Argentina. [Ley de procedimiento administrativo (1972)]
Decreto 1759/1972. Boletín Oficial n° 22.411, jueves 7 de abril de 1972, pp. 6-9.

Citas Legales : Ley 19.549, Ley 19.549 - artículo 01 inciso b), Ley 19.549 - artículo 01 inciso e) apartado 4), Ley 19.549 - artículo 01 inciso e) apartado 5), Ley 19.549 - artículo 01 inciso e) apartado 9), Ley 19.549 - artículo 02, Ley 19.549 - artículo 02 inciso a), Ley 19.549 - artículo 02 inciso b), Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 19.549 - artículo 10, Ley 19.549 - artículo 19, Ley 19.549 - artículo 22, Ley 19.549 - artículo 28, Código procesal civil y comercial - artículo 140, Código procesal civil y comercial - artículo 141, Código procesal civil y comercial - artículo 386, Código procesal civil y comercial - artículo 419, Código procesal civil y comercial - artículo 423, Código procesal civil y comercial - artículo 424, Código procesal civil y comercial - artículo 425, Código procesal civil y comercial - artículo 426, Código procesal civil y comercial - artículo 427, Código procesal civil y comercial - artículo 429, Código procesal civil y comercial - artículo 436, Código procesal civil y comercial - artículo 440, Código procesal civil y comercial - artículo 441, Código procesal civil y comercial - artículo 443, Código procesal civil y comercial - artículo 444, Código procesal civil y comercial - artículo 445, Código procesal civil y comercial - artículo 449, Código procesal civil y comercial - artículo 450, Código procesal civil y comercial - artículo 451, Código procesal civil y comercial - artículo 452, Código procesal civil y comercial - artículo 457, Código procesal civil y comercial - artículo 458, Código procesal civil y comercial - artículo 459, Código procesal civil y comercial - artículo 464, Código procesal civil y comercial - artículo 466, Código procesal civil y comercial - artículo 471, Código procesal civil y comercial - artículo 472, Código procesal civil y comercial - artículo 474, Código procesal civil y comercial - artículo 476, Código procesal civil y comercial - artículo 477, Código procesal civil y comercial - artículo 491, Código procesal civil y comercial - artículo 604, Código procesal civil y comercial - artículo 605
(Nota del Centro de Documentación y Traducciones: régimen de resolución de los conflictos interadministrativos, aprobado por Ley 19.983 Biblioteca. Artículos 46, 76, 87, 88, 91, 94, 100 y 102 sustituidos por Decreto 3700/77 Biblioteca. Artículos 1º, 2º, 5º, 7º, 9º, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 52, 56, 60, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106 sustituidos y artículos 98 bis, 107, 108, 109, 110, 111 derogados por Decreto 1883/91 -texto ordenado 1991- Biblioteca. Texto ordenado 2017 aprobado por Decreto 894/17 Biblioteca)



    Fecha: 3 de abril 1972
    Publicación B.O.: 27/IV/72

    Visto y Considerando: los establecido por la ley 19549 y lo propuesto por el señor ministro de Justicia de la Nación,
    El Presidente de la Nación Argentina
    decreta:

    Artículo 1°.- Apruébase el cuerpo de disposiciones adjunto, que constituye la reglamentación de la ley nacional de procedimientos administrativos.

    Artículo 2°.- La reglamentación aprobada entrará a regir a los 120 días de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará a los trámites administrativos que se inicien de oficio o a pedido de parte, a partir de esa fecha.

    Artículo 3°.- El Ministerio de justicia convocará de inmediato a los titulares de los distintos servicios jurídicos de la Administración pública nacional centralizada y descentralizada, inclusive entes autárquicos para que reunidos en comisión, propongan cuáles serán los procedimientos especiales actualmente aplicables que continuarán vigentes. Sus conclusiones serán elevadas al Poder Ejecutivo, juntamente con las normas proyectadas, 30 días antes del vencimiento del plazo previsto en el art. 2° de la ley.

    Artículo 4°.- Cada uno de los titulares de los servicios jurídicos antes mencionados deberá ir sugiriendo paulatinamente al Poder Ejecutivo por conducto del depatamento de Estado u organismo de que dependa, las medidas a que se refiere el art. 2°, inc. a) de la ley. A su vez los titulares de los servicos jurídicos militares y de defensa y seguridad harán lo propia a través de los comandos en jefe de susrespectivamente armas y organismos de que dependan, respecto de los procedimientos administrativosa que se refiere el inc. b), del mismo artículo de la ley.

    Artículo 5°.- Comuníquese, etc.
Lanusse. - Rey. - Bruno Quijano. - Coda.
Citas legales:Ley 19.549 Biblioteca
Código procesal civil y comercial - artículo 458 Biblioteca
Bibliografía:Alianiak, Raquel Cynthia "Propuesta para una futura reforma del Decreto 1759/72: participación pública en la elaboración de reglamentos administrativos". En: Revista de derecho administrativo. Buenos Aires. Depalma. vol. 1 : n° 2 (1989), pp. 513-520 Libros
Hutchinson, Tomás "Régimen de procedimientos administrativos: ley 19.549". 8a. ed. act. y ampl.. Buenos Aires: Astrea, 2006. 414 p.. (Textos legales Astrea) Libros


TITULO I

Organos Competentes.

1°.- los expedientes administrativos tramitarán y serán resueltos con intervención de los órganos a los que una ley o un decreto hubieren atribuico competencia: en su defecto actuarán los organismos que determine por reglamento interno el ministerio o cuerpo directivo del ente descentralizado, según corresponda.

Facultades del Superior.

2°.- Los ministros y órganos directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamentos internos, a fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y eficiencia de los trámites; delegarles facultades; intervenirlos; y abocarse al conocimiento y decisión de un asunto a menos que una norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior.

Todo ello sin perjuicio de entender eventualmente en la causa si se interpusieren los recursos que fueren pertinentes.

Iniciación del trámite. Parte interesada.

3°.- El trámite administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquier personafísica o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; éstas serán consideradas parte interesada en el procedimiento administrativo. También tendrán ese carácter aquelos a quienes el acto a dictarse pudiere afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos y que se hubierenpresentado en las actuaciones a pedido del interesado originario, espontáneamente, o por citación del organismo interviniente cuando éste advierta su existencia durante la sustentación del expediente.

Los menores adultos tendrán plena capacidad para intervenir directamente en procedimientos administrativos, como parte interesada en la defensa de sus propios derechos subjetivos o intereses legítimos.

Impulsión de oficio y a pedido de parte interesada.

4°.- Todas las actuaciones administrativas serán impulsadas de oficio por el órgano competente, lo cual no obstará a que también el interesado inste el procedimiento. Se exceptúan de este principio aquellos trámites en los que medie sólo el interés privado del administrado, a menos que, pese a ese carácterla resolución a dictarse pudiere llegar a afectar de algún modo el interés general.

Deberes y facultades del órgano competente.

5°.- El órgano competente dirigirá el procedimiento procurando:

a) Tramitar los expedientes según su orden y decidirlos a medida que vayan quedando en estado de resolver. La ateración del orden de tramitación y decisión sólo podrá disponerse mediante resolución fundada;

b) Proveer en una sola resolución todos los trámites que, por su naturaleza, admitan su impulsión simultánea y concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias y medidas de prueba pertinentes;

c) Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos de que adolezca, ordenando que se subsanen de oficio o por el interesado dentro del plazo razonable que fije, dospiniendo de la misma manera las diligencias que fueren necesarias para evitar nulidades.

d) Disponer en cualquier momento la comparencia personal de las partes interesadas, sus representantes legales o apoderados para requerir las explicaciones que estimen necesarias y aun para reducir las discrepancias que pudieren existir sobre cuestiones de hecho o de derechol lab´randose acta. En la citación se hará constar concretamente el objeto de la comparecencia.

Facultades disciplinarias.

6°.- Para mantener el orden y decoro en las actuaciones, dicho órgano podrá:

a) Testar toda fase injuriosa o redactada en términos ofensivos o indecorosos;

b) Excluir de las audiencias a quienes las perturben;

c) Llamar la atención o percibir a los responsables;

d) Aplicar las multas autorizadas por el art. 1° inc. b) in fine, de la ley, así como también las demás sanciones, incluso pecuniarias, previstas en otras normas vigentes. Las multas firmes serán ejecutadas por los respectivos representantes judiciales del Estado, siguiendo el procedimiento de los arts. 604 y 605 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación.

e) Separar a los apoderados por inconducta o por entorpecer manifiestamente el trámite, intimando al mandante para que intervenga directamente o por un nueevo apoderado, bajo apercibimiento de suspender los procedimientos o continuarlos sin su intervención, según correspondiere. Las faltas cometidas por los agentes de la Administración se regirán por sus leyes especiales.
TOMO II

De los expedientes: identificación.

7°.- La identificación con que se inicie un expediente será conservada a través de las actuaciones sucesivas cualesquiera fueren los organismos que intervengan en su trámite. Queda prohibido asentar en el expediente otro número o sistema de identificación que no sea el asignado por el organismo iniciador.

Compaginación.

8°.- Los expedientes serán compaginados en cuerpos numerados que no excedan de doscientas fojas, salvo los casos en que tal límite obligara a dividir escritos o documentos que constituyen un solo texto.

Follatura.

9°.- Todas las actuaciones deberán foliarse por orden correlativo de incorporación, incluso cuando se integren con más de un cuerpo de expediente. Las copias de notas, informes o disposiciones que se agreguen junto con su original, se foliaran también por orden correlativo.

Anexos.

10.- Cuando los expedientes vayan acompañados de antecedentes que por su volumen no puedan ser incorporados se confeccionarán anexos, los que serán numerados y foliados en forma independiente.


11.- Los expedientes que se incorporen a otros continuarán la foliatura de éstos. Los que se soliciten al solo efecto informativo deberán acumularse sin incorporar.

Desgloses.

12.- Los desgloses podrán solicitarse verbalmente y se harán bajo constancia.


13.- Cuando se inicie un expediente o trámite con fojas desglosadas, éstas serán precedidas de una nota con mención de las actuaciones de las que proceden, de la cantidad de fojas con que se inicia el nuevo y las razones que haya habido para hacerlo.

Oficio y colaboración entre las dependencias administrativas.

14.- Si para sustanciar las actuaciones se necesitaren datos o informes de terceros o de otros órganos administrativos, se los podrá solicitar directamente o mediante oficio, de lo que se dejará constancia en el expediente. A tales efectos, las dependencias de la Administración, cualquiera sea su situación jerárquica, quedan obligadas a prestar su colaboración permanente y recíproca. El expediente sólo podrá remitirse a otros organismos administrativos, siempre que les corresponda dictaminar o lo requiera indispensablemente el procedimiento.
TITULO III

Formalidades de los escritos.

15.- Los escritos serán redactados a máquina o manuscritos en tinta en forma legible, en idioma nacional, salvándose toda testadura, enmienta o palabras interlineadas. Llevarán en la parte superior una suma o resumen del petitorio.

Serán suscriptos por los interesados, sus representantes legales o apoderados. En el encabezamiento de todo escrito, sin más excepción que el que iniciare una gestión, debe indicarse la identificación del expediente a que corresponda y en su caso, contendrá la indicación precisa de la representación que se ejerza. Podrá emplearse el medio telegráfico para contestar traslados o visitar e interponer recursos.

Recaudos.

16.- Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión ante la Administración pública deberá contener los siguientes recaudos:

a) Nombres, apellido, indicación de identificación y domicilios real y constituído del interesado;

b) Relación de los hechos, y si lo considera pertinente, la norma en que el interesado funde su derecho su derecho;

c) La petición conretada en términos claros y precisos;

d) Ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su defecto, su manción con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales;

e) Firma del interesado o de su representante legal o apoderado.

Firma; firma a ruego.

17.- Cuando un escrito fuere suscripto a ruego por no poder o no saber hacerlo el interesado, la autoridad administrativa lo hará constar, así como el nombre del firmante y también que fue autorizado en su presencia o se ratificó ante él la autorizació0n, exigiéndole la acreditación de la identidad personal de los que intervienen.

Si no hubiere quien pueda firmar a ruego del interesado, el funcionario procederá a darle lectura y certificará que éste conoce el texto escrito y ha estampado la impresión digital en su presencia.

Ratificación de la firma y del contenido del escrito.

18.- En caso de duda sobre la autenticidad de una firma, podrála autotidad administrativa llamar al interesado para que en su presencia y previa justificación de su identidad, ratifique la firma o el contenido del escrito.

Si el citado negare la firma o el escrito, se rehusare a contestar o a citado personalmente por segunda vez no compareciere, se tendrá al escrito po no presentado.

Constitución de domicilio especial.

19.- Toda persona que comparezca ante la autoridada administrativa, por derecho propio o en representación de terceros, constituirá en el primer escrito o acto en que intervenga un domicilio especial dentro del radio urbano del asiento de aquélla. Se lo hará en forma clara y precisa indicando calle y número, o piso, número o letra del escritorio o departamento; no podrá constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la autoridad administrativa.

20.- Si no se constituyere domicilio, no se lo hicierede acuerdo a lo dispuesto por el artículo anterior, o si el que se constituyere no existiera o desapareciera el local o edificio elegido o la numeración indicada, se intimará a la parte interesada en su domicilio real para que se consituya domicilio en debida forma, bajo apercibimiento de continuar el trámite sin intervensión suya o de su apoderado o representante legal, o disponer el archivo, según coresponda.

21.- El domicilio constituido producirá todos sus efectos sin necesidad de resolución y se reputará subsistente mientras que no se designe otro.

Domicilio real.

22.- El domicilio real de la parte interesada debe ser denunciado en la primera presentación que haga aquélla personalmente o por apoderado o representante legal.

En caso contratio -como así también en el supuesto de no denunciarse su cambio- y habiéndose constituido domicilio especial se intimará que se subsane el defecto, bajo apercibimiento de notificar en este último todas las resoluciones aun las que deban efectuarse en el real.

Falta de constitución del domicilio especial y de denuncia del domicilio real.

23.- Si en las oportunidades debidas no se constituyere domicilio especial ni se denunciare el real, se intimará que se subsane el defecto en los términos y bajo el paercibimiento del art. 1° inc. c), apartado 9 de la ley.

Las providencias ordenando las intimaciones quedarán firmes a los diez días de notificadas automáticamente, a cuyo fin se considerarán de nota los días martes y viernes o el siguiente hábil administrativo.

Peticiones múltiples.

24.- Podrá acumularse en un sólo escrito más de una petición siempre que se tratare de asuntos conexos que se puedan tramitar y resolver conjuntamente. Si a juicio de la autoridad administrativa no exitiere la conexión alegada por el interesado o la acumulación trajere entorpecimiento a la tramitación de los asuntos, se lo amplazará para que presente las peticiones por oficio a sustanciarlas individualmente si fueren separables, o en su defecto disponerse el archivo del expediente.

Presentación de escritos, fecha y cargo.

25.- Todo escrito inicial o en el que se deduzca un recurso deberá presentarse en mesa de entradas o receptoría del organismo competente o podrá remitirse po correo. Los escritos posteriores podrán presentarse o remitirse igualmente a la oficina donde se encuentre el expediente.

La autoridad administrativa deberá dejar constancia en cada escrito de la fecha en que fuere presentado poniendo al efecto el cargo pertinente o sello fechador.

Los escritos recibidos por correo se considerarán presentados en la fecha de su imposición en la oficina de correos, a cuyo efectose agregará el sobre sin destruir su sello fechador; o bien en la que conste en el mismo escrito que surja del sello fechador impreso por el agente postal habilitado a quien se hubiere exhibido el escrito en sobre abierto en el momento de ser despachado por expreso o certificado.

A pedido del interesado el referido agente postal deberá sellarle una copia para su constancia.

En caso de duda, deberá estarse a la fecha enunciada en el escrito y en su defecto, se considerará que la presentación se hizo en término.

Cuando se empleare el medio telegráfico para contestar traslados o vistas o interponer recursos, se entenderá presentado en la fecha de su imposición en la oficina postal.

Proveído de los escritos.

26.- El proveído de mero trámite deberá efectuarse dentro de los tres días de la recepción del todo escrito o despacho telegráfico.

Documentos acompañados.

27.- Los documentos que se acompañen a los escritos y aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original, en testimonios expedidos por autoridad competente o en copia que certificará la autoridadad administrativa previo cotejo con el original, el que se devolverá al interesado.

Podrá solicitarse la reserva de cualquier documento, libro o comprobante que se presente en cuyo caso se procederá a su guarda bajo constancia.

Documentos de extraña jurisdicción legalizados. Traducción.

28.- Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados si así lo exigiere la autoridad administrativa. Los redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con su correpondiente traducción hecha por traductor matriculado.

Firma de los documentos por profesionales.

29.- Los documentos y planos que se presenten, excepto los criquis, deberán estar firmados por profesionales inscriptos en matrícula nacional, provincial o municipal, indistintamente.

Entrega de constancias sobre iniciación de actuaciones y presetnaciones de escritos o documentos.

30.- De toda actuación que se inicie en mesa de entradas o receptoría se dará una constancia con la identificación del expediente que se origine.

Los interesados que hagan entrega de un documento o escrito podrán, además, pedir verbalmente que se les certifique una copia de los mismos. La autoridad administrativa lo hará así, estableciendo que el interesado ha hecho entrega en la oficina de un documento o escrito bajo manifestación de ser el original de la copia suscripta.
TITULO IV

Actuación por poder y representación legal.
31.- La persona que se presente en las actuaciones administrativas por un derecho o interés que sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada. Sin embargo, los padres que comparezcan en representación de sus hijos y el cónyugue que lo haga en nombre del otro, no tendrán obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que fundadamente le fueran requeridas.

Forma de acreditar la personería.
32.- Las representaciones u apoderados acreditarán su personería desde la primera gestión que hagan a nombre de sus mandantes con el instrumento público correspondiente, o con carta-poder con firma autenticada por autoridad policial o judicial, o por escribano público.
En el caso de encontrarse agregado a otroexpediente que tramite ante la misma repartición bastará la pertinente certificación.
Cuando se invoque un poder general o especial para varios actos o un contrato de sociedad civil o comercial otorgado en instrumento público o incripto en el Registro Público de Comercio, se lo acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado patrocinante o por el apoderado. De oficio o a petición de parte interesada podrá intimarse la presentación del testimonio original. Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberá firmarla todos los socios a nombre individual, indicando cuál de ellos continuará vinculado a su trámite.

33.- El mandato también podrá otorgarse por acta ante la autoridada administrativa, la que contendrá una simple relación de la identidad y domicilio del compareciente, designación de la persona del mandatario, mención de la facultad de percibir sumas de dinero u otra especial que se le confiere.
Cuando se faculte a recibir sumas mayores de $ 1000, se requerirá poder otorgado ante escribano público.

Cesación de la representación.
34.- Cesará la representación en las actuaciones.
a) Por revocación del poder. La intervención del interesado en el procedimiento no importará revocación si al tomarla no lo declarara expresamente;
b) Por renuncia, después de vencido el término del emplazamiento al poderante o de la competencia del mismo en el expediente;
c) Por muerte o inhabilidad del mandatario.
En los casos previstos por los tres incisos precedentes, se emplazará al mandante para que comparezca por sí o por nuevo apoderado, bajo apercibimiento de continuar el trámite sin su intervención o disponer el archivo del expediente según corresponda.
d) Por muerte o incapacidad del poderdante.
En estos hechos suspenden el procedimiento hasta que los herederos o representantes legales del causante se apersonen al expediente, salvo que se tratare de trámites qued eban impulsarse de oficio. El apoderado entretanto, sólo podrá formular las peticiones de mero trámite que fueren indispensables y que no admitieren demoras para evitar perjuicios a los derechos del causante.

Alcances de la representación.
35.- Desde el momento en que el poder se presente a la autoridad administrativa y ésta admita la personería, el representante asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al mandante como si personalmente los hubiere practicado. Está obligado a continuar la gestión mientras no haya cesado legalmente en su mandato -con la limitación prevista en el inc. d) del artículo anterior- y con él se entenderán los emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las de los actos de carácter definitivo, salvo decisión o norma expresa que disponga se notifique al mismo poderante o que tengan por objeto su comparencia personal.

Unificación de personería.
36.- Cuando varias personas se presentaren formulando un petitorio del que no surjan intereses encontrados, la autoridad administrativa podrá exigir la unificación de la representación dando para ello un plazo de 10 días bajo apercibimiento de designar un apoderado común de entre los peticionantes. La unificación de representación También podrá pedirse por las partes en cualquier estado del trámite. con el representante común se entenderán los emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las de la resolución definitiva, salvo decisión o norma expresa que disponga se notifiquen directamente a las partes interesadas o las que tengan por objeto su comparecencia personal.

Revocación de la personería unificada.
37.- Una vez hecho el nombramiento del mandatario común podrá revocarse por acuerdo unánime de los interesados o por la Administración, a petición de uno de ellos, si existiere motivo que lo justifique.

Vistas, actuaciones.
38.- La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante, podrán tomar vista del expediente durante todo su trámite, con excepción de aquellas actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que, a pedido del órgano competente y previo asesoramiento del servicio jurídico correspondiente, fueren declarados reservados o secretos mediante decisión fundada del respectivo subsecretario del Ministerio o del titular del ente descentralizado de que se trate.
El pedido de vista podrá hacerse verbalmente y se concederá, sin necesidad de resolución expresa al efecto, en la oficina en que se encuentre el expediente, aunque no sea la mesa de entradas o receptoría.
Si el peticionante solicitare la fijación de un plazo para tomar la vista, aquél se dispondrá por escrito rigiendo a su respecto lo establecido por el art. 1° inc. e), aportados 4° y 5° de la ley.
TITULO V - De las notificaciones: Actos que deben ser notificados.

39.- Deberán ser notificados a la parte interesada:
a) Los actos administrativos de alcance individual que tengan carácter definitivo y los que, sin serlo, obsten a la prosecución de los trámites;
b) Los que resuelvan un incidente planteado o en alguna medida afecten derechos subjetivos o intereses legítimos;
c) Los que decidan emplazamientos, citaciones, vistas o traslados;
d) Los que dicten con motivo o en ocasión de la prueba y los que dispongan de oficio la agregación de actuaciones;
e) Todos los demás que la autoridad así dispusiere, teniendo en cuanta su naturaleza e importancia.

Diligenciamiento.
40.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 47, in fine, las notificaciones se diligenciarán dentro de los 10 días, computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos de que puede ser objeto dicho acto y el plazo dentro del cual los mismos deben articularse.
La imisión o el error en que se pudiere incurrir al efectuar tal indicación, no perjudicará al interesado ni permitirá darle por decaído su derecho.

Forma de las notificaciones.
41.- Las notificaciones sólo serán válidas si se efectúan por alguno de los siguientes medios:
a) Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente, dejándose constancia expresa y previa justificación de identidad del notificado; se certificará copia íntegra del acto, si fuere reclamada;
b) Por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento fehaciente del acto respectivo;
c) Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por los art. 140 y 141 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación;
d) Por telegrama colacionado, copiado o certificado, con aviso de entrega;
e) Por oficio impuesto como certificado expresao con aviso de recepción; en este caso el oficio y los documentos anexos deberán exhibirse en sobre abierto al agente postal habilitado, antes del despacho, quien los sellará juntamente con las copias que se agregarán al expediente.

Publicación de edictos.
42.- El emplazamiento, la citación y las notificaciones a personas inciertas o cuyo domicilio se ignore se hará por edictos públicados en el Boletín Ofivial durante 3 días seguidos y se tendrán por efectuadas a los 8 días, computados desde el siguiente al de la última publicación.

Contenido de las cédulas, telegramas, oficios y edictos.
43.- Las cédulas y oficios transcribirán íntegramente los fundamentos y la parte dispositiva del acto objeto de notificación; los telegramas y edictos transcribirán íntegramente la parte dispositiva.
En las cédulas y oficios se podrá reemplazar la transcripción agregando una copia íntegra y autenticada a la resolución, dejándose constancia en el cuerpo de la cédula u oficio.

Notificaciones inválidas.
44.- Toda notificación que se hiciere en contrvención de las normas precedentes carecerá de invalidez. Sin embargo, si del expediente resultare que la aprte interesada ha tenido conocimiento del acto que la motivó, la notificación surtirá efectos desde entonces. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que incuriere el agente que la practicó.

Notificación verbal.
45.- Cuando Válidamente el acto no esté documentado por escrito, se admitirá la notificación verbal.
TITULO VI - De la prueba.

46.- La Administración de oficio o a pedido de parte, podrá disponer la producción de prueba respecto de los hechos involucrados y que fueren conducentes para la decisión. Se admitirán todos los medios de prueba salvo los que fueren manifiestamente improcedentes, superfluos o meramente dilatorios.

Notificación de la providencia de prueba.
47.- La providencia que ordene la producción de prueba se notificará a las partes interesadas indicando qué pruebas son admitidas y la fecha de la o las audiencias que se hubieren fijado.
La notificación se diligenciará con una anticipación de 5 días, por lo menos, a la fecha de la audiencia.

Informes y dictámenes.
48.- Sin perjuicio de los informes y dictámenes cuyo requerimirnto fuere obligatorio según normas expresas que así lo establecen, podrán recabarse, mediante resolución fundada, cuantos otros se estimen necesarios al establecimiento de la verdad jurídica objetiva. En la tramitación de los informes y dictámenes se estará a lo prescripto en el art. 14.
En el plazo máximo para evacuar los informes técnicos y dictámenes será de 45 días pudiendo ampliarse, si existieren atendibles y a pedido de quien deba producirlos, por el tiempo razonable que fuere necesario.
Los informes administrativos no técnicos deberán evacuarse en el plazo máximo de 20 días. Si los terceros no contestaren los informes que les hubieren sido requeridos dentro del plazo fijado o de la ampliación acordada conforme a lo dispuesto por el art. 1°, inc, e), apartado 4° y 5° de la ley o se negaren a respodner, se prescindirá de esta prueba.

Testigos.
49.- Los testigos serán examinados en la sede del organismo competente por el agente a quien se designe al efecto.

50.- Se fijará día y hora para la audiencia de los testigos y una supletoria para el caso de que no concurrieran a la primera; ambas audiencias serán notificadas conjuntamente por la autoridad, pero el proponente tendrá a su cargo asegurar la asistencia de los testigos. La incomparecencia de éstos a ambas audiencias hará perder al proponente el testimonio de que se trate, pero la ausencia de la parte interesada no obstará al interrogatorio de los testigos presetnes.
51.- Si el testigo no residiere en el lugar del asiento del organismo competente y la parte interesada no tomare a su cargo la comparecencia, se lo podrá interrogar en alguna oficina pública ubicada en el lugar de la residencia del propuesto por el agente a quien se delegue la tarea.

52.- Los testigod serán libremente interrogados sobre los hecos por la autoridada, sin perjuicio e los pliegos de las partes interesadas, los que pueden ser presetnados hasta el momento mismo de la audiencia.
Se labrará acta en que consten las preguntas y sus respuestas.

53.- Serán de aplicación supletoria las normas contenidas en los art. 419, primera parte, 426, 427, 429, 436 primera parte, 440, 441, 443, 444, 445, 449, 450, 451, 452, 457, 458 y 491 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Peritos.
54.- Los administrados podrán proponer la designación de peritos a su costa.
La Administración se abstendrá de designar peritos por su parte debiendo limitarse a recabar informes de sus agentes y oficinas técnicas y de terceros, salvo que resultare necesario designarlos para la debida sustanciación del procedimiento.

55.- En el acto de solicitarse la designación de un perito, el proponente precisará el cuestionario sobre el que deberá expedirse.

56.- Dentro del plazo de 5 días del nombramiento el perito aceptará el cargo en el expediente o su proponente agregará una constancia autenticada por el oficial público o autoridad competente de la aceptación del mismo. Vencido dicho plazo y no habiéndose ofrecido reemplazante se perderá el derecho a esta prueba; igualmente se perderá si ofrecido y designado un reemplazante éste no aceptare la designación o el proponente tampoco agregare la constancia aludida dentro del plazo establecido.

57.- Corresponderá al proponente intalar la diligencia y adelantar los gastos razonables que requiere el perito según la naturaleza de la pericia; la falta de presentación del informe en tiempo importará el desistimiento de esta prueba.
Serán de aplicación supletoria las normas contenidas en los arts. 459, 464, 466, 471, 472, 474, 476 y 477 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Documental.
58.- En materia de prueba documental se estará a lo dipuesto por los art. 16 y 27 a 30 de la presente reglamentación.

Conefsión.
59.- Sin perjuicio de lo que establecieren las normas relativas a la potestad correctiva o disciplinaria de la administración, no serán citados a prestar confesión la parte interesada ni los agentes públicos, pero estos últimos podrán ser ofrecidos por el administrado como testigos, informantes o peritos. La confesión voluntaria tendrá, sin embargo, los alcances que resultan de los arts. 423, 424 y 425 del Cód. procesal Civil y Comercial de la Nación.

Alegatos.
60.- Sustanciadas las actuaciones, se dará vista de oficio y por 20 días a la parte interesada que, si lo creyere conveniente presente un escrito acerca de lo actuado y en su caso, para que alegue también sobre la prueba que se hubiere producido.
El órgano competente podrá disponer la producción de nueva prueba:
a) De oficio, para mejor proveer;
b) A pedido de parte interesada, si ocurriere o llegare a su conocimiento un hecho nuevo. Dicha medida se notificará a la parte interesada y con el resultado de la prueba que se produzca, se dará otra vista por 5 días a los mismos efectos precedentemente indicados.
Si no se presentaren los escritos -en uno y otro caso- se dará por decaído este derecho.

Resolución.
61.- De inmediato y sin más trámite que el asesoramiento jurídico, si éste correspondiere conforme a lo dispuesto por el art. 7° inc. d) in fine, de la ley, se dictará el acto administrativo que resuelva las actuaciones.

Apreciación de la prueba.
62.- En la apreciación de la prueba se aplicará lo dispuesto por el art. 386 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación.
TITULO VIII - De la conclusión de los procedimientos.

63.- Los trámites administrativos concluyen por resolución expresa o tácita, por caducidad o por desistimiento del procedimiento o del derecho.

Resolución y caducidad.
64.- La resolución expresa se ajustará a lo dispuesto según los casos, por los arts. 1° inc. f) apartado 3°, 7° y 8° de la ley y 82 de la presente reglamentación.

65.- La resolución táctica y la caducidad de los procedimientos resultarán de las circunstancias a que se alude en los arts. 10 y 1° (inc. e, apartado 9°) de la ley, respectivamente.

Desistimiento.
66.- Todo desistimiento deberá ser formulado fehacientemente por la parte interesada, su representante legal o apoderado.

67.- El desistimiento del procedimiento importará la clausura de las actuaciones en el estado en que se hallaren, pero no impedirá que ulteriormente vuelva a plantearse igual pretensión, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de caducidad o prescripción. Si el desistimiento se refiera a los trámites de un recurso, el acto impugnado, se tendrá por firme.

68.- El desistimiento del derecho en que se fundó una pretención impedirá promover otra por el mismo objeto y causa.

69.- Si fueren varias las partes interesadas, el desistimiento se sólo alguna o algunas de ellas al procedimiento o al derecho no incidirá sobre las restantes, respecto de quienes seguirá substanciándose el trámite respectivo en forma regular.

70.- Si la cuestión planteada pudiere llegar a afectar de algún modo el interés administrativo o general, el desistimiento del procedimiento o del derecho no implicará la clausura de los trámites, lo que así se declarará por resolución fundada, prosiguiendo las actuaciones hasta que recaiga la decisión pertinente. Esta podrá beneficiar incluso a quienes hubieren desistido.
TITULO VIII - Queja por defectos de tramitación e incumplimiento de plazos ajenos al trámite de los recursos.

71.- Podrá ocurrirse en queja ante el inmediato superior jerárquicio contra los defectos de tramitación e incumplimiento de los plazos legales o reglamentarios en que se incurriere durante el procedimiento y siempre que tales plazos no se refieran a los fijados para la resolución de recursos.
La queja se resolverá dentro de los cinco días, sin otra sustanciación que el informe circunstanciado que se requerirá, si fuere necesario, del inferior, procurando evitar la suspensión del procedimiento principal. Las resoluciones que se dicten serán irrecurribles, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 28 de la ley.

72.- El incumplimiento injustificado de los trámites y plazos previstos por la ley y por esta reglamentación, genera responsabilidad imputable a los agentes a cargo directo del procedimiento o diligencia y a los superiores jerárquicos obligados a su dirección, fiscalización o cumplimiento. Esa responsabilidad se hará efectiva en la forma prevista por el art. 6°, última parte.

Recursos contra actos de alcance individual y contra actos de alcance general.
73.- Los actos administrativos de alcance individual, así como también los de alcance general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación, podrán ser impugnados por medio de recursos administrativos en los casos y con el alcance que se prevé en el presente título. Los recursos podrán fundarse tanto en razones vinculadas a la legitimidad, como a la oportunidd, mérito o conveniencia del acto impugnado o al interés público.

Sujetos.
74.- Los recursos administrativos podrán ser deducidos por quienes aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo.
Los organismos administrativos subordinados por relación jerárquica no podrán recurrir los actos del superior; los agentes de la Administración podrán hacerlo en defensa de un derecho propio. Los entes autárquicos no podrán recurrir actos administrativos de otros de igual carácter ni de la Administración Central, sin perjuicio de procurar al respecto un pronucniamiento del ministerio en cuya esfera común actúen o del Poder Ejecutivo, según el caso.

Organo competente.
75.- Serán competentes para resilver los recursos administrativos contra actos de alcance individual, los organismos que se indican al regularse en particular cada uno de aquéllos. Si se tratare de actos dictados en cumplimiento de otros de alcance general, será competente el organismo que dictó la norma general, sin perjuicio de la presetnación del recurso ante la autoridad de aplicación.

Suspensión de plazos para recurrir.
76.- Si a los efectos de articular un recurso administrativo la parte interesada necesitare tomar vista de las actuaciones, quedará suspendido el plazo para recurri durante el tiempo que se le conceda al efecto en base a lo dispuesto por el art. 1°, inc. e), apartado 4° y 5° de la ley.

Formalidades.
77.- La presentación de los recursos administrativos deberá ajustarse a las formalidades y recaudos previstos en los arts. 15 y siguientes, en lo que fuere pertinente, indicándose, además, de manera concreta, la conducta o acto que ekl recurrente estimare como legítima para sus derechos e intereses. Podrá ampliarse la fundamentación de los recursos deducidos en término, en cualquier momento antes de la resolución. Advertida alguna deficiencia formal, el recurrente será intimado a subsanarla del término perentorio que se le fije, bajo apercibimiento de desestimarse el recurso.

Apertura de prueba.
78.- El organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba cuando estime que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso.

79.- Producida la prueba se dará vista por 10 días a la parte interesada -y al órgano que dictó el acto impugnado, si se estimare necesario- a los mismos fines de lo dispuesto en el art. 60. Si no se presentare alegato, se dará por decaído este derecho.
Por lo demás, serán de aplicación, en cuanto fueren compatibles, las disposiciones de los arts. 46 a 62.

Medidas preparatorias, informes y dictámenes irrecurribles.
80.- Las medidas preparatorias de decisiones administrativas, inclusive informes y dictámenes, aunque sean de requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la Administración, no son recurribles.

Despacho y decisión de los recursos.
81.- Los recursos deberán proveerse y resolverse cualquiera sea la denominación que el interesado le dé, cuando resulte indudable la impugnación del acto administrativo.

82.- Al resolverse un recurso el órgano competente podrá limitarse a desestimarlo, o a ratificar o confirmar el acto de alcance particular impugnado, si ello correspondiere conforme al art. 19 de la ley; o bien aceptarlo, revocando, modificando o sustituyendo el acto, sin perjuicio de los derechos de terceros.

Derogación de actos de alcance general.
83.- Los actos administrativos de alcance general podrán ser derogados, total o parcialmente y reemplazados por otros, de oficio o a peticiíon de parte y aun mediante recurso en los casos en que éste fuere procedente. Todoello sin perjuicio de los derechos adquiridos al amparo de las normas anteriores y con indemnización de los daños efectivamente sufridos por los administrados.

Recurso de reconsideración.
84.- Podrá interponerse recurso de reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o petisión del administrado y contra los interlocutores o de mero trámiteque lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los diez días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será competente para resolver lo que corresponda, conforme a lo dispuesto por el art. 82.

85.- Si el acto hubiere sido dictado por delegación, el recurso de reconsideración será resuelto por el órgano delegado sin perjuicio del derecho de avocación del delegante. Si la delegación hubuere cesado al tiempo de decirse el recurso, éste será resuelto por el delegante.

86.- EL órgano competente resolverá el recurso de reconsideración dentro de los treinta días, computados desde su interposición o, en su caso, de la presentación del alegato -o del vencimiento del plazo para hacerlo- si se hubiere recibido prueba.

87.- Si el recurso de reconsideración no fuere resuelto dentro del plazo fijado, el interesado podrá reputarlo denegado tácitamente.Denegada la reconsideración expresa o tácitamente, se podrá deducir, según el caso:
a) Recurso de apelación para ante el órgano inmediato superior, si el acto -dictado por autoridad inferior general o de jerarquía equivalente a la de éste- fuere interlocutorio o de mero trámite. La apelación deberá interponerse dentro de los cinco días de vencido el plazo del art. 86, debiéndose elevar las actuaciones de inmediato y de oficio, para ser resueltas dentro de los quince días de recibidos por el superior, sin más sustanciación que el dictamen jurídico, si correspondiere.
Los actos interlocutorios o de mero trámite emanados de directores generales, autoridades de jerarquía equivalente o mayor y las decisiones dictadas en los recursos de apelación serán irrecurribles.
b) Recurso jerárquico si el acto impugnado fuere definitivo o impidiere totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del interesado, cualquiera fuere la jerarquía del órgano emisor. El recurrente podrá optar por deducir previamente recurso de apelación para ante el director general, director nacional o funcionarios de categoría equivalente, si el acto hubiere emanado de agentes de jerarquía inferior, reservando el jerárquico para el supuesto de que aquéllos desestimaren su pretensión. Este recurso de apelación deberá sustanciarse y resolverse en un plazo que no exceda de treinta días, vencido el cual se reputará denegado tácitamente.

88.- El recurso de reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos y el de apelación previsto en el artículo anterior, inc. b),llevan implícito el recurso jerárquico en subsidio. Cuando expresa o tácitamente hubiere sido rechazada la reconsideración y, en su caso, la apelación, las actuaciones deberán ser elevadas de inmediato, a pedido de parte; dentro de los 5 días de recibidas por el superior, podrá el interesado mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso.

Recurso jerárquico.
89.- El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado. No será necesario haber deducido previamente recurso de reconsideración; si se lo hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente el jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la última parte del artículo anterior.

90.- El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto impugnado dentro de los 15 días de notificado y será elevado de inmediato y de oficio al ministerio en cuya jurisdición actúe el órgano emisor del acto. Los ministros resolverán definitivamente el recurso si se tratare de una materia vinculada al régimen económico y administrativo del respectivo departamento; en los demás supuestos, como también el acto impugnado emanare de un ministro, el recursoserá resuelto por el Poder Ejecutivo.

91.- El plazo para resolver el recurso jerárquico será de sesenta días, a contar desde la recepción de las actuaciones por la autoridad competente, o en su caso, de la presentación del alegato -o del vencimiento del plazo para hacerlo- si se hubiere recibido prueba.

92.- Cualquiera fuere la competente para resolver el recurso jerárquico, el miso tramitará en sede del ministerio en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto; en aquél se recibirá la prueba estimada pertinente y se recabará obligatoriamente el dictamen de su servicio jurídico permanente. Si el recurso se hubuere interpuesto contra resoluciones del ministro o subsecretario intervinientes, si mediaren cuestiones jurídicas complejas o estuviesen comprometido el erario público, será también de requerimiento obligatorio el Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación.

93.- Salvo norma expresa en contrario los recursos deducidos en el ámbito de los entes autárquicos se regirán por las normas generales que para los mismos se establecen en esta reglamentación; las normas particulares de los re reconsideración y apelación les serán asimismo aplicables en lo que fuere compatible.
En cuanto al recurso jerárquico contra actos definitivos o asimilables a ellos emanados de autoridades inferiores del ente, se lo sustanciará de acuerdo a los arts. 89 y 91, entendiéndose que deberán interponerse y elevarse las actuaciones al órgano superior de dicho ente en el tiempo y forma prevenidos en el art. 90 y que el resto del trámite y prueba serán diligenciados internamente; el órgano superior dictará resolución, previo obligatoriorequerimiento de dictamen de su servicio jurídico permanente.

Recurso de alzada.
94.- Contra losa ctos administrativos definitivos o que impiden totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado -emanados del órgano superior de un ente autárquico- procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de alzada o la acción judicial pertinente.

95.- La elección de la vía judicial hará perder la administrativa; pero la interposición del recurso de alzada no impedirá desistirlo en cualquier estado a fin de promover la acción judicial, ni obstará a que se articule ésta una vez resuelto el recurso administrativo.

96.- El Poder Ejecutivo será competente para resolver el recurso de alzada a menos que una norma expresa acuerde esa competencia a otro órgano de la Administración.

97.- El recurso de alzada podrá deducirse en base a los fundamentos previstos por el art. 73 in fine. Si el ente descentralizado autárquicamente fuere de los creados por el Congreso en ejercicio de sus facultades constitucionales el recurso de alzada sólo será procedente por razones vinculadas a la legitimidad del acto salvo que la ley autorice el control amplio. En caso de aceptarse el recurso, la resoción se limitará a revocar el acto impugnado, pudiendo sin embargo modificarlo o sustituirlo con carácter excepcional si fundadas razones de interés púbico lo justificaren.

98.- Serán de aplicación supletoria las normas contenidas en los arts. 80, última parte; 90, primera parte; 91 y 92.

Actos de naturaleza jurisdiccional; limitado control por el superior.
99.- Tratándose de actos producidos en ejercicio de una actividad jurisdiccional, contra los cuales estén previstos recursos o acciones ante la justicia o ante órganos administrativos especiales con facultades también jurisdiccionales, el deber del superior de controlar la juridicidad de tales actos se limitará a los supuestos de mediar manifiesta arbitrariedad grave error o gruesa violación de derecho. No obstante, deberá abstenerse de intervenir y en su caso, de resolver, cuando el administrado hubiere consentido el acto o promovido -por deducción de aquellos recursos o acciones- la intervención de la Justicia o de los órganos administrativos especiales, salvo que razones de notorio interés público justifiquen el rápido restablecimiento de la juridicidad.

Recursos contra decisiones definitivas.
100.- Las decisiones definitivas o con fuerza de tales que el Poder Ejecutivo o los ministros dictaren en recursos administrativos y que agoten las instalcias de esos recursos, sólo serán susceptibles de la reconsideración prevista en el art. 84 de esta reglametnación y de la revisión prevista en el art. 22 de la ley.

Rectificación de errores materiales.
101.- En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.

Aclaratoria.
102.- Dentro de los 5 días computados desde la notificación del acto definitivo podrá pedirse aclaratoria cuando exista contradicción en su parte dispositiva, o entre su motivación y la parte dispositiva o para suplir cualquier omisión sobre alguna o algunas de las peticiones o cuestiones planteadas.
TITULO IX - De los actos administrativos de alcance general y los proyectos de leyes.

103.- La elaboración de los actos de alcance general y de los proyectos de leyes que propicie la Administración, se iniciará por el órgano o ente de la Administración que corresponda según las leyes o disposición del Poder Ejecutivo.

104.- El órgano o ente delegado deberá realizar los estudios y obtener los informes previos que garanticen la juridicidad, acierto y oportunidad de la iniciativa acumulando los dictámenes y consultas evacuados, las observaciones y enmiendas que se formulen y cuantos datos y documentos fueren de interés para conocer el proceso de elaboración de la norma o tiendan a facilitar su interpretación.

105.- Toda iniciativa que suponga modificar o sustituir normas legales o reglamentarias, deberá ser acompañada de una relación de las disposiciones vigentes sobre la misma materia y establecerá expresamente las que han de quedar total o parcialmente derogadas. Cuando la reforma afecte la sistemática o estructura del texto, se proyectará asimismo, su reordenamiento íntegro.

106.- Los proyectos de actos administrativos de alcance general serán sometidos, como trámite final, al dictamen jurídico de la Procuración del Tesoro de la Nación o de la delegación pertinente del Cuerpo de Abogados del Estado. Los proyectos de leyes, a su vez, serán sometidos a estudio del Ministerio de justicia en las condiciones que determine la ley de ministerios.

107.- Las iniciativas podrán ser sometidas a información pública cuando su naturaleza así lo justifique. Asimismo podrán requerirse el parecer de personas o entes ajenos a la Administración, inclusive de los que ostentes la representación de intereses sectoriales.

108.- Los actos administrativos de alcance general producirán afectos a aprtir de su publicación oficial y desde el día que en ellos se determine; si no designan tiempo, producirán efectos después de los ocho días, computados desde el siguiente al de su publicación oficial.

109.- Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior los reglamentos que se refieren a la estructura orgánica de la Administración y las órdenes, instrucciones o circulares internas, que entrarán en vigencia sin necesidad de aquella publicación.
TITULO X - Reconstrucción de expedientes.

110.- Comprobada la pérdida o extravío de un expediente, se ordenará su reconstrucción incorporándose las copias de los escritos y documentación que aporte el interesado, de los informes y dictámenes producidos, haciéndose constar los trámites registrados. Si se hubieredictado resolución, se agregará copia autenticada de la misma, prosiguiendo las actuaciones según su estado.
TITULO XI - Normas procesales supletorias.

111.- El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación será aplicable supletoriamente para resolver cuestiones no previsibles expresamente y en tanto no fuere incompatible con el régimen establecido por la ley de procedimientos administrativos y por esta reglamentación.