Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0786/2007. (no publicada en B.O.) , jueves 15 de noviembre de 2007, 5 p.

Citas Legales : Contrato de concesión (Transnoa S.A.) - subanexo II-B, Ley 19.549 - artículo 24 inciso a), Resolución ENRE 0023/1994 - anexo - artículo 15, Resolución SEE 0061/1992 - capítulo 5 - punto 5.5., Código civil - artículo 0623, Ley 19.549 - artículo 12, Constitución nacional - artículo 042, Resolución ENRE 0092/2003, Resolución ENRE 1012/1999, Resolución ENRE 0037/2005, Resolución SEE 0061/1992 - capítulo 5 - punto 5.3.6., Ley 24.065 - artículo 02, Dictamen AJ 0119/2006, Resolución ENRE 0023/1994 - anexo - artículo 10, Ley 19.549 - artículo 01 inciso f), Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); o) y s), Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 23.054

Expediente Citado : ENRE 17573/2005



BUENOS AIRES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2007

    VISTO: el Expediente ENRE N° 17.573/2005 , y

    CONSIDERANDO:

    Que mediante Nota de Entrada ENRE Nº 100.926, obrante a fojas 2/27 de las presentes actuaciones, se presenta “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE S.A.” (“TRANSNOA S.A.”) a los fines de interponer Reclamo Administrativo contra la incorporación de intereses a los importes determinados en concepto de sanciones por incumplimientos del Régimen de Calidad de Servicios y Sanciones del Sistema de Transporte del Sistema de Transporte por Distribución Troncal del Noroeste Argentino contenido en el Subanexo II-B del Contrato de Concesión.

    Que se trata de un Reclamo Administrativo enmarcado en los términos del artículo 24, apartado a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos contra el artículo 15 del Reglamento para la Aplicación de Sanciones aprobado por Resolución ENRE N° 23/1994.

    Que la reclamante fundamenta su Reclamo en que el artículo 15 del mencionado Reglamento pretendería aplicar el principio del “solve et repete” –contrario al artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica- imponiendo la obligación de pago de la multa, recargos e intereses como presupuesto previo y necesario para poder recurrir el acto administrativo que dispuso su aplicación.

    Que en este sentido entiende que tratándose de sanciones que no son créditos a favor del Estado sino única y exclusivamente a favor de los usuarios, mal podría aplicarse el principio reseñado precedentemente que se encuentra excluido expresamente aún en el ámbito tributario.

    Que asimismo sostiene que teniendo en cuenta el procedimiento específico establecido para el cobro y pago de las acreencias en el MEM, no existe peligro alguno de que el obligado pueda evitar oblar lo debido.

    Que agrega que la norma en cuestión fue dictada con posterioridad a la suscripción del contrato de concesión de “TRANSNOA S.A.” en fecha 22/01/1994, por lo que de ningún modo puede entenderse que fue aceptada por la transportista al suscribir el respectivo contrato.

    Que por otra parte sostiene que del texto del mencionado artículo 15 referido al pago de intereses, se infiere que la Resolución que disponga la aplicación de sanciones a una concesionaria, deberá determinar el plazo dentro del cual deban satisfacerse tales sanciones, debiendo remitirse en caso de ausencia de término expreso, al procedimiento previsto en las regulaciones del MEM, relativas a la mecánica de liquidación y pago de acreencias.

    Que en este sentido agrega que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.5 del Capítulo V, de LOS PROCEDIMIENTOS, “COBRANZA A LOS DEUDORES” el OED debe efectivizar las sanciones, computando los intereses desde la fecha en que debió haberse efectuado el débito hasta la de efectivo pago, que no es otra que aquella en que ENRE notifique la Resolución sancionatoria.

    Que al respecto agrega que no obstante ello, se aplica a las agentes sancionados las mismas reglas de los agentes morosos, a partir de una fecha anterior a la fecha de emisión del Acto.

    Que la reclamante expresa que la regla general es la irretroactividad de las leyes, rigiendo plenamente el principio de inocencia que presupone que mientras no se demuestre lo contrario, no se puede aplicar sanción alguna.

    Que asimismo entiende que no resulta procedente la aplicación de intereses moratorios, mas aún cuando no depende de la transportista decidir si corresponde o no la aplicación de sanciones, resultando también ajena la percepción de las mismas .

    Que por último sostiene que resulta carente de fundamento legal la capitalización de intereses de conformidad con el artículo 623 del Código Civil, siendo nula de nulidad absoluta e insanable la disposición que así lo pretenda.

    Que en atención a lo expresado por la reclamante cabe consignar:

    Que en cuanto a la supuesta improcedencia e inconstitucionalidad del principio “Solve et repete” planteada por la sumariada es dable destacar que la exigibilidad de las multas aplicadas a la transportista por incumplimiento de las obligaciones contenidas en su contrato de concesión no transgreden de modo alguno las disposiciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica atento que éste último se refiere a multas de naturaleza tributaria, mientras que las aplicadas por este Ente están dirigidas -dado su carácter preponderantemente resarcitorio- a indemnizar a los usuarios por los incumplimientos de las obligaciones emergentes de su respectivo contrato.

    Que de conformidad con el 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549 todo Acto Administrativo goza de la presunción de legitimidad, tornándose de cumplimiento necesario con anterioridad a cualquier verificación judicial.

    Que las resoluciones emanadas de los Entes Reguladores constituyen verdaderos actos administrativos y obligan al concesionario a depositar el importe resultante de la aplicación de la sanción que se le imponga, independientemente de que se deduzca un Recurso en su contra.

    Que “sostener que las multas no firmes no deben ser pagadas contradice el principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, desnaturaliza la función constrictora de la multa supeditándola al tiempo administrativo de un Recurso” (conf. Dictamen PTN: 223:24).

    Que por otra parte el precepto contenido en el artículo 42 de la Constitución Nacional garantiza a los usuarios la protección de sus derechos y el control de la calidad y eficiencia de los servicios públicos.

    Que en este sentido la exigibilidad de pago previo contenido en el artículo 15 del Reglamento para la Aplicación de Sanciones –aprobado mediante Resolución ENRE N° 92/2003-, también se encuentra orientada a tal propósito evitando que la falta de confirmación de los actos recurridos, provoquen dilaciones en el derecho de los usuarios a ser resarcidos por los incumplimientos incurridos por la concesionaria.

    Que por otra parte, no resulta acertado lo expresado por la reclamante respecto a la disposición contenida en el artículo 15 del citado Reglamento atento que el texto referenciado por la concesionaria en su presentación, es el que surgiera del dictado de la Resolución ENRE N° 1012/1999, publicada en el Boletín Oficial en fecha 16 de septiembre de 1999 y que fuera dejada sin efecto mediante la Resolución ENRE N° 37/2005 -Publicada en el Boletín Oficial en fecha 26 de enero de 2005.

    Que, en consecuencia, actualmente rige la redacción original del mentado artículo 15, cuyo texto reza: “Sólo podrá ser recurrida la Resolución definitiva. En los casos de aplicación de sanciones previstas por infracción a las disposiciones que reglamentan la prestación del servicio público de los contratos de concesión, los concesionarios, previo a darse curso a los Recursos mencionados, deberán hacer efectivas las multas”.

    Que de lo expresado, se advierte que la norma en cuestión -cuyo texto ya se encontraba vigente en oportunidad de la presentación del Reclamo por parte de la transportista- no contiene disposición alguna referida a la aplicación de intereses desde una fecha determinada.

    Que por otro lado, las sanciones aplicables a la concesionaria conforme al Régimen de Calidad del Servicio y Sanciones están destinadas -como bien sostiene la reclamante en su presentación- a compensar a los usuarios del sistema de transporte por los indisponibilidades del servicio y constituyen indemnizaciones preestimadas por las fallas incurridas en el sistema.

    Que al respecto, cabe consignar que de conformidad con el punto 5.3.6. de LOS PROCEDIMIENTOS (Resolución SE N° 61/1992, sus complementarias y modificatorias) el Organismo Encargado del Despacho, es el encargado de efectivizar las sanciones aplicadas por deficiente calidad de servicio, computando los intereses previstos en el Punto 5.5 desde la fecha en que debió efectuarse el débito hasta el efectivo pago, que no es otra que aquella en que se produjo la indisponibilidad.

    Que la metodología consignada en la normativa precedente encuentra fundamento en el hecho que, tratándose de sanciones de carácter resarcitorio destinadas a los usuarios perjudicados, resulta procedente que se contemplen los intereses generados desde el momento en que se produce el perjuicio hasta el efectivo pago.

    Que “Los intereses punitorios o moratorios tengan origen convencional o legal, constituyen el resarcimiento que se debe por la inejecución en término de una obligación. Se trata, pues, de una verdadera indemnización de los daños y perjuicios sufridos por el acreedor, derivados de la imposibilidad en que estuvo de disponer del capital adeudado....” (Dictamen PTN 0134:299).

    Que en consecuencia, verificado el incumplimiento y dispuesta en su caso la aplicación de penalidades, sólo resta el cumplimiento por parte de la transportista de la sanción impuesta con más los intereses devengados desde el acaecimiento de las indisponibilidades.

    Que por último es dable agregar que mas allá del fin resarcitorio a favor de los usuarios afectados por las indisponibilidades en el servicio de transporte –finalidad que se encuentra fuera de discusión- la sanción contribuye a preservar y asegurar la confiabilidad del sistema (Artículo 2° Ley N° 24.065) como también, a mantener un justo equilibrio entre los intereses de los diferentes actores involucrados en el mercado y el rol del Estado de garantizar la equidad en el desarrollo de la actividad y operación del MEM.

    Que en atención a lo expresado en los párrafos precedentes y a lo dictaminado por el Señor Asesor Jurídico de este Ente en Dictamen AJ N° 119/2006 de fojas 30/32, resulta procedente el rechazo del Reclamo Administrativo interpuesto por “TRANSNOA S.A.” contra la incorporación de intereses a los importes determinados en concepto de sanciones por incumplimientos del Régimen de Calidad de Servicios y Sanciones del Sistema de Transporte del Sistema de Transporte por Distribución Troncal del Noroeste Argentino contenido en el Subanexo II-B del Contrato de Concesión.

    Que en la tramitación de las presentes actuaciones se ha respetado el debido proceso adjetivo, según lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de los Procedimientos para la Aplicación de Sanciones aprobado por Resolución ENRE N° 23/1994, y en el artículo 1° inciso f) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, y se ha producido el dictamen jurídico exigido por el artículo 7, inciso d) de ésta norma.

    Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado del presente Acto, en virtud de lo dispuesto por el artículo 56 incisos a), o) y s) y artículo 63 incisos a) y g) de la Ley N° 24.065.

    Por ello,
    EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE

    ARTICULO 1.- Rechazar el Reclamo Administrativo presentado por la “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE S.A” de acuerdo con los Considerandos de la presente Resolución.

    ARTICULO 2.- Notificar a “TRANSNOA S.A.”.

    ARTICULO 3.- Regístrese, comuníquese y archívese.
    RESOLUCIÓN ENRE N° 786/2007
    ACTA N° 974
    Jorge Daniel Belenda,
    Vocal Tercero.-
    Marcelo Baldomir Kiener,
    Vocal Primero.-
    Ricardo Alejandro Martínez Leone,
    Vicepresidente.
    Citas legales:Resolución ENRE 0023/94 Biblioteca
    Resolución ENRE 1012/99 Biblioteca
    Resolución ENRE 0092/03 Biblioteca
    Resolución ENRE 0037/05 Biblioteca
    Resolución SEE 61/92 Biblioteca
    Ley 19.549 Biblioteca
    Ley 23.054 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 02 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 56 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 63 Biblioteca
    Constitución nacional - artículo 42 Biblioteca
    Acta ENRE 974/2007 Biblioteca