Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)
Resolución ENRE 0322/2000. (no publicada en B.O.) , miércoles 7 de junio de 2000, 4 p.

Citas Legales : Constitución nacional - artículo 018, Contrato de concesión (Transcomahue S.A.) - subanexo II-B - artículo 22, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991), Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 084, Ley 19.549, Ley 24.065 - artículo 56 inciso d), Ley 24.065 - artículo 71, Ley 24.065 - artículo 72, Resolución ENRE 1132/1999, Resolución ENRE 1227/1999

Expediente Citado : ENRE 05024/1998

(Nota: confirmada por Resolución SE 317/2003 Biblioteca)

BUENOS AIRES, 7 DE JUNIO DE 2000

    VISTO: El Reglamento Nacional de Procedimientos Administrativos, el Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991), la Ley Nº 24.065, la Resolución ENRE Nº 1132/99 y el Expediente ENRE Nº 5024/99, y

    CONSIDERANDO:

    Que por las citadas actuaciones se tramitó el dictado de la Resolución ENRE Nº 1132/99, por la cual se aprobó la remuneración anual, para los próximos cinco años, de la empresa de “TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA REGION DEL COMAHUE(en adelante “La Transportista”), acto que fue modificado por la Resolución ENRE Nº 1227/99;

    Que “La Transportista” interpone formal Recurso de Reconsideración y Alzada en los términos del artículo 84 y siguientes de la Ley N° 19.549, a fin de que se reconsidere lo dispuesto en la Resolución ENRE Nº 1132/99;

    Que la recurrente en su presentación manifestó en primer término que “no tuvo la oportunidad de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión del acto recurrido, en lo atinente al nuevo régimen de penalizaciones que se desprende de la Resolución recurrida”;

    Que por otra parte, agregó que “al momento de determinar la remuneración de la transportista el Ente avanza respecto a la ponderación de la remuneración entre cargos fijos y variables provocando una alteración que incide en el régimen de penalizaciones que deberá afrontar la transportista... “;

    Que al respecto añade “La Transportista”, el régimen de penalizaciones no fue objeto de las presentes actuaciones, tampoco pudo emitir opinión acerca del régimen de sanciones y/o calidad de servicio. Así pues, considera que los nuevos parámetros para la determinación del régimen de sanciones, establecidos mediante un procedimiento carente del debido proceso adjetivo, no tienen justificación alguna, y por consiguiente violan lo establecido en la Ley 24.065 y transgrede la tutela que el derecho de defensa que le confiere el artículo 18 de la Constitución Nacional;

    Que asimismo, expresa que en lo que atañe al régimen de sanciones, “no existen elementos que permitan establecer cuales fueron los fundamentos tenidos en cuenta por el Ente a tal fin”;

    Que entiende la recurrente que el dictado de la Resolución ENRE Nº 1132/99 modifica la relación existente entre los diferentes cargos que componen la remuneración anual de la transportista ya que el cargo variable disminuyó y los cargos fijos se incrementaron. Asimismo, existe una vinculación entre las sanciones que el ENRE aplica con los cargos de conexión y capacidad, pero no con la remuneración variable por la energía eléctrica transportada;

    Que por otra parte, expresa que la aplicación del sistema y modalidades de penalización fijadas en la Resolución ENRE N° 1132/99 podría llegar a implicar la ruptura de la ecuación económico financiera del Contrato de Concesión por responsabilidad unilateral del concedente;

    Que por último, “La Transportista” expuso que los nuevos cargos de conexión y capacidad no deben producir un aumento de las sanciones y presentó dos alternativas. La primera consistió en considerar los cargos determinados por el ENRE a los efectos de la remuneración, y una parte del mismo, para el cálculo de las sanciones. La segunda se basó en proponer una modificación de los parámetros para el cálculo de las sanciones;

    Que con respecto a la aseveración de “La Transportista” acerca de la falta de elementos de justificación y fundamentación en lo atinente al régimen de penalizaciones, cabe manifestar que el ENRE no modificó el Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones adjunto al Acta de Transferencia;

    Que lo resuelto se hizo en aras de referenciar el nivel de calidad que se pretende en el servicio público de transporte con la remuneración aprobada y su justificación fue fundamentada en los considerandos de la Resolución ENRE Nº 1132/99;

    Que por ende, el ENRE no modificó dicho Régimen, sino que como consecuencia del aumento de los cargos fijos, se produce un aumento en el monto de las sanciones a aplicar por incumplimiento de la calidad de servicio;

    Que cabe destacar que el régimen de calidad de servicio y de sanciones económicas asociadas a su incumplimiento contempla un nivel de calidad que se corresponde con la tarifa determinada. Por ello, el concepto de calidad es una referencia obligada para definir los costos de la empresa, reconociendo de este modo cuando la misma opera en condiciones satisfactorias y de eficiencia;

    Que siendo ello así, y dado que las sanciones son proporcionales a los cargos fijos, el incremento del valor de estos aumenta las penalidades, lo que constituye una señal de calidad para la transportista, incentivándola a mejorar la calidad del servicio prestado;

    Que con ello queda demostrado que el incremento de los cargos fijos es el reflejo en la tarifa de la calidad de servicio esperada;

    Que al mismo tiempo es pertinente recordar que el ENRE, en los considerandos de la Resolución impugnada, justificó el aumento de los cargos fijos señalando que “la relación de causas y efectos que asocia calidad, sanciones y remuneración con cargos de conexión y capacidad aconseja estimular el resguardo de la calidad a partir del incremento de los cargos que, ante fallas, repercutirán fuertemente sobre el total de la remuneración”;

    Que en este orden de ideas la Resolución ENRE Nº 1132/99 expresa: que la racionalidad económica radica en que el sistema (multas, remuneración) que se establezca para asegurar las condiciones de calidad requeridas obedezca a la regulación por incentivos. Esto significa, establecer metas de calidad de servicio y de obligación de suministro lo suficientemente rigurosas como para que las empresas reguladas ante la amenaza de la multa no descuiden el mantenimiento de la infraestructura necesaria para brindar el servicio de transporte”;

    Que en consecuencia el análisis realizado a los efectos de determinar la remuneración correspondiente para el segundo período tarifario, evaluó la calidad del servicio prestada por “La Transportista” durante todo el primer período tarifario, advirtiendo períodos en que dicha calidad estuvo lejos de cumplir con los objetivos del Contrato de Concesión adjunto al Acta de Transferencia;

    Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior este Ente resolvió aumentar los cargos fijos de “La Transportista”, teniendo en cuenta el desempeño que obtuvo durante el primer período tarifario en lo referente a la calidad suministrada. La necesidad de realizar una evaluación en los términos señalados procura dar un mayor incentivo a “La Transportista” para que opere sus instalaciones y se mantenga la calidad del servicio acorde con las necesidades de los usuarios;

    Que en lo relativo a la ruptura de la ecuación económico financiera, aludida por la recurrente, cabe señalar que no se estaría incidiendo en modo alguno en la mentada ecuación. Todo ello en virtud de que el artículo 22 del subanexo II del Contrato de Concesión adjunto al Acta de Transferencia, continua vigente y establece que: “El monto de las sanciones a que por todo concepto se hiciere pasible LA TRANSPORTISTA no podrá superar el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su ingreso mensual, entendiéndose por este a la doceava parte de su ingreso anual sin sanciones, ni el DIEZ POR CIENTO (10%) de su ingreso anual”;

    Que asimismo es improcedente para el caso de marras, la aseveración de “La Transportista” respecto a la violación del derecho de defensa (artículo 18 de la Constitución Nacional), dado que la recurrente tuvo oportunidad suficiente, con anterioridad a la celebración de la Audiencia y durante la misma, de expresar y motivar su defensa;

    Que por otra parte, el ENRE, para el dictado del acto recurrido, tuvo en cuenta no solo los juicios surgidos de su propia evaluación, sino también todos aquellos aportados por las partes interesadas a través del mecanismo de Audiencia Pública;

    Que finalmente, es dable destacar que la determinación del nivel de calidad del servicio constituye el correlato de la facultad que tiene de este organismo para establecer los cuadros tarifarios de la concesionaria (artículo 56 inciso d); actuando de esta manera con la diligencia que le autoriza la Ley 24065;

    Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1759/72. T.O. 1991 y los artículos 71 y 72 de la Ley N° 24.065;

    Por ello:
    EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL
    REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
    RESUELVE:

    ARTICULO 1.- Rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la “TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA REGION DEL COMAHUE” contra la Resolución ENRE Nº 1132/99 de fecha 27 de octubre de 1999 y conceder la Alzada en subsidio.

    ARTICULO 2.- Notifíquese a la empresa de “TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA REGION DEL COMAHUEy cumplido que sea, elévense las actuaciones a la SECRETARÍA DE ENERGÍA a los efectos de la consideración del Recurso de Alzada interpuesto subsidiariamente.

    ARTICULO 3.- Regístrese, comuníquese y archívese.
    RESOLUCION ENRE Nº 322/2000
    ACTA N° 530
    Daniel Muguerza,
    Vocal Tercero.-
    Ester Beatriz Fandiño,
    Vocal Primera.-
    Alberto E. Devoto,
    Vicepresidente.-
    Juan Antonio Legisa,
    Presidente.
    Citas legales:Resolución ENRE 1132/1999 Biblioteca
    Resolución ENRE 1227/1999 Biblioteca
    Decreto 1759/72 (t.o. 1991)Base de datos 'Biblioteca', Vistas '(Por Tipo B)'
    Ley 24.065 - artículo 71 Biblioteca
    Ley 24.065 - artículo 72 Biblioteca
    Constitución Nacional - artículo 018 Biblioteca