Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0528/2004. Boletín Oficial n° 30.496, jueves 30 de septiembre de 2004, p. 14.

Citas Legales : Ley 25.561 - artículo 11, Resolución ENRE 0636/1999, Ley 25.561, Decreto 00214/2002, Nota ENRE 045.990, Ley 24.065 - artículo 62, Código civil - artículo 1946, Resolución ME 0038/2002, Resolución ME 0053/2002, Ley 24.065 - artículo 36, Resolución SEE 0061/1992, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 18, Ley 25.561 - artículo 08, Ley 25.561 - artículo 09, Ley 24.065 - artículo 72, Resolución ENRE 0431/2002, Resolución ENRE 0561/2002, Decreto 00320/2002, Decreto 00214/2002 - artículo 04, Decreto 00214/2002 - artículo 08, Decreto 00320/2002 - artículo 2, Ley 24.283, Ley 24.065 - artículo 56 inciso s), Ley 24.065 - artículo 63 inciso g)

Fallos Citados : CNFed. Cont. Adm. Sala 3; fallo: "Pluspetrol Energy S.A. c/ Resolución ENRE 458/02" (Expte. 176260/02) [10 de mayo 2004]

Expediente Citado : ENRE 04478/1997

(Nota: confirmada y artículo 1º aclarado por Resolución ENRE 195/05 Biblioteca).

BUENOS AIRES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2004

    VISTO: Expediente ENRE N° 4478/1997, y

    CONSIDERANDO:

    Que la empresa COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. (en adelante COBRA) solicitó - mediante Nota Entrada ENRE N° 68.420 de fecha 3 de julio de 2002, (fojas 1059/60) -, basándose en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 25.561, que se inicie la negociación del ajuste equitativo del canon correspondiente a la OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA RECREO, INCLUYENDO LA PROVISIÓN Y EL MONTAJE DE UN AUTOTRANFORMADOR DE 500/132/13,2 kV 150 MVA CAMPOS ASOCIADOS Y CAMPOS DE SALIDA EN 132 kV A FRIAS Y SAN MARTÍN (Res. ENRE N° 636/99).

    Que a partir de ello, este Ente solicitó a COBRA que informe el costo de obra al momento de la habilitación comercial desagregado en origen nacional e importado y abierto por distintos rubros, así como la financiación de la obra (fojas 1080), del referido Expediente;

    Que dicha empresa mediante Nota Entrada ENRE N° 73.541, (fojas 1116/21) envió los correspondientes cálculos, así como una propuesta de ajuste del canon;

    Que la metodología que utilizó fue la siguiente: recalculó el valor de la obra en pesos al mes de septiembre de 2002, es decir, presupuestó la misma como si la tuviera que construir de nuevo, atendiendo la situación actual en cuanto a provisión de materiales nacionales e importados, así como servicios y mano de obra. Para ello, agrupó las prestaciones del presupuesto original en rubros cuyo costo varía con el mismo parámetro. Luego, reemplazó estos parámetros por índices oficiales de variación análoga;

    Que esto permitió, según COBRA, extrapolar una polinómica que permite establecer el valor de la obra, en pesos, con su equilibrio restablecido a largo plazo. Asimismo, calculó el interés implícito en la oferta original, conjuntamente con una evaluación para la adopción de una tasa de financiación. Finalmente, elaboró un esquema para calcular el probable valor recuperado y su financiación a lo largo del tiempo;

    Que en función de lo anterior, COBRA informa que a septiembre de 2002 la diferencia que a su criterio corresponde para restablecer la equidad contractual importa un reajuste por sobre los valores existentes al momento de formalizarse el contrato de (PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 61/00) $3.420.610,61 que propone se cobre en nueve pagos mensuales de (PESOS CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 45/00) $404.215,45 cada uno;

    Que a partir de esta información se confirió el pertinente traslado a los comitentes: la empresa LOMA NEGRA CIASA (en adelante, LOMA NEGRA), según consta a fojas 1127; la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, EDELAR), según consta a fojas 1129; la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE CATAMARCA SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante EDECAT), según consta a fojas 1131 y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante EDESE), según consta a fojas 1133;

    Que EDESE (fojas 1148/49) en respuesta al traslado otorgado, si bien reconoce la afectación que en el contrato han producido las disposiciones de la Ley N° 25.561 y el Decreto N° 214/02, sus ingresos se ven afectados por la renegociación que a nivel provincial se ha dispuesto sobre las tarifas del servicio que presta y solicita que hasta que ello no se haya determinado no correspondería proceder a reajuste alguno. Objeta la estimación realizada por COBRA sin justificar las causa de la misma;

    Que a fojas 1150 se presenta EDECAT manifestando al respecto que en la estimación realizada por COBRA, esta no ha procedido a descontar los pagos que se han ido realizando y propone una forma de cálculo, señala por último que en caso de determinarse un aumento del canon se debería proceder a ampliar en número pero a mantener el monto similar al actual debido a que por igual proceso que el referido por EDESE no han sufrido aumento las tarifas que cobra a sus usuarios;

    Que por último se presenta EDELAR (fojas 1152/58) solicitando que el ENRE despeje la incertidumbre sobre la naturaleza pública o privada del Contrato de Construcción a través del cual se implementara la construcción de la Obra a que se refiere el presente, lo cual entiende, determina el régimen jurídico aplicable;

    Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD dio respuesta al requerimiento de EDELAR a través de su Nota ENRE N° 45.990, obrante a fojas 1164/66;

    Que al respecto, EDELAR realizó una presentación (fojas 1179/80) en la que señala que la Nota ENRE N° 45.990 fue emitida sin contar el Directorio del ENRE con el quórum exigido por virtud del artículo 62 de la Ley N° 24.065 para que este Ente manifieste su voluntad. Por ello, la Distribuidora interpreta que dicha nota resulta del todo inoperante, habida cuenta que no constituye una “manifestación de voluntad” del Organismo;

    Que asimismo, EDELAR S.A. mantiene que el ENRE se contradice respecto de la naturaleza jurídica del Contrato de Construcción en la nota de respuesta a esta Distribuidora y resoluciones anteriores del Organismo;

    Que a raíz de ello concluye que el propio ENRE ha reconocido que los Comitentes actúan por “delegación” del Estado Nacional y por tanto, EDELAR S.A. entiende que no son sino los representantes ex lege de la Administración Pública, de modo tal que por simple aplicación de la denominada “teoría de la representación” resulta factible postular que el Contrato de Construcción ha sido “celebrado por la Administración Pública”, bien que representada en ese acto por los Comitentes; la Distribuidora argumenta que esto es apoyado por lo dispuesto en el artículo 1946 del Código Civil;

    Que no obstante, EDELAR S.A. interpreta que el ENRE fundamenta su cambio de criterio en la existencia de la Nota N° 70.457 proveniente de la Secretaría de Energía, la cual obra en el Expediente ENRE N° 12.335/02; en función de ello solicita vista del Expediente antes mencionado, la cual es otorgada por este Ente Regulador;

    Que también formula reserva de ampliar y/o readecuar su posición;

    Que respecto a las presentaciones realizadas por los comitentes deben realizarse las siguientes consideraciones;

    Que al planteo realizado tanto por EDESE como por EDECAT sobre las restricciones a las modificaciones tarifarias que ambas reconocerían, cabe consignar que corresponde tener en cuenta lo establecido en las Resoluciones ME N° 38/02/02 y ME N° 53/02/02;

    Que al respecto, el ENRE entiende que es necesario analizar las restricciones que la primera de ellas impone a este organismo para adoptar cualquier decisión o ejecutar acciones que afecten directa o indirectamente los precios o tarifas de los servicios públicos, toda vez que el ajuste de los contratos, que son objeto de este estudio, podría verse reflejado en tarifas de distribución en los casos que sus cánones hubieran sido transferidos a ellas por parte de las autoridades correspondientes para cada caso;

    Que la Resolución ME N° 53/02, por su parte, determina que lo dispuesto por la mencionada Resolución ME N° 38/02, no alcanza a los ajustes estacionales que define la Secretaría de Energía en el marco de lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley N° 24065 y su reglamentación;

    Que en este sentido, el ENRE destacó que las tarifas contienen dos componentes que son Costo de Compra en el MEM y Costo Propio de Distribución.

    Que el primer término contiene el valor unitario de compra de energía y potencia, más los costos de transporte que las concesionarias pagan a terceros ajenos al área considerada;

    Que asimismo, la Secretaría de Energía al dictar la Resolución N° 61/92, y sus complementarias y modificatorias determinó el modo en que los usuarios del servicio público de transporte abonarán por la prestación de ese servicio, detallando que el mismo será en forma implícita a través de los precios de nodo a los cuales venden o compran en el MEM, y en forma explícita por intermedio de un cargo de conexión y de un cargo complementario;

    Que los considerandos de la Resolución ME N° 53/02, señalan además, que los ajustes estacionales no están comprendidos dentro del proceso de renegociación tarifaria a cargo del Ministerio y resultan fundamentales para asegurar el normal abastecimiento a la comunidad;

    Que por todo lo expuesto, el ENRE concluyó que la recomposición de los contratos COM, que hoy son considerados como cargos asociados al transporte, deberá ser realizada en los términos de la Resolución ME N° 53/02, habida cuenta que como queda claro, la transferencia del Coeficiente de Estabilización de Referencia (en adelante CER) y el correspondiente ajuste equitativo que ordena la Ley de Emergencia, forman parte del costo de compra al MEM y que son ajustados estacionalmente en la proporción de su pago (Anexo 18 de Los Procedimientos), habilitado por la mencionada Resolución, como excepción a las restricciones impuestas por la Resolución ME N° 38/02, en función de lo dispuesto por la Ley N° 25.561;

    Que asimismo, determinado que los contratos de Construcción Operación y Mantenimiento (COM) no son alcanzados por los artículos 8 y 9 de la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, tampoco pueden ser comprendidos por los sucesivos Decretos y Resoluciones que reglamentan dichos artículos;

    Que en cuanto al procedimiento a adoptar para la recomposición de la ecuación económico-financiera de los Contratos COM, el mismo surge de la lectura del artículo 11 trascripto;

    Que por lo tanto, el ENRE se encuentra habilitado para realizar estas tareas, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 24.065 en su artículo 72 y en virtud de desempeñarse como autoridad de aplicación de dichos contratos y de no surgir acuerdo entre las partes sobre la renegociación a seguir;

    Que con respecto a lo planteado por EDELAR, cabe decir que, independientemente del cuestionamiento sobre el emisor de la citada Nota N° 45.990, su contenido no hacía más que reiterar los fundamentos esgrimidos en la Resolución ENRE N° 431/02, parcialmente modificada por la Resolución ENRE N° 561/02;

    Que en cuanto dichas resoluciones declararan la procedencia de la aplicación del CER al presente contrato, significa necesariamente que el ENRE lo ha considerado como uno de naturaleza privada;

    Que esta Resolución fue notificada a EDELAR S.A. (fojas1111) y publicadas en el Boletín Oficial (fojas 1074 y 1110);

    Que, para mayor claridad se hace constar que en la mencionada Resolución se dijo que a partir del dictado de la Ley de Emergencia Económica quedó eliminada la relación del tipo de cambio de un peso igual a un dólar estadounidense vigente hasta ese momento; además que el artículo 11 de dicha Ley prevé que las prestaciones dinerarias exigibles a partir del 6 de enero de 2002 originadas en contratos celebrados entre particulares sometidos a normas de derecho privado, realizarán los pagos a cuenta en pesos, a la relación de cambio un peso igual un dólar estadounidense;

    Que asimismo, se indicó que con posterioridad a la sanción de la Ley N° 25.561, fue dictado el Decreto N° 214/02, siendo éstas normas de orden público y por tanto de aplicación obligatoria a las partes;

    Que además, se señaló que la Ley N° 25.561 estableció la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades en el PODER EJECUTIVO NACIONAL hasta el 10 de diciembre de 2003;

    Que por ello, en este caso particular, el Contrato de Construcción firmado entre las partes, está incluido en el Capítulo III “De las obligaciones originadas en los contratos entre particulares, no vinculadas al sistema financiero” del Título IV de la Ley N° 25.561 (artículo 11); en este sentido se indicó que corresponde la aplicación del CER;

    Que se notificó, además, que estos argumentos fueron comunicados a la Secretaría de Energía mediante Nota Entrada ENRE N° 42.614 que obra en el Expediente ENRE N° 12.335/2002;

    Que en función de lo anterior, la Secretaría de Energía, mediante Nota Entrada ENRE N° 70.457 informó que dicho análisis era compartido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la Nación en su dictamen 144.538 del 6 de septiembre de 2002;

    Que por otra parte, este Organismo manifestó que con respecto a lo expresamente planteado en la nota de EDELAR, quienes firmaron el Contrato de Construcción han sido los comitentes/beneficiarios, no habiendo suscripto el Estado dicho contrato como sí lo ha hecho al firmar los Contratos de Concesión de los servicios públicos;

    Que el Contrato de Construcción no se encuentra incluido en lo previsto por el artículo 8 de la Ley N° 25.561 toda vez que el mismo excluye todos aquellos contratos que no hubieran sido suscriptos por la Administración Pública;

    Que la Excelentísima Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal en sentencia dictada en los autos “PLUSPETROL ENERGY S.A. c/ENRE Resol. 458/02” (Sala III, Expte. 176260/02, 10/3/04) ha reconocido a un contrato similar al presente su naturaleza privada;

    Que el ENRE nunca se ha expedido en sentido distinto del que surge de las resoluciones mencionadas;

    Que pasando a la considerar la petición realizada por COBRA, debe señalarse que, de acuerdo a las cláusulas vigésimo quinta y vigésimo sexta del contrato, toda controversia que se generara con motivo de la aplicación del mismo debía ser “sometida en forma previa y obligatoria a la jurisdicción del Ente Nacional Regulador de la Electricidad”;

    Que el artículo 72 de la Ley N° 24.065 autoriza a los terceros a someterse a la jurisdicción previa y obligatoria del Ente;

    Que surge de las constancias obrantes en el Expediente que se ha otorgado traslado de la propuesta de reajuste de canon a los sujetos que revisten la calidad de partes conforme lo establece el artículo 11° de la Ley N° 25.561, siendo aquellos sujetos que celebraron el contrato en cuestión y las mismas han tomado la correspondiente intervención;

    Que, a los efectos de considerar la solicitud realizada por COBRA, debe tenerse presente, en primer término, que se encuentra cumplida la condición material establecida por la Ley en cuanto a la conclusión del plazo de 180 días para que las partes acordaran una reestructuración de sus obligaciones recíprocas;

    Que la Ley N° 25.561, el Decreto N° 214/02 y el Decreto N° 320/02, constituyen el marco normativo sustancial en el cual debe encuadrarse el asunto traído a consideración;

    Que las normas aludidas determinan un mecanismo que podríamos sintetizar como: 1) pago a cuenta -aplicación del CER- (artículos 8° y 4° del Decreto N° 214/02); 2) reajuste equitativo (el mismo artículo 8° expresa que “si el valor resultante de la cosa, bien o prestación fuere superior o inferior al del momento del pago, cualquiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio” ;

    Que por otra parte el Decreto N° 320/02 aclara lo dispuesto en el citado artículo 8° del Decreto N° 214/02, estableciendo en su artículo 2° que “...A los efectos del reajuste equitativo del precio, previsto en dicha disposición, se deberá tener en cuenta el valor de reposición de las cosas, bienes o prestaciones con componentes importados”;

    Que lo así establecido por el Decreto N° 320/02 se entiende en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 24.283 que en su artículo 1° reza: “Cuando deba actualizarse el valor de una cosa o bien, o cualquier otra prestación aplicándose índices, estadísticas u otro mecanismo establecidos por acuerdo, normas o sentencias, la liquidación judicial o extrajudicial resultante no podrá establecer un valor superior al real y actual de dicha cosa o bien o prestación, al momento del pago...”;

    Que siendo el valor de reposición el costo que demandaría reproducir a la fecha que se realiza la valuación, las propiedades afectadas al servicio, dicho costo deberá ser observado, considerado, o “tenido en cuenta” en los términos de lo establecido por el artículo 2° del Decreto N° 320/02, a efecto de verificar su no superación con los cálculos que se realicen;

    Que determinado esta primera circunstancia para la realización del ajuste, cabe realizar algunas consideraciones respecto al carácter de equitativo que debe observar el mismo;

    Que las consecuencias que la Emergencia Pública dictada por la Ley N° 25.561 generadas en las relaciones contractuales superaron sin duda alguna la previsión de las partes, requiriendo los contratos una ecuánime adaptación a las nuevas circunstancias.

    Que el plexo normativo precedentemente indicado determinaron una solución que impone decidir para cada caso el alcance del ajuste equitativo legalmente establecido;

    Que el principio básico que establecen las normas al imponer el ajuste equitativo implica que todos (acreedor y deudor) soporten razonablemente las consecuencias de la emergencia de modo que nadie se beneficie con la misma a expensas del otro;

    Que una decisión resulta razonable, por ejemplo, si se toma en situaciones en que no sería aceptable o no podría adoptarse una decisión estrictamente racional, buscando un equilibrio entre exigencias contrapuestas, pero que necesariamente hay que considerar en la decisión;

    Que la razonabilidad no se plantea en relación a casos claros o rutinarios, sino a propósito de los casos difíciles, entendiendo que un caso puede categorizarse como difícil si, aplicando principios de racionalidad estricta, resulta que: 1) El caso no tiene solución, 2) Tiene una única solución que resultaría inaceptable o 3) Tiene más de una solución incompatibles entre si. Ejemplos (extremos) de ello sería admitir una solución que implique la liberación de la deuda mediante el pago de una suma con la aplicación de la paridad U$S 1 (DOLARES UNO) igual a $ 1 (PESOS UNO), u otra solución sería el reconocimiento de dicha deuda a la paridad existente en la actualidad de U$S 1 (DOLARES UNO) igual a $ 3 (PESOS TRES). Ambos ejemplos en el marco de la normativa legal de aplicación resultan soluciones incompatibles, inaceptables y por ende irrazonables;

    Que aplicado el CER al valor de la cosa, tal como legalmente está determinado y habiendo sido solicitado por una de las partes el ajuste equitativo, ante tal circunstancia debemos considerar los aspectos precedentemente señalados y además recordar que las disposiciones, dictadas por el Poder Ejecutivo en el marco de la Ley N° 25.561, deben sustentarse según el artículo 11 de la misma en el “principio del sacrificio compartido”;

    Que a los efectos del desarrollo metodológico, interesan las dos primeras etapas, ya que durante esos períodos se invierte y recupera el capital utilizado para la construcción de las instalaciones;

    Que en el caso de los contratos de construcción, como el aquí tratado, la operación y mantenimiento de las instalaciones está a cargo de la Distribuidora troncal o transportista correspondiente, por lo que el canon establecido para el período de amortización no incluye el costo de este servicio;

    Que la oferta de canon realizada por el transportista independiente (TI)/constructor, incluye el financiamiento de la construcción, por lo que durante esa etapa los beneficiarios no aportan capital. Recién en el periodo de amortización el TI/constructor recupera el capital invertido y hace frente a las obligaciones contraídas que le permitieron construir las instalaciones;

    Que asimismo, durante la etapa de amortización, que comienza con la habilitación comercial de la obra, el transportista independiente (TI) opera y mantiene las instalaciones;

    Que si bien los contratos COM, y los de construcción, tienen por objeto la ejecución de nuevas instalaciones para brindar el servicio de transporte de energía eléctrica, éstos no se corresponden estrictamente con los contratos de obras públicas;

    Que la diferencia fundamental, desde el punto de vista económico, entre unos y otros es la concepción implícita del negocio;

    Que en el caso de los contratos COM y los de construcción, la oferta del TI o constructor a través del canon cierra económicamente al finalizar el período de amortización;

    Que recién con el cobro del último canon se recupera el capital invertido en la construcción y se obtiene la rentabilidad estipulada;

    Que claramente, en estos contratos, la relación contractual finaliza con el período de amortización;

    Que es el mismo constructor el que debe proveerse de financiamiento para asumir la construcción, y por ende, el responsable ante las instituciones financieras cuando se solicitaron préstamos;

    Que asimismo, los beneficiarios sólo se comprometen al pago del canon;

    Que además, determinadas las condiciones técnicas para la construcción, el concepto de financiamiento es el de mayor relevancia a la hora de la competencia por el menor canon;

    Que por el contrario, en las obras públicas, el contratista recibe cuotas por avance de obra, finalizando su cobro con la entrega del bien terminado;

    Que en este tipo de contrato, durante la construcción el contratista obtiene una rentabilidad por su trabajo;

    Que además, básicamente es el solicitante de la obra, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, el que la financia, sea con recursos propios o a través de préstamos;

    Que por último, cabe agregar que la relación contractual finaliza con la entrega de la obra y el solicitante repaga los compromisos asumidos;

    Que teniendo en cuenta lo expuesto en los Considerandos anteriores, resulta necesario determinar, a los efectos de realizar el ajuste equitativo del canon, como primer paso, el costo de obra a recuperar que el constructor invirtió y aún no fue abonada por los cánones;

    Que para ello, se solicitó a COBRA el costo de la obra al momento de la habilitación comercial, abierto por rubros y detallando la componente nacional e importada de cada uno de ellos;

    Que el Área de Análisis Regulatorios y Estudios Especiales ha realizado un dictamen al respecto (fojas 1167/78);

    Que dicho dictamen determinó que en la información presentada por COBRA, los valores de obra a septiembre de 2002 no se corresponden con las variaciones de los índices utilizados;

    Que en el dictamen mencionado se formula un cálculo, sobre la base de los criterios que allí exponen y que arroja como resultado la determinación de un nuevo canon mensual de (PESOS TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES) $ 308.383 para un período de amortización de tres meses contados a partir del mes de enero de 2.003;

    Que además del dictamen referido se solicitó a TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A. que realice un presupuesto actualizado del valor de la obra en cuestión;

    Que dicha empresa presenta un informe del que surge un valor actual de (PESOS TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL) $ 13.798.000 (fojas 1205) del que la parte correspondiente al reajuste, representa el 20,17%, lo que equivale a (PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE), $2.783.459.-

    Que conforme surge del contrato, el monto del Contrato ascendió a (DÓLARES CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL) U$S 5.820.000.- pagadero en veinticuatro cuotas mensuales iguales, del que el 20,17% asciende a (DÓLARES UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO) U$S 1.173.894.-

    Que en virtud de los informes precedentes y los montos contractuales citados, resulta procedente atender a la consideración de la solicitud de reajuste equitativo realizada por COBRA, de conformidad con la normativa expresamente dictada al efecto;

    Que en el marco de lo expuesto, aparece como razonable y equitativo, que el valor del canon de obra a reconocer a partir de la declaración de la emergencia sea tal que ambas partes deban soportar por mitades el aumento del dólar respecto de la equivalencia que regía durante el período de la convertibilidad convirtiéndose el canon a la citada paridad (1 U$S igual a 1 $) con más el 50 % de la brecha entre ambas cotizaciones al día del efectivo pago;

    Que a ello debe adicionarse el componente financiero (valor canon financiero), calculado en función del período de pago faltante a partir de la declaración de la emergencia y de una tasa de interés que refleje las condiciones del momento, que por la seguridad de cobro involucrada en el circuito institucional establecido, puede caracterizarse como de bajo riesgo y resulta atendible establecer una tasa de interés del 8 % anual;

    Que por otra parte, realizado bajo los principios de ajuste equitativo - sacrificio compartido, el cálculo del valor de la obra o cosa, debe además verificarse que dicho valor cumpla con lo determinado por el régimen de la Ley N° 24.283 es decir no superar el valor de reposición;

    Que a efectos de calcular la recomposición del canon, la misma debe realizarse a partir del dictado de la Ley de Emergencia;

    Que para ello se debe: 1) Obtener el valor presente a la habilitación comercial de los cánones devengados a noviembre de 2001, último canon no ajustado por CER; 2) Deducir el valor de 1) al monto del costo de obra al momento de la habilitación comercial y 3) Calcular el valor futuro a noviembre de 2001 del monto determinado en 2);

    Que como resultado de esto se obtiene el valor remanente del costo de obra expresado a noviembre de 2001;

    Que este valor se pesificó utilizando el criterio de sacrificio compartido (tipo de cambio U$S 1 igual a $1 más el 50% del incremento del tipo de cambio promedio diciembre 2001-mayo 2002); adicionándole una tasa del 8% durante el período dic01/mayo 02;

    Que el monto resultante, expresado en pesos corrientes de mayo 2002, debe ajustarse a fin de contar con una moneda con base homogénea para el cálculo;

    Que para ello se utilizó la variación del CER entre el 31/5/2002 y el 31/7/2004;

    Que el monto resultante, se le descuentan los cánones devengados durante diciembre 2001/mayo 2002 (momento en que finaliza el período de amortización de la obra), expresados en pesos del 31/7/2004;

    Que así se obtiene el Costo de obra remanente a recuperar por el ajuste equitativo, que importa la cantidad de (PESOS CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS) $ 426.622 conforme surge de la planilla que integra la presente como Anexo;

    Que se ha elaborado el correspondiente dictamen técnico jurídico;

    Que el Directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad se encuentra facultado para el dictado de la presente Resolución, en virtud de lo establecido por el artículo 11 de la Ley N° 25.561, el artículo 8 del Decreto N° 214/02, las cláusulas VIGÉSIMO QUINTA y VIGÉSIMO SEXTA del contrato de Construcción los artículos 56 inciso s), 63 inciso g) y 72 de la Ley N° 24.065;

    Por ello:
    EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE:

    ARTÍCULO 1.- Disponer que corresponde reajustar el contrato de construcción de la OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA RECREO, INCLUYENDO LA PROVISIÓN Y EL MONTAJE DE UN AUTOTRANFORMADOR DE 500/132/13,2 kV 150 MVA CAMPOS ASOCIADOS Y CAMPOS DE SALIDA EN 132 kV A FRIAS Y SAN MARTÍN (Res. ENRE N° 636/99), en la suma de (PESOS CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS) $ 426.622 que deberá ser pagado por los Comitentes de la misma a favor de COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A..

    ARTÍCULO 2.- Notifíquese a COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A., a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA, a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE CATAMARCA SOCIEDAD ANÓNIMA, a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO SOCIEDAD ANÓNIMA, a LOMA NEGRA C.I.A.S.A y a la COMPAÑÍA ADMINSTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO (CAMMESA).

    ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
    RESOLUCIÓN ENRE N° 528/2004
    ACTA N° 716
    Jorge Daniel Belenda,
    Vocal Tercero.-
    Julio César Molina,
    Vocal Segundo.-
    Marcelo Baldomir Kiener,
    Vocal Primero.-
    Ricardo Alejandro Martínez Leone,
    Vicepresidente.-
    r528anex.doc
    Citas legales:Resolución ENRE 0431/2002 Biblioteca
    Resolución ENRE 0561/2002 Biblioteca
    Resolución ENRE 0636/1999 Biblioteca
    Resolución ME 0038/2002 Biblioteca
    Resolución ME 0053/2002 Biblioteca
    Resolución SEE 0061/1992 Biblioteca
    Decreto 0214/2002 Biblioteca
    Decreto 0320/2002 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 36 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 56 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 62 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 63 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 72 Biblioteca
    Ley 24.283 Biblioteca
    Ley 25.561 Biblioteca
    Acta ENRE 716/2004 Biblioteca
    Fallo citado:Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Sala III, fallo: "Pluspetrol Energy S.A. c/ Resolución ENRE 458/02" (Expte. 176260/02) [10 de mayo 2004 ]Libros