Argentina. Procuración del Tesoro de la Nación
Dictamen PTN de fecha 10/07/2017. (no publicada en B.O.) , lunes 10 de julio de 2017, 8 p.

Citas Legales : Código civil - artículo 4037, Código civil y comercial - artículo 2537, Dictamen DGAJ 0277/2006, Ley 19.549 - artículo 09, Ley 19.549 - artículo 23 inciso d), Ley 19.549 - artículo 25 inciso d), Ley 19.552, Ley 19.552 - artículo 04, Ley 19.552 - artículo 05, Ley 19.552 - artículo 06, Ley 19.552 - artículo 08, Ley 23.982, Ley 24.447, Ley 26.944, Ley 26.944 - artículo 07, Resolución ENRE 0507/2000, Resolución MEyOSP 1647/1998



    Número: IF-2017-139868851-APN-PTN
CIUDAD DE BUENOS AIRES LUNES 10 DE JULIO DE 2017

    Referencia: EX-2016-01800152-APN-DCTA#PTN (EXP-S01:0421076/2007) - Reclamo s/ servidumbre de electroducto - 500k V Alicurá-Abasto
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    SEÑOR SUBSECRETARIO LEGAL DE LA SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE HACIENDA:

    Se remiten las presentes actuaciones en las que tramita el reclamo de pago de una indemnización por una servidumbre administrativa de electroducto formulado por las señoras Elida Cristina y Elisa Aurora Sallago, a fin de determinar si resulta aplicable al caso la doctrina oportunamente sentada por esta Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes 258:400 y acerca de la incidencia que tendría sobre ella un posterior pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia (Fallos 330:5404); en particular respecto del plazo de prescripción de la acción reclamatoria y del momento desde el cual éste debe computarse.

    - I -
    ANTECEDENTES DE LA CUESTIÓN

    1. Las señoras Élida Cristina y Elisa Aurora Sallago, copropietarias junto con sus hermanos Eva Amelia, Oscar Rómulo y Dominga Ana Sallago del predio designado catastralmente como parcela 250800, circunscripción 7, DC 8, del Departamento Avellaneda, de la Provincia de Rio Negro, reclamaron a Transener S.A., con fecha 21 de agosto de 2007, el pago de un monto indemnizatorio por la servidumbre de electroducto - Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) de 500 Kv denominada “Alicurá-Abasto” - que afecta al inmueble desde su construcción y posterior habilitación; hito este último que se produjo en el año 1985 (v. fs. 2; y http://mepriv.mecon.gov.ar/Hidronor/Res-Historica.htm).

    2. Transener S.A., titular de dicha servidumbre de electroducto, remitió el reclamo a la Coordinación de Entes Liquidados de la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial, señalando No obrando en los archivos recibidos de HIDRONOR S.A. constancia de que esta servidumbre originada por la construcción de la línea 500 kV. Alicurá-Abasto fuera constituida, y considerando que la nota del Subanexo IV:A.5 del Contrato de Transferencia que forma parte del Pliego de Bases y Condiciones para la venta del 65% de las acciones de Transener S.A., expresamente establece que “Todas las servidumbres se transferirán libres de toda obligación de pago o de cargos relativos a su constitución” (…) damos traslado del presente reclamo para vuestro tratamiento, quedando a disposición para efectuar nuestras obligaciones contractuales en caso de establecer abonar Uds. la indemnización solicitada (v fs. 1).

    La coordinación receptora se dirigió, a su vez, al Coordinador de Archivos y Certificaciones de Servicios de la Dirección de Entes en Liquidación consultando … si existe notificación fehaciente de la resolución mediante la cual han sido aprobados los planos de la obra a ejecutar o de las afectaciones a construir y de la afectación del inmueble por dicha obra, originada por la construcción de la línea Alicurá-Abasto (v. fs. 5).

    Seguidamente la Coordinación requerida contestó que de los archivos que le transfirió la ex-Hidronor S.A. no surgen antecedentes de la documentación solicitada (v. fs. 6). 3.

    Añado aquí que por intermedio del ACTA TRANSENER S.A. - HIDRONOR S.A. de fecha 6 de diciembre de 1994, Hidronor ha transferido a TRANSENER S.A. y esta recibió de plena conformidad, la documentación obrante en poder de la primera, correspondiente a la constitución de Servidumbres Administrativas de Electroducto, de las líneas transferidas a TRANSENER S.A.

    Y aclara el Acta que La documentación mencionada en la presente cláusula se refiere tanto a trámites pendientes como terminados de constitución de las mismas.

    Tal cual se describe en el Acta, Transener S.A. asumió, desde entonces, la responsabilidad adicional de realizar todas las gestiones necesarias para la constitución de las servidumbres de electroducto a su favor, faltantes de regularización, incluyendo los gastos de mensuras, tasaciones, comunicación a los propietarios, estudios dominiales, tramitación de certificados, etc.

    El Acta se encuentra agregada en el expediente de cierre de Hidronor S.A. (E.L.), Anexo VIII, documento que también incluye el detalle de la previsión por servidumbre de electroductos al 31/12/97. Dicho detalle, se informa en el Anexo, se realizó en base a … la nota de Transener S.A. con la tasación del monto indemnizatorio que correspondería pagar a los propietarios. Dicha nota y previsión contable no incluía a la servidumbre que motiva el presente reclamo (v. Anexo XVIII al expediente de cierre - Resolución MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS N° 1647/98 de fecha 22 de diciembre de 1998 - B.O. 16/2/99)

    Finalizo este agregado a los antecedentes dejando constancia que al remitir Transener S.A. el reclamo, en el año 2007, la servidumbre ya se encontraba inscripta a su nombre desde el año 2003 (v. fj. 29 vta.). Para ello, la compañía había cumplido con la intimación a regularizar la situación que le hiciera el Ente Nacional Regulador de la Electricidad a través de la Resolución N° 507 de fecha 31 de agosto del 2000 (B.O. 7/9/00).

    4. El reclamo fue archivado el 13 de marzo de 2012, cuando las reclamantes omitieron acompañar la escritura traslativa de dominio e informes; documentación que les fuera requerida años antes, el 6 de agosto de 2008 (v. fs. 11).

    5. El 15 de octubre de 2013 se presentó el doctor Santiago Damián Parrou, acompañó un poder otorgado a su favor por la copropietaria Eva Amelia Sallago, solicitó el desarchivo del expediente administrativo en el que tramitó el pedido original y adjuntó copias de dos escrituras. Por la primera de ellas, de fecha 6 de diciembre de 1999, los padres de los actuales copropietarios les hicieron a estos una oferta de donación, con aceptación diferida, del predio afectado por la servidumbre. Por la segunda, de fecha 1° de octubre de 2008, aquellos aceptaron el beneficio. Adjuntó también un informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro que certifica titularidad del dominio en cabeza de los donatarios, así como la inscripción de la servidumbre administrativa de electroducto a favor de Transener S.A. que lo afecta, asentada el 28 de noviembre de 2003 (v. fs. 15/32).

    6. Ante este segundo reclamo, la Dirección de Procesos Liquidatorios solicitó la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, que volvió a dirigirse a Transener S.A. (v. fjs. 38) solicitándole que brinde los antecedentes relativos a la existencia de restricciones y limitaciones al dominio que afecten al inmueble propiedad de los señores Sallago (v. fs. 38).

    En respuesta al requerimiento, Transener S.A. reiteró que dicho inmueble se encuentra afectado por una servidumbre administrativa de electroducto, y que el pago de la indemnización reclamada no se encuentra a su cargo (v. fs. 39).

    7. Por su lado, el Director de Procesos Liquidatorios de dicho Ministerio solicitó al servicio jurídico de la jurisdicción que diga si los efectos del reclamo efectuado por algunos de los condóminos respecto del cómputo de la prescripción aprovecha a todos ellos o si corresponde hacer algún tipo de gestión, en especial tendiente a la unificación de la personería (v. fs. 44/45).

    8. La Dirección General de Asuntos Jurídicos del entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (v. 50/54), luego de reseñar los antecedentes y analizar el marco normativo, se refirió a la opinión expresada por este Organismo Asesor en el citado Dictamen N° 277/06 (Dictámenes 258:400).

    En dicho asesoramiento, ante un caso similar al de autos, esta Casa dijo que el punto de partida para contar el plazo de prescripción de la acción del titular de un inmueble afectado por una servidumbre administrativa de electroducto para reclamar el pago de la indemnización que la Ley N° 19.552 (B.O. 13-4-72) le reconoce, es el de la notificación del acto administrativo previsto en el artículo 4.° de dicha ley, es decir, del acto que aprueba el proyecto y los planos de la obra a ejecutar o de las instalaciones a construir y que, a su vez, importará la afectación de los predios a la servidumbre y el derecho a su anotación en el respectivo Registro de la Propiedad Inmueble y en la Dirección de Catastro.

    Seguidamente, señaló que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos LAGOS, ALEJANDRO Y OTROS C/ YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES S.E. - RESIDUAL Y OTRO S/ EXPROPIACIÓN SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA (Fallos 330:5404) dijo que el inicio del plazo en cuestión … debe situarse en el momento en que la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer … y que … como regla general ello acontece cuando ocurre el hecho que origina la responsabilidad.

    Con sustento en este criterio, sin tener presente el momento de conocimiento efectivo de la servidumbre por parte de los reclamantes, y teniendo en consideración que conforme surge del Certificado de Dominio de fojas 29, la afectación del inmueble de autos se inscribió el 28 de noviembre de 2003 y la nota que inició el trámite es del 21 de agosto de 2007, opinó que el reclamo sería extemporáneo. Para arribar a tal conclusión consideró aplicable, siempre en concordancia con el criterio de la Corte, la prescripción de dos años prevista en el artículo 4037 del Código Civil, entonces vigente.

    Finalmente, dicho servicio jurídico señaló que el plazo de prescripción opera contra todos los condóminos, por lo cual no correspondería efectuar ninguna gestión tendiente a unificar la personería.

    9. Con tal dictamen, elevó un anteproyecto de resolución ministerial por el que se rechaza el reclamo administrativo previo interpuesto por las señoras Elida Cristina y Elisa Aurora Sallago y se advierte que la resolución también alcanzaría a las señoras Dominga Ada y Eva Amelia Sallago y al señor Oscar Rómulo Sallago. Una copia del anteproyecto que se acompañó en un sobre trasparente sin foliar se agregó inmediatamente antes de este asesoramiento (v. fs. 66/70). 10. En tal estado, esa Subsecretaría Legal remitió las actuaciones a esta Procuración del Tesoro a fin de que se expida sobre la aplicabilidad al caso de la doctrina sentada en Dictámenes 258:400 y la incidencia del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en los autos LAGOS, Alejandro…, en especial con relación al plazo de prescripción aplicable y al momento desde el cual debe computarse (v. fs. 64).


    - II -
    ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN

    1. En Dictámenes 258:400 este Organismo Asesor analizó las disposiciones de la Ley N° 19.552 que regula las Servidumbres Administrativas de Electroducto, en especial los artículos 4.° y 6.°.

    El primero de ellos establece que La aprobación por autoridad competente del proyecto y de los planos de la obra a ejecutar o de las instalaciones a construir importará la afectación de los predios a la servidumbre administrativa de electroducto y el derecho a su anotación en el respectivo Registro de la Propiedad y en la Dirección de Catastro (el subrayado es propio).

    Por su lado, el artículo 6.° dice: Una vez aprobados el proyecto y los planos de la obra a ejecutar o de las instalaciones a construir, los propietarios de los predios afectados deberán ser notificados fehacientemente de la afectación de éstos a la servidumbre y del trazado previsto dentro de cada predio o superficie afectada (el subrayado es propio).

    Fijadas que fueren las restricciones y limitaciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 5°, ellas serán notificadas a los propietarios.

    Seguidamente, citó su doctrina según la cual la iniciación del curso de la prescripción se produce desde el instante en que el derecho está amparado con una pretensión demandable que posibilite a su titular hacer valer el poder jurídico que el ordenamiento legal otorga, es decir, desde el momento en que el acreedor tiene expedita su acción para demandar la cesación de la conducta contraria a derecho, el pago o, según el caso, la pretensión que corresponda (v. Dictámenes 243:389).

    Sobre dicha base, esta Casa dijo - en tesis que no comparto y que aquí propongo abandonar - que el punto de partida del plazo de prescripción de la acción del titular para demandar el pago de la indemnización, debe ser el de la notificación prevista en el artículo 6.° y que su omisión implica que ningún plazo pudo haber comenzado a correr. Ello se sostuvo considerando que … recién con la notificación fehaciente de la resolución el titular dominial estará en condiciones de ejercer las acciones que considere que le asisten en defensa de su derecho de propiedad, toda vez que sólo en ese momento tendrá conocimiento legal y cierto de los alcances de las restricciones que deberá soportar.

    Consideró asimismo que dicha omisión impidió que surtiera efecto la caducidad de los derechos y la prescripción de las acciones para peticionar créditos contra el Estado nacional o cualquiera de los entes comprendidos en la ley 23.982 de causa o título anterior al 1º de abril de 1991, sentada por la Ley 24.447.
    2. Con posterioridad a ese asesoramiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos LAGOS, ALEJANDRO Y OTROS C/ YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES S.E. - RESIDUAL Y OTRO S/ EXPROPIACIÓN SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA - L. 588. XXXVII. ROR18/12/2007 (Fallos: 330:5404) dijo, como bien lo reseñó el servicio jurídico preopinante, que el inicio del plazo en cuestión debe situarse en el momento en que la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer y que, como regla general, ello acontece cuando ocurre el hecho que origina la responsabilidad.

    Agregó la Corte que el nacimiento de la acción para exigir el cumplimiento de una obligación depende de una circunstancia general y objetiva, tal como lo es que el daño haya ocurrido y sea cierto (es decir, se haya manifestado) y no de una condición meramente subjetiva, como lo sería el estado de conciencia del acreedor acerca de la existencia de una deuda exigible a su favor. Este último extremo quedaría inevitablemente sujeto a una determinación ad hoc para cada caso particular, que vendría a satisfacer en mayor medida el interés privado del acreedor que el interés público que justifica la existencia del instituto de la prescripción.

    Respecto del plazo de prescripción dijo que siendo aplicable el de dos años previsto en el artículo 4037 del Código Civil, entonces vigente, a las acciones que persiguen el resarcimiento por el obrar ilícito del Estado, conforme a los numerosos antecedentes que citó, sería contrario a la finalidad perseguida por la ley establecer un plazo superior para quien es agente pasivo de un acto lícito, como el que motivó las actuaciones.

    De tal modo, sostuvo, es compatible con las modalidades de la relación jurídica examinada (nacida de una servidumbre administrativa) el marco comprensivo del artículo 4037 citado, cuyo plazo de prescripción de dos años resulta, por consiguiente, aplicable al sub lite.

    3. Esta Procuración del Tesoro ha dicho que es conveniente atenerse a los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de aplicación e interpretación del Derecho. Ello así, por diversas razones: la jerarquía de nuestro más Alto Tribunal, el carácter definitivo de sus sentencias, la armonía que debe haber entre los distintos órganos del Estado y la necesidad de ahorrarle al erario los gastos derivados de juicios que se saben perdidos de antemano. Puntualizó además que esta pauta posee vigor siempre que haya identidad esencial en los casos, y que el fallo y el dictamen sean coetáneos (v. Dictámenes 241:427; 251:492; 252:209 y 257:309, entre otros).

    Es decir que la procedencia y conveniencia de que la Administración se atenga a la orientación que sustente la Corte en el terreno jurisdiccional, requiere que no exista diferencia apreciable entre el marco fáctico-jurídico del precedente judicial y el del caso a decidir en sede administrativa.
    Este mismo criterio, que enfatiza la importancia de los hechos, debe tenerse presente para decidir la aplicación a un caso concreto de un precedente emanado de la propia Procuración del Tesoro, órgano rector en materia de aplicación e interpretación del derecho en el ámbito de la Administración Pública.
    4. Teniendo en cuenta tal premisa, e ingresando al análisis del caso sub examine, se advierte que éste exhibe algunas características que lo diferencian del que fue materia del Dictamen 258:400.

    4.1. En este sentido, cabe señalar que al momento de presentar el reclamo de fojas 2 que dio origen a estas actuaciones, las señoras Elida Cristina y Elisa Aurora Sallago así como sus hermanos Eva Amelia, Oscar Rómulo y Dominga Ada Sallago, carecían de legitimación activa para hacerlo ya que para entonces no eran titulares registrales del dominio del inmueble afectado, calidad a la que accedieron el 1° de octubre de 2008 al aceptar la oferta de donación hecha por sus padres. En tal virtud, su reclamo carecía de validez.

    Recién con la presentación del apoderado de Eva Amelia Sallago, del 15 de octubre de 2013, pidiendo el desarchivo del expediente y acompañando las escrituras que acreditan la titularidad del dominio, puede considerarse interpuesto, por los legitimados activos, un reclamo por los daños que le habría producido el electroducto habilitado en el año 1985.

    4.2. En segundo lugar, con el certificado acerca de las condiciones de dominio y gravámenes expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro que tramitaron y obtuvieron en ocasión de suscribir la escritura pública de aceptación de la donación, los hermanos Sallago tomaron conocimiento fehaciente de la constitución de la servidumbre de marras y de su alcance, asentada en dicho Registro el 28 de noviembre de 2003.

    En dicha escritura se dejó expresa constancia de que de tal certificado surgía que el inmueble se encontraba Sujeto serv. de electroducto a favor de TRANSENER S.A. según plano 363/88, sup. afectada 39has, 95 as. 59 cas. Insc. Bajo Matrícula N° 08-5847 (v. fs. 19/22). Los hermanos Sallago aceptaron la donación del inmueble con preciso conocimiento de la servidumbre que lo afecta.

    4.3. El conocimiento, preciso y fehaciente de tal afectación, que surge de las anotaciones registrales, suple acabadamente la ausencia de constancias de la notificación sobre la afectación y el trazado previsto, que debió cursarse en los términos del artículo 6° de la Ley N° 19.552, y torna indubitable el conocimiento por los reclamantes de la efectiva ejecución del electroducto. Por ello, en la postura más favorable para los reclamantes, dicho conocimiento podría tomarse como punto de arranque del plazo de la prescripción para reclamar la indemnización correspondiente.

    Ello así, por cuanto los propietarios de un predio no pueden escudarse en la omisión de la notificación prevista reglamentariamente cuando de otros elementos surja palmariamente que han tomado conocimiento fehaciente de la afectación del inmueble a la servidumbre de electroducto y de la efectiva construcción del mismo, es decir del hecho que origina la responsabilidad y que ha dejado expedita la acción respectiva.

    5. Si bien el conocimiento de la anotación registral produce tales efectos, dejo aquí sentado que el señalado no es el único hecho que produce dicho conocimiento. En tal virtud, en los puntos que siguen expreso otras razones que llevan a apartarme del criterio sustentado en el Dictamen 258:400.

    5.1. En primer lugar, ante la evidencia de hechos que atentaron contra el derecho real de dominio del afectado, éste debió considerar o que no existía el acto administrativo previo que afectara su predio a servidumbre y aprobara el trazado proyectado; o que habiendo existido, no le fue notificado. En cualquier caso, debió considerarlos como vías de hecho (cnf. Art. 9 Decreto-Ley N° 19.549) y pudo haber accionado de diversas maneras para intentar repeler la intromisión en su dominio.

    La propia Ley de Electroducto N.º 19.552 prevé que el beneficiario de la servidumbre no podrá forzar su ingreso al predio y deberá recurrir ante el juez federal competente en el lugar en que se encuentre el inmueble afectado, para que libre mandamiento otorgándole el libre acceso a dicho inmueble para realizar las obras pertinentes (cnf. Art. 8°).

    Por otro lado, el artículo 23 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, como el artículo 25 inciso d), establecen un plazo de caducidad para accionar contra la vía de hecho a contar desde que dichos hechos fueran conocidos por el afectado.

    La realización de una obra de ingeniería mayor, como la instalación de un electroducto de extra alta tensión, que atraviesa la propiedad de las reclamantes, y afecta con evidencia la plenitud de su derecho de dominio, no puede haber pasado desapercibida para quién resultaba, por entonces, su titular. Los reclamantes tampoco han aportado justificación alguna tendiente a explicar que la afectación del dominio no pudo ser conocida por el titular de dicho derecho real.

    No considero, por ello, que ante la falta de constancia agregada a las actuaciones de que se ha notificado oportunamente al titular del predio, el acto administrativo inicial que aprobaba el trazado proyectado del electroducto y afectaba su predio a servidumbre, pueda propugnarse la imprescriptibilidad de la acción reclamatoria que derive del daño que los posteriores hechos administrativos - la construcción del electroducto - le podrían haber generado.

    5.2. Asimismo, y sin que implique minimizar la importancia de la notificación que prevé el artículo 6° de la ley que regula las servidumbres de electroducto, tampoco puedo dejar de señalar que la misma se exige durante la etapa proyectual y es previa a la fijación del trazado final. Es decir, debía ser previa, también, a la solicitud del permiso que debía requerirse al titular del dominio para ingresar al predio a realizar las obras.

    Resulta así una exigencia de notificación que debió operar necesariamente antes de los hechos descriptos en el apartado 5.1 - la obra -, reforzándose el argumento de que ellos, potencialmente dañosos para quién debe soportar limitaciones a la plenitud de su derecho de dominio en aras de una obra crítica para el sistema eléctrico nacional (cnf. Fallos 313:1469), habilitaban a interponer las acciones judiciales que el damnificado considerase pertinentes, tanto para negar el ingreso y frenar preventivamente las obras buscando proponer la modificación del trazado proyectado y/o, en su defecto, para reclamar daños y perjuicios.

    Es decir, siguiendo criterios esbozados tanto por la Corte Suprema, como por esta Casa, … la iniciación del curso de la prescripción se produce desde el instante en que el derecho está amparado con una pretensión demandable que posibilite a su titular hacer valer el poder jurídico que el ordenamiento legal otorga, es decir, desde el momento en que el acreedor tiene expedita su acción para demandar la cesación de la conducta contraria a derecho, el pago o, según el caso, la pretensión que corresponda (v. Dictámenes 243:389).

    5.3. Sobre la base de las consideraciones realizadas, me es forzoso concluir que, en el caso de autos, la acción para reclamar daños y perjuicios por una servidumbre de electroducto habilitada en 1985 se encuentra prescripta. Y a falta de fecha cierta, en las actuaciones, sobre el ingreso a la propiedad y el efectivo inicio de las obras, observo que el plazo debe contarse desde la fecha informada de habilitación comercial del electroducto.

    6. Respecto del plazo de prescripción, en un nuevo examen de la cuestión, esta Casa coincide con el criterio de la Corte expuesto en el caso Lagos en el sentido de que, durante la vigencia del Código Civil, era el de dos años previsto en su artículo 4037 para las obligaciones extracontractuales.

    Sin embargo, a partir de la vigencia de la Ley N° 26.944 (B.O. 8-8-14) de Responsabilidad Estatal, deberá aplicarse el de tres años previsto específicamente en el artículo 7.° para los casos de responsabilidad extracontractual del Estado.

    En todos los casos, deberán tenerse en cuenta las prescripciones del artículo 2537 del Código Civil y Comercial conforme a las cuales los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior.

    Sin embargo si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior.

    - III -
    CONCLUSIÓN

    1. Por las consideraciones expuestas, esta Procuración del Tesoro abandona el criterio sustentado en el Dictamen N° 277/06 (Dictámenes 258:400) respecto del inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción de los propietarios del inmueble afectado por una servidumbre de electroducto para reclamar la indemnización que les corresponda, dejándose sentado, como nuevo criterio, que ante la omisión de la notificación debida durante la parte proyectual, éste debe correr desde que se manifiestan los hechos que con evidencia afectan la plenitud y/o exclusividad del derecho real de dominio del fundo sirviente; momento en el cual -de conformidad con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, el acreedor tiene expedita su acción para hacer valer la responsabilidad del titular de la servidumbre.

    2. Respecto de plazo de prescripción aplicable a la acción de los titulares del predio afectado, este Organismo Asesor coincide con el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia en el citado caso Lagos en el sentido de que durante la vigencia del Código Civil era el de dos años previsto en el artículo 4037 para las obligaciones extracontractuales pero, a partir de la vigencia de la Ley N° 26.944 de Responsabilidad Estatal, deberá aplicarse el de tres años previsto específicamente en el artículo 7.° de dicha ley para los casos de responsabilidad extracontractual del Estado.
    Bernardo Saravia Frías
    Procurador del Tesoro
    Procuración del Tesoro de la Nación
    Citas legales:Resolución ENRE 0507/2000 Biblioteca
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    Ley 19.549 Biblioteca
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    Fallo citado:Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo: "Lagos, Alejandro y otros c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado - residual y otro s/ expropiación servidumbre administrativa" [18 de diciembre de 2007] Libros