Argentina. Secretaría de Energía
Resolución SE 2498/2012. (no publicada en B.O.) , viernes 28 de diciembre de 2012, 14 p.

Citas Legales : Acta acuerdo (UNIREN - Edesur S.A.), Acta acuerdo (UNIREN - Edesur S.A.) - cláusula 08 - punto 8.2.2., Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 02, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 16, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 inciso b), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 27, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 1 - capítulo 5 inciso 4), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 5.3., Decreto 01398/1992 - anexo I - artículo 76, Decreto 01398/1992 - artículo 1, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 086, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 087, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 096 , Decreto 01883/1991 - artículo 086, Decreto 01883/1991 - artículo 087, Decreto 01959/2006 (acta acuerdo UNIREN - Edesur S.A.), Decreto 01959/2006 (acta acuerdo UNIREN - Edesur S.A.) - anexo - cláusula 08 - punto 8.2.2., Decreto-ley 08912/1977 (Buenos Aires), Ley 24.065 - artículo 76, Ley 24.240, Ley 24.240 - artículo 31, Reglamento de suministro - artículo 04 inciso b), Reglamento de suministro - artículo 09, Resolución AU 3655/2004, Resolución ENRE 0120/2011, Resolución ENRE 0133/1997, Resolución ENRE 0133/1997 - anexo, Resolución ENRE 0133/1997 - anexo - punto 6., Resolución ENRE 0420/2001, Resolución RRAU 0898/2005

BUENOS AIRES, 28 DE DICIEMBRE DE 2012

    VISTO el Expediente N° 132054/2001 del Registro del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

    CONSIDERANDO:

    Que las presentes actuaciones se originaron en el reclamo efectuado por la Empresa TERRAORBE SOCIEDAD ANÓNIMA (TERRAORBE S.A.) ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, contra la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.). El usuario narró que se trata de una Firma que se desenvuelve en el rubro de los bienes raíces, estando incluido entre su objeto la realización de tareas de urbanización. En el año 1995 se disponía a llevar a cabo un proyecto en la Localidad de QUILMES, en la Provincia de BUENOS AIRES, ante lo cual acudió a la Compañía que presta el servicio de suministro eléctrico en la zona, EDESUR S.A. Según refirió el usuario, la Distribuidora le habría comunicado que no se encargaría de realizar la instalación eléctrica, sino solo a la ulterior provisión del servicio, y ello sólo si aquél proveía la instalación. El usuario, en aras de la prosecución del proyecto, decidió iniciar las obras a su cargo, bajo el control y aprobación de EDESUR S.A. Una vez concluidas las tareas, a través de CUATRO (4) acuerdos (celebrados el 26 y 31 de julio de 1995 y el 12 y 13 de noviembre de ese mismo año), el usuario efectuó la cesión gratuita de las instalaciones a la distribuidora. CINCO (5) años más tarde, en agosto de 2001, éste solicitó a EDESUR S.A. el reintegro del costo de las instalaciones cedidas. Sus argumentos fueron que: 1) existieron vicios en la voluntad (lesión subjetiva) al momento de haber celebrado las cesiones; la constructora solo había actuado de ese modo por necesidad ya que, sin la cesión gratuita, la Compañía de servicios eléctricos no hubiera otorgado posteriormente el suministro; 2) EDESUR S.A. tenía la obligación de satisfacer toda nueva demanda de suministro y de realizar a su costo las inversiones necesarias a tal fin, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2°, 16, 25 Inciso b) y 27 del Contrato de Concesión. A juicio del usuario: i) el accionar de EDESUR S.A. derivó en una ventaja patrimonial ilegítima; ii) implicó un incumplimiento a la obligación impuesta en el Artículo 4° Inciso b) del Reglamento de Suministro, por cuanto al haber considerado la facturación del suministro como contraprestación por la cesión gratuita, se excedió del marco que permite la normativa; iii) las ganancias de la Empresa Distribuidora son ilegales, ya que se obtienen a partir de instalaciones por las que no pagó. Por todo lo anterior, solicitó la devolución de los costos de las instalaciones, con más el recargo e intereses previstos en el Reglamento de Suministro. Presentó una copia de la nota de pedido a la Distribuidora, de la respuesta de aquella, de la autorización otorgada a un apoderado y de la escritura de constitución de la Sociedad.

    Que la Distribuidora dio su versión de los hechos, disímil de la del usuario. Negó haber realizado el control y aprobación de las instalaciones eléctricas, que haya exigido la cesión a título gratuito y que se hayan celebrado contratos en el año 1995. Según expresó, EDESUR S.A. no había intervenido en la etapa de inicio, realización y ejecución de las obras, sino que éstas se habían llevado a cabo directamente por el reclamante. Al haberse encontrado con el tendido de la red eléctrica, or motivos operativos y de mantenimiento, propuso al usuario su cesión gratuita, a la que éste accedió. La transferencia se había perfeccionado por medio de TRES (3) contratos, el primero del 26 de julio de 1996 y los restantes del 12 y 13 de noviembre de ese mismo año. A su juicio, el beneficio que le había deparado al usuario tal cesión sin contraprestación a cambio, había sido que la operación y el mantenimiento futuros pasaban a manos de la Distribuidora. Sin perjuicio de lo anterior, solicitó al ENRE que se declarara incompetente para tratar el presente caso, ya que el Organismo de Control no podía dirimir la validez o la nulidad de un contrato fundado en normas del derecho de fondo. Adjuntó copias de los TRES (3) convenios citados y planos de las zonas.

    Que, con posterioridad a un pedido de pronto despacho por parte del reclamante, el ENRE requirió a la Distribuidora la remisión de un informe de los usuarios que para aquella fecha (abril de 2003) contaban o bien había solicitado el suministro, lo que fue cumplimentado. En mayo de ese año el cliente solicitó que su reclamo se hiciera extensivo a las obras realizadas por otras sociedades del grupo empresario, TERRAFE SOCIEDAD ANÓNIMA (TERRAFE S.A.) y GOASALA SOCIEDAD ANÓNIMA (GOASALA S.A.), sin obtener respuesta.

    Que en octubre de ese mismo año, el Ente convocó a las partes (las sociedades y la Distribuidora) a una audiencia que tuvo lugar al mes siguiente y en la que no se arribó a ningún acuerdo conciliatorio. A los efectos de mejor proveer, el usuario se comprometió a informar cuál había sido el costo total de la obra, pretendido de reintegro. En diciembre de 2003 éste presentó sus cálculos, agregando que la Distribuidora podía hacerse de los fondos a través de la aplicación del sistema de contribuciones especiales reembolsables -que, como su denominación indica, posteriormente habrían de ser devueltas a los usuarios-. Agregó que en concepto de daños y perjuicios correspondía un cargo adicional del VEINTICINCO POR CIENTO (25%), conforme lo estipulado en el Artículo 31 de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

    Que el ENRE, a través de su Resolución AU N° 3.655 del 17 de marzo de 2004 decidió que EDESUR S.A. debía: 1) reintegrar a TERRAORBE S.A. la suma que correspondiera según lo previsto por el dictamen que obra a fojas 95/99 del presente Expediente, con más los intereses previstos en el Artículo 9° del Reglamento de Suministro, devengados desde la fecha en que se había efectuado la conexión a cada uno de los usuarios, y hasta la del pago efectivo; 2) pagar a la reclamante por cada nuevo suministro que en adelante habría de conectarse aplicando el mismo cálculo, debiendo incluir las actualizaciones pertinentes. También sancionó a la Distribuidora con una multa a favor de la reclamante de VEINTE MIL KILOVATIOS HORA (20.000 kWh), equivalente -en aquél momento- a la suma de PESOS MIL SETECIENTOS SÉIS ($ 1.706).

    Que para así decidir, el Organismo de Control primero expresó que no resulta obligatorio para la Distribuidora contribuir con el tendido de la red eléctrica que conforma la infraestructura necesaria para la habilitación de este tipo de emprendimientos, limitándose su deber al de realizar las inversiones necesarias para atender los suministros que los usuarios vayan solicitando. La Ley N° 8.912 de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES sigue el mismo criterio, obligando al emprendedor -y no a la Distribuidora- a desarrollar la infraestructura.

    Que el Ente añadió que, no obstante, a partir de la Resolución N° 420 de fecha 25 de julio de 2001 del ENRE se había reglamentado la “contribución especial reembolsable” (CER) habiéndose establecido que, cuando la normativa hubiese impuesto al loteador construir la instalación de la infraestructura eléctrica, la Distribuidora podía acordar con éste el monto y la modalidad de las contribuciones reembolsables, debiendo resolver el Ente solo cuando no se arribara a un acuerdo entre ellos. A su vez, a criterio del ENRE, “a la fecha de la cesión instrumentada a fs. 26; 29 y 32, de fechas 12/11/1996; 26/07/1996 y 13/11/1996 respectivamente, regía la Resolución ENRE N° 133 del 13 de febrero de 1997, cuyo anexo punto 6, permitía la celebración de acuerdos entre las distribuidoras y los loteadores, pero resultaba necesaria la previa conformidad del Organismo, la cual no fue solicitada por `EDESUR S.A.”. Como corolario expuso que “tanto en la reglamentación vigente como en la anterior citada, el régimen de la `contribución especial no reembolsable' no autoriza en ningún caso que la distribuidora requiera contribuciones, sea en dinero o fuese en especie, que no tengan carácter de reembolsables, a pesar de lo cual EDESUR S.A.' solicitó y obtuvo de la reclamante la cesión gratuita de la que da cuenta los convenios de fs. 26; 29 y 32”.

    Que el ENRE agregó que “es dable presumir, con relación a la liberalidad obtenida por `EDESUR S.A.' que se cuestiona, que la reclamante, una sociedad cuyo fin es el lucro, no fue debidamente informada por la distribuidora en cuanto a los derechos que tenía de obtener reembolsos, porque en ese caso no hubiera suscripto el contrato en los términos en que lo hizo”.

    Que respecto a la penalidad, la fundó en que la conducta de la Distribuidora había infringido el Artículo 16 y el Subanexo 1 Capítulo 5) Inciso 4) del Contrato de Concesión, así como el Anexo a la Resolución N° 133 de fecha 13 de febrero de 1997 del ENRE.

    Que EDESUR S.A. interpuso recurso de reconsideración con alzada en subsidio contra dicha resolución. Sus argumentos fueron: 1) los contratos habían sido celebrados con posterioridad a la construcción de las instalaciones y mediando la plena autonomía de la voluntad de las partes; 2) las exigencias previstas por la Resolución N° 133/1997 del ENRE nunca pueden ser aplicables al caso de marras, ya que los contratos de cesión habían sido celebrados durante 1996 (como regla general, las normas no son retroactivas y, particularmente, la Resolución N° 133/1997 del Ente tampoco lo había previsto de ese modo); 3) el ENRE era incompetente para determinar la nulidad de un contrato celebrado entre la Distribuidora y el accionante. Solicitó la suspensión de los efectos de la resolución recurrida e hizo reserva del caso federal.

    Que el 26 de abril de 2004 el usuario pidió una rectificación de la Resolución AU N° 3.655/2.004 del ENRE para que, además de TERRAORBE S.A., fuesen incluidas TERRAFE S.A. y GOASALA S.A. en su parte resolutiva.

    Que al mes siguiente el usuario contestó el recurso de EDESUR S.A., arguyendo: 1) que las disposiciones del Contrato de Concesión (que obligan a la Distribuidora a realizar las obras de infraestructura necesarias) prevalecen por sobre la autonomía de la voluntad de las partes; hubo lesión subjetiva y abuso del derecho; 2) la Resolución N° 133/1997 del ENRE sí goza de efectos retroactivos, ya que i) EDESUR S.A. no había dicho en qué medida se habría perjudicado de ello y ii) “Obviamente que cuando se trata de tomar una pauta objetiva de mensura debe aplicarse la normativa vigente al momento del pago”, que en el caso sería con la vigencia de la Resolución N° 133/1997 del ENRE; 3) i) la Distribuidora no había planteado la incompetencia del ENRE en la primera oportunidad que tuvo y ii) la Ley Nacional N° 24.065 faculta al Organismo e Control para resolver este tipo de cuestiones; 4) EDESUR S.A. no había expresado las razones por las que no correspondía la sanción aplicada ni la suspensión de los efectos del acto administrativo.

    Que durante mayo de 2004 el usuario pidió una audiencia en el Ente y enunció que “atento el plazo transcurrido desde la interposición del recurso de reconsideración por parte de EDESUR SA, solicito se lo tenga por tácitamente denegado (cfr. Arts. 86 y 87 Dec. 1883/91)”.

    Que casi UN (1) año más tarde, el Organismo de Control se expidió a través de su Resolución RRAU N° 898 del 21 de marzo de 2005. Allí desestimó el recurso interpuesto y resolvió intimar a EDESUR S.A. a que acreditara haber abonado el importe de la multa, bajo apercibimiento de remitir las actuaciones a la Asesoría Jurídica del Organismo, a fin de iniciar la correspondiente ejecución.

    Que el ENRE se amparó en que el punto 5.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión prescribe que “En caso de resolución condenatoria, LA DISTRIBUIDORA, luego de hacer efectiva la multa, podrá interponer los pertinentes recursos legales”. Al no haberse abonado la penalidad, no correspondía dar tratamiento al recurso, ni elevarlo en alzada a la SECRETARÍA DE ENERGÍA.

    Que EDESUR S.A. interpuso recurso jerárquico con alzada en subsidio contra dicha resolución. Ratificó los argumentos sostenidos en su recurso anterior -que había sido desestimado- y expuso que al haber recurrido la Resolución AU N° 3.655/2004 del ENRE, la multa allí impuesta no resultaba momentáneamente exigible. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso y volvió a solicitar la suspensión de los efectos de la Resolución AU N° 3.655/2004 del ENRE.

    Que en agosto de 2005 el usuario volvió a solicitar el pronto despacho de las actuaciones. En septiembre se inició el trámite del recurso jerárquico en el Organismo de Control. Habiendo transcurrido UN (1) año el ENRE no se había expedido aún, lo que motivó una nueva petición por parte del usuario en agosto de 2006. Pasado otro año más, en diciembre de 2007 el Ente invitó a las partes a una nueva audiencia, que se celebró el día 27 de ese mes. Se fueron pasando a diversos cuartos intermedios, hasta que en la audiencia celebrada el 5 de marzo de 2008 los representantes de EDESUR S.A. ofrecieron al usuario la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MIL ($ 92.000) en concepto de capital más intereses, aunque no se arribó a un acuerdo. Posteriormente, el Ente interpeló a la Distribuidora a que informara cómo había arribado al monto propuesto, lo que fue cumplimentado.

    Que en mayo de 2008 el Organismo de Control convocó a una nueva audiencia, que tampoco concluyó con un arreglo. En diciembre el usuario pidió -una vez más- el pronto despacho de las actuaciones.

    Que desde fines de 2008 hasta fines de 2010 se fueron produciendo diversos dictámenes jurídicos, que trataron la cuestión de la multa, analizando si quedaba o no dentro de la órbita del Acta Acuerdo de renegociación de deudas, habiendo arribado a la conclusión afirmativa.

    Que, finalmente, el Organismo de Control dictó su Resolución N° 120 de fecha 2 de marzo de 2011 del ENRE, por la que decidió: 1) hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por EDESUR S.A. contra la Resolución RRAU N° 898/2005 del ENRE, revocando esta última; 2) no hacer lugar al recurso de reconsideración presentado por la Distribuidora contra la Resolución AU N° 3.655/2004 del ENRE, desestimando expresamente el pedido de suspensión de los efectos de dicho acto administrativo; 3) determinar que EDESUR S.A. debía devolver al reclamante el monto total de PESOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS CON TREINTA Y TRES ENTAVOS ($ 71.092,33), correspondiendo el pago de los intereses previstos en el Artículo 9° del Reglamento de Suministro a partir de cada conexión ya concretada y hasta el efectivo pago; 4) hacer saber a las partes que la multa con destino al usuario se encontraba dentro de lo previsto en el Punto 8.2.2 del Acta Acuerdo ratificada por el Decreto N° 1.959 de fecha 28 de diciembre de 2006 del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

    Que para así decidir, el Ente ponderó que respecto a la competencia, el ENRE había resuelto “sobre atribuciones que le son propias”. En cuanto a la cuestión de fondo, sostuvo que “debe asumirse que, de haberse encontrado el usuario reclamante en la misma condición que la Distribuidora en cuanto al conocimiento de que los costos de! tendido debían ser reintegrados por la Distribuidora, no hubiera aquél cedido las instalaciones gratuitamente”. Reconoció que la Resolución N° 133/1997 del ENRE no era aplicable, pero sí lo era lo dispuesto en el Inciso 4 del Capítulo 5 del Subanexo 1 del Contrato de Concesión. Asimismo, la conducta adoptada por EDESUR S.A. en las audiencias habría ratificado la pertinencia del reintegro. Nuevamente denegó la suspensión de los efectos del acto administrativo, aclarando que los recursos no suspenden la ejecución y los efectos de aquellos. En relación a la multa del caso de marras, siendo que su importe estaba incluido en el Acta Acuerdo de renegociación, estaba reconocida por parte de la Distribuidora, aunque su pago se realizaría según lo convenido.

    Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROSPECTIVA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ha tomado la intervención de su competencia, expresando que no le competía emitir opinión al no debatirse asuntos de índole técnica.

    Que, en primer término cabe aclarar que cuando se ejecutan tareas de urbanización como las del caso de marras, hay obligaciones en cabeza del emprendedor (como las dispuestas por el Decreto-Ley N° 8.912, del año 1977 de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES) y otras que están a cargo de la Distribuidora, suscitándose la discusión del presente caso sólo sobre estas últimas.

    Que resulta claro que tanto en 1995 -cuando el usuario desarrolló las obras- como en 1996 -cuando se produjeron las cesiones- estaba vigente el Contrato de Concesión de EDESUR S.A., que en su Capítulo 5 Inciso 4) reza “Cuando se solicite la conexión de un nuevo usuario en una zona donde no existan instalaciones de distribución, o bien se requiera la ampliación de un suministro existente, para el que deban realizarse modificaciones sustanciales sobre las redes preexistentes y que signifiquen inversiones relevantes, LA DISTRIBUIDORA podrá solicitar al usuario una contribución especial reembolsable, siempre que cuente con la aprobación específica del ENTE, para cada caso particular. Para ello, LA DISTRIBUIDORA deberá presentar al ENTE toda la información técnica y económica necesaria que permita la correspondiente evaluación, como así también la mecánica prevista para el reembolso al usuario”; no así las reglamentaciones posteriores del año 1997 ni la del 2001, ninguna de ellas retroactivas.

    Que de una primera lectura del Contrato de Concesión surgiría que es facultativo para la Distribuidora solicitar o no la contribución especial reembolsable (“podrá”); si decidiera hacerlo, debería -para cada proyecto- pedir primero una autorización al ENRE, quien puede o no concederla. Si es que el Organismo de Control e hubiera otorgado permiso a la Distribuidora, ésta podría exigir al usuario la contraprestación, estando obligado a reintegrarla más adelante. En el Contrato de Concesión no se especificó la modalidad en que podían concederse las contribuciones, ni la de su devolución. De hecho, tal como el Ente reconoció en los considerandos de su posterior Resolución N° 133/1997, durante años no se había autorizado “la percepción de estas contribuciones por entender que las previsiones tarifarlas son suficientes como para cubrir la satisfacción de toda demanda en las respectivas áreas de concesión”. En el año 1997 se reglamentó por vez primera el mecanismo a través de la última resolución mencionada, regulando sobre la modalidad del reembolso, pero no así sobre la de percepción. Respecto a la devolución, se dispuso que se efectivizaría a través de créditos de energía eléctrica, que a su vez tenían traducción dineraria. Para un caso como el de marras (urbanización de una zona), la norma tan solo dispuso algo que -en verdad- ya estaba previsto en el Contrato de Concesión: el requisito de pedido de autorización previa al ENRE. Recién en el año 2001 el Ente dispuso que “En los casos en que la normativa imponga al loteador construir la instalación de infraestructura eléctrica la Distribuidora, sujeta a los principios de prudencia y eficiencia, podrá acordar con el propietario de dichas instalaciones el mecanismo de transferencia de las instalaciones en carácter de CER, el monto de la misma y la modalidad de su reembolso, debiendo informar al ENRE en cada caso dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de suscripto el correspondiente convenio. A falta de acuerdo resolverá el ENRE”. Vale aclarar, recién desde el año 2001 se impuso que la transferencia de instalaciones a la Distribuidora sería considerada como CER.

    Que, sin embargo, el criterio de esta Secretaría es considerar que desde un principio la Distribuidora no tenía la opción sino la obligación de establecer una CER, atento a que el instituto ya estaba previsto en el Contrato de Concesión. Cualquier inversión debía -en verdad- ser solventada por la Distribuidora. Es por ello que los contratos de cesión gratuita celebrados en el caso de marras devienen en inválidos. La cesión de las instalaciones fue una contribución especial, que EDESUR S.A. debe reintegrar al usuario.

    Que este criterio ha de prevalecer más allá que a través de su resolución de 1997 el ENRE había reconocido que no había autorizado nunca las CER hasta el momento y que haya tenido que dictar una resolución en el año 2001 a fin de que se considere la transferencia de las instalaciones como una CER ya que para esta Secretaría alcanza con que el Contrato de Concesión haya previsto el instituto.

    Que, por ello, el único argumento para convalidar la CER es el Contrato de Concesión, no la aplicación de una reglamentación que no era retroactiva ni lo que haya ocurrido en las audiencias celebradas entre las partes. Esta Secretaría sólo tiene a la vista actas de audiencias con consideraciones genéricas (tales como que se ha ofrecido tal suma o que no se ha arribado a un acuerdo), por lo que no pueden ponderarse conductas. En todos los casos, las audiencias del estilo han sido al mero efecto conciliatorio, y sin haberse reconocido formalmente hechos ni derechos.

    Que respecto de otras cuestiones planteadas por el usuario: 1) no hubo incumplimientos al Artículo 4° Inciso b) del Reglamento de Suministro, ya que esta norma veda la posibilidad de facturar por conceptos no autorizados a nivel tarifario; lo que hubo aquí fue una omisión de un deber de la Distribuidora y una cesión gratuita inválida; 2) no corresponde el cargo adicional del VEINTICINCO POR CIENTO (25%), establecido en el Artículo 31 de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, ya que no se verificaron los extremos allí contemplados (facturación excesiva de consumos, con reclamo por dicho tema resuelto a favor del usuario); 3) la Distribuidora sí había planteado la incompetencia del ENRE en su primera presentación; 4) se debe aplicar la norma al momento de los hechos, no al del pago; 5) cuando ha transcurrido el plazo para la resolución de un recurso, es el recurrente el que puede pedir que se lo tenga por tácitamente denegado (en el caso, EDESUR S.A.), no la otra parte. Asimismo, la extensa argumentación de la Distribuidora respecto de la falta de ejecutoriedad de los actos administrativos ha sido errónea en todos sus términos: los actos administrativos son ejecutables.

    Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

    Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por la reglamentación del Artículo 76 de la Ley N° 24.065, aprobada por el Artículo 1° del Decreto N° 1.398 de fecha 6 de agosto de 1992, y por el Artículo 96 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 T.O. 1991.

    Por ello,
    EL SECRETARIO DE ENERGÍA
    RESUELVE:

    ARTÍCULO 1°.- Recházase el recurso de alzada interpuesto en subsidio por la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) contra la Resolución AU N° 3.655 del 17 de marzo de 2004 del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

    ARTÍCULO 2°.- Notifíquese a TERRAORBE SOCIEDAD ANÓNIMA, a la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE).

    ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese.
    RESOLUCIÓN N° 2498
Citas legales:Resolución ENRE 0120/2011 Biblioteca
Resolución ENRE 0133/1997 Biblioteca
Resolución ENRE 0420/2001 Biblioteca
Decreto 01398/1992 Biblioteca
Decreto 1759/72 (t.o. 1991) Base de datos 'Biblioteca', Vistas '(Por Tipo B)'
Decreto 01883/1991 Biblioteca
Decreto 01959/2006 Biblioteca
Decreto-ley 08912/1977 (Buenos Aires) Biblioteca
Ley 24.065 - artículo 76 Biblioteca
Ley 24.240 Biblioteca
Reglamento de suministro Base de datos 'Biblioteca', Vista '(Armar)'
Contrato de concesión Biblioteca