planes anuales.

    Que además, su cálculo se realiza neto de las sanciones por apartamiento de los planes de inversión anuales aplicadas (SAPIA anuales).

    Que en función de lo anteriormente expuesto, se rechaza el cuestionamiento realizado por la recurrente.

    Que en lo referente a la falta de motivación que la recurrente argumenta, cabe destacarle que la Ley Nº 19.549 de Procedimiento Administrativo establece en el artículo 7 inciso e) de su Título III que un acto administrativo “…deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b del presente artículo…”.

    Que ese inciso, señala que el acto “…deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable…”.

    Que teniendo en cuenta lo anterior queda claro y de manera diáfana que la motivación de la resolución recurrida es el cumplimiento del ANEXO XVIII, cuyo objeto, como ya se mencionara más arriba, es “…efectuar el seguimiento físico y económico del Plan de Inversiones informado por la distribuidora en el marco de la Revisión Tarifaria Integral para el período 2017-2021 que involucra obras relacionadas con la expansión, la renovación y la calidad…”. En tal sentido, como lo señala el Punto 4.6 “Aplicación de sanciones por el Incumplimiento del Plan de Inversiones”, se estableció que “el ENRE, sobre la base de las verificaciones realizadas y una vez determinado el Factor Q, procederá a aplicar las sanciones que correspondan, considerando al efecto el valor del Factor Q real determinado…”.

    Que en función de ello es que la resolución recurrida establece el Régimen Sancionatorio por Apartamiento del Plan de Inversiones.

    Que teniendo en cuenta lo anterior, se rechaza el planteo realizado por la recurrente.

    Que por último, con relación a la solicitud de la distribuidora de suspender el efecto del acto administrativo que recurre, cabe comunicarle que los argumentos esgrimidos en el recurso presentado, no configuran los supuestos enumerados en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

    Que se ha emitido el correspondiente dictamen jurídico conforme lo requerido por el inciso d) del artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

    Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado de la presente medida, en virtud de lo establecido en el artículo 2 y en los incisos a), b), m) y s) del artículo 56 de la Ley Nº 24.065, así como en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto N° 1.759/1972 (T.O. 2017).

    Por ello,

    EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE:

    ARTÍCULO 1.- Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) contra la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 170/2018 y denegar el pedido de suspensión de sus efectos, por no configurarse ninguno de los supuestos enumerados en el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

    ARTÍCULO 2.- Remitir las actuaciones de los expedientes del Visto a la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA TÉRMICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA en virtud del recurso de alzada interpuesto en subsidio por la recurrente.

    ARTÍCULO 3.- Notificar a EDESUR S.A.

    ARTÍCULO 4.- Regístrese, comuníquese y archívese.
    RESOLUCIÓN ENRE Nº 222/2018
    ACTA Nº 1539
    Ing. ANDRES CHAMBOULEYRON,
    Presidente.
    Dra. MARTA I. ROSCARDI,
    Vicepresidente.-
    Ing. RICARDO A. MARTINEZ LEONE,
    Vocal Segundo.
    Dra. LAURA G. GIUMELLI,
    Vocal Tercero.
    Citas legales:Resolución ENRE 0032/2018 Biblioteca
    Resolución ENRE 0063/2017 Biblioteca
    Resolución ENRE 0064/2017 Biblioteca
    Resolución ENRE 0170/2018 Biblioteca
    Resolución ENRE 0463/2016 Biblioteca
    Resolución ENRE 0492/2016 Biblioteca
    Resolución ENRE 0525/2017 Biblioteca
    Decreto 01759/1972 (t.o. 2017) Biblioteca
    Ley 19.549 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 02 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 42 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 49 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 56 Biblioteca
    Constitución nacional - artículo 017 Biblioteca
    Contrato de concesión Biblioteca
    Acta ENRE 1539/2018 Biblioteca