Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina). Area Administración y Aplicación de Normas Regulatorias
Resolución AAANR 0196/2012. (no publicada en B.O.) , viernes 5 de octubre de 2012, 14 p.

Citas Legales : Código penal - artículo 062 inciso 5), Código penal - artículo 067, Constitución nacional - artículo 014, Constitución nacional - artículo 017, Constitución nacional - artículo 019, Constitución nacional - artículo 028, Constitución nacional - artículo 033, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 084, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 094, Dictamen PTN 0179/1997, Ley 11.672 (t.o. 2005) - anexo - artículo 061, Ley 19.549 - artículo 01 inciso f), Ley 19.549 - artículo 07, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 21.526, Ley 21.526 - artículo 42, Ley 24.065 - artículo 35, Ley 24.065 - artículo 36, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a) y b), Ley 24.065 - artículo 66, Ley 24.065 - artículo 66 inciso d), Ley 24.065 - artículo 76, Ley 24.065 - artículo 77, Ley 24.065 - artículo 81, Ley 24.447, Ley 24.447 - artículo 31, Ley 26.522, Ley 26.522 - artículo 101, Resolución DTEE 0028/2012, Resolución DTEE 0334/2011 (formulación de cargos al Banco de Inversión y Comercio Exterior), Resolución DTEE 0334/2011 (formulación de cargos al Banco de Inversión y Comercio Exterior) - artículo 3, Resolución DTEE 0334/2011 (formulación de cargos al Banco de Inversión y Comercio Exterior) - anexo, Resolución ENRE 0023/1994, Resolución ENRE 0023/1994 - anexo - artículo 10, Resolución ENRE 0023/1994 - anexo - artículo 15, Resolución ENRE 0092/2003, Resolución ENRE 0092/2003 - anexo I, Resolución ENRE 0092/2003 - artículo 1, Resolución ENRE 0677/2008, Resolución ENRE 0862/2007, Resolución ENRE 0955/2006, Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 11, Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 11 - punto 3., Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 11 - punto 5., Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 11 - punto 5. - apartado 5.1., Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 11 - punto 5. - apartado 5.2., Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 11 - punto 5. - apartado 5.3., Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 11 - punto 6.

Fallos Citados : CNFed. Cont. Adm. Sala 2; fallo: "Central Dock Sud S.A. c/ Resolución ENRE 1021/06 (expte. 19046/05). Causa 5.531/07" [5 de junio de 2008]

Expediente Citado : ENRE 35370/2011


BUENOS AIRES, 5 DE OCTUBRE DE 2012

VISTO: El expediente ENRE Nº 35370/11, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 12/17 del Expediente mencionado en el Visto, mediante Resolución DTEE Nº 334/11, se formularon cargos a BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR (“BICE”), en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Central Termoeléctrica Manuel Belgrano (“TMB”), por incumplimiento a lo dispuesto en el Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Resolución de la ex S.E.E. Nº 61/92 y sus modificatorias y complementarias) en cuanto a la elaboración de un análisis exhaustivo de cada perturbación y confección de Informes, según los criterios e instrucciones indicados en dicho Procedimiento Técnico, correspondiente al semestre Febrero – Julio de 2009.

Que a fojas 18 de las referidas actuaciones, se notificó a la sumariada de los cargos formulados, otorgándosele vista del citado expediente y emplazándola a efectuar su descargo, el que fue cumplimentado a fojas 19/49 de las presentes actuaciones.

Que en su descargo la sumariada manifestó que la Resolución ENRE Nº 92/03 y modificatorias resultan ilegítimas, ya que además de haber sido dictadas sin competencia, violarían el principio de legalidad. Agregó que no se infiere de la norma que el ENRE esté autorizado a establecer sanciones pecuniarias.

Que por otra parte, opuso la prescripción de las sanciones, en tanto que entiende que los cargos formulados se encuentran prescriptos al haber transcurrido el plazo de dos años, entre el día que ocurrieron los hechos y el día en que fue notificada la referida Resolución DTEE Nº 334/11. Indicó asimismo, que el plazo de prescripción aplicable al caso es el previsto en el artículo 62, inciso 5 del Código Penal.

Que también indicó que el Código Penal resulta de aplicación analógica, debido a que ninguna norma administrativa especial ha establecido el plazo de prescripción de la acción punitiva que pretende ejercer el ENRE. También indicó que el Reglamento de los procedimientos para la Aplicación de Sanciones carece de regulación respecto de la acción punitiva.

Que por otra parte, la sumariada manifestó que la Resolución DTEE Nº 334/11 adolece de vicios que afectan sus elementos esenciales y la tornan nula de nulidad absoluta.

Que en ese sentido expresó que adolece de vicio en la causa, en tanto que indicó que dicha Resolución se encuentra viciada por falta de antecedentes de derecho, ya que no se basa en una norma válida que otorgue al ENRE la potestad de aplicar sanciones pecuniarias (en el caso, multas) ante la simple demora en la remisión por parte de mi mandante del informe preliminar establecido en el PT Nº 11. Además, agregó que no existe fundamento jurídico que habilite al ENRE a aplicar la sanción que se intenta por medio de la formulación de cargos.

Que manifestó asimismo que la Resolución DTEE Nº 334/11 adolece de vicio en el objeto, agregó que además la pretensión de aplicar una sanción resulta violatoria del derecho de propiedad de la sumariada.

Que también indicó que el acto dictado adolece de vicio en el procedimiento, ya que entendió que sin haber instruido previamente un sumario y nombrado un instructor sumariante, se formularon cargos contra TMB.

Que también alegó que la referida Resolución adolece de vicio en su elemento motivación, en tanto que en ningún momento el PT Nº 11 faculta o autoriza al ENRE a aplicar sanciones pecuniarias por los eventuales incumplimientos que pudieran ocasionarse.

Que además manifestó que la referida Resolución adolece de vicio en su elemento finalidad y que el ENRE ha desconocido el principio de legalidad, al arrogarse potestades sancionatorias que la ley no concedió y al tener como válidos antecedentes de hecho que se encuentran prescriptos; así como el principio de razonabilidad al pretender aplicar sanciones que resultan manifiestamente irrazonables y excesivas.

Que planteó que el PT Nº 11 establece una obligación de información con fines puramente estadísticos y que la evidente desproporción entre la sanción aplicada y la conducta incriminada, por implicar un acto irrazonable da lugar a la más grave ilegalidad, ya que constituye un agravio a los artículos 14, 17, 19, 28 y 33 de la Constitución Nacional.

Que además, indicó que la formulación de cargos constituye un acto administrativo manifiestamente inválido, que no tiene por finalidad la seguridad del sistema, sino que con la aplicación de la sanción lo que se persigue meramente es el cobro de la multa, que de acuerdo a lo previsto en el art. 66 inc d) es una parte de los recursos con los que cuenta el ENRE para financiar su funcionamiento.

Que seguidamente indicó que “La desviación de poder se configura cuando el acto se aparta de aquella finalidad prevista por la norma o intenta servir a una distinta a la prevista”. Indicando que son tres los supuestos de desviación que distingue la doctrina, “…por ejemplo, cobrando el mayor de las multas posibles para recaudar fondos para el Estado y no para sancionar por incumplimientos a la norma. Esto último es lo que a todas las luces sucede en el presente caso, donde a pesar de la inexistencia de toda afectación por parte de TMB al SADI o a cualquier agente del MEM, el ENRE formula cargos infundados y pretende la aplicación de sanciones elevadas e irrazonables.”.

Que finalmente, indicó que la finalidad también se encuentra viciada, por no existir ninguna afectación al objetivo público concreto que pueda justificarla.

Que atento los argumentos vertidos en el escrito de descargo cabe consignar:

Que en cuanto a que la Resolución ENRE Nº 92/03 y modificatorias resultan ilegítimas y que fueron dictadas sin competencia, cabe expresar que el ENRE se encuentra facultado para hacer cumplir la Ley Nº 24.065, su reglamentación y disposiciones complementarias, y para ello podrá dictar los reglamentos necesarios – en este caso: el Reglamento de los Procedimientos para la Aplicación de Sanciones aprobado por Resolución ENRE Nº 23/94- y a los cuales deberán ajustarse los agentes, entre ellos, los referidos a normas y procedimientos técnicos (artículo 56 incisos a) y b) de la Ley Nº 24.065).

Que para el fiel cumplimiento de ese objetivo, la Ley 24.065, ha dotado al ENRE con la facultad de aplicar multas de hasta $ 100.000 a los terceros no concesionarios que violen o incumplan el Marco regulatorio o las disposiciones reglamentarias (art. 77).

Que dentro del límite señalado, es una facultad discrecional del ENRE la fijación del quantum de la multa, dependiendo de circunstancias específicas en cada caso.

Que la cantidad de sujetos y de conductas que deben controlarse y las múltiples circunstancias que pueden darse ante cada infracción, ha llevado a la necesidad de fijar un mecanismo de determinación del quantum de las multas a aplicar.

Que dicho mecanismo se instrumentó mediante la Resolución ENRE Nº 92/2003, cuyo art. 1 dice: “Establecer la metodología de cálculo para las penalizaciones por el incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 11 de los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (LOS PROCEDIMIENTOS), aprobados por Resolución ex-SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA Nº 61 del 29 de abril de 1992 y sus normas modificatorias y complementarias, que se describe en el Anexo I a la presente Resolución, de la que forma parte integrante”.

Que como puede advertirse, el mismo, no es más que una metodología de cálculo, pero no es la creación de una sanción, que, como se señaló está prevista en la Ley Nº 24.065.

Que ello también se fundamenta en las normas que han sido dictadas por la Secretaría de Energía en ejercicio de las facultades que le otorgan los artículos 35 y 36 de la Ley Nº 24.065, y que otorgan al Ente facultades discrecionales (Punto 6 del referido Procedimiento Técnico Nº 11) para que decida sobre las “…eventuales medidas que pudieran corresponder.” ante los incumplimientos informados por el Organismo Encargado del Despacho -CAMMESA-.

Que las normas contenidas en el Procedimiento Técnico N° 11 tienen por objeto determinar la causas, consecuencias y medidas adoptadas para evitar la repetición de una perturbación a fin de mejorar el funcionamiento en un futuro, y en consecuencia, la calidad del servicio.

Que el Punto 5 del referido el Procedimiento Técnico establece que producida una perturbación, el Agente deberá elaborar informes de falla -a saber: análisis en tiempo real, análisis preliminar y análisis final-, estableciéndose plazos dentro de los cuales deberán ser enviados a CAMMESA a fin de que le permita conocer con antelación, las posibles limitaciones que pudieran sufrir los distintos agentes del MEM como consecuencia de la falla.

Que asimismo, del texto del mencionado Procedimiento surge que tanto la no presentación, como la presentación fuera de los plazos mencionados en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3, deben ser penalizadas.

Que expresamente la normativa en cuestión estipula que en el caso que el responsable no cumpliera en término con la presentación de informes u otros requerimientos contenidos en el punto 5, CAMMESA deberá informar a este Ente a los efectos que decida sobre las eventuales medidas que pudieran corresponder.

Que a fojas 2/10 se encuentra agregada la Nota remitida por CAMMESA, informando a este Ente los agentes incumplidores al Procedimiento Técnico N° 11 en el período bajo análisis, donde se consigna, entre otros, a la sumariada.

Que las medidas a adoptar frente al incumplimiento por parte de los agentes deben incentivar la efectiva observancia del Procedimiento Técnico N° 11. Para ello, este Ente aplica sanciones expresadas en multas para alcanzar los fines señalados anteriormente.

Que tampoco la sumariada ha acompañado en los presentes obrados elementos de convicción suficientes que acrediten la imposibilidad fáctica de llevar a cabo los análisis respectivos en los plazos y condiciones requeridos por el OED y contenidos en la normativa aplicable.

Que sin perjuicio de la consideración que cada agente pueda tener respecto al modo en que el objetivo del Procedimiento Técnico N° 11 puede satisfacerse, lo cierto es que tratándose de un sistema cuyo mecanismo opera a través de la interrelación de los distintos agentes, resulta necesario que éstos lo instrumenten de la misma manera, uniformidad que se alcanza a través del cumplimiento por parte de todos los agentes de las precisiones contenidas en la misma normativa y que por otra parte resultan exigible atento a la obligación asumida al ingresar al MEM.

Que se rechazan los argumentos de extinción de la sanción por prescripción invocada por la sumariada en base a las consideraciones que se explicitan seguidamente.

Que tratándose de una cuestión de derecho administrativo -como es la aplicación de las sanciones que nos ocupa-, ante la falta de previsión expresa en la norma específica, debe recurrirse por analogía a normas semejantes dentro de la misma rama del derecho.

Que en este sentido cabe consignar que dentro de las normas de derecho administrativo existen varias que fijan plazos de prescripción para las multas aplicadas por la Administración, por órganos de Control de determinadas actividades de servicios públicos o de interés público. Por ejemplo, las previsiones en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o de Entidades Financieras o de Sanciones a las prestaciones de servicio de autotransporte por calles y caminos, todas las cuales establecen plazos de prescripción para las multas superiores a dos años.

Que en el caso de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526, tal disposición se encuentra receptada expresamente en el artículo 42, estipulándose un plazo de 6 años y consignándose asimismo la interrupción de los plazos por la comisión de nueva infracción; en el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 el plazo de prescripción de acciones es de 5 años (conf. art. 101).

Que por otra parte, debe tenerse presente que el instituto de la prescripción se nutre primordialmente de una premisa que resulta esencial para su concreción, cual es el desinterés del titular de la acción, lo que se conjuga con una medida temporal de esa actitud voluntaria de renuncia.

Que consecuente con ello, es dable destacar que la Resolución que dispuso la oportuna formulación de cargos por los incumplimientos objeto de examen en estas actuaciones -ocurridos en el semestre Febrero – Julio de 2009, fue precedida por una serie de actos cuya trascendencia no sólo pone de relieve la actividad dirigida a la aplicación de las penalidades que por los incumplimientos pudiesen corresponder, sino también resultan indispensables para estos fines; ello, en virtud de la especificidad de la materia que requiere la necesaria intervención del Organismo Encargado del Despacho (OED).

Que en este sentido, a fojas 2/10 se encuentra agregada la Nota remitida por CAMMESA a este Ente con fecha 12 de mayo de 2011, mediante la cual se adjunta la nómina de incumplimientos y de agentes incumplidores al Procedimiento Técnico N° 11 en el período bajo análisis y que constituyeron la base y fundamento del dictamen técnico y oportuna formulación de cargos -notificada con fecha 15 de Diciembre de 2011 conforme surge a fojas 18, actuaciones que dan cuenta del efectivo ejercicio del deber de control por parte de este Ente y que actúan como verdaderos actos interruptivos de los plazos de prescripción.

Que cabe hacer mención a lo resuelto por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en los autos “CENTRAL DOCK SUD S.A. c/Resolución 1021/06 – ENRE- (Expte. 19046/05)”: “…que no se desprende del marco regulatorio eléctrico la aplicación supletoria del Código Penal y que además, de los considerandos de la Resolución ENRE Nº 92/03 surge el fin de incentivar la observancia del referido P T Nº 11 y no el de reprimir la lesión de sus disposiciones…y aún cuando ello sea considerado, debe subrayarse que el plazo de prescripción se habría visto interrumpido por el inicio del sumario respectivo…”.

Que asimismo, el artículo 67 del Código Penal estipula las causales de interrupción de los plazos de prescripción, entre las que se consigna la comisión de nuevo delito y en ese mismo sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho que “El artículo 67 del Código Penal estatuye que la prescripción se interrumpe por la comisión de otro delito, por la cual se deberá verificar si en el período que corre desde que se labra el acta de infracción y se decide sobre la sustanciación del sumario se ha cometido alguna otra infracción que impida tener por operada la prescripción, ya que producida una causal interruptiva debe reiniciarse el cómputo de plazos” (Conf. Dic. 130:281, 223:255).

Que conforme se advierte de los informes remitidos por CAMMESA -cuya copia obra agregada a fojas 50/58- y que sustentaron la emisión del dictamen y la Resolución DTEE N° 28/12 (obra copia fs. 59/64) se verificaron nuevos incumplimientos al referido Procedimiento Técnico N° 11 por parte de la sumariada en el semestre inmediato posterior y en los siguientes, lo que provoca la interrupción de la prescripción y el reinicio del cómputo de los plazos.

Que con respecto a que la Resolución DTEE referida padece de vicios en sus elementos esenciales, cabe indicar que no asiste razón a la sumariada, ya que este Ente ha respetado debidamente los lineamientos fijados en el artículo 7 de la Ley Nº 19.549. Además, en el caso bajo examen el procedimiento sumarial se inició con la formulación de cargos -Resolución DTEE Nº 334/11- por cuanto este Ente ha contado con los antecedentes suficientemente idóneos remitidos por CAMMESA que sustentaron la consideración del OED al respecto y que documentaron los incumplimientos de la sumariada.

Que consecuente con lo expresado en el considerando precedente, iniciado el sumario con la correspondiente formulación de cargos, donde se designó un instructor sumariante (ARTÍCULO 3 de la mencionada Resolución), sólo resta sustanciar el mismo a los fines de determinar la configuración o no de los incumplimientos y deslindar las responsabilidades atribuidas a la sumariada.

Que con relación a que los hechos atribuibles a dicha empresa no pudieron haber afectado al Sistema ni a los agentes, ni tampoco al cumplimiento de los fines previstos en el Procedimiento Técnico Nº 11, corresponde indicar que las fallas descriptas en el Anexo a la Resolución DTEE Nº 334/11, determinan indefectiblemente variaciones topológicas en la red lo que obliga al responsable a elaborar el informe de perturbación contenido en el Procedimiento Técnico N° 11, el que de acuerdo a la gravedad e incidencia en el Sistema, se agotará en una o más etapas.

Que la elaboración del pertinente informe tiene por finalidad determinar las causas, consecuencias y medidas adoptadas para evitar la repetición de la misma con el propósito de normalizar el sistema y mejorar su funcionamiento, por lo que la obligación del agente subsiste aún cuando las consecuencias de la falla no determinen severos cambios topológicos en la red.

Que en ese sentido, cabe indicar que cuando se produce una perturbación en el SADI o en una o más áreas que provoca ya sea cambios topológicos en la red y/o variaciones de frecuencia y/o tensiones fuera de los rangos admisibles, se deben determinar sus causas y evaluar sus consecuencias con el propósito de analizar la normalización del sistema, asignar responsabilidades, determinar indisponibilidades de equipos, informar a los agentes del MEM con el fin de mejorar su funcionamiento en el futuro y, en consecuencia, la calidad de servicio.

Que es necesario realizar estas tareas en tiempos mínimos ya que es un requerimiento de los Agentes del MEM, ser informados de lo ocurrido luego de una falla para, principalmente, conocer las posibles limitaciones que pudiesen surgir como consecuencia de la misma.

Que para todo ello es imprescindible contar en tiempo y forma, para cada perturbación producida, con todos los datos, secuencia de operaciones, actuación de protecciones y equipos de maniobra, equipamiento de control, etc.

Que en el caso que el responsable de la realización de los informes no cumpliera en los plazos establecidos para su presentación y/o cualquiera de los requerimientos previstos en el punto 5, CAMMESA debe, de acuerdo a lo previsto en el punto 6, informar al ENRE a los fines que este decida sobre las eventuales medidas que pudieran corresponder.

Que en cuanto a que dicha Resolución “…no tiene por finalidad la seguridad del sistema, sino que con la aplicación de la sanción lo que se persigue meramente es el cobro de la multa…que de acuerdo a lo previsto en el art. 66 inc d) es una parte de los recursos con los que cuenta el ENRE para financiar su funcionamiento.”, cabe manifestar que ello resulta francamente agraviante, porque indirectamente está diciendo que el ENRE aplica sanciones para engrosar su presupuesto.

Que asimismo, sorprende que la quejosa ignore, o pretenda ignorar que, así como en un principio estaba previsto en la Ley Nº 24.065, art. 66, que “…los recursos del ente se formarán con los siguientes ingresos: ...d) el producido de las multas y decomisos...”, a partir del dictado de la Ley Nº 24.447 (art. 31), el art. 61 de la Ley Nº 11.672 complementaria permanente de presupuesto quedó redactado como sigue: “A partir de la iniciación del ejercicio fiscal de 1995 los Entes Reguladores deberán ingresar al TESORO NACIONAL los recursos originados en las multas que apliquen en cumplimiento de sus funciones de contralor”.

Que en cumplimiento de tal normativa, los obligados al pago de multas deben depositarlas en la cuenta del Banco de la Nación Argentina N° 2915/89 ENRE 50/652 Recaudadora Fondos de Terceros, y además, diariamente, dicho Banco transfiere los saldos a la Tesorería General de la Nación

Que lo manifestado en cuando a que se aplican “…sanciones elevadas e irrazonables” , cabe agregar que el referido Procedimiento Técnico establece una metodología para la aplicación de sanciones que gradúa el monto de la sanción según la gravedad del incumplimiento y en forma proporcional al resto de las sanciones que perciben los distintos Agentes.

Que las medidas a adoptar frente al incumplimiento de los agentes deben incentivar la efectiva observancia del Procedimiento Técnico N° 11, resultando razonable que éstas consistan en sanciones económicas adecuadas a tal propósito, encontrando fundamento en el artículo 77 de la Ley Nº 24.065.

Que en consecuencia, los argumentos vertidos por la sumariada resultan insuficientes a los fines de eximirla de responsabilidad por incumplimientos al deber de informar contenido en el Punto 3 del Procedimiento Técnico N° 11, por lo que procede la aplicación de las sanciones correspondientes en los términos y por los montos expresados en el Anexo a este Acto.

Que el Ente, en cumplimiento de sus funciones, se encuentra habilitado para aplicar las sanciones que prevé el artículo 77 de la Ley Nº 24.065 ante la certeza de que se hayan producido incumplimientos o violaciones a las reglamentaciones establecidas.

Que el cálculo de la sanción dispuesta mediante el presente Acto, se efectuó de conformidad con los lineamientos de la Resolución ENRE Nº 92/03 -modificada por Resoluciones ENRE Nº 955/06 y 862/07- que establece la metodología de cálculo de las penalizaciones por incumplimientos al Procedimiento Técnico Nº 11.

Que en la tramitación de las presentes actuaciones se ha respetado el debido proceso adjetivo, según lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de los Procedimientos para la Aplicación de Sanciones aprobado por Resolución ENRE N° 23/94, y en el artículo 1° inciso f) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y se ha producido el dictamen jurídico exigido por el artículo 7, inciso d) de esta norma.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente resolución, en virtud de lo dispuesto en la Resolución ENRE N° 677/2008.

Por ello:

EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE NORMAS REGULATORIAS
DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Sancionar a BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR (“BICE”), en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Central Termoeléctrica Manuel Belgrano, por incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Resolución de la ex S.E.E. Nº 61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 9.219,17), correspondiente al semestre Febrero – Julio de 2009, cuyo detalle se efectúa en el Anexo a este Acto del cual forma parte integrante.

ARTÍCULO 2.- Instruir al BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR (“BICE”), en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Central Termoeléctrica Manuel Belgrano para que las sanciones detalladas en el Anexo a esta Resolución sean depositadas dentro de los 10 (diez) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación del acto administrativo que la disponga, en la cuenta corriente ENRE N° 50/652 Recaudadora de Fondos de Terceros N° 2.915/89 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, bajo apercibimiento de ejecución. El sujeto de la sanción deberá presentar en el expediente mencionado en el Visto copia firmada por su representante legal o apoderado de la documentación respaldatoria del depósito correspondiente, dentro de los tres (3) días hábiles administrativos siguientes de efectuado el depósito.

ARTÍCULO 3.- Notifíquese a CAMMESA y a TERMOELÉCTRICA MANUEL BELGRANO S.A, apoderada del BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR (“BICE”), en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Central Termoeléctrica Manuel Belgrano. Hágase saber a esta última que: a) se le otorga vista del expediente por única vez y por el término de diez (10) días hábiles administrativos contados desde la notificación de este Acto; y b) la presente Resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos que se indican, los que se computarán a partir del día siguiente al último de la vista concedida: (i) por la vía del Recurso de Reconsideración conforme lo dispone el artículo 84 del Reglamento de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto Nº 1759/72 (t.o. en 1991), dentro de los diez (10) días hábiles administrativos, así como también, (ii) en forma subsidiaria, o alternativa, por la vía del Recurso de Alzada previsto en el artículo 94 del citado Reglamento y en el artículo 76 de la Ley Nº 24.065, dentro de los quince (15) días hábiles administrativos; y (iii) mediante el Recurso Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal previsto en el artículo 81 de la Ley Nº 24.065, dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales.

ARTÍCULO 4.- Se hace saber que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Resolución ENRE N° 23/94 y sus modificatorias, no se dará trámite a los recursos si previamente no se hace efectiva la multa dispuesta en esta Resolución. La mora se producirá de pleno derecho ante la falta de pago en tiempo y forma, correspondiendo ante la misma el pago de intereses a la tasa activa para descuento de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina calculada para el lapso que va desde el momento en que las penalidades deben satisfacerse conforme este Resolución y hasta su efectivo pago.

ARTÍCULO 5.- Regístrese, comuníquese y archívese.
RESOLUCIÓN AAANR Nº 196/2012
Ing. Claudio Damiano
Jefe Area de Administración y Aplicación de Normas Regulatorias
Anexo 196-2012.xls
Citas legales:Resolución ENRE 0023/1994 Biblioteca
Resolución ENRE 0092/2003 Biblioteca
Resolución ENRE 0677/2008 Biblioteca
Resolución ENRE 0862/2007 Biblioteca
Resolución ENRE 0955/2006 Biblioteca
Resolución SEE 0061/1992 Biblioteca
Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) Biblioteca
Ley 11.672 (t.o. 1996) Biblioteca
Ley 19.549 Biblioteca
Ley 21.526 Biblioteca
Ley 24.065 - artículo 35 Biblioteca
Ley 24.065 - artículo 36 Biblioteca
Ley 24.065 - artículo 66 Biblioteca
Ley 24.065 - artículo 76 Biblioteca
Ley 24.065 - artículo 77 Biblioteca
Ley 24.065 - artículo 81 Biblioteca
Ley 24.447 Biblioteca
Constitución nacional - artículo 014 Biblioteca
Constitución nacional - artículo 017 Biblioteca
Constitución nacional - artículo 018 Biblioteca
Constitución nacional - artículo 019 Biblioteca
Constitución nacional - artículo 028 Biblioteca
Constitución nacional - artículo 033 Biblioteca
Código penal - artículo 062 Biblioteca
Código Penal - artículo 067 Biblioteca
Procedimiento Técnico N° 11Biblioteca
Fallos citados:Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Sala II, Fallo: "Central Dock Sud S.A. c/ Resolución ENRE 1021/06" (expte. 19046/05). Causa 5.531/07 [5 de junio de 2008] Libros