Argentina. Leyes, etc.

Ley 22.903. Anales de Legislación Argentina n° XLIII-D, jueves 15 de septiembre de 1983, pp. 3673-3740.

Citas Legales : Ley 19.550, Ley 22.458, Ley 20.091, Ley 11.645, Ley 22.686, Ley 20.643, Ley 19.551, Ley 22.262




    Fecha de Sanción: 09/IX/1983
    Fecha de Promulgación: 09/IX/1983
    Publicación: B.O. 15/IX/83

    Artículo 1º - Sustitúyense los arts. 11; 12; 22; 33; 50; 54; 55; 61; 62; 63; 64; 65; 67; 68; 70; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 86; 87; 88; 94; 95; 98; 110; 129; 149; 150; 152; 153; 154; 155; 157; 158; 159; 160; 162; 183; 184; 186; 187; 194; 195; 197; 199; 200; 201; 203; 208; 214; 215; 223; 238; 241; 244; 245; 251; 256; 258; 259; 260; 263; 264; 267; 271; 274; 280; 284; 287; 297 y 366 de la ley 19.550 de sociedades comerciales, por los siguientes:

    Art. 11. - Contenido del instrumento constitutivo. El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de sociedad:

    1. El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los socios;

    2. La razón social o la denominación, y el domicilio de la sociedad.

    Si en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por separado suscripta por el órgano de administración. Se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta;

    3. La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado;

    4. El capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la mención del aporte de cada socio;

    5. El plazo de duración, que debe ser determinado;

    6. La organización de la administración, de su fiscalización, y de las reuniones de socios;

    7. Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En caso de silencio, será en proporción de los aportes. Si se prevé sólo la forma de distribución de utilidades, se aplicará para soportar las pérdidas y viceversa;

    8. Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros;

    9. Las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad.

    Art. 12. - Modificaciones no inscriptas. Ineficacia para la sociedad y los terceros. Las modificaciones no inscriptas regularmente obligan a los socios otorgantes. Son inoponibles a los terceros; no obstante, éstos pueden alegarlas contra la sociedad y los socios, salvo en las sociedades por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada.

    Art. 22. - Regularización. La regularización se produce por la adopción de uno de los tipos previstos en esta ley. No se disuelve la sociedad irregular o de hecho, continuando la sociedad regularizada en los derechos y obligaciones de aquélla; tampoco se modifica la responsabilidad anterior de los socios.
    Cualquiera de los socios podrá requerir la regularización comunicándolo a todos los socios en forma fehaciente. La resolución se adoptará por mayoría de socios, debiendo otorgarse el pertinente instrumento, cumplirse las formalidades del tipo y solicitarse la inscripción registral dentro de los sesenta (60) días de recibida la última comunicación. No lograda la mayoría o no solicitada en término la inscripción, cualquier socio puede provocar la disolución desde la fecha de la resolución social denegatoria o desde el vencimiento del plazo, sin que los demás consocios puedan requerir nuevamente la regularización.

    Disolución. Cualquiera de los socios de la sociedad no constituida regularmente puede exigir la disolución. Esta se producirá a la fecha en que el socio notifique fehacientemente tal decisión a todos los consocios, salvo que la mayoría de éstos resuelva regularizarla dentro del décimo día y, con cumplimiento de las formalidades correspondientes al tipo, se solicite su inscripción dentro de los sesenta (60) días, computándose ambos plazos desde la última notificación.

    Retiro de los socios. Los socios que votaron contra la regularización tienen derecho a una suma de dinero equivalente al valor de su parte a la fecha del acuerdo social que la dispone, aplicándose el art. 92 salvo su inc. 4, a menos que opten por continuar en la sociedad regularizada.

    Liquidación. La liquidación se rige por las normas del contrato y de esta ley.

    Art. 33. - Sociedades controladas. Se consideran sociedades controladas aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada:

    1. Posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias;

    2. Ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas, o por los especiales vínculos existentes entre las sociedades;

    Sociedades vinculadas. Se consideran sociedades vinculadas, a los efectos de la sección IX de este capítulo, cuando una participe en más del diez por ciento (10 %) del capital de otra.

    La sociedad que participe en más del veinticinco por ciento (25 %) del capital de otra, deberá comunicárselo a fin de que su próxima asamblea ordinaria tome conocimiento del hecho.

    Art. 50. - Prestaciones accesorias. Requisitos. Puede pactarse que los socios efectúen prestaciones accesorias.

    Estas prestaciones no integran el capital, y

    1. Tienen que resultar del contrato; se precisará su contenido, duración, modalidad, retribución y sanciones en caso de incumplimiento.

    Si no resultaren del contrato se considerarán obligaciones de terceros;

    2. Deben ser claramente diferenciadas de los aportes;

    3. No pueden ser en dinero;

    4. Sólo pueden modificarse de acuerdo con lo convenido o, en su defecto, con la conformidad de los obligados y de la mayoría requerida para la reforma del contrato.

    Cuando sean conexas a cuotas de sociedades de responsabilidad limitada, su transmisión requiere la conformidad de la mayoría necesaria para la modificación del contrato, salvo pacto en contrario; y si fueran conexas a acciones, éstas deberán ser nominativas y se requerirá la conformidad del directorio.

    Art. 54. - Dolo o culpa del socio o del controlante. El daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de socios o de quienes no siéndolo la controlen, constituye a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar, sin que puedan alegar compensación con el lucro que su actuación haya proporcionado en otros negocios.

    El socio o controlante que aplicare los fondos o efectos de la sociedad a uso o negocio de cuenta propia o de tercero está obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva.

    Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.

    Art. 55. - Contralor individual de los socios. Los socios pueden examinar los libros y papeles sociales, y recabar del administrador los informes que estimen pertinentes.

    Exclusiones. Salvo pacto en contrario, el contralor individual de los socios no puede ser ejercido en las sociedades de responsabilidad limitada incluidas en el 2º párr. del art. 158.

    Tampoco corresponde a los socios de sociedades por acciones, salvo el supuesto del último párrafo del art. 284.

    Art. 61. - Medios mecánicos y otros. Podrá prescindirse del cumplimiento de las formalidades impuestas por el art. 53 del Cód. de Comercio para llevar los libros en la medida que la autoridad de control o el Registro Público de Comercio autoricen la sustitución de los mismos por ordenadores, medios mecánicos o magnéticos u otros, salvo el de Inventarios y Balances.

    La petición deberá incluir una adecuada descripción del sistema, con dictamen técnico o antecedentes de su utilización, la que, una vez autorizada, deberá transcribirse en el libro de Inventario y Balances.

    Los pedidos de autorización se considerarán automáticamente aprobados dentro de los treinta (30) días de efectuados, si no mediare observación previa o rechazo fundado.

    El libro Diario podrá ser llevado con asientos globales que no comprendan períodos mayores de un (1) mes.

    El sistema de contabilización debe permitir la individualización de las operaciones, las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación, con arreglo al art. 43 del Cód. de Comercio.

    Art. 62. -- Aplicación. Las sociedades deberán hacer constar en sus balances de ejercicio la fecha en que se cumple el plazo de duración. En la medida aplicable según el tipo, darán cumplimiento a lo dispuesto en el art. 67, 1er párr.

    Las sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital alcance el importe fijado por el art. 299, inc. 2º y las sociedades por acciones deberán presentar los estados contables anuales regulados por los arts. 63 a 65 y cumplir el art. 66.

    Sin perjuicio de ello, las sociedades controlantes de acuerdo al art. 33, inc. 1, deberán presentar como información complementaria, estados contables anuales consolidados, confeccionados con arreglo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las normas que establezca la autoridad de contralor.

    Principio general. Cuando los montos involucrados sean de insignificancia relativa, a los efectos de una apropiada interpretación, serán incluidos en rubros de conceptos diversos. Con el mismo criterio si existiesen partidas no enunciadas específicamente, pero de significación relativa, deberán mostrarse por separado.

    La Comisión Nacional de Valores, otras autoridades de contralor y las bolsas, podrán exigir a las sociedades incluidas en el art. 299, la presentación de un estado de origen y aplicación de fondos por el ejercicio terminado, y otros documentos de análisis de los estados contables. Entiéndese por fondos el activo corriente, menos el pasivo corriente.

    Ajuste. Los estados contables correspondientes a ejercicios completos o períodos intermedios dentro de un mismo ejercicio, deberán confeccionarse en moneda constante.

    Art. 63. - Balance. En el balance general deberá suministrarse la información que a continuación se requiere:

    1. En el activo:

    a) El dinero en efectivo en caja y Bancos, otros valores caracterizados por similares principios de liquidez, certeza y efectividad, y la moneda extranjera;

    b) Los créditos provenientes de las actividades sociales. Por separado se indicarán los créditos con sociedades controlantes, controladas o vinculadas, los que sean litigiosos y cualquier otro crédito.

    Cuando corresponda, se deducirán las previsiones por créditos de dudoso cobro y por descuentos y bonificaciones.

    c) Los bienes de cambio, agrupados de acuerdo con las actividades de la sociedad. Se indicarán separadamente las existencias de materias primas, productos en proceso de elaboración y terminados, mercaderías de reventa o los rubros requeridos por la naturaleza de la actividad social;

    d) Las inversiones en títulos de la deuda pública, en acciones y en debentures, con distinción de los que sean cotizados en bolsa, las efectuadas en sociedades controlantes, controladas o vinculadas, otras participaciones y cualquier otra inversión ajena a la explotación de la sociedad.

    Cuando corresponda, se deducirá la previsión para quebrantos o desvalorizaciones.

    e) Los bienes de uso, con indicación de sus amortizaciones acumuladas;

    f) Los bienes inmateriales, por su costo con indicación de sus amortizaciones acumuladas;

    g) Los gastos y cargas que se devenguen en futuros ejercicios o se afecten a éstos, deduciendo en este último caso las amortizaciones acumuladas que correspondan;

    h) Todo otro rubro que por su naturaleza corresponda ser incluido como activo.

    2. En el pasivo:

    I -- a) Las deudas, indicándose separadamente las comerciales, las bancarias, las financieras, las existentes con sociedades controlantes, controladas o vinculadas, los debentures emitidos por la sociedad, los dividendos a pagar y las deudas a organismos de previsión social y de recaudación fiscal.

    Asimismo se mostrarán otros pasivos devengados que corresponda calcular:

    b) Las previsiones por eventualidades que se consideren susceptibles de concretarse en obligaciones de la sociedad;

    c) Todo otro rubro que por su naturaleza represente un pasivo hacia terceros;

    d) Las rentas percibidas por adelantado y los ingresos cuya realización corresponda a futuros ejercicios;

    II - a) El capital social, con distinción, en su caso, de las acciones ordinarias y de otras clases y los supuestos del art. 220;

    b) Las reservas legales, contractuales o estatutarias voluntarias y las provenientes de revaluaciones y de primas de emisión;

    c) Las utilidades de ejercicios anteriores y en su caso, para deducir, las pérdidas;

    d) Todo otro rubro que por su naturaleza corresponda ser incluido en las cuentas de capital, reservas y resultados.

    3. Los bienes en depósito, los avales y garantías, documentos descontados y toda otra cuenta de orden;

    4. De la presentación en general:

    a) La información deberá agruparse de modo que sea posible distinguir y totalizar el activo corriente del activo no corriente, y el pasivo corriente del pasivo no corriente. Se entiende por corriente todo activo o pasivo cuyo vencimiento o realización, se producirá dentro de los doce (12) meses a partir de la fecha del balance general, salvo que las circunstancias aconsejen otra base para tal distinción;

    b) Los derechos y obligaciones deberán mostrarse indicándose si son documentados, con garantía real u otras;

    c) El activo y el pasivo en moneda extranjera, deberán mostrarse por separado en los rubros que correspondan;

    d) No podrán compensarse las distintas partidas entre sí.

    Art. 64. - Estado de resultados. El estado de resultados o cuenta de ganancias y pérdidas del ejercicio deberá exponer:

    I - a) El producido de las ventas o servicios, agrupado por tipo de actividad. De cada total se deducirá el costo de las mercaderías o productos vendidos o servicios prestados, con el fin de determinar el resultado;

    b) Los gastos ordinarios de administración, de comercialización, de financiación y otros que corresponda cargar al ejercicio, debiendo hacerse constar, especialmente, los montos de:

    1. Retribuciones de administradores, directores y síndicos;

    2. Otros honorarios y retribuciones por servicios;

    3. Sueldos y jornales y las contribuciones sociales respectivas;

    4. Gastos de estudios e investigaciones;

    5. Regalías y honorarios por servicios técnicos y otros conceptos similares;

    6. Los gastos por publicidad y propaganda;

    7. Los impuestos, tasas y contribuciones, mostrándose por separado los intereses, multas y recargos;

    8. Los intereses pagados o devengados indicándose por separado los provenientes por deudas con proveedores, bancos o instituciones financieras, sociedades controladas, controlantes o vinculadas, y otros;

    9. Las amortizaciones y previsiones. Cuando no se haga constar alguno de estos rubros, parcial o totalmente, por formar parte de los costos de bienes de cambio, bienes de uso u otros rubros del activo, deberá exponerse como información del directorio o de los administradores en la memoria.

    c) Las ganancias y gastos extraordinarios del ejercicio;

    d) Los ajustes por ganancias y gastos de ejercicios anteriores.

    El estado de resultados deberá presentarse de modo que muestre por separado la ganancia o pérdida proveniente de las operaciones ordinarias y extraordinarias de la sociedad, determinándose la ganancia o pérdida neta del ejercicio, a la que se adicionará o deducirá las derivadas de ejercicios anteriores.

    No podrán compensarse las distintas partidas entre sí:

    II - El estado de resultados deberá complementarse con el estado de evolución del patrimonio neto. En él se incluirán las causas de los cambios producidos durante el ejercicio en cada uno de los rubros integrantes del patrimonio neto.

    Art. 65. - Notas complementarias. Para el caso que la correspondiente información no estuviera contenida en los estados contables de los arts. 63 y 64 o en sus notas, deberán acompañarse notas y cuadros, que se considerarán parte de aquéllos. La siguiente enumeración es enunciativa.

    1. Notas referentes a:

    a) Bienes de disponibilidad restringida explicándose brevemente la restricción existente;

    b) Activos gravados con hipoteca, prenda u otro derecho real, con referencia a las obligaciones que garantizan;

    c) Criterio utilizado en la valuación de los bienes de cambio, con indicación del método de determinación del costo u otro valor aplicado;

    d) Procedimientos adoptados en el caso de revaluación o devaluación de activos debiéndose indicar, además, en caso de existir, el efecto consiguiente sobre los resultados del ejercicio;

    e) Cambios en los procedimientos contables o de confección de los estados contables aplicados con respecto al ejercicio anterior, explicándose la modificación y su efecto sobre los resultados del ejercicio;

    f) Acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha del cierre del ejercicio y de la memoria de los administradores, que pudieran modificar significativamente la situación financiera de la sociedad a la fecha del balance general y los resultados del ejercicio cerrado en esa fecha, con indicación del efecto que han tenido sobre la situación y resultados mencionados;

    g) Resultado de operaciones con sociedades controlantes, controladas o vinculadas, separadamente por sociedad;

    h) Restricciones contractuales para la distribución de ganancias;

    i) Monto de avales y garantías a favor de terceros, documentos descontados y otras contingencias, acompañadas de una breve explicación cuando ello sea necesario;

    j) Contratos celebrados con los directores que requieren aprobación, conforme al art. 271, y sus montos;

    k) El monto no integrado del capital social, distinguiendo, en su caso, los correspondientes a las acciones ordinarias y de otras clases y los supuestos del art. 220;

    2. Cuadros anexos:

    a) De bienes de uso, detallando para cada cuenta principal los saldos al comienzo, los aumentos y las disminuciones y los saldos al cierre del ejercicio. Igual tratamiento corresponderá a las amortizaciones y depreciaciones, indicándose las diversas alícuotas utilizadas para cada clase de bienes. Se informará por nota al pie del anexo el destino contable de los aumentos y disminuciones de las amortizaciones y depreciaciones registradas;

    b) De bienes inmateriales y sus correspondientes amortizaciones con similar contenido al requerido en el inciso anterior;

    c) De inversiones en títulos valores y participaciones en otras sociedades, detallando: Denominación de la sociedad emisora o en la que se participa y características del título valor o participación, sus valores nominales de costo, de libros y de cotización, actividad principal y capital de la sociedad emisora o en la que se participa. Cuando el aporte o participación fuese del cincuenta por ciento (50 %) o más del capital de la sociedad o de la que se participa, se deberán acompañar los estados contables de ésta que se exigen en este título. Si el aporte o participación fuese mayor del cinco por ciento (5 %) y menor del cincuenta por ciento (50 %) citado, se informará sobre el resultado del ejercicio y el patrimonio neto según el último balance general de la sociedad en que se invierte o participa.

    Si se tratara de otras inversiones, se detallará su contenido y características, indicándose, según corresponda, valores nominales de costo, de libros, de cotización y de valuación fiscal;

    d) De previsiones y reservas, detallándose para cada una de ellas, saldo al comienzo, los aumentos y disminuciones y el saldo al cierre del ejercicio. Se informará por nota al pie el destino contable de los aumentos y las disminuciones y la razón de estas últimas;

    e) El costo de las mercaderías o productos vendidos, detallando las existencias de bienes de cambio al comienzo del ejercicio, las compras o el costo de producción del ejercicio analizado por grandes rubros y la existencia de bienes de cambio al cierre. Si se tratara de servicios vendidos se aportarán datos similares a los requeridos para la alternativa anterior que permitan informar sobre el costo de prestación de dichos servicios;

    f) El activo y pasivo en moneda extranjera detallando: Las cuentas del balance, el monto y la clase de moneda extranjera el cambio vigente o el contratado a la fecha de cierre, el monto resultante en moneda argentina, el importe contabilizado y la diferencia si existiera, con indicación del respectivo tratamiento contable.

    Art. 67. - Copias. Depósitos. En la sede social deben quedar copias del balance, del estado de resultados del ejercicio y del estado de evolución del patrimonio neto, y de notas, informaciones complementarias y cuadros anexos, a disposición de los socios o accionistas, con no menos de quince (15) días de anticipación a su consideración por ellos. Cuando corresponda, también se mantendrán a su disposición copias de la memoria del directorio o de los administradores y del informe de los síndicos.

    Dentro de los quince (15) días de su aprobación, las sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital alcance el importe fijado por el art. 299, inc. 2, deben remitir al Registro Público de Comercio un (1) ejemplar de cada uno de esos documentos. Cuando se trate de una sociedad por acciones, se remitirá un (1) ejemplar a la autoridad de contralor y, en su caso, del balance consolidado.

    Art. 68. - Dividendos. Los dividendos no pueden ser aprobados ni distribuidos a los socios, sino por ganancias realizadas y líquidas resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la ley y el estatuto y aprobado por el órgano social competente, salvo en el caso previsto en el art. 224, 2º párr.

    Las ganancias distribuidas en violación a esta regla son repetibles, con excepción del supuesto previsto en el art. 225.

    Art. 70. - Reserva legal. Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones, deben efectuar una reserva no menor del cinco por ciento (5 %) de las ganancias realizadas y líquidas que arroje el estado de resultados del ejercicio, hasta alcanzar el veinte por ciento (20 %) del capital social.

    Cuando esta reserva quede disminuida por cualquier razón, no pueden distribuirse ganancias hasta su reintegro.

    Otras reservas. En cualquier tipo de sociedad podrán constituirse otras reservas que las legales, siempre que las mismas sean razonables y respondan a una prudente administración. En las sociedades por acciones la decisión para la constitución de estas reservas se adoptará conforme al art. 244, última parte, cuando su monto exceda del capital y las reservas legales; en las sociedades de responsabilidad limitada, requiere la mayoría necesaria para la modificación del contrato.

    Art. 72. - Responsabilidad de administradores y síndicos. La aprobación de los estados contables no implica la de la gestión de los directores, administradores, gerentes, miembros del consejo de vigilancia o síndicos, hayan o no votado en la respectiva decisión, ni importa la liberación de responsabilidades.

    Art. 73. - Actas. Deberá labrarse en libro especial, con las formalidades de los libros de comercio, acta de las deliberaciones de los órganos colegiados. Las actas del directorio serán firmadas por los asistentes.

    Las actas de las asambleas de las sociedades por acciones serán confeccionadas y firmadas dentro de los cinco (5) días, por el presidente y los socios designados al efecto.

    Art. 75. - Responsabilidad anterior de los socios. La transformación no modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada anterior de los socios, aun cuando se trate de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad a la adopción del nuevo tipo, salvo que los acreedores lo consientan expresamente.

    Art. 76. - Responsabilidad por obligaciones anteriores. Si en razón de la transformación existen socios que asumen responsabilidad ilimitada, ésta no se extiende a las obligaciones sociales anteriores a la transformación, salvo que la acepten expresamente.

    Art. 77. - Requisitos. La transformación exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

    1. Acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario o lo dispuesto para algunos tipos societarios;

    2. Confección de un balance especial, cerrado a una fecha que no exceda de un (1) mes a la del acuerdo de transformación y puesto a disposición de los socios en la sede social con no menos de quince (15) días de anticipación a dicho acuerdo. Se requieren las mismas mayorías establecidas para la aprobación de los balances de ejercicio;

    3. Otorgamiento del acto que instrumente la transformación por los órganos competentes de la sociedad que se transforme y la concurrencia de los nuevos otorgantes con constancia de los socios que se retiren, capital que representan, y cumplimiento de las formalidades del nuevo tipo societario adoptado;

    4. Publicación por un (1) día en el diario de publicaciones legales que corresponda a la sede social y sus sucursales. El aviso deberá contener:

    a) Fecha de la resolución social que aprobó la transformación;

    b) Fecha del instrumento de transformación;

    c) La razón social o denominación social anterior y la adoptada, debiendo de ésta resultar indubitable su identidad con la sociedad que se transforma;

    d) Los socios que se retiran o incorporan y el capital que representan; e) Cuando la transformación afecte los datos a que se refiere el art. 10, apart. a), puntos 4 a 10, la publicación deberá determinarlo;

    5. La inscripción del instrumento con copia del balance firmado en el Registro Público de Comercio y demás registros que correspondan por el tipo de sociedad, por la naturaleza de los bienes que integran el patrimonio y sus gravámenes. Estas inscripciones deben ser ordenadas y ejecutadas por el juez o autoridad a cargo del Registro Público de Comercio, cumplida la publicación a que se refiere el apart. 4º.

    Art. 78. - Receso. En los supuestos en que no se exija unanimidad, los socios que han votado en contra y los ausentes tienen derecho de receso, sin que éste, afecte su responsabilidad hacia los terceros por las obligaciones contraídas hasta que la transformación se inscriba en el Registro Público de Comercio.

    El derecho debe ejercerse dentro de los quince (15) días del acuerdo social, salvo que el contrato fije un plazo distinto y lo dispuesto para algunos tipos societarios.

    El reembolso de las partes de los socios recedentes se hará sobre la base del balance de transformación.

    La sociedad, los socios con responsabilidad ilimitada y los administradores garantizan solidaria e ilimitadamente a los socios recedentes por las obligaciones sociales contraídas desde el ejercicio del receso hasta su inscripción.

    Art. 79. - Preferencia de los socios. La transformación no afecta las preferencias de los socios, salvo pacto en contrario.

    Art. 80. - Rescisión de la transformación. El acuerdo social de transformación puede ser dejado sin efecto mientras ésta no se haya inscripto. Si medió publicación, debe procederse conforme a lo establecido en el 2º párr. del art. 81.

    Si requiere acuerdo unánime, de los socios, salvo pacto en contrario y lo dispuesto para algunos tipos societarios.

    Art. 81. - Caducidad del acuerdo de transformación. El acuerdo de transformación caduca si a los tres (3) meses de haberse celebrado no se inscribió el respectivo instrumento en el Registro Público de Comercio, salvo que el plazo resultare excedido por el normal cumplimiento de los trámites ante la autoridad que debe intervenir o disponer la inscripción.

    En caso de haberse publicado, deberá efectuarse una nueva publicación al solo efecto de enunciar la caducidad de la transformación.

    Los administradores son responsables solidaria e ilimitadamente por los perjuicios derivados del incumplimiento de la inscripción o de la publicación.

    Art. 82. - Concepto. Hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse, para constituir una nueva; o cuando una ya existente incorpora a otra u otras que, sin liquidarse, con disueltas.

    Efectos. La nueva sociedad o la incorporante adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas, produciéndose la transferencia total de sus respectivos patrimonios al inscribirse en el Registro Público de Comercio el acuerdo definitivo de fusión y el contrato o estatuto de la nueva sociedad o el aumento de capital que hubiere tenido que efectuar la incorporante.

    Art. 83. - Requisitos. La fusión exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

    1. Compromiso previo de fusión. El compromiso previo de fusión otorgado por los representantes de las sociedades, que contendrá;

    a) La exposición de los motivos y finalidades de la fusión;

    b) Los balances especiales de fusión de cada sociedad, preparados por sus administradores, con informes de los síndicos en su caso, cerrados en una misma fecha que no será anterior a tres (3) meses a la firma del compromiso, y confeccionados sobre bases homogéneas y criterios de valuación idénticos;

    c) La relación de cambio de las participaciones sociales, cuotas o acciones;

    d) El proyecto de contrato o estatuto de la nueva sociedad o de modificaciones del contrato o estatuto de la sociedad absorbente, según el caso;

    e) Las limitaciones que las sociedades convengan en la respectiva administración que sus negocios y las garantías que establezcan para el cumplimiento de una actividad normal en su gestión, durante el lapso que transcurra hasta que la fusión se inscriba;

    2. Resoluciones sociales. La aprobación del compromiso previo de fusión y de los balances especiales por las sociedades participantes en la fusión, con los requisitos necesarios para la modificación del contrato social o estatuto.

    A tal efecto deben quedar copias en las respectivas sedes sociales del compromiso previo y del informe del síndico en su caso, a disposición de los socios o accionistas con no menos de quince (15) días de anticipación a su consideración;

    3. Publicidad. La publicación por tres (3) días de un aviso en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción de cada sociedad y en uno de los diarios de mayor circulación general en la República, que deberá contener:

    a) La razón social o denominación, la sede social y los datos de la inscripción en el Registro Público de Comercio de cada una de las sociedades;

    b) El capital de la nueva sociedad o el importe del aumento del capital social de la sociedad incorporante;

    c) La valuación del activo y del pasivo de las sociedades fusionantes, con indicación de la fecha a que se refiere;

    d) La razón social o denominación, el tipo y el domicilio acordado para la sociedad a constituirse;

    e) Las fechas del compromiso previo de fusión y de las resoluciones sociales que lo aprobaron;

    Acreedores: Oposición. Dentro de los quince (15) días desde la última publicación del aviso, los acreedores de fecha anterior pueden oponerse a la fusión.

    Las oposiciones no impiden la prosecución de las operaciones de fusión, pero el acuerdo definitivo no podrá otorgarse hasta veinte (20) días después del vencimiento del plazo antes indicado, a fin de que los oponentes que no fueren desinteresados o debidamente garantizados por las fusiones puedan obtener embargo judicial;

    4. Acuerdo definitivo de fusión. El acuerdo definitivo de fusión otorgado por los representantes de las sociedades una vez cumplidos los requisitos anteriores, que contendrá;

    a) Las resoluciones sociales aprobatorias de la fusión;

    b) La nómina de los socios que ejerzan el derecho de receso y capital que representen en cada sociedad;

    c) La nómina de los acreedores que habiéndose opuesto hubieren sido garantizados y de los que hubieren obtenido embargo judicial; en ambos casos constará la causa o título, el monto del crédito y las medidas cautelares dispuestas, y una lista de los acreedores desinteresados con un informe sucinto de su incidencia en los balances a que se refiere el inc. 1, apart. b);

    d) La agregación de los balances especiales y de un balance consolidado de las sociedades que se fusionan;

    5. Inscripción registral. La inscripción del acuerdo definitivo de fusión en el Registro Público de Comercio.

    Cuando las sociedades que se disuelven por la fusión estén inscriptas en distintas jurisdicciones deberá acreditarse que en ellas se ha dado cumplimiento al art. 98.

    Art. 84. - Constitución de nueva sociedad. En caso de constituirse sociedad fusionaria, el instrumento será otorgado por los órganos competentes de las fusionantes con cumplimiento de las formalidades que correspondan al tipo adoptado. Al órgano de administración de la sociedad así creada incumbe la ejecución de los actos tendientes a cancelar la inscripción registral de las sociedades disueltas, sin que se requiera publicación en ningún caso.

    Incorporación: Reforma estatutaria. En el supuesto de incorporación es suficiente el cumplimiento de las normas atinentes a la reforma del contrato o estatuto. La ejecución de los actos necesarios para cancelar la inscripción registral de las sociedades disueltas, que en ningún caso requieren publicación compete al órgano de administración de la sociedad absorbente.

    Inscripciones en registros. Tanto en la constitución de nueva sociedad como en la incorporación, las inscripciones registrales que correspondan por naturaleza de los bienes que integran el patrimonio transferido y sus gravámenes deben ser ordenados por el juez o autoridad a cargo del Registro Público de Comercio.

    La resolución de la autoridad que ordene la inscripción y en la que constarán las referencias y constancias del dominio y de las anotaciones registrales, es instrumento suficiente para la toma de razón de la transmisión de la propiedad.

    Administración hasta la ejecución. Salvo que en el compromiso previo se haya pactado en contrario, desde el acuerdo definitivo la administración y representación de las sociedades fusionantes disueltas estará a cargo de los administradores de la sociedad fusionaria o de la incorporante, con suspensión de quienes hasta entonces la ejercitaban, a salvo el ejercicio de la acción prevista en el art. 87.

    Art. 86. - Revocación. El compromiso previo de fusión puede ser dejado sin efecto por cualquiera de las partes, si no se han obtenido todas las resoluciones sociales aprobatorias en el término de tres (3) meses. A su vez las resoluciones sociales pueden ser revocadas, mientras no se haya otorgado el acuerdo definitivo, con recaudos iguales a los establecidos para su celebración y siempre que no causen perjuicios a las sociedades, los socios y los terceros.

    Art. 87. - Rescisión. Justos motivos. Cualquiera de las sociedades interesadas puede demandar la rescisión del acuerdo definitivo de fusión por justos motivos hasta el momento de su inscripción registral.

    La demanda deberá interponerse en la jurisdicción que corresponda al lugar en que se celebró el acuerdo.

    Art. 88. - Escisión. Concepto. Régimen. Hay escisión cuando:

    I - Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad;

    II - Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas;

    III - Una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades.

    Requisitos. La escisión exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

    1. Resolución social aprobatoria de la escisión del contrato o estatuto de la escisionaria, de la reforma del contrato o estatuto de la escindente en su caso, y del balance especial al efecto, con los requisitos necesarios para la modificación del contrato social o del estatuto en el caso de fusión. El receso y las preferencias se rigen por lo dispuesto en los arts. 78 y 79;

    2. El balance especial de escisión no será anterior a tres (3) meses de la resolución social respectiva, y será confeccionado como un estado de situación patrimonial.

    3. La resolución social aprobatoria incluirá la atribución de las partes sociales o acciones de la sociedad escisionaria, a los socios o accionistas de la sociedad escindente, en proporción a sus participaciones en ésta, las que se cancelarán en caso de reducción de capital;

    4. La publicación de un aviso por tres (3) días en el diario de publicaciones legales que corresponda a la sede social de la sociedad escindente y en uno de los diarios de mayor circulación general en la República que deberá contener:

    a) La razón social o denominación, la sede social y los datos de la inscripción en el Registro Público de Comercio de la sociedad que se escinde;

    b) La valuación del activo y del pasivo de la sociedad, con indicación de la fecha a que se refiere;

    c) La valuación del activo y pasivo que componen el patrimonio destinado a la nueva sociedad;

    d) La razón social o denominación, tipo y domicilio que tendrá la sociedad escisionaria;

    5. Los acreedores tendrán derecho de oposición de acuerdo al régimen de fusión.

    6. Vencidos los plazos correspondientes al derecho de receso y de oposición y embargo de acreedores, se otorgarán los instrumentos de constitución de la sociedad escisionaria y de modificación de la sociedad escindente practicándose las inscripciones según el art. 84.


    Cuando se trate de escisión-fusión se aplicarán las disposiciones de los arts. 83 a 87.

    Art. 94. - Disolución: Causas. La sociedad se disuelve:

    1. Por decisión de los socios;

    2. Por expiración del término por el cual se constituyó;

    3. Por cumplimiento de la condición a la que se subordinó su existencia.

    4. Por consecución del objeto para el cual se formó, o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo;

    5. Por pérdida del capital social;

    6. Por declaración en quiebra. La disolución quedará sin efecto si se celebrase avenimiento o concordato resolutorio;

    7. Por su fusión en los términos del art. 82;

    8. Por reducción a uno del número de socios, siempre que no se incorporen nuevos socios en el término de tres (3) meses. En este lapso el socio único será responsable ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales contraídas;

    9. Por sanción firme de cancelación de oferta pública o de la cotización de sus acciones. La disolución podrá quedar sin efecto por resolución de asamblea extraordinaria reunida dentro de los sesenta (60) días de acuerdo con el art. 244, 4º párr.;

    10. Por resolución firme de retiro de la autorización para funcionar cuando leyes especiales la impusieren en razón del objeto.

    Art. 95. - Prórroga. Requisitos. La prórroga unánime de los socios salvo pacto en contrario y lo dispuesto para las sociedades por acciones y las sociedades de responsabilidad limitada.

    La prórroga debe resolverse y la inscripción solicitarse antes del vencimiento del plazo de duración de la sociedad.

    Reconducción. Con sujeción a los requisitos del 1er. párr. puede acordarse la reconducción mientras no se haya inscripto el nombramiento del liquidador, sin perjuicio del mantenimiento de las responsabilidades dispuestas por el art. 99.

    Todo ulterior acuerdo de reconducción debe adoptarse por unanimidad sin distinción de tipos.

    Art. 98. - Eficacia respecto de terceros. La disolución de la sociedad, se encuentre o no constituida regularmente, sólo surte efecto respecto de terceros desde su inscripción registral, previa publicación en su caso.

    Art. 110. - Comunicación del balance y plan de partición. El balance final y el proyecto de distribución suscriptos por los liquidadores serán comunicados a los socios, quienes podrán impugnarlos en el término de quince (15) días. En su caso la acción judicial correspondiente se promoverá en el término de los sesenta (60) días siguientes. Se acumularán todas las impugnaciones en una causa única.

    En las sociedades de responsabilidad limitada, cuyo capital alcance el importe fijado por el art. 299, inc. 2, y en las sociedades por acciones, el balance final y el proyecto de distribución suscriptos también por los síndicos, serán sometidos a la aprobación de la asamblea. Los socios o accionistas disidentes o ausentes, podrán impugnar judicialmente estas operaciones en el término fijado en el párrafo anterior, computado desde la aprobación por la asamblea.

    Art. 129. - Remoción del administrador. El administrador, socio o no, aun designado en el contrato social, puede ser removido por decisión de mayoría en cualquier tiempo sin invocación de causas, salvo pacto en contrario.

    Cuando el contrato requiera justa causa, conservará su cargo hasta la sentencia judicial, si negare la existencia de aquélla, salvo su separación provisional por aplicación de la sección XIV del capítulo I. Cualquier socio puede reclamarla judicialmente con invocación de justa causa. Los socios disconformes con la remoción del administrador cuyo nombramiento fue condición expresa de la constitución de la sociedad tienen derecho de receso.

    Art. 149. - Suscripción integra. El capital debe suscribirse íntegramente en el acto de constitución de la sociedad.

    Aportes en dinero. Los aportes en dinero deben integrarse en un veinticinco por ciento (25 %), como mínimo y completarse en un plazo de dos (2) años. Su cumplimiento se acreditará al tiempo de ordenarse la inscripción en el Registro Público de Comercio, con el comprobante de su depósito en un banco oficial. Aportes en especie. Los aportes en especie deben integrarse totalmente y su valor se justificará conforme al art. 51. Si los socios optan por realizar valuación, por pericia judicial, cesa la responsabilidad por la valuación que les impone el art. 150.

    Art. 150. - Garantía por los aportes. Los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes.

    Sobrevaluación de aportes en especie. La sobrevaluación de los aportes en especie, al tiempo de la constitución o del aumento de capital hará solidaria e ilimitadamente responsables a los socios frente a los terceros por el plazo del art. 51, último párrafo.

    Transferencia de cuotas. La garantía del cedente subsiste por las obligaciones sociales contraídas hasta el momento de la inscripción. El adquirente garantiza los aportes en los términos de los párrs. 1º y 2º, sin distinción entre obligaciones anteriores o posteriores a la fecha de la inscripción.

    El cedente que no haya completado la integración de las cuotas, está obligado solidariamente con el cesionario por las integraciones todavía debidas. La sociedad no puede demandarle el pago sin previa interpelación al socio moroso.

    Pacto en contrario. Cualquier pacto en contrario es ineficaz respecto de terceros.

    Art. 152. - Cesión de cuotas. Las cuotas son libremente transmisibles, salvo disposición contraria del contrato.

    La transmisión de la cuota tiene efecto frente a la sociedad desde que el cedente o el adquirente entreguen a la gerencia un ejemplar o copia del título de la cesión o transferencia, con autenticación de las firmas si obra en instrumento privado.

    La sociedad o el socio sólo podrán excluir por justa causa al socio así incorporado, procediendo con arreglo a lo dispuesto por el art. 91, sin que en este caso sea de aplicación la salvedad que establece su párr. 2º.

    La transmisión de las cuotas es oponible a los terceros desde su inscripción en el Registro Público de Comercio, la que puede ser requerida por la sociedad; también podrán peticionarla el cedente o el adquirente exhibiendo el título de la transferencia y constancia fehaciente de su comunicación a la gerencia.

    Art. 153. - Limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas. El contrato de sociedad puede limitar la transmisibilidad de las cuotas, pero no prohibirla.

    Son lícitas las cláusulas que requieran la conformidad mayoritaria o unánime de los socios o que confieran un derecho de preferencia a los socios o a la sociedad si ésta adquiere las cuotas con utilidades o reservas disponibles o reduce su capital.

    Para la validez de estas cláusulas el contrato debe establecer los procedimientos a que se sujetará el otorgamiento de la conformidad o el ejercicio de la opción de compra pero el plazo para notificar la decisión al socio que se propone ceder no podrá exceder de treinta (30) días desde que éste comunicó, a la gerencia el nombre del interesado y el precio. A su vencimiento, se tendrá por acordada la conformidad y por no ejercitada la preferencia.

    Ejecución forzada. En la ejecución forzada de cuotas limitadas en su transmisibilidad, la resolución que disponga la subasta será notificada a la sociedad con no menos de quince (15) días de anticipación a la fecha del remate. Si en dicho lapso el acreedor, el deudor y la sociedad no llegan a un acuerdo sobre la venta de la cuota, se realizará su subasta. Pero el juez no la adjudicará si dentro de los diez (10) días la sociedad presenta un adquirente o ella o los socios ejercitan la opción de compra por el mismo precio, depositando su importe.

    Art. 154. - Acciones judiciales. Cuando al tiempo de ejercitar el derecho de preferencia los socios o la sociedad impugnen el precio de las cuotas, deberán expresar el que consideren ajustado a la realidad. En este caso, salvo que el contrato prevea otras reglas para la solución del diferendo, la determinación del precio resultará de una pericia judicial; pero los impugnantes no estarán obligados a pagar uno mayor que el de la cesión propuesta, ni el cedente a cobrar uno menor que el ofrecido por los que ejercitaron la opción. Las costas del procedimiento estarán a cargo de la parte que pretendió el precio más distante del fijado por la tasación judicial.

    Denegada la conformidad para la cesión de cuotas que tienen limitada su transmisibilidad, el que se propone ceder podrá ocurrir ante el juez quien con audiencia de la sociedad, autorizará la cesión si no existe justa causa de oposición. Esta declaración judicial importará también la caducidad del derecho de preferencia de la sociedad y de los socios que se opusieron respecto de la cuota de este cedente.

    Art. 155. - Incorporación de los herederos. Si el contrato previera la incorporación de los herederos del socio, el pacto será obligatorio para éstos y para los socios. Su incorporación se hará efectiva cuando acrediten su calidad; en el ínterin actuará en su representación el administrador de la sucesión. Las limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas serán, en estos casos, imponibles a las cesiones que los herederos realicen dentro de los tres (3) meses de su incorporación. Pero la sociedad o los socios podrán ejercer opción de compra por el mismo precio dentro de los quince (15) días de haberse comunicado a la gerencia el propósito de ceder, la que deberá ponerlo en conocimiento de los socios en forma inmediata y por medio fehaciente.

    Art. 157. - Gerencia. Designación. La administración y representación de la sociedad corresponde a uno o más gerentes, socios o no, designados por tiempo determinado o indeterminado en el contrato constitutivo o posteriormente. Podrá elegirse suplentes para casos de vacancia.

    Gerencia plural. Si la gerencia es plural, el contrato podrá establecer las funciones que a cada gerente compete en la administración o imponer la administración conjunta o colegiada. En caso de silencio se entiende que pueden realizar indistintamente cualquier acto de administración.

    Derechos y obligaciones. Los gerentes tienen los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los directores de la sociedad anónima. No pueden participar, por cuenta propia o ajena, en actos que importen competir con la sociedad, salvo autorización expresa y unánime de los socios.

    Responsabilidad. Los gerentes serán responsables, individual o solidariamente, según la organización de la gerencia y la reglamentación de su funcionamiento establecidas por el contrato. Si una pluralidad de gerentes participaron en los mismos hechos generadores de responsabilidad, el juez puede fijar la parte que a cada uno corresponde en la reparación de los perjuicios atendiendo a su actuación personal. Son de aplicación las disposiciones relativas a la responsabilidad de los directores cuando la gerencia fuere colegiada.

    Revocabilidad. No puede limitarse la revocabilidad, excepto cuando la designación fuere condición expresa de la constitución de la sociedad. En este caso se aplicará el art. 129, segunda parte, y los socios disconformes tendrán derecho de receso.

    Art. 158. - Fiscalización optativa. Puede establecerse un órgano de fiscalización, sindicatura o consejo de vigilancia, que se regirá por las disposiciones del contrato.

    Fiscalización obligatoria. La sindicatura o el consejo de vigilancia son obligatorios en la sociedad cuyo capital alcance el importe fijado por el art. 299, inc. 2.

    Normas supletorias. Tanto a la fiscalización optativa como a la obligatoria se aplican supletoriamente las reglas de la sociedad anónima. Las atribuciones y deberes de estos órganos no podrán ser menores que los establecidos para tal sociedad, cuando es obligatoria.

    Art. 159. - Resoluciones sociales. El contrato dispondrá sobre la forma de deliberar y tomar acuerdos sociales. En su defecto, son válidas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios, comunicado a la gerencia a través de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad, dentro de los diez (10) días de habérseles cursado consulta simultánea a través de un medio fehaciente, o las que resultan de declaración escrita en la que todos los socios expresan el sentido de su voto.

    Asambleas. En las sociedades cuyo capital alcance el importe fijado por el art. 299, inc. 2 los socios reunidos en asamblea resolverán sobre los estados contables de ejercicio, para cuya consideración serán convocados dentro de los cuatro (4) meses de su cierre.

    Esta asamblea se sujetará a las normas previstas para la sociedad anónima reemplazándose el medio de convocarlas por la citación notificada personalmente o por otro medio fehaciente.

    Domicilio de los socios. Toda comunicación o citación a los socios debe dirigirse al domicilio expresado en el instrumento de constitución, salvo que se haya notificado su cambio a la gerencia.

    Art. 160. - Mayorías. El contrato establecerá las reglas aplicables a las resoluciones que tengan por objeto su modificación. La mayoría debe representar como mínimo más de la mitad del capital social.

    En defecto de regulación contractual se requiere el voto de las tres cuartas partes del capital social.

    Si un solo socio representare el voto mayoritario, se necesitará, además, el voto de otro.

    La transformación, la fusión, la escisión, la prórroga, la reconducción, la transferencia de domicilio al extranjero, el cambio fundamental del objeto y todo acuerdo que incremente las obligaciones sociales o la responsabilidad de los socios que votaron en contra, otorga a éstos derechos de receso conforme a lo dispuesto por el art. 245.

    Los socios ausentes o que votaron contra el aumento de capital, tienen derecho a suscribir cuotas proporcionalmente a su participación social. Si no la asumen, podrán acrecer los otros socios y, en su defecto, incorporarse nuevos socios.

    Las resoluciones sociales que no conciernan a la modificación del contrato, la designación y la revocación de gerentes, o síndicos, se adoptarán por mayoría del capital presente en la asamblea o partícipe en el acuerdo, salvo que el contrato exija una mayoría superior.

    Art. 162. - Actas. Las resoluciones sociales que no se adopten en asamblea constarán también en el libro exigido por el art. 73, mediante actas que serán confeccionadas y firmadas por los gerentes dentro del quinto día de concluido el acuerdo. En el acta deberán constar las respuestas dadas por los socios y su sentido a los efectos del cómputo de los votos. Los documentos en que consten las respuestas deberán conservarse por tres (3) años.

    Art. 183. - Actos cumplidos durante el período fundacional. Responsabilidades. Los directores sólo tienen facultades para obligar a la sociedad respecto de los actos necesarios para su constitución y los relativos al objeto social cuya ejecución durante el período fundacional haya sido expresamente autorizada en el acto constitutivo. Los directores, los fundadores y la sociedad en formación son solidaria e ilimitadamente responsables por estos actos mientras la sociedad no esté inscripta.

    Por los demás actos cumplidos antes de la inscripción serán responsables ilimitada y solidariamente las personas que los hubieren realizado y los directores y fundadores que los hubieren consentido.

    Art. 184. - Asunción de las obligaciones por la sociedad. Efectos. Inscripto el contrato constitutivo, los actos necesarios para la constitución y los realizados en virtud de expresa facultad conferida en el acto constitutivo, se tendrán como originariamente cumplidos por la sociedad. Los promotores, fundadores y directores quedan liberados frente a terceros de las obligaciones emergentes de estos actos.

    El directorio podrá resolver, dentro de los tres (3) meses de realizada la inscripción, la asunción por la sociedad de las obligaciones resultantes de los demás actos cumplidos antes de la inscripción, dando cuenta a la asamblea ordinaria. Si ésta desaprobase lo actuado, los directores serán responsables de los daños y perjuicios aplicándose el art. 274. La asunción de estas obligaciones por la sociedad, no libera de responsabilidad a quienes las contrajeron, ni a los directores y fundadores que lo consintieron.

    Art. 186. - Suscripción total. Capital mínimo. El capital debe suscribirse totalmente al tiempo de la celebración del contrato constitutivo. No podrá ser inferior a pesos argentinos cien mil ($a 100.000). Este monto podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo, cada vez que lo estime necesario.

    Terminología. En esta sección, capital social y capital suscripto se emplean indistintamente.

    Contrato de suscripción. En los casos de aumento de capital por suscripción, el contrato deberá extenderse en doble ejemplar y contener:

    1. El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad del suscriptor o datos de individualización y de registro o autorización tratándose de personas jurídicas;

    2. La cantidad, valor nominal, clase y características de las acciones suscriptas;

    3. El precio de cada acción y del total suscripto, la forma y las condiciones de pago.

    4. Los aportes en especie se individualizarán con precisión. En los supuestos en que para la determinación del aporte sea necesario un inventario, éste quedará depositado en la sede social para su consulta por los accionistas. En todos los casos el valor definitivo debe resultar de la oportuna aplicación del art. 53.

    Art. 187. - Integración mínima en efectivo. La integración en dinero efectivo no podrá ser menor al veinticinco por ciento (25 %) de la suscripción; su cumplimiento se justificará al tiempo de ordenarse la inscripción con el comprobante de su depósito en un banco oficial, cumplida la cual, queda liberado.

    Aportes no dinerarios. Los aportes no dinerarios deben integrarse totalmente. Sólo pueden consistir en obligaciones de dar y su cumplimiento se justificará al tiempo de solicitar la conformidad del art. 167.

    Art. 194. - Suscripción preferente. Las acciones ordinarias, sean de voto simple o plural, otorgan a su titular el derecho preferente a la suscripción de nuevas acciones de la misma clase en proporción a las que posean, excepto en el caso del art. 216, último párrafo; también otorgan derecho de acrecer en proporción a las acciones que hayan suscripto en cada oportunidad.

    Cuando con la conformidad de las distintas clases de acciones expresada en la forma establecida en el art. 250, no se mantenga la proporcionalidad entre ellas, sus titulares se considerarán integrantes de una sola clase para el ejercicio del derecho de preferencia.

    Ofrecimiento a los accionistas. La sociedad hará el ofrecimiento a los accionistas mediante avisos por tres (3) días en el diario de publicaciones legales y además en uno de los diarios de mayor circulación general en toda la República cuando se tratare de sociedades comprendidas en el art. 299.

    Plazo de ejercicio. Los accionistas podrán ejercer su derecho de opción dentro de los treinta (30) días siguientes al de la última publicación, si los estatutos no establecieran un plazo mayor.

    Debentures convertibles en acciones. Los accionistas tendrán también derecho preferente a la suscripción de debentures convertibles en acciones.

    Limitación. Extensión. Los derechos que este artículo reconoce no pueden ser suprimidos o condicionados, salvo lo dispuesto en el art. 197, y pueden ser extendidos por el estatuto o resolución de la asamblea que disponga la emisión a las acciones preferidas.

    Art. 195. - Acción judicial del accionista perjudicado. El accionista a quien la sociedad prive del derecho de suscripción preferente, puede exigir judicialmente que ésta cancele las suscripciones que le hubieren correspondido.

    Resarcimiento. Si por tratarse de acciones entregadas no puede procederse a la cancelación prevista, el accionista perjudicado tendrá derecho a que la sociedad y los directores solidariamente le indemnicen los daños causados. La indemnización en ningún caso será inferior al triple del valor nominal de las acciones que hubiera podido suscribir conforme al art. 194 computándose el monto de la misma en moneda constante desde la emisión.

    Art. 197. - Limitación al derecho de preferencia. Condiciones. La asamblea extraordinaria, con las mayorías del último párrafo del art. 244, puede resolver en casos particulares y excepcionales, cuando el interés de la sociedad lo exija, la limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones, bajo las condiciones siguientes:

    1. Que su consideración se incluya en el orden del día;

    2. Que se trate de acciones a integrarse con aportes en especie o que se den en pago de obligaciones preexistentes.

    Art. 199. - Sanción de nulidad. Las emisiones de acciones realizadas en violación del régimen de oferta pública son nulas. Inoponibilidad de derechos. Los títulos o certificados emitidos en consecuencia y los derechos emergentes de los mismos son inoponibles a la sociedad, socios y terceros.

    Art. 200. - Acción de nulidad. Ejercicio. Los directores, miembros del consejo de vigilancia y síndicos son solidaria e ilimitadamente responsables por los daños que se originaren a la sociedad y a los accionistas por las emisiones hechas en violación del régimen de la oferta pública.

    El suscriptor podrá demandar la nulidad de la suscripción y exigir solidariamente a la sociedad, los directores, miembros del consejo de vigilancia y síndicos el resarcimiento de los daños.

    Art. 201. - Información. La sociedad comunicará a la autoridad de contralor y al Registro Público de Comercio, la suscripción del aumento de capital a efectos de su registro.

    Art. 203. - Reducción voluntaria del capital. La reducción voluntaria del capital deberá ser resuelta por asamblea extraordinaria con informe fundado del síndico, en su caso.

    Art. 208. - Forma de los títulos. Los títulos pueden representar una o más acciones y ser al portador o nominativos; en este último caso, endosables o no.

    Certificados globales. Las sociedades autorizadas a la oferta pública podrán emitir certificados globales de sus acciones integradas, con los requisitos de los arts. 211, 212, para su inscripción en regímenes de depósito colectivo. A tal fin, se considerarán definitivos, negociables y divisibles.

    Títulos cotizables. Las sociedades deberán emitir títulos representativos de sus acciones en las cantidades y proporciones que fijen los reglamentos de las bolsas donde coticen.

    Certificados provisionales. Mientras las acciones no estén integradas totalmente, sólo pueden emitirse certificados provisionales nominativos. Cumplida la integración, los interesados pueden exigir la inscripción en las cuentas de las acciones escriturales o la entrega de los títulos definitivos que serán al portador si los estatutos no disponen lo contrario.

    Hasta tanto se cumpla con esta entrega, el certificado provisorio será considerado definitivo, negociable y divisible.

    Acciones escriturales. El estatuto puede autorizar que todas las acciones o algunas de sus clases no se representen en títulos. En el caso deben inscribirse en cuentas llevadas a nombre de sus titulares por la sociedad emisora en un registro de acciones escriturales al que se aplica el art. 213 en lo pertinente o por bancos comerciales o de inversión o cajas de valores autorizados.

    La calidad de accionista se presume por las constancias de las cuentas abiertas en el registro de acciones escriturales. En todos los casos la sociedad es responsable ante los accionistas por los errores o irregularidades de las cuentas, sin perjuicio de la responsabilidad del banco o caja de valores ante la sociedad, en su caso.

    La sociedad, la entidad bancaria o la caja de valores deben otorgar al accionista comprobante de la apertura de su cuenta y de todo movimiento que inscriban en ella. Todo accionista tiene además derecho a que se le entregue, en todo tiempo, constancia del saldo de su cuenta, a su costa.

    Art. 214. - Transmisibilidad. La transmisión de las acciones es libre.

    El estatuto puede limitar la transmisibilidad de las acciones nominativas o escriturales, sin que pueda importar la prohibición de su transferencia.

    La limitación deberá constar en el título o en las inscripciones en cuenta, sus comprobantes y estados respectivos.

    Art. 215. - Acciones nominativas y escriturales. Transmisión. La transmisión de las acciones nominativas o escriturales y de los derechos reales que las graven debe notificarse por escrito a la sociedad emisora o entidad que lleve el registro e inscribirse en el libro o cuenta pertinente. Surte efecto contra la sociedad y los terceros desde su inscripción.

    En el caso de acciones escriturales, la sociedad emisora o entidad que lleve el registro cursará aviso al titular de la cuenta en que se efectúe un débito por transmisión de acciones, dentro de los diez (10) días de haberse inscripto, en el domicilio que se haya constituido en las sociedades sujetas al régimen de la oferta pública, la autoridad de contralor podrá reglamentar otros medios de información a los socios.

    Las acciones endosables se transmiten por una cadena ininterrumpida de endosos y para el ejercicio de sus derechos el endosatario solicitará el registro.

    Art. 223. - Amortizaciones de acciones. El estatuto puede autorizar la amortización total o parcial de acciones integradas, con ganancias realizadas y líquidas, con los siguientes recaudos:

    1. Resolución previa de la asamblea que fije el justo precio y asegure la igualdad de los accionistas.

    2. Cuando se realice por sorteo, se practicará ante la autoridad de contralor o escribano de registro, se publicará su resultado y se inscribirá en los registros.

    3. Si las acciones son amortizadas en parte se asentará en los títulos o en las cuentas de acciones escriturales. Si la amortización es total se anularán, reemplazándose por bonos de goce o inscripciones en cuenta con el mismo efecto.

    Art. 238. - Depósito de las acciones. Para asistir a las asambleas, los accionistas deben depositar en la sociedad sus acciones o un certificado de depósito o constancia de las cuentas de acciones escriturales, librado al efecto por un banco, caja de valores u otra institución autorizada, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. La sociedad les entregará los comprobantes necesarios de recibo, que servirán para la admisión a la asamblea.

    Comunicación de asistencia. Los titulares de acciones nominativas o escriturales cuyo registro sea llevado por la propia sociedad, quedan exceptuados de la obligación de depositar sus acciones o presentar certificados o constancias, pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo término.

    Libro de asistencia. Los accionistas o sus representantes que concurran a la asamblea firmarán el libro de asistencia en el que se dejará constancia de sus domicilios, documentos de identidad y número de votos que les corresponda.

    Certificados. No se podrá disponer de las acciones hasta después de realizada la asamblea, excepto en el caso de cancelación del depósito. Quien sin ser accionista invoque los derechos que confiere un certificado o constancia que le atribuye tal calidad, responderá por los daños y perjuicios que se irroguen a la sociedad emisora; socios y terceros; la indemnización en ningún caso será inferior al valor real de las acciones que haya invocado, al momento de la convocatoria de la asamblea. El banco o la institución autorizada responderá por la existencia de las acciones ante la sociedad emisora, socios o terceros, en la medida de los perjuicios efectivamente irrogados.

    Cuando los certificados de depósito o las constancias de las cuentas de acciones escriturales no especifiquen su numeración y la de los títulos, en su caso, la autoridad de contralor podrá, a petición fundada de cualquier accionista, requerir del depositario o institución encargada de llevar el registro la comprobación de la existencia de las acciones.

    Art. 241. - Inhabilitación para votar. Los directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia y gerentes generales, no pueden votar en las decisiones vinculadas con la aprobación de sus actos de gestión. Tampoco lo pueden hacer en las resoluciones atinentes a su responsabilidad o remoción con causa.

    Art. 244. - Asamblea extraordinaria. Quórum. La asamblea extraordinaria se reúne en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen el sesenta por ciento (60 %) de las acciones con derecho a voto, si el estatuto no exige quórum mayor.

    Segunda convocatoria. En la segunda convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas que representen el treinta por ciento (30 %) de las acciones con derecho a voto, salvo que el estatuto fije quórum mayor o menor.

    Mayoría. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión, salvo cuando el estatuto exija mayor número.

    Supuestos especiales. Cuando se tratare de la transformación, prórroga o reconducción, excepto en las sociedades que hacen oferta pública o cotización de sus acciones; de la transferencia del domicilio al extranjero; del cambio fundamental del objeto y de la reintegración total o parcial del capital, tanto en primera cuanto en segunda convocatoria, las resoluciones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de voto. Esta disposición se aplicará para decidir la fusión y la escisión, salvo respecto de la sociedad incorporante que se regirá por las normas sobre aumento de capital.

    Art. 245. - Derecho de receso. Los accionistas disconformes con las modificaciones incluidas en el último párrafo del artículo anterior, salvo en el caso de disolución anticipada y en el de los accionistas de la sociedad incorporante en la fusión y en la escisión, pueden separarse de la sociedad con reembolso del valor de sus acciones. También podrán separarse en los casos de aumentos de capital que competan a la asamblea extraordinaria y que impliquen desembolso para el socio, de retiro voluntario de la oferta pública o de la cotización de las acciones y de continuación de la sociedad en el supuesto del art. 94, inc. 9.

    Limitación por oferta pública. En las sociedades que hacen ofertas públicas de sus acciones o se hallan autorizadas para la cotización de las mismas, los accionistas no podrán ejercitar el derecho de receso en los casos de fusión o de escisión si las acciones que deben recibir en su consecuencia estuviesen admitidas a la oferta pública o para la cotización, según el caso. Podrán ejercerlo si la inscripción bajo dichos regímenes fuese desistida o denegada.

    Titulares. Sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 244 para la determinación de la mayoría, el derecho del receso sólo podrá ser ejercido por los accionistas presentes que votaron en contra de la decisión dentro del quinto día y por los ausentes que acrediten la calidad de accionistas al tiempo de la asamblea, dentro de los quince (15) días de su clausura. En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, el plazo se contará desde que la sociedad comunique la denegatoria o el desistimiento mediante avisos por tres (3) días en el diario de publicaciones legales y en uno de los que tenga mayor circulación en la República.

    Caducidad. El derecho de receso y las acciones emergentes caducan si la resolución que los origina es revocada por asamblea celebrada dentro de los sesenta (60) días de expirado el plazo para su ejercicio por los ausentes; en este caso, los precedentes readquieren sin más el ejercicio de sus derechos retrotrayéndose los de naturaleza patrimonial al momento en que notificaron el receso.

    Fijación del valor. Las acciones se reembolsarán por el valor resultante del último balance realizado o que deba realizarse en cumplimiento de normas legales o reglamentarias. Su importe deberá ser pagado dentro del año de la clausura de la asamblea que originó el receso, salvo los casos de retiro voluntario, desistimiento o denegatoria de la oferta pública o cotización o de continuación de la sociedad en el supuesto del art. 94, inc. 9, en los que deberá pagarse dentro de los sesenta (60) días desde la clausura de la asamblea o desde que se publique el desistimiento, la denegatoria o la aprobación del retiro voluntario.

    El valor de la deuda se ajustará a la fecha del efectivo pago.

    Nulidad. Es nula toda disposición que excluya el derecho de receso o agrave las condiciones de su ejercicio.

    Art. 251. - Impugnación de la decisión asamblearia. Titulares. Toda resolución de la asamblea adoptada en violación de la ley, el estatuto o el reglamento, puede ser impugnada de nulidad por los accionistas que no hubieren votado favorablemente en la respectiva decisión y por las ausentes que acrediten la calidad de accionistas a la fecha de la decisión impugnada. Los accionistas que votaron favorablemente pueden impugnarla si su voto es anulable por vicio de la voluntad.

    También pueden impugnarla los directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia o la autoridad de contralor. Promoción de la acción. La acción se promoverá contra la sociedad, por ante el juez de su domicilio, dentro de los tres (3) meses de clausurada la asamblea.

    Art. 256. - Condiciones. El director es reelegible y su designación revocable exclusivamente por la asamblea, incluso en el caso del art. 281, inc. d). No es obligatoria la calidad de accionista.

    El estatuto establecerá la garantía que deberá prestar.

    El estatuto no puede suprimir ni restringir la revocabilidad en el cargo.

    Domicilio de los directores. La mayoría absoluta de los directores deben tener domicilio real en la República.

    Todos los directores deberán constituir un domicilio especial en la República, donde serán válidas las notificaciones que se les efectúen con motivo del ejercicio de sus funciones, incluyéndose las relativas a la acción de responsabilidad.

    Art. 258. - Reemplazo de los directores. El estatuto podrá establecer la elección de suplentes para subsanar la falta de los directores por cualquier causa. Esta previsión es obligatoria en las sociedades que prescinden de sindicatura.

    En caso de vacancia, los síndicos designarán el reemplazante hasta la reunión de la próxima asamblea, si el estatuto no prevé otra forma de nombramiento.

    Art. 259. - Renuncia de directores. El directorio deberá aceptar la renuncia del director, en la primera reunión que celebre después de presentada siempre que no afectare su funcionamiento regular y no fuere dolosa o intempestiva, lo que deberá constar en el acta pertinente. De lo contrario, el renunciante debe continuar en funciones hasta tanto la próxima asamblea se pronuncie.

    Art. 260. - Funcionamiento. El estatuto debe reglamentar la constitución y funcionamiento del directorio. El quórum no podrá se inferior a la mayoría absoluta de sus integrantes.

    Art. 263. - Elección por acumulación de votos. Los accionistas tienen derecho a elegir hasta un tercio de las vacantes a llenar en el directorio por el sistema de voto acumulativo.

    El estatuto no puede derogar este derecho, ni reglamentarlo de manera que dificulte su ejercicio, pero se excluye en el supuesto previsto en el art. 262.

    El directorio no podrá renovarse en forma parcial o escalonada, si de tal manera se impide el ejercicio del voto acumulativo.

    Procedimiento. Para su ejercicio se procederá de la siguiente forma:

    1. El o los accionistas que deseen votar acumulativamente deberán notificarlo a la sociedad con anticipación no menor de tres (3) días hábiles a la celebración de la asamblea, individualizando las acciones con que se ejercerá el derecho y, si fuesen al portador, depositando los títulos o el certificado o constancia del banco o institución autorizada. Cumplidos tales requisitos aunque sea por un solo accionista, todos quedan habilitados para votar por este sistema.

    2. La sociedad deberá informar a los accionistas que lo soliciten, acerca de las notificaciones recibidas. Sin perjuicio de ello, el presidente de la asamblea debe informar a los accionistas presentes que todos se encuentran facultados para votar acumulativamente, hayan o no formulado la notificación.

    3. Antes de la votación se informará pública y circunstancialmente el número de votos que corresponde a cada accionista presente.

    4. Cada accionista que vote acumulativamente tendrá un número de votos igual al que resulte de multiplicar los que normalmente le hubieren correspondido por el número de directores a elegir. Podrá distribuirlos o acumularlos en un número de candidatos que no exceda el tercio de las vacantes a llenar.

    5. Los accionistas que voten por el sistema ordinario o plural y los que voten acumulativamente competirán en la elección del tercio de las vacantes a llenar, aplicándose a los dos tercios restantes el sistema ordinario o plural de votación. Los accionistas que no voten acumulativamente lo harán por la totalidad de las vacantes a cubrir, otorgando a cada uno de los candidatos la totalidad de los votos que les corresponde conforme a sus acciones con derecho a voto.

    6. Ningún accionista podrá votar --dividiendo al efecto sus acciones-- en parte acumulativamente y en parte en forma ordinaria o plural.

    7. Todos los accionistas pueden variar el procedimiento o sistema de votación, antes de la emisión del voto, inclusive los que notificaron su voluntad de votar acumulativamente y cumplieron los recaudos al efecto.

    8. El resultado de la votación será computado por persona. Sólo se considerarán electos los candidatos votados por el sistema ordinario o plural si reúnen la mayoría absoluta de los votos presentes; y los candidatos votados acumulativamente que obtengan mayor número de votos, superando a los obtenidos por el sistema ordinario, hasta completar la tercera parte de las vacantes.

    9. En caso de empate entre dos o más candidatos votados por el mismo sistema, se procederá a una nueva votación en la que participarán solamente los accionistas que optaron por dicho sistema. En caso de empate entre candidatos votados acumulativamente, en la nueva elección no votarán los accionistas que --dentro del sistema-- ya obtuvieron la elección de sus postulados.

    Art. 264. - Prohibiciones e incompatibilidades para ser director. No pueden ser directores ni gerentes:

    1. Quienes no pueden ejercer el comercio.

    2. Los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta hasta diez (10) años después de su rehabilitación, los fallidos por quiebra casual o los concursados hasta cinco (5) años después de su rehabilitación; los directores o administradores de sociedad cuya conducta se calificare de culpable o fraudulenta, hasta diez (10) años después de su rehabilitación.

    3. Los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos; los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos y delitos contra la fe pública, los condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades. En todos los casos hasta después de diez (10) años de cumplida la condena.

    4. Los funcionarios de la Administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad, hasta dos (2) años del cese de sus funciones.

    Art. 267. - Directorio: Reuniones; Convocatoria. El directorio se reunirá, por lo menos, una vez cada tres (3) meses, salvo que el estatuto exigiere mayor número de reuniones, sin perjuicio de las que se pudieren celebrar por pedido de cualquier director. La convocatoria será hecha, en este último caso, por el presidente para reunirse dentro del quinto día de recibido el pedido. En su defecto, podrá convocarla cualquiera de los directores.

    La convocatoria deberá indicar los temas a tratar.

    Art. 271. - Prohibición de contratar con la sociedad. El director puede celebrar con la sociedad los contratos que sean de la actividad en que ésta opere y siempre que se concierten en las condiciones del mercado.

    Los contratos que no reúnan los requisitos del párrafo anterior sólo podrán celebrarse previa aprobación del directorio o conformidad de la sindicatura si no existiese quórum. De estas operaciones deberá darse cuenta a la asamblea.

    Si la asamblea desaprobare los contratos celebrados los directores, o la sindicatura, en su caso, serán responsables solidariamente por los daños y perjuicios irrogados a la sociedad.

    Los contratos celebrados en violación de lo dispuesto en el párr. 2º y que no fueren ratificados por la asamblea son nulos, sin perjuicio de la responsabilidad prevista en el párr. 3º.

    Art. 274. - Mal desempeño del cargo. Los directores responden limitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del art. 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave.

    Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la imputación de responsabilidad se hará atendiendo a la actuación individual cuando se hubieren asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el reglamento o decisión asamblearia. La decisión de la asamblea y la designación de las personas que han de desempeñar las funciones deben ser inscriptas en el Registro Público de Comercio como requisito para la aplicación de lo dispuesto en este párrafo.

    Exención de responsabilidad. Queda exento de responsabilidad el director que participó en la deliberación o resolución o que la conoció, si deja constancia escrita de su protesta y diere noticia al síndico antes de que su responsabilidad se denuncie al directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad competente, o se ejerza la acción judicial.

    Art. 280. - Reglamentación. El estatuto podrá organizar un consejo de vigilancia, integrado por tres (3) a quince (15) accionistas designados por la asamblea conforme a los arts. 262 ó 263, reelegibles y libremente revocables. Cuando el estatuto prevea el consejo de vigilancia, los arts. 262 y 263 no se aplicarán en la elección de directores si éstos deben ser elegidos por aquél.

    Normas aplicables. Se aplicarán los arts. 234, inc. 2, 241, 257, 258, párr. 1º, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 286 y 305. También se aplicará el art. 60. Cuando en estas disposiciones se hace referencia a director o directorio se entenderá consejero o consejo de vigilancia.

    Art. 284. - Designación de síndicos. Está a cargo de uno o más síndicos designados por la asamblea de accionistas. Se elegirá igual número de síndicos suplentes.

    Cuando la sociedad estuviere comprendida en el art. 299 --excepto su inc. 2º-- la sindicatura debe ser colegiada en número impar.

    Cada acción dará en todos los casos derecho a un solo voto para la elección y remoción de los síndicos, sin perjuicio de la aplicación del art. 288.

    Es nula cualquier cláusula en contrario.

    Prescindencia. Las sociedades que no estén comprendidas en ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299, podrán prescindir de la sindicatura cuando así esté previsto en el estatuto. En tal caso los socios poseen el derecho de contralor que confiere el art. 55. Cuando por aumento de capital resultare excedido el monto indicado la asamblea que así lo resolviere debe designar síndico, sin que sea necesaria reforma de estatuto.

    Art. 287. - Plazo. El estatuto precisará el término por el cual son elegidos para el cargo, que no puede exceder de tres (3) ejercicios, no obstante, permanecerán en el mismo hasta ser reemplazados. Podrán ser reelegidos.

    Revocabilidad. Su designación es revocable solamente por la asamblea de accionistas que podrá disponerla sin causa siempre que no medie oposición del cinco por ciento (5 %) del capital social.

    Es nula cualquier cláusula contraria a las disposiciones de este artículo.

    Art. 297. - Solidaridad. También son responsables solidariamente con los directores por los hechos u omisiones de éstos, cuando el daño no se hubiera producido si hubieren actuado de conformidad con lo establecido en la ley, estatuto, reglamento o decisiones asamblearias.

    Art. 366. - Normas supletorias. Esta sociedad funciona y se disuelve, a falta de disposiciones especiales, por las reglas de la sociedad colectiva en cuanto no contraríen esta sección.

    Liquidación. La liquidación se hará por el socio gestor, quien debe rendir cuentas de sus resultados a los socios no gestores.

    Artículo 2º - Incorpóranse como capítulo III, bajo la denominación "De los contratos de colaboración empresaria" Sección I -- De las agrupaciones de colaboración y Sección II -- De las uniones temporarias de empresas, las siguientes disposiciones:

    SECCION I - De las agrupaciones de colaboración

    Art. 367. - Caracterización. Las sociedades constituidas en la República y los empresarios individuales domiciliados en ella pueden, mediante un contrato de agrupación, establecer una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad empresarial de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades.

    No constituyen sociedades ni son sujetos de derecho. Los contratos, derechos y obligaciones vinculados con su actividad se rigen por lo dispuesto en los arts. 371 y 373.

    Las sociedades constituidas en el extranjero podrán integrar agrupaciones previo cumplimiento de lo dispuesto por el art. 118, 3er párrafo.

    Art. 368. - Finalidad. La agrupación, en cuanto tal, no puede perseguir fines de lucro. Las ventajas económicas que genere su actividad deben recaer directamente en el patrimonio de las empresas agrupadas o consorciadas.

    La agrupación no puede ejercer funciones de dirección sobre la actividad de sus miembros.

    Art. 369. - Forma y contenido del contrato. El contrato se otorgará por instrumento público o privado y se inscribirá aplicándose lo dispuesto por los arts. 4º y 5º. Una copia, con los datos de su correspondiente inscripción será remitida por el Registro Público de Comercio a la Dirección Nacional de Defensa de la Competencia.

    El contrato debe contener:

    1. El objeto de agrupación;

    2. La duración, que no podrá exceder de diez (10) años. Puede ser prorrogada antes de su vencimiento por decisión unánime de los participantes. En caso de omitirse la duración, se entiende que el contrato es válido por diez (10) años;

    3. La denominación, que se formará con un nombre de fantasía integrado con la palabra agrupación.

    4. El nombre, razón social o denominación, el domicilio y los datos de la inscripción registral del contrato o estatuto o de la matriculación e individualización en su caso, que corresponda a cada uno de los participantes. En caso de sociedades, la relación de la resolución del órgano social que aprobó la contratación de la agrupación, así como su fecha y número de acta;

    5. La constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato de agrupación, tanto entre las partes como respecto de terceros;

    6. Las obligaciones asumidas por los participantes, las contribuciones debidas al fondo común operativo y los modos de financiar las actividades comunes;

    7. La participación que cada contratante tendrá en las actividades comunes y en sus resultados;

    8. Los medios, atribuciones y poderes que se establecerán para dirigir la organización y actividad común, administrar el fondo operativo, representar individual o colectivamente a los participantes y controlar su actividad al solo efecto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones asumidas;

    9. Los supuestos de separación y exclusión;

    10. Las condiciones de admisión de nuevos participantes;

    11. Las sanciones por incumplimiento de obligaciones;

    12. Las normas para la confección de estados de situación, a cuyo efecto los administradores llevarán, con las formalidades establecidas por el Código de Comercio, los libros habilitados a nombre de la agrupación que requieran la naturaleza e importancia de la actividad común.

    Art. 370. - Resoluciones. Las resoluciones relativas a la realización del objeto de la agrupación se adoptarán por el voto de la mayoría de los participantes, salvo disposición contraria del contrato.

    Su impugnación sólo puede fundarse en la violación de disposiciones legales o contractuales y debe demandarse ante el juez del domicilio fijado en el contrato dentro de los treinta (30) días de haberse notificado fehacientemente la decisión de la agrupación, mediante acción dirigida contra cada uno de los integrantes de la agrupación.

    Las reuniones o consultas a los participantes deberán efectuarse cada vez que lo requiera un administrador o cualquiera de los miembros de la agrupación.

    No puede introducirse ninguna modificación del contrato sin el consentimiento unánime de los participantes.

    Art. 371. - Dirección y administración. La dirección y administración debe estar a cargo de una o más personas físicas designadas en el contrato o posteriormente por resolución de los participantes, siendo de aplicación el art. 221 del Cód. de Comercio.

    En caso de ser varios los administradores y si nada se dijera en el contrato, se entiende que pueden actuar indistintamente.

    Art. 372. - Fondo Común Operativo. Las contribuciones de los participantes y los bienes que con ellas se adquieran, constituyen el fondo común operativo de la agrupación. Durante el término establecido para su duración, se mantendrá indiviso este patrimonio sobre el que no pueden hacer valer su derecho los acreedores particulares de los participantes.

    Art. 373. - Responsabilidad hacia terceros. Por las obligaciones que sus representantes asuman en nombre de la agrupación, los participantes, responden ilimitada y solidariamente respecto de terceros. Queda expedita la acción contra éstos, sólo después de haberse interpelado, infructuosamente al administrador de la agrupación; aquél contra quien se demanda el cumplimiento de la obligación puede hacer valer sus defensas y excepciones que hubieren correspondido a la agrupación.

    Por las obligaciones que los representantes hayan asumido por cuenta de un participante, haciéndolo saber al tiempo de obligarse, responde éste solidariamente con el Fondo Común Operativo.

    Art. 374. - Estados de situación. Contabilización de los resultados. Los estados de situación de la agrupación deberán ser sometidos a decisión de los participantes dentro de los noventa (90) días del cierre de cada ejercicio anual.

    Los beneficios o pérdidas o, en su caso, los ingresos y gastos de los participantes derivados de su actividad podrán ser imputados al ejercicio en que se produjeron o a aquél en que se hayan aprobado las cuentas de la agrupación.

    Art. 375. - Causas de disolución. El contrato de agrupación se disuelve:

    1. Por la decisión de los participantes;

    2. Por explotación del término por el cual se constituyó, por la consecución del objeto para el que se formó o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo;

    3. Por reducción a uno del número de participantes;

    4. Por la incapacidad, muerte, disolución o quiebra de un participante, a menos que el contrato prevea o que los demás participantes decidan por unanimidad su continuación;

    5. Por decisión firme de autoridad competente que considere incursa a la agrupación en prácticas restrictivas de la competencia;

    6. Por las causas específicamente previstas en el contrato.

    Art. 376. - Exclusión. Sin perjuicio de lo establecido en el contrato cualquier participante puede ser excluido por decisión unánime, cuando contravenga habitualmente sus obligaciones o perturbe el funcionamiento de la agrupación.

    SECCION II -- De las uniones transitorias de empresas

    Art. 377. - Caracterización. Las sociedades constituidas en la República y los empresarios individuales domiciliados en ella podrán, mediante un contrato de unión transitoria, reunirse para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro concreto, dentro o fuera del territorio de la República. Podrán desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al objeto principal.

    Las sociedades constituidas en el extranjero podrán participar en tales acuerdos previo cumplimiento del art. 118, 3er. párrafo.

    No constituyen sociedades ni son sujetos de derecho. Los contratos, derechos y obligaciones vinculados con su actividad se rigen por lo dispuesto en el art. 379.

    Art. 378. - Firma y contenido del contrato. El contrato se otorgará por instrumento público o privado, el que deberá contener:

    1. El objeto, con determinación concreta de las actividades y los medios para su realización;

    2. La duración, que será igual a la de la obra, servicio o suministro que constituya el objeto;

    3. La denominación que será la de alguno, algunos o de todos los miembros, seguida de la expresión unión transitoria de empresas;

    4. El nombre, razón social o denominación, el domicilio y los datos de la inscripción registral del contrato o estatuto o de la matriculación o individualización, en su caso, que corresponda a cada uno de los miembros. En caso de sociedades, la relación de la resolución del órgano social que aprobó la celebración de la unión transitoria así como su fecha y número de acta;

    5. La constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato de unión transitoria, tanto entre las partes como respecto de terceros;

    6. Las obligaciones asumidas, las contribuciones debidas al Fondo Común Operativo y los modos de financiar o sufragar las actividades comunes en su caso.

    7. El nombre y domicilio del representante.

    8. La proporción o método para determinar la participación de las empresas en la distribución de los resultados o en su caso, los ingresos y gastos de la unión.

    9. Los supuestos de separación y exclusión de los miembros y las causales de disolución del contrato;

    10. Las condiciones de admisión de nuevos miembros;

    11. Las sanciones por incumplimiento de obligaciones.

    12. Las normas para la confección de estados de situación, a cuyo efecto los administradores llevarán, con las formalidades establecidas por el Código de Comercio, los libros habilitados a nombre de la unión que requieran la naturaleza e importancia de la actividad común.

    Art. 379. - Representación. El representante tendrá los poderes suficientes de todos y cada uno de los miembros para ejercer los derechos y contraer las obligaciones que hiciesen al desarrollo o ejecución de la obra, servicio o suministro. Dicha designación no es revocable sin causa, salvo decisión unánime de las empresas participantes; mediando justa causa la revocación podrá ser decidida por el voto de la mayoría absoluta.

    Art. 380. - Inscripción. El contrato y la designación del representante deberán ser inscriptos en el Registro Público de Comercio, aplicándose los arts. 4º y 5º.

    Art. 381. - Responsabilidad. Salvo disposición en contrario del contrato, no se presume la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar, ni por las obligaciones contraídas frente a terceros.

    Art. 382. - Acuerdos. Los acuerdos que deban adoptar lo serán siempre por unanimidad, salvo pacto en contrario.

    Art. 383. - Quiebra o incapacidad. La quiebra de cualquiera de las participantes o la incapacidad o muerte de los empresarios individuales no produce la extinción del contrato de unión transitoria que continuará con los restantes si éstos acordaren la forma de hacerse cargo de las prestaciones ante el comitente.

    Artículo 3º - El actual capítulo III se mantendrá bajo igual epígrafe y el mismo contenido como capítulo IV, y sólo modificándose la numeración de sus disposiciones de la siguiente forma: Los actuales arts. 367 a 373 llevarán la numeración correlativa 384 a 391.

    Vigencia.

    Artículo 4º - Esta ley regirá a los ocho (8) días de su publicación.

    Aplicación de pleno derecho.

    Artículo 5º - La presente ley se aplicará de pleno derecho a las sociedades constituidas a la fecha que se establece en el artículo anterior, salvo las normas que supeditan su aplicación a lo dispuesto en el contrato o estatuto, en cuyo caso regirán éstos.

    Normas de aplicación.

    Artículo 6º - Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 4º, se aplicarán las modificaciones introducidas:

    a) En los arts. 62, 65 y 67 a los ejercicios que se inicien a partir de la vigencia de la presente;

    b) En los arts. 63 y 54 a los ejercicios que se cierren a partir de la vigencia de esta ley.

    c) En la sección X del capítulo I, a las transformaciones ya aprobadas por los socios si, mediante un nuevo acuerdo social, se decide adecuar los procedimientos a lo dispuesto por esta ley, a salvo los derechos de los socios que ya ejercitaron el receso. El art. 81 no se aplica a los trámites de transformación que estén en gestión;

    d) En la sección XI del capítulo I, si mediante nuevos acuerdos sociales las sociedades que ya aprobaron el compromiso de fusión optan por adecuar los procedimientos al régimen de esta ley, a salvo los derechos de los socios que ya ejercitaron el receso;

    e) En los arts. 152, 154, 155, 159 y 160, a los tres (3) meses de la vigencia de esta ley, salvo que con anterioridad se modifique el contrato adecuándolo a sus disposiciones; la misma regla se extiende al art. 153, excepto en lo concerniente a su último párrafo, que se aplicará a las subastas de las cuotas que se dispongan a partir de la vigencia de esta ley.

    f) En las sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital alcance el importe fijado por el art. 299, inc. 2º, se integrará un órgano de fiscalización en la primera asamblea que se convoque a partir de la vigencia de esta ley. Salvo disposición en contrario del contrato, la fiscalización será organizada por un síndico titular y uno suplente;

    g) En el art. 162, a los acuerdos sociales que se celebren a partir de los tres (3) meses de la vigencia de esta ley.

    h) En el art. 238, lo concerniente a la comunicación de la asistencia, a las asambleas que se convoquen a partir de la vigencia de esta ley. En las publicaciones se hará constar la obligación de los titulares de acciones nominativas o escriturales de comunicar su asistencia;

    i) En los arts. 244, 245 y 251, a las asambleas que se convoquen con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley;

    j) En el art. 256, a los directores elegidos por asambleas convocadas a partir de la entrada en vigencia de la presente;

    k) En el art. 263, a las elecciones que se realicen por asambleas convocadas a partir de la vigencia de esta ley.

    Exención impositiva.

    Artículo 7º - Los actos y documentos accesorios para adecuar contratos o estatutos a lo dispuesto por la presente ley quedan exentos de impuestos, tasas y derechos.

    Derogaciones.

    Artículo 8º - Deróganse la ley 22.458 y el inc. j) del art. 369 de la ley 19.550.

    Artículo 9º - El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Justicia de la Nación, dispondrá la publicación oficial de un texto ordenado de la ley 19.550.

    Artículo 10. - Comuníquese, etc.
Citas legales:Ley 22.262 Biblioteca


    Nota al Poder Ejecutivo acompañando el proyecto de ley 22.903.
Buenos Aires, 27 de julio de 1983.

    Excmo. señor Presidente de la Nación:

    Tengo el honor de dirigirme al Excmo. señor Presidente a fin de elevar a su consideración el proyecto de reformas a la ley de sociedades comerciales 19.550.

    La necesidad y conveniencia de introducir reformas al ordenamiento societario, tras diez años de aplicación, fueron receptadas por el Ministerio de Justicia como consecuencia de las sugerencias formuladas por la Comisión de Juristas designada por res. 268 del 15 de octubre de 1981.

    La Comisión se integró con los doctores Jaime Luis Anaya, Raúl Aníbal Etcheverry, Horacio Pedro Fargosi, Juan Carlos Palmero, Enrique Zaldívar; como miembro coordinador se designó al doctor Enrique Manuel Butty, y para actuar como secretarios a los doctores María Celia Marsili y Carlos San Millán.

    El Ministerio de Justicia dispuso también que se requiera opinión a diversas organizaciones científicas, profesionales y empresarias, sobre el tema objeto del cometido de la Comisión. Se consultó en tal sentido a la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina, Consejo Federal del Notariado Argentino, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cámara de Sociedades Anónimas, Comisión Nacional de Valores, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Federación Argentina de Colegios de Abogados, Colegios de Graduados en Ciencias Económicas, Cámara Argentina de Compañías Financieras, Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Corporación de Abogados Católicos de la República Argentina, Academia Nacional del Derecho y Ciencias Sociales, Colegio de Escribanos de la Capital Federal, Banco Central de la República Argentina, Inspección General de Justicia, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe y Facultad de Derecho de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino Católica de Tucumán.

    Las respuestas recibidas de los organismos consultados, las conclusiones de la doctrina nacional, de la jurisprudencia y de los congresos y jornadas realizados durante la vigencia de la ley fueron evaluados por la Comisión durante el curso de sus trabajos, cuyos frutos se exponen en el dictamen que elevó al Ministerio de Justicia el 15 de diciembre de 1982. Esas conclusiones fueron a su vez sometidas a la opinión de los organismos y entidades consultados originariamente, y expuesto a la opinión pública a través de la prensa y de las publicaciones especializadas.

    Atendiendo las conclusiones del dictamen y analizadas las respuestas recibidas, el Ministerio de Justicia dispuso, por res. 72 del 15 de febrero de 1983, la constitución de la Comisión encargada de redactar el proyecto de reformas a la ley 19.550, designando a tales fines a los doctores Jaime Luis Anaya, Enrique Manuel Butty, Horacio Pedro Fargosi, Raúl Aníbal Etcheverry, Juan Carlos Palmero y Enrique Zaldívar y como secretarios a los doctores María Celia Marsili y Carlos San Millán.

    En virtud de lo dispuesto, la Comisión luego de evaluar las respuestas pronunciadas por la consulta pública realizada y en base al dictamen oportunamente compartido redactó el anteproyecto de ley de reformas, cuyo texto definitivo se eleva hoy, juntamente con la Exposición de Motivos elaborada por la Comisión en la que lucen los argumentos que sustentan las soluciones propiciadas, que este Ministerio comparte por corresponder a una prudente y ordenada manera de atender las circunstancias reguladas.

    Dios guarde a V. E. -- Lucas J. Lennon.
    CONSIDERACIONES
    GENERALES

    La Comisión instituida por la res. del Ministerio de Justicia 72 del 15 de febrero de 1983 ha elaborado el texto de reformas a la ley 19.550 ajustándose a las pautas que se expusieran en el informe al señor Ministro de Justicia de fecha 15 de diciembre de 1982.

    Esto es: Sin perjuicio de ser conscientes que la ley de sociedades comerciales podría ser objeto de modificaciones tendientes a mejorar su estructura en una mayor medida que la que se propone, la Comisión ha estimado que era propio, en esta oportunidad, sugerir aquellas reformas que a través de diez años de vigencia y aplicación intensiva de la ley 19.550 han reunido consenso suficiente para su aceptación. En tal sentido se recogen, básicamente, las propuestas que han tenido significativa aceptación a través de las diversas manifestaciones reunidas en los Congresos de Derecho Societario de la Cumbre del año 1977, de Mar del Plata, celebrado en el año 1979, y el de Salta, desarrollado en el año 1982, como así en otras jornadas y reuniones científicas que tuvieron como punto de referencia, precisamente, la problemática de interpretación y aplicación de la ley 19.550; naturalmente también han tenido especial merituación las conclusiones a que arribara la doctrina y la trascendencia de los criterios sentados por la jurisprudencia predominante (p. ej.: Reconducción o reactivación societaria, regularización de sociedades irregulares).

    La consecución de tal propósito en el marco que se deja señalado, condujo a la formulación de las reglas cuyo alcance y finalidad se explica seguidamente.
    CAPITULO I - Disposiciones generales

    SECCION II - De la forma, prueba y procedimiento

    1. Se agrega en el art. 11, inc. 3, la solución propiciada por la jurisprudencia en el sentido de interpretar el concepto de domicilio como referido a la jurisdicción en la que se constituye la sociedad; de este modo se posibilita que sólo tal dato conste en el contrato social y que, de así acordarse, la dirección de la sede deba inscribirse en el Registro Público de Comercio en la forma y con los efectos que describe el nuevo texto que se incorpora al inc. 2 del art. 11.

    2. En lo atinente al art. 12, la modificación que se introduce es sólo de detalle y para adecuar el texto al nuevo régimen proyectado para las sociedades de responsabilidad limitada.
    SECCION IV - De la sociedad no constituida
    regularmente

    1. Es significativa la solución que se incorpora con el nuevo texto del art. 22, desde que se posibilita la regularización de las sociedades irregulares o de hecho, recibiéndose, como se ha dicho, una corriente doctrinaria y jurisprudencial que ha obtenido consenso. La Comisión está persuadida que de esta forma se facilita la conservación de la empresa y la recepción por el orden normativo argentino de la ley de sociedades comerciales de criterios que no se limitan, exclusivamente, al cumplimiento del objeto social, sino que los trascienden y que de alguna manera aparecen insinuados en la ley vigente, a través de las soluciones sentadas en los incs. 6 y 8 del art. 94.

    Procede señalar que el proyecto queda delineado a partir del principio básico de la libertad de contratación, desde que no media una imposición a todos los socios sino que la regularización se decide con el debido respeto a su voluntad. Paralelamente también se reformula el problema de la disolución, ajustándola a la hipótesis de la regularización, como modo de evitar que la sociedad pueda extinguirse por voluntad de uno solo de los socios.
    SECCION VI - De los socios en sus relaciones con
    la sociedad

    1. Sabido es que la ley 19.550 implicó un adelanto sustancial en orden a la regulación del arduo problema de las sociedades controladas y de los atinentes a la vinculación. En tal sentido el art. 33 comportó un avance que, por lo demás, era propiciado o ya recibido, por las legislaciones de los países con más alto grado de evolución económica. Sin embargo la norma vigente presenta dos problemas que es necesario solucionar. El primero de ellos lo constituye la referencia a la prevalencia para formar la voluntad social, sin distinguir en qué tipo de reuniones o asambleas. La Comisión considera conveniente dejar establecido en la normativa que esa prevalencia es suficiente que se alcance en las reuniones sociales o asambleas ordinarias, habida cuenta que éstas son de obligatoria celebración y, por lo demás, que hacen a la marcha normal de la sociedad, sin perjuicio de que la situación también se denote, con mayor razón, por vía de reuniones o asambleas extraordinarias. La otra cuestión se origina en que la ley 19.550 constriñó la noción al control jurídico o interno, es decir, el derivado de la titularidad de partes de interés, cuotas o acciones. Si bien es cierto que no han faltado voces que propiciaron extenderla a través de una interpretación lata de esta formulación, parece propio a diez años de vigencia de la ley y habida cuenta de lo sucedido en legislaciones que contenían pautas similares a las nuestras, incorporar expresamente la noción de control externo o económico en la forma en que lo concreta el inc. 2 del nuevo texto del art. 33.

    2. La modificación introducida al art. 50, última parte como en el caso del ya citado art. 12, lo es por problemas de adecuación a la nueva estructura de las sociedades de responsabilidad limitada.

    3. Con relación al art. 54, ha sido un tema complejo y urticante el uso desviado de la personalidad reconocida a las sociedades comerciales por la legislación vigente, en cuanto, en sustancia, implica un empleo disvalioso del orden jurídico.

    De ahí que cuando a través del sujeto se persigan fines que conlleven la violación de la ley, del orden o la buena fe, o se frustren derechos de terceros, se establece que las consecuencias se imputarán directamente a los socios o a quien controle la sociedad, siendo inoponible la personalidad jurídica.

    Vale decir que el texto proyectado, a partir de una vertiente ética, se adecua jurídicamente a la razón misma del reconocimiento de la personalidad que no puede servir para violentar lo que constituye el objeto genérico y abstracto de las sociedades comerciales a la luz de lo dispuesto por el art. 1º de la ley 19.550.

    Procede señalar que la solución proyectada es coherente con la estructura técnica y lógica de la ley 19.550, desde que su propio art. 2º ha establecido una pauta plena de consecuencias ya utilizadas por la jurisprudencia y la doctrina, y que se inspira, precisamente, en los criterios que en punto a los alcances de la personalidad ha merituado la Comisión, tal como resulta del punto 2. de la sección I del capítulo I de la Exposición de Motivos de la ley de sociedades comerciales; o sea que la misma constituye un mero recurso técnico para tratar en forma unitaria, a ciertos efectos y dadas determinadas hipótesis, a un sustrato pluripersonal.

    4. Respecto del texto que se proyecta como art. 55 es, como en los casos referidos a los arts. 12 y 50, un problema de mera coordinación que en este caso está vinculada con las reformas que se introducen al régimen de las sociedades de responsabilidad limitada, por una parte, y por otra, a la posibilidad, de prescindir del órgano de fiscalización interna en los casos a que se refiere en texto modificado del art. 284.
    SECCION IX - De la documentación y de la contabilidad

    1. La Comisión analizó detenidamente la regulación que en este particular contiene la ley 19.550. La legislación comparada demuestra que la disciplina sobre la confección de los estados contables contenida en la legislación vigente se mantiene dentro de la técnica generalmente aceptada como lo demuestra el régimen de sociedades anónimas instituido en el Brasil por la ley de 1976, las modificaciones introducidas al Código Civil italiano de 1942 y también los proyectos en trámite elaborados en el seno de la Comunidad Económica Europea.

    La especialidad de la materia llevó a la Comisión a efectuar consultas a organismos de altísima especialización y también a autoridades de contralor.

    2. Las reformas que se introducen al art. 61 procuran una mejora del texto en orden a enfatizar la innecesariedad de llevar libros con las formalidades del Código de Comercio más allá de los supuestos explícitamente referidos en la norma, potenciar la permisión de uso de medios modernos de contabilización; sea por el empleo de medios magnéticos u ordenadores y, finalmente, establecer un sistema ágil y expeditivo de autorización del uso de los mismos cuando se requiere la previa conformidad de la autoridad de control.

    3. En el art. 62 se introduce una regla de índole práctica, cual es la indicación de la fecha de expiración del contrato social, lo que se conecta con la posibilidad de reconducir el mismo según la reforma propiciada en el art. 95.

    En el 2º párr., y conforme las más avanzadas técnicas de organización empresaria, se establece la confección de un balance consolidado, cuando se dan los supuestos de control en los términos del art. 33, inc. 1. Cuadra señalar en este particular que a diferencia de lo que acaece con el balance de ejercicio, las pautas de confección de este tipo de balance quedan remitidas a los principios de contabilidad generalmente aceptados o a las disposiciones que establezcan las autoridades de contralor, cuanto que el balance consolidado no es objeto de aprobación por la asamblea sino que es un elemento de información para los socios.

    En el último párrafo se procura superar el concepto aritmético formal del balance de ejercicio o los correspondientes a períodos intermedios dentro de un mismo ejercicio, basados en el criterio histórico, estableciendo que deberán expresarse en moneda constante, tal como acaece respecto de ciertos sectores de la actividad empresaria. Con ello, además de cumplirse el objetivo precedentemente señalado, existirá uniformidad respecto de la forma de presentación de los estados contables, lo que en todo caso merecerá regulaciones legales particularizadas o especiales.

    4. Las modificaciones introducidas al art. 63 no alteran la finalidad ni el espíritu de la norma originaria, sino que se trata de mejoras parciales tendientes a dar mayor claridad a los textos reformulados.

    5. Respecto del art. 64, se sustituye el apart. II reemplazándolo con el estado de evolución del patrimonio neto, conforme la norma técnica de presentación ya adoptada por la Comisión Nacional de Valores.

    6. En lo que hace al art. 65, se trata también de modificaciones de ajuste, tendientes a una mayor claridad de la información, como es el caso de los incs. j) y k) del apart. I, siendo de señalar que en el primero de los supuestos indicados media correlación con la reforma que se propone al art. 271.

    7. La modificación que se propone del art. 67 tiene conexión, también, con los cambios, propiedades en el régimen de las sociedades de responsabilidad limitada y procuran certeza en la información proveniente de los estados contables.

    8. Es asimismo de adecuación la reforma proyectada del art. 68, habida cuenta de la supresión de lo dispuesto por el vigente art. 162.

    9. El nuevo texto que se propone para el art. 70 responde a la nueva normativa proyectada para las sociedades de responsabilidad limitada, desde que se suprime el supuesto de las sociedades que tengan veinte o más socios, reemplazándolo por la cuantía del capital.

    10. El art. 72 es modificado coordinándolo con la nueva solución que se propone a través del art. 241. Si bien es cierto que la norma vigente es básicamente ajustada al sentido y finalidad de dicha modificación, la Comisión, persuadida de la necesidad de afirmar todo aquello que haga al contenido ético de la ley, estimó del caso dejar explícitamente sentado que la aprobación de los estados contables no conlleva la de la gestión de los directores, administradores, gerentes, miembros del consejo de vigilancia o síndicos, ni menos que ello signifique la liberación de responsabilidades.

    Vale decir que el énfasis que se ha puesto en estos aspectos en el texto proyectado del art. 72 persigue una más inequívoca comprensión del recto alcance que corresponde dar al nuevo texto del art. 241.

    11. En lo atinente al art. 73 se trata de una modificación tendiente a obviar, por imperio de la propia ley, cualquier interpretación desviada de la norma vigente, al establecerse explícitamente que los libros de actas deben ser llevados con las formalidades de los de Comercio.
    SECCION X - De la transformación

    Las innovaciones introducidas en esta sección han tendido a concretar la mayor simplificación y rapidez en el procedimiento vigente, que la práctica demostró que es sumamente complejo. Tal como lo sugirió el informe del 15 de diciembre de 1982 el punto de partida para esta reforma consistió en el replanteo del régimen de consentimiento de los acreedores a la transformación que bajo la disciplina actual genera engorrosas secuelas.

    1. El nuevo texto del art. 75 mantiene el principio de inalterabilidad de la responsabilidad de los socios bajo el tipo anterior a la transformación, pero requiere consentimiento expreso de los acreedores para modificarlo. Se aclara, por otra parte, que la subsistencia de la responsabilidad ilimitada y solidaria se proyecta sobre obligaciones preexistentes a la transformación pero exigibles con posterioridad.

    2. Sin ignorar el paralelismo que la solución del actual art. 76 guarda con la establecida en el 2º párr. del art. 36, así como su concordancia con soluciones del derecho comparado (tal como ocurre con las legislaciones alemana, española y peruana), ha parecido a la Comisión excesivamente gravosa esta garantía adicional gratuitamente otorgada a los terceros que no contaron con ella al tiempo de generarse la obligación.

    3. En cuanto al procedimiento, se mantiene, en general, con los requisitos del art. 77 vigente. Pero se introducen esclarecimientos en lo relativo al balance, fecha en que debe cerrarse, puesta a disposición de los socios y mayoría requerida para su aprobación. Se elimina, en cambio, la puesta a disposición de los acreedores por entenderse innecesaria, toda vez que el cambio de tipo no podrá alterar el régimen de garantía preexistente.

    Para un mejor orden de las secuencias procedimentales el proyecto traslada como inc. 3 al actual inc. 4. Y en éste se correlaciona la publicidad de la transformación con lo reglado por el art. 10, esclareciendo así también el sentido y la finalidad de esta publicación.

    4. El art. 78 armoniza el receso con las modificaciones propuestas para el art. 245. Se da solución, por otra parte, al discutido alcance de la solidaridad establecida en garantía de los socios salientes; y se precisa el balance sobre cuya base se determinará el contenido patrimonial de la parte de los recedentes. Se suprime, finalmente, lo relativo a la aceptación por los acreedores afectados, como requisito para hacer efectivo el receso, toda vez que la transformación no puede perjudicar a los acreedores ni queda supeditada a su conformidad.

    5. La transformación, en los términos del proyecto, podrá rescindirse mientras no esté inscripta, oportunidad ésta que se fija como límite por entenderse más propia que la publicación a que alude el texto; pero si medió ésta, deberá efectuarse un nuevo anuncio dando a conocer la rescisión.

    6. Por último, se introduce un plazo de caducidad en el art. 81, tendiendo a dar claridad y certeza a la situación societaria, que no puede permanecer indefinidamente abierta en un procedimiento de transformaciones.
    SECCION XI - De la fusión y escisión

    En la temática de la fusión, la experiencia recogida ha puesto de manifiesto que algunos de los trámites exigidos por la ley y que no aparecen como imprescindibles a la seguridad jurídica y a los intereses que pueden ser afectados por aquel acto, son excesivos y aparte de entorpecer la aplicación del instituto han suscitado algunas dificultades interpretativas.

    La reforma propuesta tiende, pues a simplificar y aclarar la normativa al respecto.

    1. El momento inicial de la fusión queda claramente deslindado en el inc. 1 del art. 83. Este ya no involucra un pacto o acuerdo aprobado por sendas resoluciones sociales, sino que se sitúa en el marco de la actuación de los representantes con el alcance de un compromiso previo de fusión al que se le asigna un sentido equivalente a un proyecto, como resulta en el derecho francés. Por ser así, y para seguridad de las ulteriores tratativas, debe contener todos los datos necesarios a fin de que los socios puedan pronunciarse con debido conocimiento e información.

    De ahí que, en primer lugar, deban exponerse los fundamentos que llevan a la propuesta de fusión, informándose sus motivos y finalidades.

    2. En cuanto a la preparación de los balances especiales sobre cuya base podrá negociarse la fusión, se ha considerado necesario innovar respecto de la fecha de su cierre, que en la redacción actual es de oscura interpretación por su referencia a la del acuerdo de fusión que con ciertos fundamentos se ha entendido que debe vincularse con el compromiso, pero lo cierto es que tanto en uno como en otro supuesto la fecha estaría mal emplazada.

    En busca de una mayor precisión, que luego incidirá en la justicia de la paridad de cambio, se establece que los balances deben cerrar en una misma fecha, confeccionarse sobre bases homogéneas, adoptar idénticos criterios de evaluación y no retrotraerse a más de tres meses de la fecha de compromiso previo. Este lapso se estima adecuado para culminar las tratativas que pueden haberse iniciado o preparado con antelación, pero que sólo podrán cerrarse con un preciso conocimiento del estado de los respectivos patrimonios.

    Resulta evidente que con la diferente concepción de estos balances --aún no considerados por los socios-- carece de sentido su puesta a disposición de éstos y de los acreedores, como actualmente establece la ley. El proyecto incorpora el concepto técnico de la relación de cambio que pasa por alto la ley, y que es sin duda una pieza fundamental para llegar a la fusión y satisfacer equitativamente a los socios o accionistas afectados por ella.

    3. El segundo requisito previsto es el proyecto concreto de contrato para la nueva sociedad o de modificaciones que se introducirán al de la sociedad incorporante. Se sustituye así, con ventaja, la sola y ambigua referencia a las bases de ejecución del actual art. 83, inc. 3, apart. d).

    Finalmente, se facultan acuerdos tendientes a circunscribir los negocios de las sociedades, pendiente el procedimiento de fusión, para evitar que se produzcan alteraciones sustanciales en la composición de sus patrimonios.

    4. El proyecto tiende a consolidar la realización de los compromisos previos de fusión al establecer en el art. 86 que en el término de tres meses deberán celebrarse los acuerdos sociales para deliberar sobre su aprobación y la de los respectivos balances. Fácilmente se comprende que por las implicancias que esos tienen en la fusión, se ha establecido una mayor exigencia para su aprobación que la requerida para los balances de transformación. Bajo la regla del art. 67 se ha previsto la puesta a disposición de los pertinentes documentos.

    5. El proyecto ha recogido la generalizada crítica que, en lo concerniente a la publicidad, se hizo respecto de la remisión al régimen de transferencias de fondos de comercio. En sustitución se proponen las reglas específicas del inc. 3.

    Concordantemente con lo recién señalado el proyecto prescinde de la aludida remisión para regular el derecho de los acreedores a oponerse. Siempre en busca de facilitar la fusión, se propone que tal oposición no sea impeditiva, pero en garantía de sus derechos los acreedores tienen un plazo para obtener embargo judicial si no han sido desinteresados o garantizados.

    6. El acuerdo definitivo de fusión se produce cumplidos todos los anteriores requisitos. A su respecto, las innovaciones consisten en que:

    a) Se establece quiénes lo otorgarán;

    b) Se incluye la agregación de un balance consolidado;

    c) Se prescinde de fijar la base de ejecución atento que ello resulta innecesario frente a la nueva disciplina del compromiso previo y su posterior aprobación por los acuerdos sociales.

    La inscripción registral está preceptuada en el inc. 5, advirtiéndose que este dispositivo se complementa con las nuevas reglas que se incorporan en el art. 84.

    7. La administración de la sociedad, una vez alcanzado el acuerdo definitivo, es tratada en forma por demás esquemática en el texto actual, lo que ha dado lugar a algunos conflictos en la práctica. El texto que se propone en sustitución del último párrafo del art. 84 se inicia dejando la cuestión a los pactos entre las sociedades y sentando una regla supletoria que gana en claridad a través de la expresa previsión sobre el momento en que se produce el desplazamiento en la administración.

    Las demás reglas introducidas a través de los arts. 86 y 87 tienden a clarificar situaciones que no se encuentran cabalmente contempladas en la legislación vigente.

    8. La reforma al régimen de la escisión, art. 88, ha tendido a buscar una mayor claridad en este instituto que recepta la ley 19.550 y que en su fuente, la ley francesa de sociedades de 1966, se encuentra regulada con excesiva parquedad, lo que ha dado lugar, tanto en Francia como en nuestro país, a diversas interpretaciones sobre aspectos concretos del trámite.

    Por ello la reforma del régimen de la escisión ha tendido a dar una mayor claridad al instituto, evitando la técnica de las remisiones globales seguida en el vigente art. 88. En este sentido se ha entendido preferible el enunciado pormenorizado de los requisitos específicos de su procedimiento; así, el proyecto prevé las reglas bajo las cuales se adoptarán resoluciones sociales, que deberán incluir la consideración de balances especiales y las atribuciones de las partes sociales o acciones que corresponda. Se ha seguido un intencional paralelismo con el procedimiento de fusión en lo que respecta a estas soluciones así como en lo concerniente a la publicidad, oposiciones de acreedores e instrumentación, paralelismo justificado en la afinidad que presentan ambos institutos y en la analogía de los intereses que deben ser amparados.

    Por último, se ha considerado necesaria la expresa incorporación del supuesto de la escisión-división cuya viabilidad mereció reparos bajo el régimen de la ley 19.550.

    Pero no estando controvertida la conveniencia de tal figura ha parecido oportuna su expresa consagración legislativa.
    SECCION XII - De la resolución parcial y de la disolución

    En esta sección se introduce una modificación de ajuste al art. 94 y se regula lo atinente con la reconducción o reactivación societaria.

    1. Respecto de la modificación introducida al art. 94, se incorpora como causal de disolución, en el nuevo inc. 10, el retiro de la autorización para funcionar cuando la misma fuere impuesta por leyes especiales.

    Parece propio que estando condicionada a una autorización expresa la admisión a un determinado sector de la actividad empresaria, su cancelación debe acarrear la disolución de la sociedad; de lo contrario, perdurarían estructuras como mera forma, inhábiles, para cumplimiento del objeto de su creación. Por lo demás, ya leyes como la 20.091 a través de su art. 49, adoptan este criterio.

    2. Con referencia al art. 95, se lo modifica para incorporar el instituto de la reconducción o reactivación societaria. Conocida es la controversia respecto de la situación de la sociedad que no peticionó la inscripción de su prórroga ante el vencimiento de su plazo. Sin embargo los generalizados reclamos recibidos, como así la tendencia que se advierte en los últimos eventos académicos, fallos judiciales y decisiones administrativas, han decidido a la Comisión a incorporar esta figura, procurando una composición cautelosa. En tal sentido la reconducción es referida a la sola hipótesis de la expiración del plazo originario o sus renovaciones, lo que no implica tomar partido sobre su admisibilidad, en otros supuestos y por ser tal hipótesis la más acuciante. La normativa proyectada admite que la reconducción pueda resolverse con aplicación de las reglas de unanimidad o mayoría requeridas, según los distintos supuestos, para disponer la prórroga, con el límite temporal de la designación de liquidadores; cuando esta designación ya se ha producido, sólo se posibilita que pueda recomponerse el negocio societario en tanto medie unanimidad de los socios desde que, al margen de las divergentes interpretaciones doctrinales sobre el momento exacto del reconocimiento del derecho a la cuota de liquidación, parece prudente no referir la posibilidad de la reconducción sin consentimiento unánime cuando, al menos, existe la expectativa a dicha cuota por haberse exteriorizado objetivamente el comienzo del proceso de liquidación.

    Naturalmente, la reconducción no altera las reglas de responsabilidad impuestas por el art. 99, ni puede constituir impedimento para que el disconforme ejerza sus acciones de responsabilidad contra el administrador negligente.

    La solución, que se adopta, en todo caso, responde a los mismos criterios inspiradores que se enunciaran al considerar la regularización de las sociedades irregulares o de hecho respecto de la conservación de la empresa.

    La disciplina legal de la reactivación se complementa, por lo demás, con la modificación del 1er párr. del art. 62, procurando circunscribir de la manera más eficaz posible las inadvertencias sobre vencimiento de los plazos fijados para la duración de la sociedad.

    3. Como complemento a las modificaciones introducidas al art. 22, se trasladan a la norma del art. 98 lo concerniente a los efectos de la disolución de la sociedad irregular respecto de terceros. Es, por otra parte, el lugar que sistemáticamente le corresponde.
    SECCION XIII - De la liquidación

    La sola modificación que se introduce es la referida al art. 110, que persigue una simple adecuación con el nuevo régimen de las sociedades de responsabilidad limitada.
    CAPITULO II - De las sociedades en particular
    SECCION I - De la sociedad colectiva

    Se modifica el contenido del art. 129 atendiendo a que el régimen vigente no prevé la situación de los socios colectivos cuando el nombramiento del administrador removido fue condición expresa de la constitución de la sociedad. Parece claro que la situación en esta hipótesis es más gravosa que la planteada en los casos de remoción, dadas análogas circunstancias de los gerentes de la sociedad de responsabilidad limitada, habida cuenta de la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios colectivos por los resultados de la gestión a punto tal que en el derecho comparado esta remoción ha llegado a ser considerada como causal de disolución; la Comisión ha entendido excesiva esta última solución --causal disolutoria-- pero ha entendido lógico que el socio colectivo tenga un tratamiento análogo al cuotista de la sociedad de responsabilidad limitada, por lo que se le otorga derecho de receso.
    SECCION IV - De la sociedad de responsabilidad limitada

    La Comisión estima oportuno detenerse en las razones que motivan una reforma que tiene carácter sustantivo y que implica un cambio significativo en relación con el régimen vigente, tendiente a potenciar, como se precisará, este tipo societario, liberalizando su estructura.

    1. El proyecto ha perseguido una simplificación de las reglas vigentes, reduciendo sensiblemente el ámbito de su imperatividad en beneficio de la regulación convencional. Pero en modo alguno ello se ha efectuado a través de un liso y llano trasplante integral, ni aun parcial de modelos extranjeros, sino que en todos los casos se ha procedido a parciales adaptaciones para incorporar las modificaciones que han parecido más compatibles con nuestra idiosincrasia y tradición legislativa.

    2. Punto de partida para la simplificación propuesta ha sido el abandono de la tripartición que el derecho vigente establece en razón del número de los cuotistas que integran la sociedad. Ello no ha sido óbice, sin embargo, para establecer alguna distinción que sirve de soporte para cierta limitación a la autonomía privada. Pero no ya reposando en el criterio del mayor número de socios, sino a partir de la magnitud de su empresa ponderada a través del dato que brinda el importe del capital. Esta pauta, que se estima realista y relevante para dar fundamento a mayores exigencias, resulta necesaria atendiendo a que, apartándose de lo reglado en otras legislaciones, en el derecho argentino el tipo no se sustrae a la posibilidad de aplicación a grandes empresas toda vez que carece de limitaciones derivadas de la magnitud del capital.

    3. Al suprimirse la distinción sentada sobre el número de los cuotistas integrantes de la sociedad de responsabilidad limitada, ha debido procederse a la adecuación de todas las reglas que, fuera del capítulo II, sección IV, reposaban sobre ella. Tal es la explicación de las reformas introducidas en los arts. 12, 55, 62, 68, 70 y 110, de la derogación del art. 369, inc. j) y, en consonancia con las diversas reglas sobre cesión de cuotas que actualmente consagra el art. 152, de la adecuación del art. 50.

    Las explicaciones que se dejan expuestas acerca de los lineamientos genéricos que han guiado las innovaciones adoptadas por el proyecto, presiden también la comprensión de la mayor parte de las reformas que se postulan para el articulado de esta sección.

    4. El 2º párr. del art. 149, reduce el porcentaje mínimo de integración de los aportes dinerarios, equiparándolo al exigido para la sociedad anónima, como en la legislación italiana; siendo el nuevo porcentaje, el admitido por algunas legislaciones latinoamericanas (Código de Comercio de Costa Rica y ley de sociedades mercantiles del Perú, ambos de 1966). Y en armonía con la modificación propuesta por el art. 187, permite que la integración de los aportes dinerarios se justifique al tiempo de ordenarse la inscripción. Ello soslaya la eventual inmovilización de los fondos durante el lapso que insuma tal trámite, contingencia de la que es pasible bajo el régimen vigente que impone el depósito al solicitarse la inscripción. La nueva solución torna asimismo prescindible la actual disciplina sobre la disponibilidad de los fondos, ya que ninguna vicisitud podrá trabarla una vez alcanzado el estadio del procedimiento que ahora se fija para el depósito.

    5. No pocas dificultades de interpretación provocó el régimen de la obligación de garantía de los aportes respecto de terceros, tal como lo regula el art. 150; especialmente en lo que concierne al supuesto de transferencia de cuotas. El nuevo texto se ha hecho cargo de las críticas, poniendo claridad en sus reglas. Los terceros cuentan con la garantía de los socios por la integración de los aportes, sin distinción en orden a su naturaleza; como también por la sobrevaluación de las prestaciones no dinerarias de los socios. Pero si medió una cesión, en esa garantía ingresa el nuevo socio y se mantiene la del cedente, aunque éste sólo por las obligaciones contraídas hasta la inscripción registral, solución en armonía con lo dispuesto por los arts. 12 y 92, inc. 5. Una regla particular merece el supuesto en que cede un socio que no completó la integración del aporte. Aquí subsiste su obligación por ministerio de la ley, sin distinción entre la exigibilidad por terceros o por la sociedad, salvo que ésta no puede demandarla sino después de haber interpelado al cesionario moroso. Esta solución, inspirada en el derecho italiano, sitúa al cedente en posición semejante a la del fiador respecto de la sociedad, aunque se atenúa la exigencia del 2º párr. del art. 480 del Cód. de Comercio en tanto no se requiere que la interpelación sea judicial.

    6. La complejidad en la transmisión de las cuotas parece haber sido uno de los factores que ha desalentado la difusión del tipo frente a la agilidad que ofrecen las acciones. Por ende constituye pieza fundamental de la reforma la modificación propiciada, en los textos de los arts. 152, 153, 154 y 155, a partir de la regla de la libre transmisibilidad que reconoce su fuente en las legislaciones alemana e italiana, morigerada con un amplio margen para su limitación por obra de cláusulas contractuales y con la posibilidad de oposición, mediando justa causa. Sin embargo, el cauce abierto a la autonomía privada está supeditado al establecimiento de procedimientos adecuados y a un plazo máximo para objetar la cesión o ejercer la preferencia. En este último caso, se mantiene en general la disciplina del actual art. 153 para cuestionar el precio, aclarándose que el sometimiento a pericia judicial constituye regla supletoria. Y para evitar cuestionamientos infundados o maliciosos, se establece que las costas quedarán a cargo de quien haya pretendido el precio más alejado del que se fije en definitiva.

    7. Los procedimientos y efectos de la transmisión de las cuotas frente a la sociedad --con los que se adopta una solución del derecho italiano-- y a los terceros, así como la determinación de quienes se encuentran legitimados para notificarla e inscribirla, son materia de las modificaciones introducidas en el art. 152.

    8. La transmisión de las cuotas por ejecución forzada es un supuesto no previsto actualmente. El vacío se colma con la disciplina que inspirada en la legislación italiana, se incorpora en el último párrafo del art. 153.

    9. No obstante las críticas que ha originado la vigente disciplina sobre la cláusula de continuación con los herederos del socio, se ha optado por su mantenimiento aunque introduciéndole una importante modificación que, en buena medida, atenúa las objeciones levantadas por esta suerte de socio forzado. En este caso --establece la reforma-- cobra plenitud el principio de la libre transmisión de cuotas, sin que en el término de tres meses desde la incorporación de los herederos puedan invocarse las limitaciones a la transmisibilidad, la opción de compra, en este supuesto, no admite cuestionamiento de precio. Esta facilidad que ahora se otorga para el egreso del heredero, vinculado por la cláusula de un contrato en el que no fue parte, es la contrapartida razonable a la posición de socio que se le impone. A su vez la sociedad podrá excluir al cesionario si media justa causa, conforme a lo preceptuado en el párr. 3º del art. 152.

    10. La administración de la sociedad se mantiene sobre los lineamientos del actual art. 157, admitiéndose la alternativa entre gerencia colegiada o no. Para evitar dificultades interpretativas respecto del segundo supuesto, se atribuye expresamente las más amplias posibilidades a su reglamentación contractual y se sienta como regla supletoria el principio de la administración indistinta. Se describe más minuciosamente el ámbito de aplicabilidad de las disposiciones establecidas para los directores y se introduce canon específico sobre la prohibición de concurrencia. En cuanto a la responsabilidad de los gerentes, se atiende a la diversidad de situaciones derivadas tanto de la organización contractual como de la concreta actuación cumplida en los hechos, en consonancia con lo cual se fijan reglas que reconocen como antecedente: La legislación francesa.

    11. La vigente distinción entre supuestos de fiscalización optativa y obligatoria, sólo se altera en cuanto a la pauta tenida en consideración para establecerla. Ahora prescinde del número de los cuotistas integrantes de la sociedad y atiende en cambio a la magnitud de la cifra del capital, criterio éste seguido por las legislaciones francesas e italianas. Sin perjuicio de reiterar como disciplina supletoria la concerniente a la fiscalización de la sociedad anónima el texto del nuevo art. 158 aclara que cuando es obligatoria tendrá como mínimo las atribuciones y deberes que la ley establece para dicha sociedad.

    12. La asamblea deja de ser el régimen supletorio genérico para los acuerdos sociales con las reformas introducidas en el art. 159. Ha parecido más acorde con el tipo admitir, en subsidio de estipulaciones contractuales, formas más sencillas para las decisiones de los cuotistas, como lo son las consultas a los socios, según, ya resulta tradicional en estas sociedades o la declaración escrita del voto de todos los socios que acepta la ley alemana. Para dar seguridades acerca de la regularidad con que se han adoptado acuerdos sociales fuera de asamblea, el art. 162 dispone su transcripción en actas, así como la conservación de los instrumentos que respaldan lo que ellas expresan, regla cuya fuente se encuentra en la legislación francesa. Por otra parte, bajo el influjo de la misma legislación, se ha impuesto la celebración de asambleas para la consideración de los estados contables del ejercicio pero separándose de su modelo, se circunscribe su imposición solamente a los casos de las sociedades cuyo capital alcance el importe al que se refiere el art. 299, inc. 2.

    13. La regulación de las mayorías requeridas para los acuerdos sociales también es objeto de significativas modificaciones en el nuevo texto del art. 160, abriéndose posibilidades a la autonomía privada para determinarlas contractualmente con prescindencia del número de los cuotistas. Como límite se fijan mayorías por debajo de las cuales no puede actuar la libertad contractual. El régimen se integra además con reglas que fijan supletoriamente las mayorías.

    Se acoge una atenuación al principio puramente capitalista como determinante de la adopción de resoluciones en los acuerdos sociales que tengan por objeto la modificación del contrato, al establecerse que éstas no pueden emanar nunca del voto de un solo socio, aceptándose así una interpretación de la doctrina francesa que se estima razonable y adecuada a la naturaleza en nuestro medio de las relaciones intrasocietarias bajo este tipo.

    14. Tanto la ley 11.645 como la ley 19.550 establecieron la unanimidad como regla para los acuerdos que impusieran mayor responsabilidad a los socios, con la salvedad que el vigente art. 160 sienta respecto de las sociedades con veinte o más cuotistas. El proyecto adopta la solución de las legislaciones que admiten la posibilidad de decidir por mayoría; pero en compensación se reconoce derecho de receso a quienes, alcanzados por un incremento de sus obligaciones votaron en contra.

    15. El aumento de capital ha parecido un supuesto digno de consideración especial. Se establece el derecho de preferencia, incluso a favor de los socios que no concurrieron con su voto a formar la mayoría; pero no están obligados a suscribir las nuevas cuotas y, en el caso, se abren posibilidades de acrecer por parte de los socios que votaron el aumento o conforme a lo preceptuado por las leyes española y peruana, se entiende consentida la incorporación de nuevos socios.

    Lo dispuesto por el nuevo texto del art. 162 ya ha sido explicado. Cabe agregar que la regla actual, concordante con el art. 68, no se encuentra justificada, sino por una exagerada aproximación que el régimen de la ley 19.550 estableció entre las sociedades de responsabilidad limitada con veinte o más cuotistas y las sociedades anónimas. Por ello se la deroga en consonancia con los más adecuados principios en la materia que recepta expresamente la ley francesa.
    SECCION V - De la sociedad anónima

    1. Especial atención se ha prestado a las reformas al vigente régimen de las sociedades anónimas.

    En el particular se ha tenido presente que este tipo societario es uno de los más sensibles a los cambios de la realidad económica y social, y que su adecuación conduce a un mejor uso de esta forma societaria. Sin embargo, conforme a lo ya reiteradamente expresado, aquí también ha parecido propio producir sólo aquellas modificaciones que tienen una aquiescencia generalizada y que no afectan estructuralmente al tipo.

    La Comisión ha analizado con detenimiento la problemática vinculada con el uso que en la República se da a la sociedad anónima como consecuencia de factores propios, cuales entre otros, son los derivados del régimen fiscal. En tal sentido, y asumiendo que la legislación mercantil debe regular las relaciones económicas y no violentar su naturaleza, es que se propicia una forma de aligerar la estructura orgánica en aquellas sociedades que por su dimensión de capital no entran en la esfera del control permanente, en los términos del art. 299, posibilitando que se prescinda del órgano de fiscalización interna y adquiriendo, en tal caso, los socios el derecho de inspección y control que confiere el art. 55. Cierto es que en el informe del 15 de diciembre de 1982 se hizo referencia a la posibilidad de, en estos casos, prescindir del control estatal; empero un nuevo análisis de la cuestión, sumado a observaciones recibidas, decide a la Comisión a no innovar en este particular atendiendo a que este tipo societario es potencialmente idóneo para comprendimientos en los que por diversas razones puede estar comprometido el interés general, lo que conlleva la necesidad de mantener los poderes estatales reconocidos por la ley vigente. Esta pauta de política legislativa asumida por la Comisión es coherente con el mantenimiento de la disposición del art. 30 y la búsqueda de una solución para las formas de colaboración empresaria por vías contractuales, como resulta de la sugerida regulación de los acuerdos empresarios o consorcios de colaboración, y las uniones transitorias de empresas.

    Por lo demás, es de tener presente que con las reformas sugeridas en el régimen de las sociedades de responsabilidad limitada, se potencia este tipo societario como recurso instrumental para aquellas empresas que requieren una más liviana estructura y que hacían uso de la forma de sociedad anónima en atención a ciertas complejidades que ofrece el vigente régimen de sociedades de responsabilidad limitada.

    2. Se propicia la modificación del art. 183 en procura de que la ley reciba las observaciones que ha formulado la doctrina y que fueran objeto de análisis circunstanciados en los ya recordados Congresos de Derecho Societario de 1977 y 1982, y vinculadas con la responsabilidad de los socios por los actos cumplidos durante el período fundacional A tal fin el texto proyectado tiende a deslindar con mayor claridad las facultades de los administradores durante ese lapso y circunscribe la legitimidad de la gestión del órgano administrativo a los actos fundacionales y a los concernientes a la consecución del objeto social cuando su ejecución se halle expresamente autorizada en el acto constitutivo. Se limita la responsabilidad de los socios por los actos hechos en exceso, salvo que haya mediado consentimiento por parte de los mismos.

    3. También se propicia la modificación del art. 184 en cuanto a partir de la reforma proyectada era menester integrar el régimen, distinguiendo las situaciones resultantes una vez cumplido el íter constitutivo por la inscripción en el Registro Público de Comercio. La norma proyectada contempla diversas situaciones y diferencia aquéllas en las cuales la responsabilidad pasa de pleno derecho a la sociedad liberando a quienes los ejecutaron, de las que por su naturaleza requieren resolución de asamblea ordinaria para su asunción por la sociedad; en este último caso se aclara que la ratificación del órgano de gobierno no libera a quienes los resolvieron o llevaron a cabo.

    4. En el art. 186 se adecua el capital mínimo. Además, se agrega como 3er párr. una regulación, ausente en la actualidad, del contrato de suscripción en los casos de aumento de capital, estableciendo los requisitos que debe reunir el mismo, procurando evitar ciertos problemas que la práctica ha evidenciado por carencia de una regulación del mismo.

    5. El art. 187 es modificado a los efectos de facilitar la acreditación del aporte cuando lo es en dinero efectivo de modo tal que no existan inmovilizaciones del mismo que afecten su poder adquisitivo. 6. Varias innovaciones se introducen en las reglas concernientes al capital social, sin perjuicio de las modificaciones ya introducidas por la ley 22.686.

    Se proyecta modificar el art. 197 en procura de asegurar que resoluciones de mayorías ocasionales no afecten los derechos o posición de accionistas existentes. Al efecto enfatiza que debe tratarse de caso particular y excepcional, y debe responder a interés de la sociedad en medida significativa, cuanto que la resolución deberá adoptarse por las mayorías calificadas a que se refiere el último párrafo del art. 244.

    7. Igualmente se propicia la modificación del art. 199 mejorando la formulación del alcance de la nulidad que contiene el texto vigente, desde que la fórmula no se presenta como feliz habida cuenta que la nulidad no puede ser lo de la oferta pública dada su naturaleza fáctica y ni siquiera del aumento de capital aprobado, sino de las emisiones dispuestas en violación de aquélla, sentido que adopta el texto proyectado. Por lo demás, se agrega la inoponibilidad de los títulos o certificados emitidos en tales circunstancias, como medio eficaz de protección de los socios preexistentes y de la propia sociedad por actos indebidos de quienes dispusieron la emisión, cuanto de terceros.

    8. Es objeto de modificación también el art. 200, compatibilizando la solución vigente con las modificaciones precedentemente proyectadas. A tal fin se establece la responsabilidad de los directores, miembros del consejo de vigilancia y síndicos, sus alcances y efectos. También se regula la acción deducible por el suscriptor perjudicado.

    9. Se formula un nuevo texto del art. 201 enderezado a la mejor información de los aumentos de capital.

    10. El art. 203 es objeto de modificaciones de compatibilización, dada la solución propiciada con la proyectada reforma del art. 284 y que permitirán en ciertas circunstancias prescindir de la sindicatura.

    11. El texto del art. 208 persigue la incorporación de nuevas modalidades referentes a las acciones, por lo demás conocidas y aplicadas en mercados de significativa evolución, y aun por la práctica local; y todas tendientes a simplificar la representación de las mismas y aun a disminuir costos.

    El 2º párr. posibilita a las sociedades autorizadas a la oferta pública la emisión de certificados globales, declarando expresamente que los mismos serán aptos para ingresar en los regímenes de depósitos colectivos. Se prevé, también, que las sociedades cuyas acciones sean cotizables deberán emitir títulos en las cantidades y proporciones que fijen los reglamentos de las bolsas, con lo cual se incorpora a la legislación una práctica corriente en tales circunstancias pero que no tenía sustento legal en sentido formal.

    12. Párrafo especial merece la incorporación de las acciones escriturales, con lo cual la legislación argentina adoptaría soluciones que están incorporadas, o en vías de incorporación, en distintos países de significativa evolución en el área legal y de los mercados de valores, correspondiendo señalar que a partir de 1975 la legislación estadounidense impone como política a la Comisión de Valores y Bolsas instar a la supresión de la representación material de los títulos.

    Siendo así que la desmaterialización de las acciones es una tendencia en expansión en el derecho comparado, y siguiendo lo ya señalado en el informe del 15 de diciembre de 1982, la Comisión entiende que debe incorporarse esta posibilidad desde que ningún reparo puede prevalecer por el ofrecimiento de esta nueva alternativa que no desmerece ni incide en las otras que brinda el derecho actualmente vigente. Facilita todavía más esta nueva experiencia, la amplitud con que el art. 208 permite la adopción de las acciones escriturales, que pueden corresponder a sólo una o algunas clases de acciones, con lo que facilita su aplicación a una vasta casuística.

    Se ha tendido a la mayor sencillez en su régimen, soslayando la imposición de una necesaria emisión de certificados globales o la intervención obligada de instituciones especialmente constituidas a tal efecto. La disciplina propuesta se basa en un sistema de cuentas que, a salvo las exigencias que consideren necesarias o convenientes bajo el régimen de la oferta pública, podrán ser llevadas por la propia sociedad emisora, siempre que el estatuto no prefiera encomendarlo a bancos o cajas de valores. De esta manera las asambleas dispondrán de opciones para efectuar una adecuada selección, pues parece obvio que para las sociedades de menor magnitud, integradas por un reducido número de socios, las cuentas llevadas en libros por la propia emisora se manifiesta en principio como la solución más sencilla y de menor costo.

    Con la apertura de la cuenta, se otorgará al accionista el pertinente comprobante y sus constancias, del mismo modo que las del registro de acciones respecto de las nominativas, individualizan al socio. Posteriomente se le deberá entregar comprobantes de todo movimiento en la cuenta; sin perjuicio de lo cual cuando las transfiera total o parcialmente a través de una notificación, según lo dispuesto por el art. 215, deberá cursarse aviso dentro de los diez días de haber asentado el correspondiente débito. Con ello se rodea de la mayor garantía posible el derecho de estos accionistas, que contarán además con la responsabilidad de la sociedad emisora, aun en el supuesto de que las cuentas sean llevadas por banco o caja de valores.

    Las modificaciones introducidas en los arts. 214, 215 y 223 son meras adecuaciones de los textos vigentes a estas nuevas acciones escriturales.

    13. Son notorias las dificultades a que ha dado lugar la exigencia del art. 238 en cuanto impone la constancia de la clase de acciones, de su numeración y de los títulos en los certificados de depósito librados por bancos o instituciones autorizadas, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas.

    No escapan a la Comisión los serios motivos que impusieron las exigencias de esta norma, pero, como se ha señalado más arriba, son frecuentes los casos de imposibilidad práctica de cumplir con las mismas, sea en los supuestos en que los certificados los expiden las Cajas de Valores (ley 20.643) donde los depósitos son irregulares (Cód. Civil, arts. 2189 y 2220 y siguientes), o sencillamente por el alto costo que importa obtener de los bancos depositarios aquellas constancias.

    La Comisión entiende que el régimen que propone el proyecto evitará los riesgos que tendió a aventar el art. 238. Además, deben ahora preverse situaciones emergentes de la titularidad de acciones escriturales y certificados globales. Sin perjuicio de ello, nuevos recaudos como la obligatoria comunicación previa de asistencia a la asamblea por parte de los tenedores de acciones nominativas y escriturales tienden a evitar presencias sorpresivas (v. gr.: en cuanto al ejercicio del voto acumulativo); las normas expresas sobre responsabilidad que contiene el penúltimo párrafo del artículo y la posibilidad de verificar la titularidad establecida en el último, completan un cuadro que hace a la autenticidad de los derechos de los concurrentes a las asambleas.

    14. La reforma que se proyecta introducir al art. 241 merece alguna consideración especial, atendiendo a ciertas observaciones recibidas en las que se invocan factores éticos para el mantenimiento del actual texto. La Comisión en momento alguno ha desatendido tales fundamentos.

    Pero en el caso está fuera de dudas que en definitiva las relaciones que se establecen por las participaciones en sociedades anónimas tienen contenido básicamente patrimonial, lo que constituye un dato de indudable relevancia para evaluar la equidad de la modificación que se introduce. En efecto, la prohibición de voto de los directores, miembros del consejo de vigilancia o síndicos en la aprobación de los estados contables se presenta como un punto de partida basado en elevar a pauta normal lo que podría considerarse situaciones patológicas, desde que no debe olvidarse que si los directores poseen tenencias accionarias que son definitorias para la aprobación de dichos estados, tienen un interés legítimo respecto de ellos que no parece propio desconocer partiendo de que van a asumir conductas espúreas.

    Por lo demás, la norma vigente conduce al empleo de expedientes por todos conocidos y que fueron, en su momento, fundamento para la supresión del límite de votos que respecto de los accionistas contenía el art. 350 del Cód. de Comercio. No puede partirse de la existencia genérica de un conflicto de interés que justifique la prohibición de voto, máxime que son partícipes en el acto debido de la formación del proyecto de balance que luego será sometido a la consideración de los órganos pertinentes. Y siendo por otra parte que la votación en estos casos no importa tanto una declaración de voluntad sino una declaración de certeza o de ciencia.

    La norma proyectada mantiene la prohibición de voto en aquella hipótesis en que sí se da la inmanencia del conflicto de intereses, cual lo vinculado con la aprobación de sus actos de gestión o en las resoluciones relacionadas con la responsabilidad o remoción con causa.

    Cuadra agregar que la aprobación de los estados contables, conforme una pacífica doctrina y jurisprudencia, no conlleva la de la gestión ni menos exoneraciones de responsabilidad. Empero para ser más neta esta conclusión se propone, como se ha dicho, una reformulación del art. 72 que concreta con mayor claridad esta situación.

    Por último, es de advertir que siempre queda la acción de nulidad que autoriza el art. 251 y, obviamente, la tutela penal en supuestos de balance falso, si bien es menester una reforma de estos preceptos para dotarlos de una mayor operatividad.

    15. También es objeto de modificación el art. 244 en el sentido de excluir como supuesto de mayoría calificada la prórroga de sociedades cuando sus acciones están admitidas a la cotización, atendiendo que en este caso las mayorías calificadas por la intensidad del ausentismo conspiran contra una decisión oportuna y que por lo demás la propia negociación en bolsa posibilita a los accionistas disconformes a desprenderse de sus tenencias en caso de disconformidad.

    16. Modificaciones también son introducidas al art. 245, partiendo de la base que más allá de la discutibilidad y falta de consenso que existe en torno a la conveniencia en el derecho de receso, se trata de un principio tradicional en nuestra legislación y que puede operar como factor disuasorio en ciertas situaciones de destutelamiento de minorías. Las reformas tienden, por un lado, a clarificar la norma y por otro, a precisar situaciones que se presentarían como conflictivas en el texto vigente.

    En primer lugar se acuerda el derecho de receso en los aumentos de capital que requieran asamblea extraordinaria, poniendo de este modo fin a una discusión doctrinaria y jurisprudencial que creaba zonas de inseguridad jurídica. Se mantiene, en cambio, la exclusión del derecho de receso, por razones harto conocidas, en las sociedades que cotizan sus acciones; respecto de las cuales también se excluye como causal, y por lo dicho en el número anterior, la prórroga de la sociedad. Atendiendo a ciertas situaciones que dieron lugar a casos complejos se prevé la revocación de la decisión que da lugar al derecho, regulando sus condiciones y tiempos, incluso como modo que la sociedad tenga oportunidad de revertir la situación si el ejercicio de dicho derecho puede afectar su estructura económica y patrimonial.

    También se mejora la forma de determinar el valor de la cuota que corresponde al socio recedente fijándose plazo para el reembolso y su ajuste en moneda constante.

    Finalmente se introduce una modificación de trascendencia, cual es el limitar la posibilidad del ejercicio de este derecho a quienes votaron en contra, lo que excluye a los abstenidos, habida cuenta que si bien la abstención, conforme la posición predominante, implica voto no adhesivo a la voluntad de la mayoría y por ende integrativo de los negativos, la misma desde el punto de vista de la adquisición del derecho de receso no expresa una declaración de voluntad concreta y explícita respecto de la adquisición de un derecho que tiene características peculiares.

    17. Las reformas que se propician respecto del art. 251 persiguen precisar quiénes están legitimados para el ejercicio de la acción impugnatoria. Además, se concreta en qué circunstancias el socio que votó favorablemente puede impugnar la decisión, concretándola al vicio de la voluntad.

    Asimismo, se abrevia el plazo de caducidad a tres meses, computando la necesidad de dar seguridad a decisiones que se vinculan con la estabilidad de un sujeto de derecho que constituye, en definitiva, un orden jurídico de segundo grado; y se determina como punto de partida para la acción impugnatoria la clausura de la asamblea sin distinciones.

    18. En el área del órgano de administración indudablemente se da uno de los aspectos más delicados del régimen societario, desde que se conecta con el efectivo ejercicio del poder y la inmediatez con la conducción de la empresa subyacente.

    Empero, una revisión íntegra hubiera excedido los límites que se impusiera la Comisión y hubiera llevado a la adopción de soluciones que, quizá, no contaban con el consenso a que se ha hecho referencia y que constituyó el punto de partida de las reformas que se proponen.

    19. La reforma que se propicia del art. 256, implica, por una parte, exigir que la mayoría absoluta de los directores tengan domicilio real en la República, exigencia que se explica por sí misma atendiendo a que, en definitiva, se trata de los integrantes del órgano que tiene la conducción diaria de empresas que operan en la República.

    Procede señalar que no se trata de una norma diferencial porque en países que tienen similitudes, incluso en las modalidades y niveles de desarrollo económico, con el nuestro, se exige para ser electos miembros de los órganos de administración el ser personas naturales residentes en el país (ley de sociedades por acciones de Brasil 6404, del 15 de diciembre de 1976).

    A su vez, en el 2º párr., se establece el requisito de que los directores deberán constituir domicilio en el país, con los efectos que la norma proyectada contiene y que persigue la facilitación de las acciones que puedan deducirse contra ellos.

    20. Respecto de la reforma que se introduce al art. 258, se trata sólo de una adecuación al supuesto en que se prescinda de la sindicatura conforme lo que se proyecta por el art. 284.

    21. En lo atinente a la reforma del art. 259, la misma persigue precisar la forma en que opera la renuncia de los directores, atendiendo a que en algunas circunstancias se dilata sin fundamento la aceptación de las mismas, creando la consiguiente zona de inseguridad.

    22. El art. 260 es modificado en el sentido de establecer el quórum con referencia a la mayoría absoluta y no con la forma actualmente en vigor que ha generado complicaciones interpretativas que no se compadecen aún con la práctica.

    23. Se propicia, también, la modificación del art. 263, referida al voto acumulativo, en orden a solucionar las divergencias motivadas por la actual redacción.

    Para ello se propone incorporar a la ley la interpretación dada a la norma vigente por la Comisión. Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia de la Nación y otros organismos de contralor, estando persuadida la Comisión que en los casos en que haya habido criterios divergentes con los que se adoptan, el nuevo texto no presentará inconvenientes en su asimilación; máxime que persigue, por su propio contenido reglamentarista, aventar cualquier duda interpretativa.

    24. En el art. 264, como ya se ha señalado, se restablece el inc. 4 según el texto de la ley 19.550 por estimar la Comisión que no son suficientes los argumentos esgrimidos oportunamente para la modificación de dicho inciso, evaluados con el sentido ético y de corrección administrativa que inspiró la norma originaria.

    25. Con relación al art. 267, se impone como obligación del directorio el reunirse cada tres meses, en lugar de la periodización mensual que impone el texto vigente; ello naturalmente sin perjuicio de lo que disponga el estatuto o de la convocatoria a pedido de cualquier director, que se reglamenta. La Comisión entiende que la imposición de la reunión mensual es excesiva en un amplio sector de sociedades y que pesan, en todo caso, sobre el órgano reuniones con más frecuencia cuando una seria conducción de la sociedad así lo requiera.

    26. La prohibición de contratar con la sociedad regulada por el art. 271, es también objeto de modificación en aras a superar los tropiezos que ofrece el texto actual.

    La reforma introducida oportunamente tendió a superar la rigidez de las disposiciones del Código de Comercio y el fin perseguido no parece haber alcanzado su plenitud cuando se trata de negociaciones que sean de la actividad en que opera la sociedad y siempre que se concerten en las condiciones de mercado. La referencia a la actividad en que opera la sociedad se vincula con la exigencia que contiene el 1er párr. del art. 66 y la remisión a las condiciones de mercado constituye una pauta de fácil aprehensión y de mayor concreción que la remisión a la contratación con terceros que, en definitiva es más lata por la propia amplitud de la noción de terceros que pueden ser de distintas categorías o ser terceros que contratan en distintas condiciones; la exigencia vigente de hacer saber la contratación al directorio y síndico, y abstenerse de intervenir en la respectiva deliberación, se presenta como excesiva con el nuevo texto proyectado y de difícil cumplimiento en numerosas hipótesis (p. ej.: contratos de transporte, de seguros, con entidades financieras o con compras de mercaderías en condiciones corrientes). En el supuesto que el contrato no encuadre en las condiciones antes dichas se requiere la autorización del directorio o de la sindicatura si no hubiese quórum, debiéndose posteriormente dar cuenta a la asamblea.

    Es de notoriedad que el requisito de la previa aprobación que impone el actual art. 271 es de difícil o imposible cumplimiento por la celeridad de los negocios y ha llevado a interpretaciones extensivas que, en sustancia, transitan el camino de la reforma propuesta. La nulidad contenida en el actual precepto es sólo mantenida, con relación a los contratos a que se refiere el párr. 2º cuando no medie la ratificación de la asamblea, perdurando la responsabilidad prevista en el párr. 3º, cuadra agregar que la nulidad con los alcances de la norma vigente puede irrogar perjuicios a terceros innecesariamente.

    27. Consideración especial merece el agregado que se propicia al art. 274, relativo a la responsabilidad de los directores.

    Debe atenderse a que la reforma que se propone no altera el régimen actual de responsabilidad sino que introduce una posibilidad de distinción en la forma de asignarla cuando se dan ciertas situaciones que la ley establece objetivamente.

    Puede afirmarse que la responsabilidad en el texto vigente tiene características tipológicas que prescinden de todo juicio de atribución basado en el obrar individual de los directores. Dicha norma responde, ciertamente, a lo que constituye la vieja concepción del Código de Comercio de 1862, mantenida por la reforma de 1889; pero se presenta como de un excesivo rigorismo formal atendiendo a la complejidad que pueden adquirir las actividades desarrolladas bajo este tipo societario.

    Bueno es recordar que en materia tan delicada cual lo es la calificación de conducta de los directores en los supuestos de quiebra, y reteniendo que la ley 19.551 no ha liberalizado tales hipótesis, se permite considerar la actuación personal (art. 238), y que la legislación comparada posibilita el establecimiento de diferenciaciones en el particular (p. ej.: ley brasileña cit., art. 158, art. 2392, del Cód. Civil Italiano de 1942; art. 244 de la ley de sociedades francesa de 1966).

    La modificación que se propone no implica atenuar o atemperar la responsabilidad de los integrantes del órgano de administración, sino atender a la actuación individual cuando se dan las circunstancias establecidas por la ley, como requisitos formales para que esta hipótesis sea operativa y que serán de constatación objetiva; esto así, será menester previsión estatutaria o decisión asamblearia que atribuya funciones especiales, con la pertinente inscripción en el Registro Público de Comercio, tanto de dicha atribución como de la designación del director que las cumpla.

    Vale decir, se mantiene el régimen vigente y se posibilita que en ciertas circunstancias se atienda a la actuación personal cuando se den los supuestos que la norma requiera para que así se juzgue y atribuya la responsabilidad.

    28. Con relación al art. 280, la modificación proyectada propende a limitar la elegibilidad de los directores, por categoría, o por voto acumulativo sólo en el supuesto de que corresponda al consejo de vigilancia la elección de los integrantes del directorio (art. 281, inc. d). Con ello se obvian las cuestiones planteadas en orden a la incorporación en la estructura societaria del consejo de vigilancia sin la dificultad indicada, como supuesto para eludir la aplicación de las normas de los arts. 262 ó 263.

    29. En lo que hace al art. 284 se introduce la posibilidad de prescindir de la sindicatura en las sociedades que no estén incluidas en los supuestos del art. 299; dicha decisión queda atribuida al estatuto y persigue aligerar la estructura societaria en el espectro de aquellos entes en que por su objeto o dimensión la existencia del órgano de fiscalización interna puede ser gravosa. La contrapartida es el otorgamiento a los socios del derecho de inspección y contralor individual en los términos del art. 55.

    En aras de simplificar trámites, se prevé que en el caso de que resultare incluida la sociedad en el art. 299 en razón de su capital, corresponderá la designación de síndico sin necesidad de reforma del estatuto.

    30. En el art. 287, y sin entrar a evaluar el instituto de la sindicatura, de por sí objeto de encontradas opiniones, se procura potenciar al órgano de fiscalización interna, siguiendo, entonces, la política legislativa de la ley 19.550.

    Al efecto se prevé que la revocación ad nútum de los síndicos no procederá si media una oposición del cinco por ciento del capital social.

    31. Respecto del art. 297 se ha procurado aclarar los alcances de la responsabilidad de los síndicos precisando que la solidaridad con los directores deviene cuando hubiese mediado apartamiento de la ley, estatuto, reglamento o decisiones asamblearias.

    32. El nuevo texto proyectado para el art. 366 modifica el régimen de la liquidación de las sociedades accidentales, estableciendo que tendrá lugar por intermedio del socio gestor, quien rendirá cuentas. La solución, propuesta en el informe del 15 de diciembre, ha sido bien recibida por los sectores consultados y traduce una uniforme tendencia del derecho comparado, al par que considera las peculiaridades --que han llevado incluso a parte de la doctrina a negar su carácter societario-- de este tipo, que tornaban objetivamente impracticable una liquidación al modo de la contemplada en la sección XIII del capítulo I de la ley.
    CAPITULO III - De los contratos de colaboración empresaria

    1. La incorporación de formas contractuales de colaboración empresaria permitirá dotar a la legislación de la República de estructuras jurídicas aptas para propender a la satisfacción de una amplia gama de finalidades económicas. Por cierto que más allá de la limitación establecida por el art. 30, análogos fines podrían ser alcanzados a través de vinculaciones societarias. Mas ello supondría un recargo de gastos y un dispendio de los medios y estructuras respecto del propósito buscado, generando además una indeseable proliferación de sociedades tras la consecución de resultados que no le son inherentes.

    Estas son las razones por las que se propicia el ingreso a la legislación argentina del contrato de agrupación empresaria y de la unión transitoria de empresas, tras las huellas ya trazadas por manifestaciones recientes del derecho comparado (v. gr., España, Italia, Francia).

    2. Cuadra formular algunas aclaraciones que se relacionan con el aspecto metodológico y con las denominaciones utilizadas.

    Lo primero, es decir la incorporación a la ley de sociedades de relaciones que tienen naturaleza contractual, se explica en razón de que las soluciones proyectadas, más allá de su tangencial conexión con el dispositivo del art. 30 están informadas por la íntima interacción entre la noción de sociedad y el concepto de empresa, aunque dogmáticamente ellas sean distintas y posean su propia individualidad, ello resulta claro, si se advierte que a tenor del art. 1º de la ley es la empresa en sentido económico lo que constituye el objeto genérico y abstracto de toda sociedad mercantil, que se presenta entonces como el recurso técnico de toda organización pluripersonal que persiga la producción de bienes o servicios. Incluso, la ley 19.550 incorpora a la sociedad accidental o en participación, respecto de cuyo encuadramiento en el fenómeno societario no existe consenso, como fuera reconocido por la propia Exposición de Motivos (punto 1 de la sección IX del capítulo II de la misma), correspondiendo destacar que leyes recientes como la de sociedades anónimas del Brasil de 1976, incorporan a su texto la regulación de los consorcios.

    Partiendo de tales premisas es que la regulación de los contratos de colaboración empresaria se efectúa bajo el capítulo III.

    3. En lo que atañe a la denominación la Comisión ha estimado oportuno emplear las fórmulas de agrupación y unión temporaria de empresas que en cuanto a nomen juris facilitan la tipificación de las relaciones contractuales de que se trata. No ha escapado que desde el punto de vista puramente científico y técnico los contratos de agrupación encuadran en lo que en la doctrina y legislación comparada se tipifican como consorcios; sin embargo la circunstancia que el uso de este vocablo tenga en nuestro medio ciertas particularidades que podrían llevar a confusión, ha decidido el uso de la denominación indicada en cuanto a su través se describe una situación típica y distinta, que se incorpora por vez primera a la legislación argentina.

    Así, el capítulo es dividido en dos secciones: La primera referida a las agrupaciones de colaboración y la segunda, a la unión transitoria de empresas.
    SECCION I - De las agrupaciones de colaboración

    1. En este aspecto ha sido preocupación de la Comisión estructurar un régimen que no fuera contradictorio con la legislación antitrust plasmada en la ley 22.262, denominado de defensa de la competencia, enfatizando el carácter mutualista de esta relación contractual y apartando ciertas controvertidas soluciones establecidas en algún precedente como el del Código Civil Italiano. Es decir, que se ha excluido la posibilidad de implementar en estos contratos formas de regulación de la competencia, circunscribiendo la figura a la cooperación interempresaria y a la promoción de su actividad económica.

    2. Tal finalidad mutualista se concentra tanto en la explícita referencia contenida en el art. 368 cuanto en la exigencia de que las ventajas económicas que genere la actividad recaigan directamente en el patrimonio de las empresas participantes y en la prohibición de que la organización consorcial ejerza funciones de dirección sobre la actividad de los miembros.

    3. Esta exigencia, que hace a la causa del contrato de agrupación, lo diferencia significativamente de las sociedades en sentido estricto, en las que la producción está dirigida al mercado, y es por ello que a la luz del art. 374 también resulta que los beneficios, o las pérdidas, como los ingresos y gastos provenientes de la actividad consorcial se insertarán directamente en los estados contables de cada empresa participante. A iguales fines se ordena la referencia al fondo común operativo a que alude el inc. 6º del art. 369 y el art. 373.

    4. El objetivo perseguido por la Comisión y la coherencia con la estructura contractual atribuida a la agrupación, exigieron que para evitar dudas en cuanto al encuadramiento de la relación, se declarara concretamente que no constituyen sociedades ni son sujetos de derecho y que los contratos, derechos y obligaciones se rigen por lo dispuesto en los arts. 371 y 373. Cierto es que existen referencias a datos que podrían en alguna medida ser soporte para la configuración de un sujeto de derecho, pero en vista que la personalidad jurídica es un recurso técnico que el legislador adopta o no según pautas de convivencia o de política legislativa, se optó en el caso, como en el régimen italiano, por excluir la calidad aludida: debiendo destacarse que la misma ley 19.550 ha negado la condición de sujeto de derecho a una forma societaria, cual considera a la sociedad accidental o en participación o la ha atribuido en forma limitada y precaria en el caso de las sociedades irregulares.

    5. Conviene señalar que al caracterizar el contrato de agrupación se hace referencia a un concepto no usual en nuestro medio, cual es el que puede comprender fases de la actividad empresarial. Ello, si bien traduce una concepción de relativa amplitud, guarda relación con la circunstancia que cualquier actividad empresaria, industrial o comercial, es idealmente divisible en operaciones que conserven en el contexto global de la empresa una cierta individualidad y que técnicamente podrían resolverse en organizaciones autónomas.

    6. El proyecto procura, por lo demás, establecer con detalle los requisitos y forma del contrato en aras a la seguridad jurídica, estableciendo también soluciones para la adopción de las resoluciones, en las que no jugará el quántum de la participación dado el carácter del vínculo.

    7. Igualmente establece normas vinculadas con la dirección y administración, la responsabilidad hacia terceros, las causas de disolución y de exclusión.

    8. La incorporación del instituto permite, entonces, posibilitar la cooperación o colaboración entre empresarios, constituyendo, asimismo, una primera etapa hacia formas más complejas o extensas de complementación, manteniendo intacta la personalidad y la autonomía de los participantes. La propia naturaleza contractual del vínculo y las posibilidades de actuación del principio de la autonomía de la voluntad respecto de las obligaciones asumidas, cuanto la participación que corresponderá en las actividades comunes y sus resultados, y la determinación de los métodos, atribuciones y poderes para dirigir la organización y la actividad común, importan una plástica amplitud en orden a adecuar las características del contrato a cada caso ocurrente, de acuerdo con las necesidades y fines tenidos en mira por las partes.

    9. Finalmente, es de señalar que en aras de evitar cualquier tendencia a la regulación de la competencia se dispone que una copia del contrato inscripto en el Registro Público de Comercio se remita a la Dirección Nacional de Defensa de la Competencia. En lo que hace a la inscripción en el Registro, ello se vincula con el régimen de publicidad ínsito en toda actividad de tipo empresarial cuando se crean estructuras que limitan, modifican o desplazan las reglas obligacionales genéricas, especialmente en lo concerniente a las responsabilidades que generan.

    10. En definitiva, la Comisión ha querido conformar a la agrupación como una estructura a la cual se atribuye la satisfacción de intereses de los participantes individualmente considerados, de lo que se sigue que la función es esencialmente prestar un servicio a los miembros de modo tal que la actividad se proyecte directamente en la esfera jurídica de los participantes.
    SECCION II - De las uniones transitorias de empresas

    1. La Comisión consideró oportuno estructurar un régimen, también contractual que contemplara la reunión de empresas en forma transitoria con la finalidad de reagrupar los recursos propios para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro concreto, sin que dicha relación conllevase la creación de una nueva empresa.

    2. Como en el caso del contrato de agrupación también aquí se excluye la condición de sujeto de derecho y se prevén los requisitos y forma del contrato, el régimen de representación, el modo de adoptar acuerdos y las consecuencias de la quiebra e incapacidad.

    3. Párrafo especial merece el distinto tratamiento en lo referente a la responsabilidad, dado que en el contrato de agrupación se prevé la solidaridad de los miembros (art. 373) en tanto que en este caso la solución es inversa salvo pacto en contrario. La distinta solución encuentra su obvio fundamento, precisamente, en el carácter transitorio de la relación y que en estos supuestos de lo que se trata es básicamente de disponer derechos y obligaciones de los sujetos contratantes en relación con la colaboración relativa a la obra o servicio tenido en vista a la cual normalmente dedican sólo una parte, sea en términos de tiempo o de cantidad, de la actividad desarrollada por cada una de las empresas reunidas.

    4. Por último, cabe reiterar que la unión transitoria de empresas es un recurso técnico de uso divulgado en los países de sistema continental, siendo conocida en Bélgica, España, Francia e Italia, no presentando las características residuales de los joint ventures.
    Consideración final

    La Comisión estima oportuno señalar que el régimen de los contratos de colaboración empresaria estará ligado, sin dudas, a un tratamiento impositivo que los fomente, siguiendo las orientaciones que respecto de regulaciones emergentes son constatables en el derecho comparado.

    También cuadra apuntar la necesidad de la reforma del régimen penal vinculado con las sociedades, conforme ya lo reclamara la Comisión Redactora de la ley 19.550.

    Por último, los integrantes de esta Comisión desean dejar sentado que persuadidos de las pautas orientadoras básicas que guiaron su quehacer, esto es, introducir reformas al régimen societario vigente que contaran con consenso, proponen las reformas por unanimidad sin perjuicio de las opiniones personales divergentes que respecto de alguno, o algunos, de los institutos o soluciones adoptados han expresado con anterioridad. Ello, porque están persuadidos que la razón misma de una reforma legislativa estimada ventajosa prevalece sobre los criterios de su personal preferencia y sobre pareceres o doctrinas científicas a las que se prestan adhesión.
Horacio P. Fargosi. - Juan C. Palmero. - Raúl A. Etcheverry. - Enrique Zaldívar. - Jaime L. Anaya. - Enrique M. Butty