Argentina. [Ley complementaria permanente de presupuesto (t.o. 1996)]

Decreto 0792/1996. Boletín Oficial n° 28.440, lunes 22 de julio de 1996, pp. 4-9.

Citas Legales : Ley 11.672, Ley 24.156, Decreto-ley 05169, Ley 14.794, Ley 16.432, Ley 16.911, Ley 21.757, Ley 21.981, Ley 20.767, Ley 23.270, Ley 23.928, Ley 13.922, Ley 16.662, Decreto-ley 05315, Ley 18.302, Ley 23.110, Ley 23.410, Ley 24.061, Ley 24.307, Decreto-ley 16990, Ley 15.021, Ley 15.796, Ley 22.202, Ley 23.853, Ley 20.548, Ley 18.881, Ley 22.355, Ley 22.451, Ley 20.066, Ley 23.990, Ley 20.659, Ley 20.954, Decreto-ley 05340, Ley 16.478, Ley 18.875, Ley 20.551, Ley 20.560, Ley 22.602, Ley 23.659, Ley 19.686, Decreto 01504/1992, Decreto 01096/1985, Decreto 01309/1985, Decreto 01567/1985, Decreto 01568/1985, Decreto 01725/1985, Decreto 01726/1985, Decreto 01857/1985, Decreto 02050/1985, Decreto 02062/1985, Decreto 02253/1985, Decreto 02264/1985, Decreto 00425/1986, Ley 22.974, Ley 23.526, Ley 23.966, Ley 23.548, Ley 23.763, Decreto 00995/1991, Ley 24.191, Ley 23.696, Ley 17.502, Ley 23.982, Decreto 00211/1992, Ley 14.467, Ley 24.624, Ley 23.660, Ley 23.661, Ley 19.032, Ley 23.568, Ley 21.121, Ley 24.447, Ley 23.929, Ley 24.185, Decreto 01215/1992, Decreto 02394/1991, Decreto 00752/1992, Decreto 02632/1992, Decreto 00879/1992, Decreto 02753/1991, Decreto 00507/1993, Ley 23.489, Ley 19.549, Ley 22.351, Ley 22.421, Decreto 02284/1991, Decreto 01836/1994, Decreto 02148/1993, Ley 21.074, Decreto 02140/1991, Decreto 00645/1995, Decreto 02000/1991, Decreto 02133/1991, Decreto 02260/1991, Decreto 00628/1992, Decreto 00713/1992, Decreto 00756/1992, Decreto 00780/1992, Decreto 02701/1993, Decreto 00679/1994, Decreto 01356/1994, Ley 14.158, Decreto 01566/1985, Decreto-ley 23354, Ley 17.791


Nota: texto ordenado 1997 aprobado por Decreto 1486/97 Biblioteca, texto ordenado 1999 aprobado por Decreto 689/99 Biblioteca y texto ordenado 2005 aprobado por Decreto 1110/05 Biblioteca).


BUENOS AIRES, 16 DE JULIO DE 1996

    VISTO la sanción de la Ley N° 24.624, de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 1996, y

    CONSIDERANDO:

    Que dicha norma sustituye DOS (2) artículos, deroga UNO (1) y agrega DIEZ (10), para ser incorporados a la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1995) aprobada mediante el Decreto N° 988 del 6 de julio de 1995.

    Que por ello resulta necesario y conveniente realizar un nuevo ordenamiento y correlación de sus artículos.

    Que el presente se dicta en uso de las facultades concedidas por el artículo 35 de la Ley N° 22.202, incorporado a la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto.

    Por ello,
    EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
    DECRETA:

    Artículo 1°- Apruébase la actualización y ordenamiento de la Ley N° 11.672, que como Anexo I forma parte del presente Decreto, bajo la denominación de Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1996)

    Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.- MENEM.- Jorge A. Rodríguez.
Domingo F. Cavallo.
    Citas legales:Decreto-Ley 23.354/56 Biblioteca
    Decreto 02140/1991 Biblioteca
    Decreto 02284/1991 Base de datos 'Biblioteca E.N.R.E.', Vistas '(Por Tipo B)'
    Ley 19.032 Biblioteca
    Ley 23.548 Biblioteca
    Ley 23.660 Biblioteca
    Ley 23.661 Biblioteca
    Ley 23.982 Biblioteca
    Ley 23.990 Biblioteca
    Ley 24.191 Biblioteca
    Ley 24.185 Biblioteca
    Ley 24.307 Base de datos 'Biblioteca', Vista '(Por Tipo B)'
    Ley 24.624 Base de datos 'Biblioteca E.N.R.E.', Vistas '(Por Tipo B)'
    Ley 24.156 Base de datos 'Biblioteca E.N.R.E.', Vistas '(Por Tipo B)'
    Ley 24.447 Base de datos 'Biblioteca', Vistas '(Por Tipo B)'
    Ley 19.549 (t.o. 1991) Base de datos 'Biblioteca', Vistas '(Por Tipo B)'
    Ley 11.672 (t.o. 1997) Base de datos 'Biblioteca', Vistas '(Por Tema Nuevo Normat B)'
    Bibliografía:López Olaciregui, Martín "Aplicación de una nueva ley argentina a los convenios económico-financieros internacionales que se están cumpliendo (el artículo 66 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto y el artículo 3 del Código Civil)". En: Revista de derecho administrativo. Buenos Aires. Depalma. vol. 10 : n° 27/29 (1998), pp. 107-111 Libros

ANEXO I
    LEY N° 11.672, COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (T.O. 1996)

    Artículo 1°- Los peritos y profesionales de cualquier categoría, que desempeñen empleos a sueldo en el SECTOR PÚBLICO NACIONAL, no podrán reclamar honorarios en los asuntos en que intervengan por nombramiento de oficio en los que el fisco sea parte y siempre que las costas no sean a cargo de la parte contraria.

    Quedan excluidos de esta prohibición aquellos peritos o profesionales que desempeñen cátedras de enseñanza universitaria o secundaria, siempre que no tengan otro empleo a sueldo en el SECTOR PÚBLICO NACIONAL.

    (Fuentes: Leyes N° 11.672 -T.O. 1943-, artículo 13 y N° 24.156, artículos 8° y 9°).

    Artículo 2°- Ningún funcionario y ningún empleado, tanto de las jurisdicciones como de las entidades del SECTOR PÚBLICO NACIONAL podrá percibir su emolumento o sueldo, sin que previamente los haya percibido el inmediato jerárquico inferior.

    (Fuentes: Leyes N° 11.672 -T.O. 1943-, artículo 15 y N° 24.156, artículos 8° y 9°).

    Artículo 3°- El uso de automóviles y demás medios de locomoción de propiedad del Estado, queda restringido a las necesidades exclusivamente oficiales.

    (Fuentes: Leyes N° 11.672 -T.O. 1943-, artículo 16 y N° 24.156, Título III).

    Artículo 4°- Para la atención de los gastos que, por disposición legal, deban cubrirse con el producido de la negociación de empréstitos, el PODER EJECUTIVO NACIONAL emitirá anualmente, con mención de las leyes que faculten su emisión, la cantidad necesaria de títulos de la deuda pública, interna o externa, que serán reembolsados según se haya convenido con los acreedores o agentes colocadores o pagadores, de acuerdo con las condiciones usuales del mercado financiero, con o sin prima, mediante pagos totales al vencimiento o mediante pagos sucesivos, iguales o desiguales, o mediante amortizaciones, acumulativas o no, o mediante rescate antes del vencimiento, pudiendo realizar asimismo las operaciones financieras transitorias que resulten necesarias, inclusive con el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y demás instituciones bancarias oficiales, mediante la utilización, por parte de éstas, de fondos que obtengan de préstamos o colocaciones provenientes del exterior. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, facúltase a dichas instituciones bancarias para celebrar con el GOBIERNO NACIONAL los convenios respectivos, en forma independiente y al margen de las otras operaciones de crédito que puedan realizar con dicho gobierno, de acuerdo con las autorizaciones y limitaciones contenidas en las cartas orgánicas correspondientes.

    Cuando las condiciones del mercado financiero interno o externo así lo requieran, queda autorizado el PODER EJECUTIVO NACIONAL para acordar las excepciones impositivas al capital y/o a la renta que considere en cada caso adecuadas a la naturaleza de la correspondiente emisión.

    Las letras de tesorería u otro papel de características similares, que emita el TESORO NACIONAL en función de este artículo, integrarán el recurso de crédito previsto en la Ley de Presupuesto por el monto neto de su producido, entendiéndose como tal, la diferencia entre la colocación de valores durante el ejercicio y las cancelaciones operadas en el mismo período. En la jurisdicción Servicio de la Deuda Pública, deberán preverse los créditos necesarios para cubrir los intereses y gastos devengados por dichas obligaciones.

    (Fuentes: Ley N° 11.672 -T.O. 1943-, artículo 33; Decreto Ley N° 5169/58, artículo 2° y Leyes N° 14.794, artículo 11; N° 16.432, artículo 34; N° 16.911, artículo 1°; N° 21.757, artículos 12 y 33 y N° 21.981, artículo 12).

    Artículo 5°- El importe de las multas por infracción a las leyes de trabajo que se hiciere efectivo de conformidad con el régimen uniforme de sanciones aplicable, tendrá el siguiente destino:

    a) El DIEZ POR CIENTO (10%) para los empleados que hubiesen levantado el acta de infracción respectiva, que será distribuido a los mismos por la autoridad de aplicación, a cuyo efecto esta última lo deducirá directamente de los importes de las multas que se perciban.

    b) El NOVENTA POR CIENTO (90%) restante será destinado a financiar el ejercicio del poder de policía en todo el territorio del país.

    Quedan exceptuados de las disposiciones de este artículo los importes de las multas por infracciones a las leyes del trabajo que estuvieren, por esas normas, destinadas al trabajador perjudicado.

    (Fuentes: Leyes N° 11.672 -T.O. 1943-, artículo 73; N° 20.767, artículo 1° y N° 24.156, artículo 19).

    Artículo 6°- I. Delégase en el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE LA NACIÓN el contralor y reglamentación de las siguientes actividades:

    1) de capitalización, de acumulación de fondos y formación de capitales;

    2) de crédito recíproco y de ahorro para fines determinados, las que suponen el compromiso de aplicación de los fondos de la obtención de bienes previamente estipulados;

    3) de todas aquellas que impliquen el requerimiento público de dinero con la promesa de futuras contraprestaciones -ya sea la adjudicación y entrega de bienes, servicios, utilidades o el simple reintegro, total o parcial, de las sumas entregadas o aportadas, con o sin actualización (en el primer caso hasta el 31 de marzo de 1991 inclusive) o intereses- cuando para su cumplimiento se establezcan plazos que dependan, indistintamente:

    a) de la formación previa de un conjunto de adherentes;

    b) del resultado de sorteos, remates o licitaciones;

    c) del establecimiento de prioridades, tales como turnos, puntajes u otras;

    d) de la cantidad de cuotas abonadas o de un mínimo de integración del monto a aportar o entregar;

    e) de cualquier otra modalidad relacionada con los fondos recaudados o a recaudar, o bien con la situación relativa que cada uno tenga en el conjunto de adherentes de que se trate.

    A tales efectos la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE LA NACIÓN tendrá jurisdicción en todo el territorio de la República con relación a toda persona, entidad, organización o sociedad -cualquiera sea el lugar en que se constituya o actúe y la forma jurídica que asuma- que realice o pretenda realizar cualesquiera de las actividades descriptas, sin que el ejercicio de las facultades que se le acuerdan por la presente norma signifique excluir las jurisdicciones administrativas y legislativas de las provincias.

    Las mencionadas actividades únicamente podrán ser realizadas por quienes cuenten con la previa y expresa autorización de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, que queda facultada para impedir el ejercicio de tales actividades a aquellos que pretendan hacerlo sin haberla obtenido.

    Quedan excluidas del contralor y reglamentación aludidos las actividades conexas expresamente comprendidas en las leyes nacionales específicas.

    II. La INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA solamente aprobará planes de capitalización, de ahorro para fines determinados o que, con cualquier encuadre jurídico-económico, sean utilizados para el requerimiento público de dinero, cuando tiendan a crear y favorecer el ahorro o facilitar a sus destinatarios la posibilidad de acceder a la titularidad de bienes de capital o de consumo durables y se cumplan las siguientes condiciones:

    a) En todos los planes de capitalización: que sus cláusulas aseguren a los suscriptores, a la finalización del plazo previsto contractualmente o anticipadamente en caso de sorteo, el recupero a valores constantes, admitiéndose actualización exclusivamente hasta el 31 de marzo de 1991 inclusive, de las sumas abonadas en concepto de ahorro, más un mínimo de interés capitalizado.

    b) En los planes de ahorro para fines determinados denominados abiertos o de Fondo Único de Adjudicación y Reintegros: que sus cláusulas contemplen similares requisitos a los consignados en el inciso precedente en relación con las sumas a adjudicar y a reintegrar en los casos previstos en los contratos.

    c) En los planes de ahorro para fines determinados por grupos cerrados y con Fondos de Adjudicación y Reintegros múltiples e independientes, destinados a la adjudicación directa de bienes: que sus cláusulas aseguren, a todos los integrantes del grupo, el acceso a su titularidad y, en caso de renuncia o rescisión, el reintegro de la suma ahorrada a valores actualizados (hasta el 31 de marzo de 1991 inclusive) en función del precio del bien para cuya adjudicación se constituyó el grupo.

    d) En los planes de ahorro para fines determinados por grupos cerrados y con Fondos de Adjudicación y Reintegros Múltiples e independientes, destinados a la adjudicación de sumas de dinero para ser aplicadas a la adquisición de bienes: que sus cláusulas prevean la utilización de índices oficiales de actualización (hasta el 31 de marzo de 1991 inclusive) para aplicar a los montos que deban adjudicarse, así como las cuotas a abonar, asegurando que las adjudicaciones y en los casos de renuncia o rescisión el reintegro del ahorro se efectúe a valores actualizados de igual modo.

    III. Las sociedades de capitalización y de ahorro para fines determinados que tengan planes aprobados con anterioridad, deberán presentar al organismo de contralor, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL, la adecuación de los mismos a las pautas referidas, introduciéndole las modificaciones que a tal efecto exija la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Vencido el plazo indicado, automáticamente deberán proceder a la cancelación y liquidación de aquellos planes que no cumplieran tal exigencia, con intervención del citado Organismo.

    IV. Las entidades que actúen con la debida autorización abonarán dentro de los QUINCE (15) días de finalizado cada trimestre calendario, una tasa de inspección, que ingresará a la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, equivalente a UNO POR MIL (1%o) del monto total percibido en el trimestre vencido en concepto de recaudación de cuotas comerciales de los contratos celebrados. Los fondos así recaudados serán destinados a cubrir necesidades del citado Organismo, a los efectos de una adecuada y eficaz tarea de contralor de la mencionada actividad.

    V. Los procedimientos de cálculo de las cuotas puras y comerciales, de las reservas matemáticas o fondos de ahorro, de los valores de rescisión, de los anticipos a los suscriptores y demás bases técnicas de los planes operativos correspondientes a las actividades aquí reguladas deberán presentarse acompañadas de dictamen firmado por actuario. En todos los casos el texto de los respectivos contratos deberá ajustarse a lo establecido precedentemente en el presente artículo, así como a las exigencias del Organismo de contralor, y acompañarse con dictamen de letrado.

    VI. Queda derogada toda norma -ley, decreto, resolución y reglamento- que se oponga a lo dispuesto en el presente artículo.

    (Fuentes: Leyes N° 11.672 -T.O. 1943-, artículo 93; N° 23.270, artículo 40; N° 23.928, artículo 10 y N° 24.156, artículos 12 y 23 inc. c).

    Artículo 7°- Ningún subsidio del presupuesto, será pagado a la institución beneficiaria sin establecer previamente su existencia y funcionamiento regular y si no comprueba contribuir con el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) por los menos de recursos propios, ajenos al subsidio del Estado Federal a la atención de sus gastos. En el caso de subsidios otorgados para fines instructivos y educativos no podrá liquidarse suma alguna, mientras no se dé cumplimiento a los requisitos de la reglamentación respectiva del PODER EJECUTIVO NACIONAL. Tampoco se harán efectivos los subsidios concedidos a aquellas instituciones que ya percibieron otros subsidios nacionales por el mismo concepto y con igual fin.

    (Fuente: Ley N° 11.672 -T.O. 1943-, artículo 125).

    Artículo 8°- Ninguna institución subvencionada por el Estado podrá destinar más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la suma que perciba por tal concepto, a la atención de sueldos, viáticos o imputaciones equivalentes.

    (Fuente: Ley N° 11.672 -T.O. 1943-, artículo 126).

    Artículo 9°- Autorízase a los presidentes de ambas Cámaras del CONGRESO DE LA NACIÓN a disponer de los sobrantes de sus presupuestos y recaudaciones propias y derivadas de la venta de bienes de su jurisdicción, para reforzar partidas y atender exigencias imprevistas o de carácter extraordinario, ejecutar las obras que consideren necesarias para ampliar las dependencias de sus respectivas jurisdicciones y adquirir inmuebles.

    (Fuentes: Leyes N° 13.922, artículo 20, N° 16.432, artículos 75 y 83, N° 16.662, artículo 23 y N° 24.156, artículo 137 inciso c).

    Artículo 10.- Todas las jurisdicciones y entidades del SECTOR PÚBLICO NACIONAL que obtengan utilidades en su gestión económica, deberán aportar con cargo a tales beneficios las sumas que determine el PODER EJECUTIVO NACIONAL, con el fin de cubrir el déficit de otras jurisdicciones y entidades de dicho sector en la proporción que establezca la respectiva reglamentación.

    Derógase toda disposición en cuanto se oponga a lo dispuesto por el presente artículo.

    Los importes recaudados y los que se recauden en el futuro en concepto de aporte de jurisdicciones y entidades del SECTOR PUBLICO NACIONAL al TESORO NACIONAL provenientes de utilidades obtenidas en su gestión, incluidos los emergentes de lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo se ingresarán a rentas generales.

    (Fuentes: Leyes N° 14.158, artículo 14; N° 16.662, artículos 10 y 101 y N° 24.156, artículos 8° y 9°).

    Artículo 11.- Solamente podrán incluirse créditos destinados a atender gastos de carácter reservado y/o secreto de acuerdo al régimen establecido por Decreto-Ley N° 5315/56 S, modificado por la Ley N° 18.302 S, en el presupuesto de los siguientes organismos:

    SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

    SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO.

    MINISTERIO DE DEFENSA.
      MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.

    PODER LEGISLATIVO NACIONAL

    MINISTERIO DEL INTERIOR.

    (Fuentes: Decreto-Ley N° 5315/56 S; Leyes N° 18.302 S, artículo 1°; N° 23.110, artículo 35, N° 23.270, artículo 29; N° 23.410, artículo 37; N° 24.061, artículos 35 y 40; N° 24.307, artículos 32 y 46).

    Artículo 12.- Las promociones o aumentos de las asignaciones del personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL en todas sus ramas, inclusive los correspondientes a sobreasignaciones, compensaciones, reintegro de gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera fuese el motivo o la autoridad competente que lo disponga, no podrá tener efectos retroactivos y regirán invariablemente a partir del 1° del mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos. Esta norma no será de aplicación para los casos en que las promociones o aumentos respondan a movimientos automáticos de los agentes, establecidos por regímenes escalafonarios en vigor.

    (Fuentes: Decreto-Ley N° 16.990/57, artículo 28 primera parte; Leyes N° 15.021, artículo 45 y N° 15.796, artículo 30).

    Artículo 13.- Autorízase a los presidentes de ambas Cámaras del CONGRESO DE LA NACIÓN para reajustar los créditos de sus presupuestos jurisdiccionales, debiendo comunicar al PODER EJECUTIVO NACIONAL las modificaciones que dispusieran. Tales modificaciones sólo podrán realizarse dentro del respectivo total de créditos autorizados.

    Las jurisdicciones mencionadas tendrán la libre disponibilidad de los créditos que le asigne la Ley de Presupuesto, sin más restricciones que las que la propia Ley determina en forma expresa.

    (Fuentes: Leyes N° 16.432, artículos 16 y 83 y N° 24.156, artículo 137 inciso c).

    Artículo 14.- Autorízase al Presidente de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN para reajustar los créditos de su presupuesto jurisdiccional debiendo comunicar al PODER EJECUTIVO NACIONAL las modificaciones que se dispusieren. Tales modificaciones sólo podrán realizarse dentro del respectivo total de créditos autorizados sin originar aumentos automáticos para ejercicios futuros ni incrementos de las remuneraciones individuales, sobreasignaciones u otros conceptos análogos de gastos en personal o compensaciones o reintegros en favor del mismo, excepto cuando el PODER EJECUTIVO NACIONAL le otorgue un refuerzo presupuestario para financiar mejoras salariales o para creación de cargos por un período menor de DOCE (12) meses.

    Tendrán la libre disponibilidad de los créditos que le asigne la Ley de Presupuesto, sin más restricciones que las que la propia Ley determine en forma expresa.

    El PODER EJECUTIVO NACIONAL junto con el proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional enviará al Congreso el anteproyecto preparado por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, acompañando los antecedentes respectivos cuando las estimaciones efectuadas por dicha Corte no coincidan con las del proyecto general.

    (Fuentes: Leyes N° 16.432, artículos 17 y 83; N° 22.202, artículo 33; N° 23.853, artículo 5° 1er. párrafo y N° 24.156, artículo 137 incisos c) y d).

    Artículo 15.- Las disposiciones que dicte el PODER EJECUTIVO NACIONAL para regular la actuación de los agentes del Estado y el uso de los bienes, serán de aplicación en todos los organismos de su jurisdicción, cualquiera sea su naturaleza jurídica, salvo las excepciones establecidas en la Ley N° 16.432 ya acordadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL o que éste disponga en el futuro atendiendo a las necesidades de los servicios.

    (Fuente: Ley N° 16.432, artículos 47 y 83).

    Artículo 16.- Cuando convenga facilitar la movilización de capitales en el mercado interior o exterior, con el fin de establecer o ampliar servicios públicos o actividades que directa o indirectamente estén vinculadas a los servicios de ese carácter, mediante obras o explotaciones legalmente autorizadas, o realizar inversiones fundamentales para el desarrollo económico del país, declaradas de interés nacional por ley o por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, queda éste facultado para contratar préstamos con organismos internacionales económico-financieros a los que pertenezca como miembro la REPÚBLICA ARGENTINA, siempre que se ajusten a términos y condiciones usuales, y a las estipulaciones de los respectivos convenios básicos y reglamentaciones sobre préstamos.

    El PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado para someter eventuales controversias con personas extranjeras a jueces de otras jurisdicciones, tribunales arbitrales con dirimente imparcialmente designado o a la CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA.

    (Fuentes: Leyes N° 16.432, artículos 48 y 83; N° 20.548, artículo 7° y N° 24.156, Título III).

    Artículo 17.- Las Empresas y Sociedades del Estado, las Empresas privadas o mixtas, los organismos del Estado de cualquier naturaleza y los organismos paraestatales, de jurisdicción nacional, provincial o municipal, para los que se autoricen operaciones financieras avaladas por la SECRETARÍA DE HACIENDA con la garantía del TESORO NACIONAL atenderán el pago de los servicios respectivos con sus propios fondos y sólo subsidiariamente, en caso de insuficiencias transitorias, podrán afectarse cuentas de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN. En tales casos la SECRETARÍA DE HACIENDA quedará automáticamente autorizada:

    1) A afectar órdenes de pago existentes en la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN a favor de los citados entes por un monto equivalente al servicio pagado y la actualización monetaria a que se refiere el presente artículo. La actualización monetaria no corresponderá ser aplicada en los casos de obligaciones a que se refiere el presente artículo, que correspondan a jurisdicciones de la ADMINISTRACIÓN CENTRAL. Facúltase asimismo a la SECRETARÍA DE HACIENDA a dejar sin efecto dicha actualización monetaria en el caso de obligaciones que correspondan a organismos descentralizados y Empresas y Sociedades del Estado a los que el TESORO NACIONAL les destine aportes para su atención.

    2) A afectar recursos de coparticipación federal previa autorización provincial.

    3) A afectar cuentas bancarias de cualquier naturaleza de las que sean titulares aquellos entes, a cuyos efectos los bancos oficiales, privados o mixtos dispondrán la transferencia a favor de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de los importes respectivos al solo requerimiento de la SECRETARÍA DE HACIENDA.

    La SECRETARÍA DE HACIENDA actualizará los créditos a favor del ESTADO NACIONAL que surjan de la falta de pago de los compromisos a cargo de los organismos a que se ha hecho referencia, a cuyo efecto se tomará en consideración el lapso transcurrido entre la fecha del débito producido en la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la de reintegro por parte de aquéllos.

    La actualización monetaria se realizará hasta el 31 de marzo de 1991 inclusive sobre la base de la variación del índice general de precios al por mayor -nivel general- elaborado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, tomando el último mes anterior a las fechas mencionadas en el párrafo precedente.

    La SECRETARÍA DE HACIENDA deberá elevar mensualmente al PODER EJECUTIVO NACIONAL un informe detallado por organismo o empresa sobre los avales otorgados que se hayan debitado en la cuenta de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el mes.

    El PODER EJECUTIVO NACIONAL ordenará que dichos organismos y empresas reintegren a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN los importes que ésta haya debido pagar en virtud de las garantías otorgadas, a la vez que proporcionen a la autoridad competente jurisdiccional una explicación sobre los motivos que han dado origen a este hecho. En el caso de no existir una justificación aceptable, la autoridad jurisdiccional competente sancionará a los responsables de incumplimiento en término de deudas avaladas por la SECRETARÍA DE HACIENDA quedando facultada para que, de reiterarse la situación, los exonere de sus cargos.

    (Fuentes: Leyes N° 16.662, artículos 17 y 101; N° 18.881, artículo 12; N° 21.757, artículo 29; N° 22.202, artículo 34; N° 22.355, artículo 13; N° 22.451, artículo 33; N° 23.410, artículos 48 y 61; N° 23.928, artículo 10 y N° 24.156, artículo 64).

    Artículo 18.- Autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL para delegar en los señores ministros, secretarios y secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN la facultad de designar y dar de baja al personal transitorio, obrero y de maestranza, afectados a tareas referentes a obras, trabajos y servicios, con imputación exclusiva a partidas globales de jornales.

    El PODER EJECUTIVO NACIONAL dictará las normas a que deberán ajustarse las designaciones que se dispongan en uso de las atribución que se le acuerda.

    (Fuentes: Ley N° 16.662, artículos 31 y 101).

    Artículo 19.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL para:

    1) Declarar canceladas las deudas que las jurisdicciones y entidades del SECTOR PÚBLICO NACIONAL, mantengan con el TESORO NACIONAL en concepto de contribuciones para atender planes de obras, anticipos con cargo de reintegro y pagos efectuados por el TESORO NACIONAL, por cuenta de aquéllas, pendientes de cancelación.

    A tal efecto queda autorizado para realizar las operaciones contables a que diera lugar la aplicación de la autorización conferida precedentemente y disponer la forma en que deben ser registradas dichas cancelaciones en las respectivas jurisdicciones y entidades.

    2) Disponer la afectación de las autorizaciones presupuestarias y de los fondos disponibles de las jurisdicciones o entidades del SECTOR PÚBLICO NACIONAL que fueran deudoras de otros entes públicos, reglamentando tal procedimiento.

    (Fuentes: Leyes N° 18.881, artículo 17; N° 20.066, artículo 17; N° 23.990, artículos 25 y 44 y N° 24.156, artículos 8° y 9°).

    Artículo 20.- Con el objeto de subsanar deficiencias transitorias de caja o cuando razones de urgencia, así lo aconsejen, queda autorizado el PODER EJECUTIVO NACIONAL para acordar a las Provincias y a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, anticipos a cuenta de las respectivas participaciones en el producido de los impuestos nacionales sujetos a distribución, que deberán ser reintegrados por los beneficiarios dentro del ejercicio en que se otorguen, mediante retenciones equivalentes sobre el producido de los mismos impuestos coparticipados. El PODER EJECUTIVO NACIONAL dictará las normas complementarias a que se ajustará el otorgamiento de los citados anticipos.

    (Fuentes: Leyes N° 20.659, artículo 15 y N° 20.954, artículo 36).

    Artículo 21.- Cuando como consecuencia de convenios comerciales concertados con países extranjeros se estipule la exportación de bienes industriales argentinos a dichos países, el PODER EJECUTIVO NACIONAL queda autorizado para realizar contrataciones directas con entidades estatales de esos países por un monto equivalente a las exportaciones realizadas a los mismos.

    El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar estas operaciones a través de sus jurisdicciones y entidades o autorizar al efecto a las empresas concesionarias de servicios públicos.

    La facultad que otorga el presente Artículo no eximirá del cumplimiento de las disposiciones del Decreto-Ley N° 5340/63 ratificado por la Ley N° 16.478 y de la Ley N° 18.875. El PODER EJECUTIVO NACIONAL dictará las normas reglamentarias para el cumplimiento de la presente disposición.

    (Fuentes: Ley N° 20.659, artículos 23 y 30; y N° 24.156, artículos 8° y 9°).

    Artículo 22.- Los Certificados de Promoción Minera y los Certificados de Promoción Industrial a que se refieren las Leyes N° 20.551 y N° 20.560, respectivamente, podrán ser sustituidos por otros valores, con arreglo a las características y demás condiciones inherentes a su otorgamiento y utilización que establezca el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

    (Fuente: Ley N° 20.954, artículos 25 y 36).

    Artículo 23.- Autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y con intervención del ministerio jurisdiccional y de la SECRETARÍA DE HACIENDA, a disponer restricciones en las facultades de administración, acordadas a las entidades por sus respectivas leyes orgánicas, así como también a las distintas jurisdicciones dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL y a las Empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. El PODER EJECUTIVO NACIONAL dará cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN de las medidas que adopte en función de la presente autorización.

    (Fuentes: Leyes N° 21.121, artículos 6°, segundo párrafo y 19; y N° 24.156, artículos 8° y 9°).

    Artículo 24.- Aféctase en hasta un DOCE POR MIL (12%o) el importe de la recaudación de los gravámenes cuya percepción efectúa la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, neto de la coparticipación federal, con destino a atender comisiones bancarias y la impresión de valores fiscales. El PODER EJECUTIVO NACIONAL determinará anualmente el porcentaje de dicha afectación.

    (Fuentes: Leyes N° 21.757, artículos 24 y 33; y N° 21.981, artículo 23).

    Artículo 25.- Facúltase a la SECRETARÍA DE HACIENDA para:

    1) Disponer la realización de las operaciones contables que sean aconsejables para lograr una adecuada depuración de las cuentas que se incluyan en la Cuenta de Inversión, en aquellos casos de importes de una antigüedad mayor de DIEZ (10) años. Los montos respectivos serán debitados o acreditados a Rentas Generales según corresponda.

    2) Dar de baja de la Cuenta de Inversión los activos de antigua data oportunamente cancelados por el organismo deudor que hubieran quedado pendientes de su respectiva regularización.

    (Fuentes: Leyes N° 22.602, artículos 34, 35 y 42; N° 23.659, artículo 31 y N° 24.156, Título V).

    Artículo 26.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL para determinar en la emisión de Bonos Externos que efectúe según la Ley N° 19.686, las cuotas y plazos de amortización, así como también el tipo de interés de los mismos, quedando establecido que las cuotas de amortización serán como mínimo semestrales y los plazos no inferiores a CINCO (5) años. En cuanto al tipo de interés será variable y el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá fijar las condiciones para establecerlo y la tasa máxima o mínima a abonar.

    (Fuente: Ley N° 23.110, artículos 14 y 58).

    Artículo 27.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a fin de ajustar las erogaciones en el área de Defensa a las previstas presupuestariamente, a adoptar las medidas que considere conveniente respecto de licenciamientos parciales, en cualquier época del año militar, de efectivos de soldados conscriptos, contemplando en esas decisiones la satisfacción de las necesidades operacionales.

    (Fuente: Ley N° 23.110, artículos 55 y 58).

    Artículo 28.- Las jurisdicciones y entidades de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL utilizarán la contribución del TESORO NACIONAL, que pueda autorizar anualmente la Ley de Presupuesto General, sólo en caso de no existir disponibilidades provenientes de recursos propios en cantidad suficiente.

    (Fuentes: Leyes N° 23.410, artículos 29 y 61 y N° 24.156, artículos 8° y 9°).

    Artículo 29.- Las instituciones pertenecientes al Sistema Bancario Oficial, cuya nómina se detalla a continuación, someterán anualmente a aprobación del PODER EJECUTIVO NACIONAL su presupuesto y plan de acción, en el tiempo, forma y condiciones que a tal efecto el mismo establezca:

    - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

    - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

    - BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A.

    - BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

    - CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO

    El PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá dar cuenta al CONGRESO DE LA NACIÓN del cumplimiento de lo establecido en el presente artículo dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha de sanción de cada uno de los decretos que aprueben los planes de acción y presupuesto de las instituciones pertenecientes al Sistema Bancario Oficial a las que se refiere este artículo.

    (Fuentes: Ley N° 23.410, artículos 33 y 61; Decretos N° 2703/91 y N° 1504/92).

    Artículo 30.- Ratifícanse en todas sus partes el Decreto N° 1096 del 14 de junio de 1985, y los dictados en su consecuencia: Decreto N° 1309 del 18 de julio de 1985, Decreto N° 1566 del 21 de agosto de 1985, Decreto N° 1567 del 21 de agosto de 1985, Decreto N° 1568 del 21 de agosto de 1985, Decreto N° 1725 del 10 de septiembre de 1985, Decreto N° 1726 del 10 de septiembre de 1985, Decreto N° 1857 del 24 de septiembre de 1985, Decreto N° 2050 del 21 de octubre de 1985, Decreto N° 2062 del 24 de octubre de 1985, Decreto N° 2253 del 22 de noviembre de 1985, Decreto N° 2264 del 27 de noviembre de 1985 y Decreto N° 425 del 24 de marzo de 1986.

    (Fuente: Ley N° 23.410, artículos 55 y 61).

    Artículo 31.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a instrumentar un régimen por el cual el TESORO NACIONAL proceda a hacerse cargo de los servicios, gastos y amortización de la deuda financiera externa de la empresa YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES SOCIEDAD ANÓNIMA vigentes al 31 de diciembre de 1986. Dichas sumas deberán ser consideradas como aportes de capital dentro de los términos y montos de la Ley N° 22.974 y su reglamentación y eventualmente, de los del presente artículo.

    (Fuentes: Leyes N° 23.526, artículos 32 tercer párrafo y 44; N° 23.966, artículo 16; y N° 24.156, artículo 12).

    Artículo 32.- Autorízase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, a formalizar contratos de préstamo, vinculados a planes de obras con Direcciones de Vialidad Provinciales, con el propósito de realizar obras en la red nacional, mediante concesionarios o terceros en cuyos contratos de obra el ESTADO NACIONAL se hubiere comprometido a otorgar avales.

    El préstamo se formalizará con la condición de relevar al ESTADO NACIONAL de su compromiso como avalista.

    (Fuente: Ley N° 23.526, artículos 41 y 44).

    Artículo 33.- Cuando se trate de las transferencias automáticas a las jurisdicciones provinciales de los fondos de coparticipación federal recaudados en virtud de la Ley N° 23.548 o de la norma que la reemplace en el futuro, las instituciones bancarias oficiales, nacionales, provinciales o municipales, no percibirán retribución de ninguna especie por los servicios que presten en la distribución diaria de estos recursos.

    (Fuentes: Leyes N° 23.763, artículos 27 segundo párrafo y 39 y N° 24.156, artículo 137 inc. a).

    Artículo 34.- Deróganse en sus partes pertinentes las normas que crean, facultan o establecen el funcionamiento de fondos de reserva, economías de inversión o similares, constituidos con saldos de crédito no comprometidos al finalizar el ejercicio y/o ejercicios anteriores, excepto las correspondientes al PODER LEGISLATIVO NACIONAL, a las UNIVERSIDADES NACIONALES y al organismo creado por la Ley N° 17.791 (INSTITUTO NACIONAL DE CRÉDITO EDUCATIVO PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES).

    (Fuentes: Leyes N° 23.763, artículos 32 y 39; N° 23.990, artículo 31).

    Artículo 35.- Ratifícanse los Decretos N° 995/91 y N° 1435/91 de creación de la COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE) y funciones de la misma.

    (Fuente: Ley N° 24.061, artículos 23 y 40).

    Artículo 36.- Aclárase que los suplementos o adicionales destinados a reconocer el cumplimiento de funciones ejecutivas, otorgados o que se concedan al personal dependiente de la Administración Nacional, tendrán carácter de no remunerativos, no bonificables y no podrán ser considerados para incrementar los haberes de jubilación o de retiro de quienes, siendo titulares de cargos de igual o similar denominación, gocen o gozaren de una prestación previsional cualquiera sea su naturaleza.

    Aclárase que el concepto funciones ejecutivas a que alude el párrafo precedente, alcanza, en el ámbito del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, al suplemento creado por Acordada N° 75 del 27 de diciembre de 1991.

    (Fuentes: Leyes N° 24.061, artículos 24 y 40; N° 24.191, artículos 20 y 45).

    Artículo 37.- A partir del 1° de enero de 1992 y en el transcurso de dicho año calendario, la Nación transferirá a las respectivas provincias y a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, la administración y financiamiento de los hospitales e institutos que dependan actualmente de la Nación y que están a cargo del MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL, detallados en la planilla anexa al presente artículo.

    En el caso de los institutos de menores y la familia el ESTADO NACIONAL retendrá la administración y financiamiento hasta tanto se asegure, mediante convenios con la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y la PROVINCIA DE BUENOS AIRES que la futura administración esté en condiciones de mantener la eminente función social que éstos prestan.

    (Fuente: Leyes N° 24.061, artículos 25 y 40 y N° 24.191, artículo 36).

    Artículo 38.- El PODER EJECUTIVO NACIONAL, transferirá a las provincias y a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES el personal según dotación existente al momento de concretarse las correspondientes transferencias, previstas en el artículo precedente, debiendo salvaguardarse los siguientes aspectos:

    a) equivalencia jerárquica y retributiva;

    b) intangibilidad en el alcance de los derechos previsionales y asistenciales;

    c) reconocimiento de derechos y obligaciones inherentes a la situación de revista de los agentes transferidos.

    (Fuente: Ley N° 24.061, artículos 27 y 40).

    Artículo 39.- Se autoriza al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a transferir los bienes muebles e inmuebles de su pertenencia que actualmente utiliza para prestar los servicios a que se refiere el artículo 37 de la presente Ley.

    Dichas transferencias se realizarán sin cargo, ni costo alguno, importando la sucesión a título universal de los derechos y obligaciones a partir del 1° de enero de 1992, e independientemente de la fecha en la que queden concluidos los contratos, instrumentos, actas o cualquier otra formalidad necesaria para su perfeccionamiento jurídico.

    (Fuente: Ley N° 24.061, artículos 28 y 40).

    Artículo 40.- A partir del 1° de enero de 1992 el TESORO NACIONAL dejará de atender las erogaciones derivadas de la aplicación del artículo 18 de la Ley N° 23.548.

    (Fuente: Ley N° 24.061, artículos 31 y 40).

    Artículo 41.- Las Empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta y todo otro ente comprendido en el artículo 1° de la Ley N° 23.696, que como consecuencia de su privatización y/o reestructuración dejen de desarrollar la actividad o actividades que hacen al objeto societario, serán consideradas empresas o entidades residuales en proceso de liquidación.

    Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a reglamentar las atribuciones y obligaciones de las autoridades de los entes mencionados anteriormente; aprobados por las respectivas leyes de creación, estatutos, cartas orgánicas u otras disposiciones legales.

    Facúltase, asimismo, al PODER EJECUTIVO NACIONAL a modificar la dependencia jurisdiccional de las empresas y/o entidades residuales en proceso de liquidación, a los efectos de su conducción, administración y liquidación.

    (Fuente: Ley N° 24.191, artículos 19 y 45).

    Artículo 42.- Exceptúase a la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN de las disposiciones de la Ley N° 17.502 a fin de que con los créditos asignados en el Programa 16 - Conducción, inciso 5 Transferencias, pueda realizar gastos referidos a ayudas sociales, a personas o a instituciones de enseñanza, culturales y sociales, sin fines de lucro. Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a dictar las normas de procedimiento relacionadas con lo dispuesto en el presente artículo.

    (Fuente: Ley N° 24.191, artículos 22 y 45).

    Artículo 43.- Los créditos asignados para atender el Fondo de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense, así como los correspondientes a las jurisdicciones provinciales destinados a cubrir necesidades básicas insatisfechas, el Fondo Educativo y los fondos afectados de acuerdo con el Artículo 19 de la Ley N° 23.966, serán transferidos automáticamente a cada Provincia conforme lo establecido en la legislación vigente.

    (Fuentes: Leyes N° 24.191, artículo 25 y N° 24.307, artículo 46).

    Artículo 44.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a afectar, con destino a Rentas Generales los excedentes financieros de las cuentas bancarias incorporadas al Sistema del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, establecido por el Decreto N° 8586 de fecha 31 de marzo de 1947 y sus modificaciones, con excepción de las cuentas correspondientes al ANSSES y al SUSS.

    El PODER EJECUTIVO NACIONAL fijará las normas de procedimientos relacionadas con la facultad conferida por el presente artículo.

    (Fuente: Ley N° 24.191, artículos 31 y 45).

    Artículo 45.- Facúltase a la SECRETARÍA DE HACIENDA para ofrecer en pago de obligaciones de causa o título posterior al 1° de abril de 1991, excluidas de los alcances de la Ley N° 23.982 y su reglamentación y del Decreto N° 211/92, cuyos deudores sean entes, órganos y sociedades del ESTADO NACIONAL declarados en estado de liquidación y transferidos al ámbito de competencias del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, bonos de consolidación de deudas emitidos en función de lo establecido por la Ley N° 23.982.

    La facultad referida en el párrafo anterior también será de aplicación respecto de los pasivos escindidos y/o desafectados de empresas, entes y organismos del ESTADO NACIONAL como consecuencia del proceso de reforma del Estado, transferidos al TESORO NACIONAL.

    (Fuente: Ley N° 24.307, artículos 11 y 46).

    Artículo 46.- Facúltase a la SECRETARÍA DE HACIENDA a realizar operaciones de administración de pasivos cualquiera sea el instrumento que las exprese. Estas operaciones podrán incluir compra y venta de instrumentos financieros tales como bonos o acciones, pases de moneda, tasas de interés o títulos, compra y venta de opciones sobre instrumentos financieros y cualquier otra transacción financiera habitual en los mercados de productos derivados. Estas transacciones podrán realizarse a través de entidades creadas ad-hoc. Las operaciones referidas en el presente artículo no estarán alcanzadas por las disposiciones del capítulo VI - de las Contrataciones - del Decreto-Ley N° 23.354 del 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley N° 14.467 y modificatorios. Para la fijación de los precios de las operaciones se deberán tomar en cuenta los valores existentes en los mercados y/o utilizar los mecanismos usuales específicos para cada transacción.

    Los instrumentos que se adquieran mediante estas operaciones o por venta de activos podrán mantenerse en cartera a fin de poder utilizarlos en operaciones de pase, opciones, conversiones y cualquier otro tipo de operación habitual en los mercados. En este caso deberá mencionarse, específicamente, esta situación al disponerse cada transacción.

    (Fuente: Ley N° 24.624, artículo 7).

    Artículo 47.- La facultad conferida al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el artículo 70 in fine de la Ley N° 24.156, podrá ser delegada en la SECRETARÍA DE HACIENDA, quien en uso de las atribuciones dispuestas por el citado artículo, podrá debitar de las cuentas bancarias de las entidades respectivas los montos impagos por amortización, intereses, punitorios y demás gastos relacionados.

    Similar procedimiento será aplicado a las provincias y/o municipalidades, cuya deuda avalada por el TESORO NACIONAL no cumpla con las condiciones contractuales. En este caso el mecanismo deberá ser previsto en los contratos subsidiarios, y la SECRETARÍA DE HACIENDA en uso de las atribuciones conferidas por el referido artículo de la Ley N° 24.156, afectará la coparticipación federal.

    (Fuente: Ley N° 24.037, artículos 13 y 46).

    Artículo 48.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a colocar las disponibilidades del TESORO NACIONAL y las correspondientes a las instituciones de la seguridad social, en cuentas remuneradas del país o del exterior, o en la adquisición de títulos públicos o valores locales e internacionales de reconocida solvencia, con excepción de los recursos previstos por las Leyes N° 23.660, 23.661 y los previstos por la Ley N° 19.032 sustituidas por la Ley N° 23.568. El PODER EJECUTIVO NACIONAL dictará las normas reglamentarias del presente artículo.

    (Fuente: Ley N° 24.307, artículos 15 y 46).

    Artículo 49.- La documentación financiera, la del personal y la del control de la Administración Pública Nacional, como también la administrativa y comercial que se incorpore a sus archivos, podrán ser archivados y conservados en soporte electrónico u óptico indeleble, cualquiera sea el soporte primario en que estén redactados y construidos, utilizando medios de memorización de datos, cuya tecnología conlleve la modificación irreversible de su estado físico y garantice su estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad, asegurando la fidelidad, uniformidad e integridad de la información que constituye la base de la registración.

    Los documentos redactados en primera generación en soporte electrónico u óptico indeleble, y los reproducidos en soporte electrónico u óptico indeleble a partir de originales de primera generación en cualquier otro soporte, serán considerados originales y poseerán, como consecuencia de ello, pleno valor probatorio, en los términos del artículo 995 y concordantes del Código Civil.

    Los originales redactados o producidos en primera generación en cualquier soporte una vez reproducidos, siguiendo el procedimiento previsto en este artículo, perderán su valor jurídico y podrán ser destruidos o dárseles el destino que la autoridad competente determine, procediéndose previamente a su anulación.

    La documentación de propiedad de terceros podrá ser destruida luego de transcurrido el plazo que fije la reglamentación. Transcurrido el mismo sin que se haya reclamado su devolución o conservación, caducará todo derecho a objetar el procedimiento al cual fuera sometida y el destino posterior dado a la misma.

    La eliminación de los documentos podrá ser practicada por cualquier procedimiento que asegure su destrucción total o parcial, con la intervención y supervisión de los funcionarios autorizados.

    Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a reglamentar las disposiciones del presente artículo.

    (Fuente: Ley N° 24.624, artículo 30).

    Artículo 50.- Establécese que el Estado Nacional continuará administrando el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur y la Colonia Nacional Doctor Manuel A. Montes de Oca, transferidos a la Provincia de Buenos Aires de acuerdo al artículo 25 de la Ley N° 24.061 modificado por el artículo 36 de la Ley N° 24.191.

    (Fuente: Ley N° 24.307, artículos 27 y 46).

    Artículo 51.- Autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y con intervención del ministerio jurisdiccional respectivo y de la SECRETARÍA DE HACIENDA, a modificar los porcentajes determinados con afectación especial en la distribución del producido y recaudación de la LOTERÍA NACIONAL S.E. y de los hipódromos, sin que ello signifique modificar la participación que corresponda a las provincias y municipalidades. El PODER EJECUTIVO NACIONAL dará cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN de las medidas que adopte en función de la presente autorización.

    (Fuente Ley N° 21.121, artículos 5° y 36).

    Artículo 52.- El PODER EJECUTIVO NACIONAL incluirá en el Plan Quinquenal que cubrirá el período 1995/1999, un programa de reestructuración de las fuerzas armadas y de seguridad. Este programa deberá contener los siguientes propósitos:

    a) Reequipamiento y mejoramiento de la capacidad operacional de las fuerzas.

    b) Instrumentación de un plan progresivo de mejoramiento salarial del personal de las fuerzas.

    Se autoriza al PODER EJECUTIVO NACIONAL para que durante el ejercicio fiscal de 1995 de comienzo de ejecución al plan progresivo de mejoramiento salarial en la medida que obtenga recursos adicionales a los previstos en esta ley, siempre y cuando, el avance del programa de reestructuración referido, muestre fehacientemente que para los próximos ejercicios fiscales se encuentre asegurada la continuidad del financiamiento de dicho plan salarial sin comprometer recursos adicionales del Tesoro Nacional.

    (Fuente: Ley N° 24.447, artículos 14 y 52).

    Artículo 53.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a disponer un régimen de contrataciones de servicios personales destinados a desarrollar estudios, proyectos y/o programas especiales en los términos que determine la reglamentación.

    El régimen que se establece será de aplicación en el ámbito del Sector Público, quedando excluido de la Ley de Contrato de Trabajo, sus normas modificatorias y complementarias.

    Las contrataciones referidas no podrán realizarse con agentes pertenecientes a la planta permanente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL o con otras personas vinculadas laboral o contractualmente con la misma, excluidos los docentes e investigadores de las Universidades Nacionales.

    Los gastos emergentes de la aplicación del mencionado régimen serán atendidos con los créditos incluidos en la presente ley en la Jurisdicción 91 - obligaciones a cargo del Tesoro, dentro del inciso 1, gastos en personal en la partida Contratos Especiales habilitada al efecto. Dicha partida sólo podrá ser incrementada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en un CUARENTA POR CIENTO (40%).

    Los convenios de costos compartidos con ORGANISMOS INTERNACIONALES que impliquen contratación de personas sólo podrán normalizarse cuando dichos convenios comprometan un importe no menor del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del financiamiento total por parte del ORGANISMO INTERNACIONAL.

    Las contrataciones de servicios personales establecidas en el presente artículo a celebrarse con entidades o instituciones educativas se referirán a pasantías de estudiantes universitarios de las carreras de grado y a graduados con no más de UN AÑO de antigüedad.

    (Fuente: Ley N° 24.447, artículos 15 y 52).

    Artículo 54.- Las Universidades Nacionales fijarán su régimen salarial y de administración de personal, a cuyo efecto asumirán la representación que corresponde al sector empleador en el desarrollo de las negociaciones colectivas dispuestas por las Leyes Nros. 23.929 y 28.185.

    En el nivel general las Universidades Nacionales deberán unificar su representación mediante la celebración de un acuerdo que establezca los alcances de la misma.

    La negociación laboral a nivel de cada Universidad deberá asegurar que no menos del quince por ciento (15%) del crédito presupuestario total de la misma sea destinado a otros gastos distintos al gasto en personal.

    Queda derogado el Decreto N° 1215/92. Hasta tanto se celebren los acuerdos colectivos, las Universidades Nacionales podrán otorgar asignaciones complementarias al personal de su dependencia, conforme la reglamentación de sus respectivos Consejos Superiores y dentro de los límites establecidos en el párrafo anterior, el Estado Nacional destinará durante los ejercicios fiscales de 1995 y 1996 recursos financieros que garanticen para ese último año a las Universidades Nacionales un presupuesto que alcanzará como mínimo la cifra de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 1.800.000).

    (Fuente: Ley N° 24.447, artículos 19 y 52).

    Artículo 55.- Ratifícanse los Decretos Nros. 2394/91; 752/92; 2632/92 y 879/92 con las modificaciones introducidas de la Ley N° 24.307. Convalídase la reforma a la Ley de Impuestos Internos dispuesta por el artículo 4° del Decreto N° 2753/91. Ratifícase el Decreto N° 507/93, que asigna a la Dirección General Impositiva la misión relativa a la aplicación, recaudación, fiscalización y ejecución de los recursos de la seguridad social a partir del 1° de abril de 1993, reformulándose su artículo 11 como sigue: Artículo 11.- Los honorarios que se generen por todo concepto en juicios en materias de recursos de la Seguridad Social, iniciados con anterioridad al 1° de abril de 1993, serán distribuidos entre todos los abogados y procuradores de la Administración Nacional y de la Seguridad Social (inclusive aquellos reubicados en la Dirección General Impositiva), conforme con las previsiones de la Ley N° 23.489. Los honorarios generados por todo concepto en juicios iniciados con anterioridad a la misma que se cumplen con posterioridad al 1° de abril de 1993 serán distribuidos entre los abogados y procuradores de la Dirección General Impositiva conforme con la normativa vigente en dicho Organismo.

    (Fuente: Ley N° 24.447, artículos 22 y 52).

    Artículo 56.- El 30 de junio de 1995 caducarán los derechos y prescribirán las acciones para peticionar créditos contra el ESTADO NACIONAL o cualquiera de los entes comprendidos en la Ley N° 23.982 de causa o título anterior al 1° de abril de 1991, a excepción de las deudas previsionales y las que reclamen las provincias y municipios. La extinción de las consecuentes obligaciones del Sector Público Nacional se producirá de pleno derecho, sin perjuicio de la extinción que ya se hubiere operado con anterioridad en cada caso en particular por el vencimiento del plazo de prescripción, o la caducidad del derecho respectivo.

    Las provincias que en virtud de sus leyes de emergencia hayan adherido a la Ley N° 23.982 y sus modificatorias podrán adherirse con los mismos efectos al régimen establecido por el presente artículo.

    (Fuente: Ley N° 24.447, artículos 25 y 52).

    Artículo 57.- Los procedimientos administrativos sustanciados con motivo de la solicitud de reconocimientos de deudas de causa o título anterior al 1° de abril de 1991 que no fueren impulsados por los interesados durante un plazo de más de SESENTA (60) días hábiles computados desde la última actuación útil, caducarán automáticamente sin necesidad de intimación al interesado para su impulso, ni resolución expresa de la autoridad administrativa competente. No serán aplicables a estos trámites las disposiciones del artículo 1°, inciso e), apartado 9° de la Ley N° 19.549.

    (Fuente: Ley N° 24.447, artículo 26 y 52).

    Artículo 58.- En los casos de denegatoria por silencio de la Administración ocurrido en los procedimientos administrativos sustanciados con motivo de la solicitud de reconocimiento de deudas de causa o título anterior al 1° de abril de 1991, se producirá la caducidad del derecho para interponer la demanda contencioso administrativa contra la denegatoria a los NOVENTA (90) días hábiles judiciales contados desde que se hubiera producido la denegatoria tácita o desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley, lo que fuere posterior. Vencido dicho plazo sin que se haya deducido la acción correspondiente, prescribirán también las pretensiones patrimoniales consecuentes. En estos casos no será de aplicación el artículo 26 de la Ley N° 19.549.

    (Fuente: Ley n° 24.447, artículos 27 y 52).

    Artículo 59.- Las empresas privatizadas o adjudicatarias de concesiones, servicios o bienes del Estado que tengan en su poder, ya sea en tenencia o guarda, los archivos o documentación de las empresas del Estado privatizadas, deberán suministrar, a requerimiento de la justicia o la Administración o la Auditoría General de la Nación, la información necesaria para efectuar descargos, impugnaciones, articular la defensa de los intereses del ESTADO NACIONAL en diferendos administrativos o judiciales, o tramitar beneficios previsionales.

    El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones resultantes de lo dispuesto en el párrafo anterior, de acuerdo con lo que determine la reglamentación, importará la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen al ESTADO NACIONAL o a los particulares.

    (Fuente: Ley N° 24.447, artículos 28 y 52).

    Artículo 60.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a fijar el importe de las multas establecidas en el artículo 28 de la Ley N° 22.351, de los Parques, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales y artículos 28, inciso a) de la Ley N° 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre, y a determinar los aranceles por prestación de servicios que le sean requeridos a la SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO por organismos públicos y/o privados, en su carácter de autoridad máxima de aplicación de las normas vigentes en materia de protección ambiental y de los recursos naturales.

    (Fuente: Ley N° 24.447, artículos 29 y 52).

    Artículo 61.- A partir de la iniciación del ejercicio fiscal de 1995, los Entes Reguladores deberán ingresar al TESORO NACIONAL los recursos originados en las multas que se apliquen en cumplimiento de sus funciones de contralor.

    (Fuente: Ley N° 24.447, artículos 31 y 52).

    Artículo 62.- Autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, para que por intermedio de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL disponga el destino definitivo de los recursos provenientes de la CONTRIBUCIÓN UNIFICADA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, establecida por el Decreto N° 2284/91, ratificado por el artículo 29 de la Ley N° 24.307, de acuerdo con las necesidades financieras que surjan indistintamente de los Subsistemas Previsionales y de Asignaciones Familiares.

    (Fuente: Ley N° 24.447, artículos 36 y 52).

    Artículo 63.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través de la SECRETARÍA DE HACIENDA a realizar las operaciones patrimoniales y contables que resulten necesarias para la liquidación del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales y la instrumentación de la Cuenta Única del Tesoro. Exceptúase de la incorporación a la Cuenta Única del Tesoro a las instituciones de la Seguridad Social y al ANSSAL.

    (Fuente: Ley N° 24.447, artículos 38 y 52).

    Artículo 64.- Los estados patrimoniales que sean considerados estado de liquidación de entes, organismos, empresas y/o sociedades del Estado declarados o que se declaren en estado de liquidación o disolución en el marco del proceso de Reforma del Estado, conforme lo previsto en el Decreto N° 1836/94, sustituirán a los balances correspondientes al período comprendido entre el último balance auditado y la fecha del Estado Patrimonial.

    A los fines del cierre de los procesos liquidatorios de los entes mencionados en el párrafo anterior, se aplicarán el artículo 9° del Decreto N° 2148/93 y el Decreto N° 1836/94.

    Las Resoluciones emanadas del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS en ejercicio de las competencias otorgadas por el Decreto N° 1836/94, para posibilitar el proceso de liquidación y cierre de los entes que se encuentran en aquel estado, deberán ser transcriptas en los libros de Actas de Asamblea respectivos o sus equivalentes y constituirán documentación suficiente a todos sus efectos.

    Establécese la fecha del 31 de diciembre de 1996 como límite para la liquidación definitiva de todos los entes residuales de empresas ya privatizadas. Los saldos de cuentas a cobrar y a pagar pendientes a esa fecha serán transferidos a la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

    (Fuente: Ley N° 24.624, artículos 16 y 59).

    Artículo 65.- Considéranse consolidadas en los términos de la Ley N° 23.982, las obligaciones emanadas de la actividad aseguradora de la ex-CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO, en liquidación, en todos aquellos casos en que otorgó cobertura por diferentes riesgos, al Estado Nacional o cualesquiera de sus entes, empresas u organismos, alcanzados por la ley mencionada.

    (Fuentes: Ley N° 24.624, artículos 17 y 59).

    Artículo 66.- Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Público, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de la Nación, sin inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte del o los titulares de los fondos y valores respectivos.

    Quienes en virtud de su cargo hubieren tomado razón de alguna medida judicial, comprendida en lo que se dispone en el presente, comunicarán al Tribunal la imposibilidad de mantener vigente la medida en virtud de lo que se dispone en esta ley.

    En aquellas causas judiciales donde el Tribunal, al momento de la entrada en vigencia de la presente, hubiere ordenado la traba de medidas comprendidas en las disposiciones precedentes, y los recursos afectados hubiesen sido transferidos a cuentas judiciales, los representantes del Estado Nacional que actúen en la causa respectiva, solicitarán la restitución de dichas transferencias a las cuentas y registros de origen, salvo que se trate de ejecuciones válidas firmes y consentidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

    (Fuente: Ley N° 24.624, artículos 19 y 59).

    Artículo 67.- Los pronunciamientos judiciales que condenen al ESTADO NACIONAL o a alguno de los entes y organismos enumerados en el artículo anterior al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en el PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL, sin perjuicio del mantenimiento del régimen establecido en la Ley N° 23.982.

    En el caso que el Presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el del ejercicio siguiente, a cuyo fin la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS deberá tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día TREINTA Y UNO (31) de agosto del año correspondiente al envío del proyecto. Los recursos asignados por el CONGRESO DE LA NACIONAL se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su agotamiento, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en el siguiente ejercicio fiscal.

    (Fuente: Ley N° 24.624, artículos 20 y 59).

    Artículo 68.- Las sentencias judiciales no alcanzadas por la Ley N° 23.982, en razón de la fecha de la causa o título de la obligación o por cualquier otra circunstancia, que se dicten contra las Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, Empresas del Estado y todo otro ente u organización empresaria o societaria donde el Estado Nacional o sus entes de cualquier naturaleza tengan participación total o parcial, en ningún caso podrán ejecutarse contra el Tesoro Nacional, ya que la responsabilidad del Estado se limita a su aporte o participación en el capital de dichas organizaciones empresariales.

    (Fuente: Ley N° 24.624, artículos 21 y 59).

    Artículo 69.- El INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS tendrán a su cargo el pago de los subsidios por sepelio establecidos por la Ley N° 21.074. El gasto que ello demande será atendido con los créditos que anualmente fije la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional a la citada entidad.

    (Fuentes: Ley N° 24.624, artículos 35 y 59).

    Artículo 70.- Derógase el FONDO PARA CANCELACIÓN DE DEUDAS PREVISIONALES creado por el artículo 13 del Decreto N° 2140/91, reglamentario de la Ley N° 23.982, cuya administración está a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. A partir del 1° de julio de 1994 los saldos existentes pueden ser aplicados al pago de toda obligación de carácter previsional cualquiera sea su naturaleza.

    (Fuentes: Ley N° 24.624, artículos 36 y 59).

    Artículo 71.- Facúltase a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a retener de las transferencias que deba efectuar a la SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, los montos que resulten necesarios para atender el pago de las pensiones no contributivas, como así también y hasta la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 13.500.000), para atender el pago de los importes que demande a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL la realización de las tareas de liquidación y pago de tales beneficios.

    Hasta tanto no estén garantizados en su totalidad los pagos, la iniciación, tramitación y continuidad de los servicios necesarios para atender el pago de las pensiones no contributivas por parte de la SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL no efectuará la transferencia de las mismas.

    (Fuente: Ley N° 24.624, artículos 38 y 59).

    Artículo 72.- Las Unidades Ejecutoras de los Préstamos (UEP) de programas y/o proyectos especiales financiados total o parcialmente por Organismos Internacionales, sólo podrán disponer contrataciones de servicios técnicos profesionales de carácter individual por locación de obras o por locación de servicios afectados a las tareas propias de los mismos, previa aprobación por parte de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, de una planta de personal, cuya vigencia abarcará el ejercicio fiscal correspondiente, afectada a cada uno de dichos programas y/o proyectos especiales.

    A tal efecto, los titulares de las Unidades Ejecutoras de los Préstamos (UEP), deberán elevar a la mencionada Secretaría la cantidad de personal requerido, duración del contrato, retribución propuesta, gasto total del personal demandado por el programa y el financiamiento previsto.

    Asimismo, al momento de efectuarse los pagos correspondientes, dichos titulares deberán prever la entrega de los datos pertinentes en el marco de lo determinado por el Decreto N° 645 de fecha 4 de mayo de 1995.

    El no cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo será responsabilidad exclusiva de los titulares de las Unidades Ejecutoras de los Préstamos (UEP) y de comprobarse desvíos en tal sentido la sanción podrá llegar a la rescisión del contrato personal del titular de dichas unidades y de existir perjuicio fiscal responder con su patrimonio personal.

    (Fuente: Ley N° 24.624, artículos 43 y 59).

    Artículo 73.- Ratifícase el carácter de no remunerativo y no bonificable de los conceptos definidos con tal particularidad en los Decretos Nros. 2000 del 20/9/91, 2133 del 10/10/91, 2260 del 29/10/91, 2533 del 4/12/91, 628 del 13/4/92, 713 del 28/4/92, 756 del 30/4/92, 780 del 15/5/92, 2701 del 29/12/93, 2751 del 30/12/93, 679 del 6/5/94, 1356 del 5/8/94 y sus modificatorios, a partir de la vigencia de dichos actos normativos, dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en virtud de su facultad para fijar los salarios del personal de su dependencia.

    (Fuente: Ley N° 24.624, artículos 44 y 59).

    Artículo 74.- Autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL para que con intervención de la SECRETARÍA DE HACIENDA actualice la Ley N° 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto) disponiendo el ordenamiento y correlación de los artículos resultantes de las modificaciones producidas durante su vigencia a partir del texto aprobado por Decreto N° 140.890 del 18 de enero de 1943, excluyendo los artículos sustituidos implícitamente por otras disposiciones legales como así también aquellos que hayan perdido actualidad o cumplido su finalidad.

    Asimismo autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL para incorporar en los textos legales cuya actualización u ordenamiento se disponga periódicamente los artículos de la Ley N° 11.672 que afecten a los mismos.

    (Fuente: Ley N° 22.202, artículos 35 y 36).
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 37
    TRANSFERENCIA DE HOSPITALES.

    a) A la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

    Talleres Nacionales Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica.

    Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica.

    Hospital Nacional Bernardino Rivadavia (excluye maternidad).

    Hospital Nacional de Oftalmología Santa Lucía.

    Hospital Nacional de Odontología.

    Hospital Nacional de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo.

    Hospital Nacional Dr. José T. Borda.

    Hospital Nacional de Oftalmología Dr. Pedro Lagleyze.

    Hospital Nacional de Odontología Infantil.

    Hospital Nacional Braulio Moyano.

    Hospital Nacional Infanto Juvenil Tobar García.

    Hospital Nacional de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer.

    b) A la PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

    Hospital Nacional Alejandro Posadas.

    Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur.

    Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca.

    c) A la PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

    Hospital Fidanza.

    Centro Salud Concordia.

    Colonia Rehabilitación Mental Diamante.
    TRANSFERENCIA DE INSTITUTOS DE MENOR Y LA FAMILIA
      a) A la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

      Hogar Isabel Ballestra Espíndola y Lea Meller Back.

      Servicios Docentes de los Institutos de Menores de la Capital Federal.

      b) A la PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

      Hogar Bartolomé Obligado y Casimiro López.

      Hogar Bernardo y Juana E. de Carricart.

      Hogar Pedro Andrés Benvenuto.

      Hogar General Nicolás Levalle.

      Pabellón Residencial para Ancianos de José León Suárez.

      Centros Atención Familiar (C.A.F.).

      Programa de Unidades de Apoyo Familiar (U.A.F.).

      Instituto Angel T. de Alvear.

      Instituto Saturnino E. Unzué.

      Instituto Capitán Sarmiento.

      Instituto Ricardo Gutiérrez.

      Servicios docentes de los restantes Institutos de Menores ubicados en la Provincia de Buenos Aires.

      c) A la PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

      Instituto Juana Sarriegui de Isthilart.