Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0347/2017. (no publicada en B.O.) , miércoles 9 de agosto de 2017, 13 p..

Citas Legales : Código civil (España), Código civil (España) - artículo 4.1., Contrato de concesión (Edenor S.A.) - artículo 14, Contrato de concesión (Edenor S.A.) - artículo 15, Decreto 00714/1992, Decreto 00714/1992 - anexo I, Decreto 00714/1992 - anexo I - artículo 10, Decreto 00714/1992 - anexo I - artículo 14, Decreto 01398/1992, Decreto 01398/1992 - anexo I - artículo 09, Decreto 01738/1992, Estatuto social (Edenor S.A.) - artículo 10, Estatuto social (Edenor S.A.) - artículo 14, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 02, Ley 24.065 - artículo 02 inciso a), Ley 24.065 - artículo 02 inciso b), Ley 24.065 - artículo 02 inciso c), Ley 24.065 - artículo 02 inciso d), Ley 24.065 - artículo 02 inciso e), Ley 24.065 - artículo 02 inciso f), Ley 24.065 - artículo 09, Ley 24.065 - artículo 30, Ley 24.065 - artículo 31, Ley 24.065 - artículo 32, Ley 24.065 - artículo 33, Ley 24.065 - artículo 54, Ley 24.065 - artículo 56 inciso c), Ley 24.065 - artículo 56 incisos c) y s), Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 24.076, Memorándum AARyEE 0288/2017

Fallos Citados : CSJN; fallo: "Los Lagos S.A.G. c/ Gobierno Nacional" [30 de junio de 1941], CSJN; fallo: "Ercolano Agustín c/ Lanteri de Renshaw Julieta" [28 de abril de 1922]

Expediente Citado : ENRE 48625/2017

(Nota del Centro de Documentación: revocada por Resolución MEyM 501/2017 Biblioteca)

BUENOS AIRES, 9 DE AGOSTO DE 2017

    VISTO el Expediente del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 48.625/2017, y

    CONSIDERANDO:

    Que en el expediente del Visto se presentaron conjuntamente ELECTRICIDAD ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (EASA), titular de la totalidad de las acciones Clase “A” de la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) representativas del CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51 %) de su capital social, y EDENOR S.A. solicitando de este ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD la autorización necesaria para la fusión por absorción entre CENTRAL TÉRMICA LOMA DE LA LATA S.A. (CTLL) como absorbente y continuadora y EASA e IEASA SA (accionista mayoritario de EASA) como sociedades absorbidas, en cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 14 y 15 del Contrato de Concesión de EDENOR S.A.

    Que con posterioridad al Memorándum del Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales (AAREE) N° 288/2017 de fojas 236/240, EASA y EDENOR S.A. presentaron la Nota de Entrada N° 241.449 mediante la cual complementaron la información oportunamente acompañada a la actuación y destacaron que PAMPA ENERGÍA S.A., luego de la fusión de EASA con CTLL, seguirá siendo controlante indirecta, tal como lo es hoy en día a través de IEASA y EASA, y una vez finalizado el Plan de Reorganización Global, será controlante directa de EDENOR S.A., no variando su participación en esta última en ninguna de las etapas del plan.

    Que en dicha presentación hicieron notar que EASA es titular de la totalidad de las acciones Clase “A” de EDENOR, representativas del CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51 %) de su capital social y que se encuentran prendadas en su totalidad en favor del PODER EJECUTIVO NACIONAL como garantía de ejecución de las obligaciones asumidas por EDENOR S.A. y por EASA en el Contrato de Concesión, esta última como titular del Paquete Mayoritario.

    Que también consignaron que la fusión en cuestión no consiste en una venta de acciones sino un proceso de reorganización societaria que resultará en la disolución sin liquidación de EASA y IEASA consecuencia de su absorción en CTLL, sociedad que será la nueva titular de la totalidad de las acciones de EDENOR S.A. antes mencionadas. Ello, sin perjuicio que -según manifestaron- una vez efectivizada la fusión, CTLL en el carácter mencionado, otorgue todos los mandatos que el Contrato de Concesión prevé que se deban otorgar como consecuencia de la prenda constituida sobre las acciones Clase “A” de EDENOR S.A. a favor del PODER EJECUTIVO NACIONAL, gravamen que se mantendrá vigente durante todo el plazo de la concesión y en las eventuales futuras transferencias del Paquete Mayoritario.

    Que manifestaron que tanto EASA como CTLL forman parte y están controladas por el grupo PAMPA ENERGÍA S.A. y que en la actualidad CTLL sólo tiene participación directa e indirecta como agente generador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), no teniendo relación directa ni de control respecto de ninguna empresa transportista, por lo que la absorción no configurará ningún supuesto de integración vertical que contravenga las limitaciones previstas en el Capítulo VII de la Ley N° 24.065 y su Decreto Reglamentario.

    Que a fojas 241/244, las requirentes realizaron una nueva presentación ingresada como Nota de Entrada N° 242.476, en la cual efectuaron diversas consideraciones a partir de lo opinado por el AAREE en su mencionado memorándum y acompañaron en copia documentación que acredita que se informó a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES el proyecto de reforma del Estatuto de CTLL, por el cual se lo ampliaría en los términos que allí se exponen.

    Que las requirentes han descripto la operación de marras, enmarcándola dentro de un proceso de reorganización societaria, que no supone una venta de acciones, que devendría en la disolución sin liquidación de EASA y IEASA consecuencia de su absorción en CTLL, sociedad que pasaría a ser la nueva titular de la totalidad de las acciones Clase “A” de EDENOR, representativas del CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51 %) de su capital social.

    Que por último, en la Nota de fojas 241 y subsiguientes mencionada ut supra, además de informar de la proyectada ampliación del objeto social de CTLL, las requirentes manifiestan que con relación a la desintegración vertical de la industria eléctrica, en su opinión las limitaciones a previstas en la Ley N° 24.065 y en su Decreto Reglamentario, pueden resumirse en las siguientes: 1) Los Transportistas no pueden comprar ni vender energía eléctrica; 2) Ningún Generador, Distribuidor, Gran Usuario, ni sus empresas controladas o controlantes, pueden ser propietarias o accionistas mayoritarios de una Transportista o de su controlante; 3) Para que dos o más transportistas o distribuidores puedan fusionarse o consolidarse en un mismo grupo empresario se requiere la expresa autorización del ENRE; 4) Se requiere la expresa autorización del ENRE para que un Transportista o Distribuidor pueda adquirir la propiedad de las acciones de otro Transportista o Distribuidor, respectivamente; 5) El titular de una concesión de Distribución no puede ser propietario de unidades de generación.

    Que en función de los principios expuestos, sostienen que no existe una limitación al control de una distribuidora por parte de una generadora y que si el legislador hubiera querido establecer alguna limitación respecto del caso planteado, así lo hubiera indicado en el texto de la norma.

    Que con relación al último punto, señalan también que las normas que limitan derechos deben ser interpretadas con carácter restrictivo, más aún cuando el texto de la norma específica no indica una interpretación amplia o extensiva, como si fuera dispuesto para la misma situación en la Ley N° 24.076, su Decreto reglamentario y normas complementarias, que fijan el marco regulatorio de la industria del gas natural.

    Que finalmente, en la Nota de Entrada N° 243.669, los requirentes reiteraron los argumentos expuestos en las presentaciones anteriores y se explayaron sobre las razones por las cuales consideran que la reorganización societaria propuesta no crea riesgos de posiciones dominantes e invocaron antecedentes que avalarían su posición.

    Que por su parte, el Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales en su citada intervención de fojas 223/225 vuelta, efectúa un análisis de la operatoria en examen desde la perspectiva regulatoria (a cuyos términos me remito en mérito a la brevedad) y concluye en que “…No existe una restricción expresa para la absorción planteada…. la restricción del Artículo 9 del Decreto PEN N° 1.398/1992 -destacada en la Nota al pie N° 3 del presente-, (que el titular de una concesión de distribución no puede ser propietario de una generadora, con la habilitación para sus accionistas, en caso de tratarse de personas físicas o constituyendo otra persona jurídica con ese objeto), tiene el mismo resultado final para el caso inverso (que el titular de una generadora sea propietario de una concesión de distribución) que es el caso presentado…”.

    Que asimismo, en la Nota al pie a la que se hace referencia en el párrafo citado, el AAREE consigna respecto de lo dispuesto por la reglamentación del Artículo 9 de la Ley N° 24.065 aprobada por el Decreto N° 1.398/1992 que “…Si bien la norma sólo comprende a una distribuidora y no alcanzaría a la situación recíproca del titular de una generadora como propietario de una distribuidora, que es el caso que aquí se presenta, los efectos que pudieren emerger sobre la competitividad de una y otra situación podrían ser los mismos…”.

    Que en función del mencionado informe del AAREE y teniendo en cuenta las conclusiones que se glosaron en los párrafos precedentes, cabe ahora determinar, en forma preliminar, cuáles son los alcances de la intervención que cabe al ENRE respecto de la materia aquí tratada. Ello, a la luz de la normativa que surge del Estatuto Social de EDENOR S.A., de su Contrato de Concesión y de los principios emanados de la Ley N° 24.065 y normativa dictada en su consecuencia.

    Que a este respecto, resulta procedente recordar que el Decreto N° 714/1992 aprobó en su Anexo I el Estatuto de EDENOR S.A., en cuyo Artículo 10 se consigna que: “…Las acciones Clase A no podrán ser transferidas, ni aun a accionistas de la misma clase, sin contar con la previa aprobación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad o en su defecto de la Secretaría de Energía Eléctrica. En la solicitud de transferencia de acciones deberá indicarse el nombre del comprador, el número de acciones a transferirse, el precio, y las demás condiciones de la operación. Si dentro de los NOVENTA (90) días de solicitada la aprobación el Ente Nacional Regulador de la Electricidad o en su defecto de la Secretaría de Energía Eléctrica, no se manifestara, se entenderá que la solicitud fue aprobada y el accionista podrá transferir válidamente sus acciones al comprador indicado. Se aplicarán también todas aquellas disposiciones relativas a las limitaciones y procedimientos para la transferencia de acciones que resulten del Pliego del Concurso Público Nacional e Internacional para la Privatización de la Prestación de los Servicios de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de la Ciudad de Buenos Aires (Zona Norte), y ciertos Partidos de la Provincia de Buenos Aires y/o del Decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL por el que se apruebe el referido pliego. Salvo en los casos expresamente previstos en el Pliego, ninguna de la acciones de la Clase A podrá ser prendada o de cualquier manera otorgada en garantía voluntariamente sin contar con la previa aprobación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad o en su defecto de la Secretaría de Energía Eléctrica. Si dentro de los TREINTA (30) días de solicitada la aprobación, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, o en su defecto la Secretaría de Energía Eléctrica, no se manifestara, se entenderá que la solicitud fue aceptada. Toda transferencia de acciones, gravamen o prenda que se realice en violación a lo establecido en estos Estatutos carecerá de toda validez…”.

    Que como se advierte, conforme el texto transcripto del Estatuto Social –que guarda vigencia en razón de no haber sido modificado en esta parte- incumbe al ENRE, o en su defecto a la EX SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA o la autoridad del PODER EJECUTIVO que al presente detente la competencia, aprobar la operatoria de marras.

    Que coincidentemente, el Contrato de Concesión de EDENOR S.A en su Artículo 14, dos primeros párrafos, establece que “…La sociedad DISTRIBUIDORA deberá tener como objeto exclusivo la prestación del SERVICIO PUBLICO de distribución y comercialización de energía eléctrica en los términos del presente Contrato de concesión. Los accionistas titulares del PAQUETE MAYORITARIO, no podrán modificar su participación ni vender sus acciones durante los primeros CINCO (5) AÑOS contados a partir de la ENTRADA EN VIGENCIA. Con posterioridad sólo podrán hacerlo previa autorización del ENTE…”.

    Que en función de la normativa citada se puede afirmar que tanto el Estatuto Social de EDENOR S.A. aprobado por Decreto N° 714/1992 como el Artículo 14 del Contrato de Concesión de esa Distribuidora, reconocen que es facultad del ENRE efectuar el análisis previo de cualquier operatoria que implique la modificación de la participación de los accionistas titulares de su paquete mayoritario mediante su transferencia por venta o cualquier otro mecanismo de transmisión de la propiedad y, como consecuencia de dicho análisis, proceder a su aprobación, o no.

    Que lo expuesto determina que, a diferencia de la interpretación puesta de manifiesto por los solicitantes (fojas 242 anteúltimo párrafo), la mera inexistencia de impedimentos legales o regulatorios expresos no inhibe el análisis amplio del impacto de la operatoria propuesta sobre el Sistema y su consistencia, o no, con los objetivos planteados por el Artículo 2 de la Ley N° 24.065, que corresponde en cada caso hacer al ENRE.

    Que una interpretación distinta, vaciaría de contenido el requisito de aprobación previa y la razón de ser del plazo de NOVENTA (90) días otorgados al Ente por el Estatuto Social al efecto de expedirse, ya que bastaría con la mera comunicación de la operatoria para comprobarse si los sujetos intervinientes cumplen, o no, con los extremos la reglamentación del Artículo 9 de la Ley N° 24.065 aprobada por el Decreto N° 1.398/1992.

    Que el Artículo 54 de la Ley N° 24.065 que crea al ENRE, le fija como función primordial “…llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir los objetivos enunciados en el Artículo 2º de esta ley…”.

    Que por su parte, el mencionado Artículo 2 de esa Ley establece como objetivos para la política nacional en materia de abastecimiento, transporte y distribución de electricidad:…“a) Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios; b) Promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo; c) Promover la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalación de transporte y distribución de electricidad; d) Regular las actividades del transporte y la distribución de electricidad, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables; e) Incentivar el abastecimiento, transporte, distribución y uso eficiente de la electricidad fijando metodologías tarifarias apropiadas; f) Alentar la realización de inversiones privadas en producción, transporte y distribución, asegurando la competitividad de los mercados donde sea posible…”.

    Que el último párrafo del referido Artículo aclara que el Ente “…sujetará su accionar a los principios y disposiciones de la presente norma, y deberá controlar que la actividad del sector eléctrico se ajuste a los mismos…”. Adviértase que el control, encomendado es amplio, no limitándose al cumplimiento de las disposiciones sino, también y más genéricamente, a los “principios” de regulan la actividad eléctrica.

    Que dichos principios se expresan tanto a través de prohibiciones objetivas (así, las contenidas en el Artículo 31 de la Ley N° 24.065) como por medio de las amplias facultades regulatorias que se conceden al ENRE a través del Artículo 56, Inciso c) de esa Ley, en cuanto a que se encuentra entre las funciones y facultades del Ente la de “…Prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los participantes de cada una de las etapas de la industria, incluyendo a productores y usuarios…”.

    Que la vigencia y operatividad de estos principios determina, pues, que el solo hecho de que la prohibición contenida en la reglamentación del Artículo 9 de la Ley N° 24.065 aprobada por el Decreto N° 1.398/1992 (que el titular de una concesión de distribución no pueda ser propietario de una generadora) no contemple también expresamente la prohibición de la situación inversa, no resulte impedimento para que esta falta pueda ser interpretada como una omisión del texto legal susceptible, en consecuencia, de ser salvada por la vía analógica.

    Que ello, por cuanto lo citados principios y disposiciones contenidos en la Ley N° 24.065 y normativa concordante, conducen a favorecer la desintegración vertical y horizontal del sistema eléctrico, impidiendo la concentración en cualquiera de sus manifestaciones, condición sine qua non del correcto funcionamiento de un sistema de monopolio natural, como es el sistema concesionado de Transporte y Distribución.

    Que a este respecto, no puede dejar de señalarse que en autos, los requirentes se limitan a afirmar (fojas 242, primer párrafo), de manera dogmática, que “…el texto de la norma específica no indica una interpretación amplia o extensiva, como si fuera dispuesto para la misma situación en la Ley N° 24.076, su Decreto reglamentario y normas complementarias, que fijan el marco regulatorio de la industria del gas natural…”, deduciendo de ello que la omisión en el texto de la Ley N° 24.065 y su Decreto reglamentario no sería tal, sino la consagración de un criterio regulatorio.

    Que sin embargo, en ningún momento arriesgan a exponer el motivo regulatorio o jurídico por el cual el legislador habría tratado idénticas situaciones de manera notoriamente desigual en cada régimen.

    Que por el contrario, se estima que la situación descripta configura una laguna jurídica que proviene de una omisión involuntaria incurrida por el legislador, que se advierte en el texto de la reglamentación del Artículo 9 de la Ley N° 24.065 aprobada por el Decreto N° 1.398/1992 y que queda expuesta en forma palmaria si se tiene en cuenta, no sólo lo expresado por el AAREE en su precitado informe (en cuanto a la equivalencia de efectos que producirían esas operatorias, según se verificaran en un sentido u otro), sino también la evidente incoherencia que ocasionaría la diferencia de tratamiento regulatorio de situaciones equivalentes, en caso de estarse a la interpretación literal pretendida, así como la inconsistencia que evidenciaría la aplicación de una solución de esa naturaleza respecto de los principios generales consagrados en el Régimen de la Electricidad.

    Que así las cosas, la forma idónea para salvar la insuficiencia del texto legal es recurrir a la aplicación analógica de la norma.

    Que respecto de la viabilidad jurídica de recurrir a esta herramienta para salvar las omisiones en un texto legal, es oportuno recordar que en el ámbito de la Doctrina Administrativa nacional, se ha dicho que “…La regla de la analogía consiste en un proceso lógico merced al cual se induce, del análisis de soluciones particulares, el principio que las informa para así buscar, seguidamente, las condiciones del mismo principio en otras hipótesis a las que les es aplicable por deducción. Se trata de un método de interpretación harto frecuente en el Derecho Administrativo, por cuanto su ya apuntada condición de Derecho en formación, sensible a los cambios de la realidad social y política que lo circunda y a la cual aprehende, potencia sensiblemente las situaciones en las cuales la normación resulta incompleta o inexistente…” (Conforme “La analogía en el derecho administrativo. A propósito de la senda marcada por el fallo Los Lagos” por Gustavo E. Silva Tamayo en www.ijeditores.com.ar).

    Que, coincidentemente, en el ámbito del derecho comparado, encontramos que, en España, en la Exposición de Motivos del Decreto N° 1.836/1974 del 31 de mayo de ese año que aprobó el Texto Articulado del Título Preliminar del Código Civil, refiriéndose a la analogía se dice que: "…no presupone la falta absoluta de una norma, sino la no previsión por la misma de un supuesto determinado, defecto o insuficiencia que se salva si la razón derivada del fundamento de la norma y de los supuestos expresamente configurados es extensible, por consideraciones de identidad o de similitud al supuesto no previsto…"; se condiciona así la aplicación del método analógico a la existencia de una verdadera laguna legal y a la similitud jurídica esencial entre el caso que se pretende resolver y el ya regulado, debiendo acudirse para resolver el problema al fundamento de la norma y al de los supuestos configurados.

    Que por otra parte, el Título Preliminar del Código Civil español actualmente vigente, reconoce expresamente la analogía como método de integración, al fijar el Artículo 4.1 de dicho texto legal, que: “procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón” (www.boes.es).

    Que por otra parte, no se estima admisible el argumento dado por los presentantes en cuanto a que resulte aplicable al caso el principio según el cual “…las normas que limitan derechos deben ser interpretadas con carácter restrictivo…” (fojas 242, comienzo del primer párrafo). Ello, porque las empresas intervinientes han consentido actuar en un sistema que por definición es regulado y en el que, por tanto, prevalecen los mencionados principios relativos a la defensa del usuario y preservación del servicio público, por encima de otros que, en otra esfera de las actividades económicas, legítimamente podrían invocarse.

    Que Agustín Gordillo, citando a Rafael Bielsa, recuerda que “…En la doctrina nacional es vieja la conclusión de que “la concesión crea dos situaciones jurídicas: a) Una legal o reglamentaria, que es la más importante y domina toda la operación; b) otra contractual, pero que no es necesariamente de derecho civil, sino de derecho administrativo y que, como acto administrativo que es, atribuye derechos e impone obligaciones al concesionario...” (Tratado de Derecho Administrativo, Capítulo XV en www.gordillo.com).

    Que es por ello que se ha dicho que “…Si se pudiese admitir por un instante que, por efecto de los contratos de concesión, la voluntad de los concesionarios pudiera poner en jaque las decisiones tomadas por la Administración en un fin de utilidad pública, necesario sería condenar irremisiblemente el sistema de concesión como contrario al interés general...” (Bielsa, Rafael, Derecho administrativo y ciencia de la administración. Legislación administrativa argentina, t. I, Buenos Aires, Lajouane & Cía. Editores, 1929, p. 123 y ss. Las posteriores ediciones han mantenido el mismo principio, citado por Gordillo, Op.Cit).

    Que en el leading case Ercolano v. Lanteri de Renshaw, Fallos, 136: 161, nuestra Corte Suprema de Justicia hizo también mérito de la jurisprudencia americana del caso Munn v. Illinois (94 US 113) en el cual se expresara que: “…todo aquel que dedica su propiedad a un uso de interés público, confiere por ese hecho al público un interés en ese uso y debe someterse a su contralor, para el bien común, en la extensión del interés que le ha creado…”. La Corte recuerda, por lo demás, la jurisprudencia norteamericana en igual sentido, en litigios tales como los Granger Cases 94 U. S. 155 y siguientes, Spring Valley Water Works v. Shottler 110 U. S. 347, etcétera.

    Que volviendo el terreno de la doctrina, Sayagués Laso enseña que “…como al concesionario se le otorgan potestades públicas, colocándolo en una situación de excepción, la ambigüedad de las cláusulas beneficia a la administración concedente, debiendo interpretarse estrictamente los privilegios y exenciones, siendo la oscuridad o la duda en contra del concesionario…” (Gordillo A., op. cit.).

    Que en función de la vigencia de los principios regulatorios, normativos y doctrinarios expuestos hasta aquí, corresponde interpretar que la prohibición contenida en la reglamentación del Artículo 9 de la Ley N° 24.065 aprobada por el Decreto N° 1.398/1992 alcanza también a la presente operación sometida a la aprobación del ENRE, por lo que se estima que corresponde denegarla. Ello, con fundamento en que: 1) La restricción de la reglamentación del Artículo 9 de la Ley N° 24.065 (que el titular de una concesión de distribución no puede ser propietario de una generadora, con la habilitación para sus accionistas, en caso de tratarse de personas físicas o constituyendo otra persona jurídica con ese objeto), tiene el mismo resultado final para la situación inversa (que el titular de una generadora sea propietario de una concesión de distribución) que es el caso presentado en autos; 2) Lo expuesto, determina que el caso sometido a dictamen presente una similitud jurídica esencial respecto de la prohibición regulada en la mentada reglamentación del Artículo 9 de la Ley N° 24.065; 3) La interpretación analógica, con el alcance expuesto ut supra, resulta ser el método idóneo para suplir la omisión que se configura en la reglamentación del Artículo 9 de la Ley N° 24.065.

    Que los argumentos expuestos por las requirentes en su citada Nota de Entrada ENRE N° 243.669 no conmueven el análisis precedente.

    Que se ha emitido el Dictamen Jurídico correspondiente, en los términos dispuestos en el Inciso d) del Artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

    Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) se encuentra facultado para el dictado de la presente norma en virtud de lo dispuesto en los Artículos 2, 56 incisos c) y s) y 63 incisos a) y g) de la Ley N° 24.065.

    Por ello,

    EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE:

    ARTÍCULO 1.- Denegar, por las razones expuestas en los párrafos precedentes, la solicitud de autorización efectuada en autos por la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) y ELECTRICIDAD ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (EASA), titular de la totalidad de las acciones Clase “A” de EDENOR S.A. representativas del CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51 %) de su capital social, en los términos de lo dispuesto por los Artículos 14 y 15 del Contrato de Concesión de EDENOR S.A. para la fusión por absorción entre CENTRAL TÉRMICA LOMA DE LA LATA S.A. (CTLL) como sociedad absorbente y continuadora, y EASA e IEASA SA (IEASA) -accionista mayoritario de EASA- como sociedades absorbidas.

    ARTÍCULO 2.- Notifíquese a EDENOR S.A., EASA, CTLL e IEASA.

    ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese y cumplido archívese.
    RESOLUCIÓN ENRE Nº 347/2017
    ACTA N° 1490
    Dra. MARTA ROSCARDI,
    Vicepresidente.-
    Ing. RICARDO A. MARTINEZ LEONE,
    Presidente.
    Citas legales:Decreto 00714/1992 Biblioteca
    Decreto 01398/1992 Biblioteca
    Decreto 01738/1992 Biblioteca
    Ley 19.549 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 02 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 09 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 30 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 31 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 32 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 33 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 54 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 56 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 63 Biblioteca
    Ley 24.076 Biblioteca
    Contrato de concesión Biblioteca
    Estatutos sociales Biblioteca
    Acta ENRE 1490/2017 Biblioteca