Argentina. [Ley de procedimiento administrativo (1972)]

Ley 19.549. Boletín Oficial n° 22.411, jueves 27 de abril de 1972, pp. 3-6.

Citas Legales : Código procesal civil y comercial - artículo 017, Código procesal civil y comercial - artículo 018, Código procesal civil y comercial - artículo 030, Decreto-ley 01285/1958, Decreto-ley 01285/1958 - artículo 17


(Notas del Centro de Documentación y Traducciones: reglamentada por Decreto 1759/72 Biblioteca. Régimen de resolución de los conflictos interadministrativos, aprobado por Ley 19.983 Biblioteca. Artículos 1º, 9º, 15, 17, 25, 28, 30 y 32 sustituidos por Ley 21.686 Biblioteca, texto ordenado por Decreto 1883/91 Biblioteca. Decisión que en el ámbito de la Administración Nacional centralizada y descentralizada serán de aplicación únicamente los procedimientos establecidos por la presente Ley y por el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/72 (t.o. 1991), aprobado por Decreto 722/96 Biblioteca. Artículos 30, 31 y 32 sustituidos por Ley 25.344 Biblioteca, artículo 7° modificado por Decreto 1023/01 Biblioteca)


    LEY NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

    Su reglamentación

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1971
    Excelentísimo Señor Presidente de la Nación:

    Tengo el honor de dirigirme a V.E. sometiendo a su consideración el proyecto de ley nacional de procedimientos administrativos y su reglamentación.

    La ex Secretaría de Estado de Justicia, hoy Ministerio, en ejercicio de la competencia que asignaba a aquélla la Ley 18.417, Art. 2 inciso 3), creó una comisión “ad honorem” para que redactara la ley de procedimientos administrativos en el orden nacional, ordenamiento previsto expresamente en el N° 127 de las Políticas Nacionales aprobadas por Decreto N° 46 de la Junta de Comandantes en Jefe, al requerir la existencia de procedimientos reglados, como una de las formas de racionalizar la administración pública.

    En el orden nacional esa regulación no existe con carácter general. Se han dictado en diversas épocas normas de distinta jerarquía, a veces contradictorias y referidas principalmente a procedimientos especiales.

    La necesidad de legislar en esta materia ha sido advertida por la doctrina, que ha pedido reiteradamente se llenara el vacío, como lo han hecho otros países e incluso algunas provincias argentinas.

    La comisión designada ha elaborado un anteproyecto de ley y otro de su reglamentación mediante decreto, a los que se agrega una nota explicativa de la metodología seguida, fuentes utilizadas y fundamentos de las soluciones adoptadas.

    Estos anteproyectos fueron remitidos en consulta a los Comandos, Ministerios y personas especializadas. Su aceptación por todos ellos ha determinado la presente elevación para su consideración por V.E.

    En cuanto al fundamento de las normas proyectadas me remito a la nota explicativa de la comisión redactora, cuyos conceptos hago míos.

    Dios guarde a Vuestra Excelencia.

Ismael E. Bruno Quijano
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Buenos Aires, 30 de julio de 1971
    Señor Ministro de Justicia de la Nación.

    AD.

    Elevamos a V.E. el proyecto de ley nacional de procedimientos administrativos y su reglamentación, dando cumplimiento a la tarea que nos encomendara por Resolución N° 552, del 7 de diciembre de 1970.

    I. Hemos estimado conveniente contemplar en el texto de la ley tan solo los principios básicos a que deberán ajustarse los procedimientos administrativos en cuanto tiendan a asegurar a los interesados las garantías constitucionales del debido proceso, de las que no pueden reputarse ajenos los atinentes a los requisitos esenciales del acto administrativo, su estructura, validez, eficacia, etc. Más lo referido al trámite procesal propiamente dicho, incluidos naturalmente los recursos administrativos, lo consideramos por vía reglamentaria, en la inteligencia de tratarse de una materia que entra en la esfera de las potestades constitucionales del Poder Ejecutivo y no del Legislativo.

    Incorporamos al proyecto de ley el recurso de revisión -pese a lo expresado más arriba- y normas sobre impugnación judicial de actos administrativos definitivos.

    Lo primero se explica porque deseamos evitar los equívocos a que actualmente se presta la aludida revisión. En efecto, en ausencia de una disposición expresa que la regulara, se venía aplicando por analogía el artículo 241 de la Ley 50, mas, al ser derogada ésta por el actual Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se ha debido recurrir, en dudosa y forzada nueva analogía, al artículo 551 del Código de Procedimientos en lo Criminal y Correccional para la Justicia Federal y Tribunales de la Capital Federal y Territorios Nacionales. Como esta última es una norma legal que mantiene vigencia, juzgamos prudente sustituirla -obviamente para el ámbito administrativo- por otra norma, pero de igual jerarquía jurídica.

    LO segundo, que es tema propio de lo contencioso-administrativo, tiene por objeto cubrir el vacío legislativo resultante de la ausencia de un código nacional que contemple aquella materia específica.

    II. Los principios básicos del procedimiento administrativo, tales como los tratados en el Título I del proyecto de ley están inspirados, fundamentalmente, en la tradicional doctrina jurídica de la Procuración del Tesoro de la Nación, en la Ley número 7.647 de la Provincia de Buenos Aires, en las normas del debido proceso desarrolladas en el proyecto de ley de los doctores Juan Francisco Linares y Agustín A. Gordillo y en la ley española de julio 17 de 1948 (reformada en diciembre 2 de 1963).

    En el Título III adoptamos en lo esencial las opiniones expuestas por el doctor Miguel S. Marienhoff, en el tomo II de su Tratado de Derecho Administrativo en materia de acto administrativo.

    Por lo que atañe al recurso de revisión, a la impugnación judicial de actos administrativos y al amparo por mora de la Administración, seguimos de cerca lo propuesto por el anteproyecto de Código de lo Contencioso-Administrativo de la Nación, elevado en enero 16 de 1968 al Ministerio de Justicia de la Nación por la comisión especial designada al efecto.

    Finalmente lo relacionado con el reclamo administrativo previo a la demanda judicial contra el Estado resulta apoyado en la jurisprudencia vigente en la materia y en lo sostenido por el doctor Juan Francisco Linares en su trabajo “Demandas contra la Nación y los decretos del Poder Ejecutivo”, publicado en la revista jurídica La Ley, t 138, pág. 997.

    III. En atención a las conclusiones del seminario sobre “Procedimientos Administrativos Especiales”, realizado entre junio y agosto de 1970 por el Instituto de Derecho Administrativo Profesor Rafael Bielsa, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección de su titular, doctor Bartolomé A. Fiorini -en tanto aconsejara la sanción de un cuerpo normativo uniforme nacional y local- procuramos apartarnos lo menos posible de la Ley número 7.647 de la Provincia de Buenos Aires ya citada, en lo que hace a lo sustancial del trámite y diligencias de orden procesal. Puede verse en tal sentido los Títulos II, III, IV, IX y X sin perjuicio de muchos otros artículos de la ley provincial incorporados a otros Títulos del reglamento que comentamos.

    IV. En cuanto al régimen de recursos administrativos, hemos intentado conciliar el derecho a lograr el control de los actos con la sencillez de los medios utilizables a este fin, por entender que la simplicidad facilita al interesado la defensa de su pretensión inicialmente lesionada.

    En este orden de ideas circunscribimos la “queja” a los supuestos de defectos en la tramitación e incumplimiento de plazos procesales, ajenos a los fijados para los recursos en sí mismos, ya que la violación de estos últimos tiene su remedio específico en cada caso.

    Los actos interlocutorios o de mero trámite emanados de un director general o funcionario de jerarquía equivalente o superior, pueden ser objeto de “reconsideración” ante el mismo agente emisor; la resolución que recaiga -expresa o tácita por mero vencimiento del plazo establecido- será irrecurrible. Si este tipo de actos hubiere emanado de agentes de inferior jerarquía, también procederá ante éstos la “reconsideración”, pero su denegatoria expresa o tácita habilitará al interesado para interponer “apelación” ante el superior inmediato, cuya decisión será irrecurrible.

    Los actos administrativos definitivos y los asimilables a ellos, cualquiera fuere la jerarquía de la autoridad de que emanen, permitirán el ejercicio del “recurso jerárquico” directamente para ante el Poder Ejecutivo (o el Ministro correspondiente, según el caso), o bien, a opción del interesado la “reconsideración” previa ante el órgano emisor; este último recurso llevará implícito -como el de apelación a que inmediato se aludirá- el jerárquico para el supuesto de denegación expresa o tácita. Cuando el acto definitivo impugnado emanare de agente de jerarquía inferior, podrá interponerse con carácter previo al jerárquico y a opción del interesado, un “recurso de apelación” para ante el Director General, Director Nacional o funcionario de categoría equivalente.

    Los mismos principios hasta aquí expuestos serán de aplicación en el ámbito interno de los entes autárquicos, con las modalidades previstas en el artículo 93 del proyecto de reglamentación. Mas si se tratare de actos administrativos definitivos emanados del órgano superior del ente procederá a opción del interesado la “acción judicial” directa o el “recurso administrativo de alzada” regulados en el artículo 95 del proyecto citado.

    Todos los recursos podrán ser fundados tanto en razones vinculadas a la legitimidad como a la oportunidad, mérito o conveniencia del acto o al interés público; el órgano competente podrá limitarse a desestimarlos o a ratificar o confirmar el acto si ello correspondiere en orden a lo estatuido por el artículo 19 del proyecto de ley, o bien a aceptarlos revocando, modificando o sustituyendo el acto cuidando de no causar perjuicio a terceros. Esto supone, naturalmente que el recurso administrativo de alzada contra actos definitivos del órgano superior de un ente autárquico podrá ser fundado en cualesquiera de aquellas razones, con la sola excepción prevista respecto de los entes creados por el Congreso en ejercicio de facultades constitucionales propias y siempre que la ley no autorice el control amplio. En cuanto a la decisión que recaiga en el recurso de alzada se proyecta que, como principio, su acogimiento se limite a la revocación del acto , de modo que sólo por excepción se lo pueda modificar o sustituir y siempre que medien fundadas razones de interés público.

    Consideración especial merece en el proyecto de reglamentación lo atinente al control de legitimidad de los actos de naturaleza jurisdiccional contra los cuales existen recursos o acciones para ante la Justicia, o para ante órganos administrativos especiales con facultades también jurisdiccionales. Por principio general, la Administración activa debe abstenerse de ejercer tal control, pues para ellos existen precisamente, acciones o recursos expresos; más si se dieran eventos de manifiesta arbitrariedad, grave error de hecho o grave violación de derecho, el superior podría intervenir para restablecer la juricidad, bien que autolimitándose más aún cuando el interesado hubiera consentido el acto o motivado por articulación de aquellos recursos o acciones, la intervención de la Justicia o de los órganos administrativos especiales (a menos que razones de notorio interés público requirieran el rápido restablecimiento de la juricidad).

    V. Con la redacción del artículo 2° del proyecto de ley y sus incisos a) y b) hemos querido remitir la consideración de los procedimientos especiales a un estado que juzgamos debe ser realizado con la indispensable intervención de funcionarios competentes de los diferentes Departamentos de Estado. Esto es válido no sólo respecto de los organismos militares y de defensa y seguridad sino también con relación, por ejemplo: 1) a los que intervienen en el ordenamiento, regulación, promoción o contralor estatal de actividades privadas de asociación, producción, industria, comercio, finanzas o cualquiera otra que fuere pasible de la potestad correctiva (externa) de la Administración; y 2) a los que compete el ejercicio de la potestad disciplinaria (interna) de los agentes públicos.

    VI. No proyectamos norma alguna vinculada a la mera denuncia con el objeto de no interferir en la legislación vigente que reglamenta la creación y funcionamiento de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas la cual, pese a su misión específica, ha sido concebida en jurisdicción del Poder Judicial de la Nación (ver Decretos-Leyes números 11.265/62, 14.096/62 y 4.322/63 ratificados por Ley número 16.478). De haberlo hecho, habríamos debido alterar ese ordenamiento, lo cual juzgamos ajeno a la competencia de nuestra comisión.


    Carlos A. Young
    Héctor J. Escola
    Adalberto E. Cozzi

    LEY N° 19.549

    Bs.As., 3/4/72

    En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Estatuto de la Revolución Argentina,

    EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN

    ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA

    CON FUERZA DE LEY:


    PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

    Título I

    Procedimiento administrativo: ámbito de aplicación.


    ARTÍCULO 1.- Las normas del procedimiento que se aplicará ante la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, inclusive entes autárquicos, con excepción de los organismos militares y de defensa y seguridad, se ajustarán a las propias de la presente ley y a los siguientes requisitos:

    Requisitos generales: impulsión e instrucción de oficio.

    a) Impulsión e instrucción de oficio, sin perjuicio de la participación de los interesados en las actuaciones;

    Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites.

    b) Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites quedando facultado el Poder Ejecutivo para regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y el orden procesal. Este régimen comprende la potestad de aplicar multa de hasta cien pesos -cuando no estuviere previsto un monto distinto en norma expresa- mediante resoluciones que, al quedar firmes, tendrán fuerza ejecutiva.

    Informalismo.

    c) Excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente;

    Días y horas hábiles.

    d) Los actuaciones y diligencias se practicarán en días y horas hábiles administrativos, pero de oficio o a petición de parte podrán habilitarse aquellos que no lo fueren;

    Los plazos.

    e) En cuanto a los plazos:

    1) Serán obligatorios para los interesados y para la Administración;

    2) Se contarán por días hábiles administrativos salvo disposición legal en contrario o habilitación resuelta de oficio o a petición de parte;

    3) Se computarán a partir del día siguiente al de la notificación. Si se tratare de plazos relativos a actos que deban ser publicados regirá lo dispuesto por el artículo 2 del Código Civil;

    4) Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días;

    5) Antes del vencimiento de un plazo podrá la Administración de oficio o a pedido del interesado, disponer su ampliación, por el tiempo razonable que fijare mediante resolución fundada y siempre que no resulten perjudicados derechos de terceros. La denegatoria deberá ser notificada por lo menos con dos (2) días de antelación al vencimiento del plazo cuya prórroga se hubiere solicitado;

    Interposición de recursos fuera de plazo.

    6) Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos; ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiere lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono voluntario del derecho;

    Interrupción de plazos por articulación de recursos.

    7) Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12, la interposición de recursos administrativos interrumpirá el curso de los plazos aunque aquéllos hubieren sido mal calificados, adolezcan de defectos formales insustanciales o fueren deducidos ante órgano incompetente por error excusable;

    Pérdida de derecho dejado de usar en plazo.

    8) La Administración podrá dar por decaído el derecho dejado de usar dentro del plazo correspondiente, sin perjuicio de la prosecución de los procedimientos según su estado y sin retrotraer etapas siempre que no se tratare del supuesto a que se refiere el apartado siguiente;

    Caducidad de los procedimientos.

    9) Transcurridos sesenta (60) días desde que un trámite se paralice por causa imputable al administrado, el órgano competente le notificará que, si transcurrieren otros treinta (30) días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos, archivándose el expediente. Se exceptúan de la caducidad los trámites relativos a previsión social y los que la Administración considerare que deben continuar por sus particulares circunstancias o por estar comprometido el interés público. Operada la caducidad, el interesado podrá, no obstante, ejercer sus pretensiones en un nuevo expediente, en el que podrá hacer valer las pruebas ya producidas. Las actuaciones practicadas con intervención de órgano competente producirán la suspensión de plazos legales y reglamentarios, inclusive los relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de caducidad;

    Debido proceso adjetivo.

    f) Derecho de los interesados al debido proceso adjetivo, que comprende la posibilidad:

    Derecho a ser oído.

    1) De exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieren a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, interponer recursos y hacerse patrocinar y representar profesionalmente. Cuando una norma expresa permita que la representación en sede administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales del Derecho, el patrocinio letrado será obligatorio en los casos en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas.

    Derecho a ofrecer y producir pruebas.

    2) De ofrecer prueba y que ella se produzca, si fuere pertinente, debiendo la administración requerir y producir lso informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos todo con el contralor de los interesados y sus profesionales, quienes podrán presentar alegatos y descargos una vez concluído el período probatorio;

    Derecho a una decisión fundada.

    3) Que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto fueren conducentes a la solución del caso.

    Procedimientos especiales excluidos.

    ARTICULO 2.- Dentro del plazo de CIENTO VEINTE días, computado a partir de la vigencia de las normas procesales a que se refiere el artículo 1, el PODER EJECUTIVO determinará cuáles serán los procedimientos especiales actualmente aplicables que continuarán vigentes. Queda asimismo facultado para:

    Paulatina adaptación de los regímenes especiales al nuevo procedimiento.

    a) sustituir las normas legales y reglamentarias de índole estrictamente procesal de los regímenes especiales que subsistan, con miras a la paulatina adaptación de éstos al sistema del nuevo procedimiento y de los recursos administrativos por él implantados, en tanto ello no afectare las normas de fondo a las que se refieren o apliquen los citados regímenes especiales.

    La presente ley será de aplicación supletoria en las tramitaciones administrativas cuyos regímenes especiales subsistan.

    b) dictar el procedimiento administrativo que regirá respecto de los organismos militares y de defensa y seguridad, a propuesta de éstos, adoptando los principios básicos de la presente ley y su reglamentación.

    Actuaciones reservadas o secretas.

    c) determinar las circunstancias y autoridades competentes para calificar como reservadas o secretas las actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que deban tener ese carácter, aunque estén incluidos en actuaciones públicas.
    Título II

    Competencia del órgano.

    ARTICULO 3.- La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieren expresamente autorizadas; la avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario.

    Cuestiones de competencia.

    ARTICULO 4.- EL PODER EJECUTIVO resolverá las cuestiones de competencia que se susciten entre los Ministros y las que se plantean entre autoridades, organismos o entes autárquicos que desarrollen su actividad en sede de diferentes Ministerios. Los titulares de éstos resolverán las que se planteen entre autoridades, organismos o entes autárquicos que actúen en la esfera de sus respectivos Departamentos de Estado.

    Contiendas negativas y positivas.

    ARTICULO 5.- Cuando un órgano, de oficio o a petición de parte, se declarare incompetente, remitirá las actuaciones al que reputare competente; si éste, a su vez, las rehusare, deberá someterlas a la autoridad habilitada para resolver el conflicto. Si dos órganos se considerasen competentes, el último que hubiere conocido en el caso someterá la cuestión, de oficio o a petición de parte, a la autoridad que debe resolverla.

    La decisión final de las cuestiones de competencia se tomará, en ambos casos, sin otra sustanciación que el dictamen del servicio jurídico correspondiente y, si fuere de absoluta necesidad, con el dictamen técnico que el caso requiera. Los plazos previstos en este artículo para la remisión de actuaciones serán de DOS días y para producir dictámenes y dictar resoluciones serán de CINCO días.

    Recusación y excusación de funcionarios y empleados.

    ARTICULO 6.- Los funcionarios y empleados pueden ser recusados por las causales y en las oportunidades previstas en los artículos 17 y 18 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, debiendo dar intervención al superior inmediato dentro de los DOS días. La intervención anterior del funcionario o empleado en el expediente no se considerará causal de recusación. Si el recusado admitiere la causal y ésta fuere procedente, aquél le designará reemplazante. Caso contrario, resolverá dentro de los CINCO días; si se estimare necesario producir prueba, ese plazo podrá extenderse otro tanto. La excusación de los funcionarios y empleados se regirá por el artículo 30 del Código arriba citado y será remitida de inmediato al superior jerárquico, quien resolverá sin sustanciación dentro de los CINCO días. Si aceptare la excusación se nombrará reemplazante; si la desestimare devolverá las actuaciones al inferior para que prosiga interviniendo en el trámite. Las resoluciones que se dicten con motivo de los incidentes de recusación o excusación y las que los resuelvan, serán irrecurribles.
    Título III

    Requisitos esenciales del acto administrativo.

    ARTICULO 7. Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes:

    Competencia.

    a) ser dictado por autoridad competente.

    Causa.

    b) deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable.

    Objeto.

    c) el objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos.

    Procedimientos.

    d) antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, considérase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos.

    Motivación.

    e) deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo.

    Finalidad.

    f) habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad. Los contratos que celebre el Estado, los permisos y las concesiones administrativas se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación analógica de las normas del presente Título, si ello fuere procedente.

    Forma.

    ARTICULO 8.- El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito; indicará el lugar y fecha en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite; sólo por excepción y si las circunstancias lo permitieren podrá utilizarse una forma distinta.

    Vías de hecho.

    ARTICULO 9.- La Administración se abstendrá:

    a) De comportamientos que importen vías de hecho administrativas lesivas de un derecho o garantía constitucionales;

    b) De poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los que en virtud de norma expresa impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél, o que, habiéndose resuelto, no hubiere sido notificado.

    Silencio o ambiguedad de la Administración.

    ARTICULO 10.- El silencio o la ambiguedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de SESENTA días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros TREINTA días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración.

    Eficacia del acto: Notificación y publicación.

    ARTICULO 11.- Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general, de publicación. Los administrados podrán antes, no obstante, pedir el cumplimiento de esos actos si no resultaren perjuicios para el derecho de terceros.

    Presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria.

    ARTICULO 12.- El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios -a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial- e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.

    Retroactividad del acto.

    ARTICULO 13.- El acto administrativo podrá tener efectos retroactivos -siempre que no se lesionaren derechos adquiridos- cuando se dictare en sustitución de otro revocado o cuando favoreciere al administrado.

    Nulidad.

    ARTICULO 14.- El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos:

    a) Cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial; dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; violencia física o moral ejercida sobre el agente; o por simulación absoluta.

    b) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado.

    Anulabilidad.

    ARTICULO 15.- Si se hubiere incurrido en una irregularidad u omisión intranscendente o en un vicio que no llegare a impedir la existencia de alguno de sus elementos esenciales, el acto será anulable en sede judicial.

    Invalidez de cláusulas accidentales o accesorias.

    ARTICULO 16.- La invalidez de una cláusula accidental o accesoria de un acto administrativo no importará la nulidad de este, siempre que fuere separable y no afectare la esencia del acto emitido.

    Revocación del acto nulo.

    ARTICULO 17.- El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa. No obstante, si el acto hubiere generado prestaciones que estuviere en vías de cumplimiento solo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aun pendientes mediante declaración judicial de nulidad.

    Revocación del acto regular.

    ARTICULO 18.- El acto administrativo regular, del que hubieren nacido derechos subjetivos a favor de los administrados, no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa una vez notificado. Sin embargo, podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el interesado hubiere conocido el vicio, si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece sin causar perjuicio a terceros y si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario. También podrá ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando los perjuicios que causare a los administrados.

    Saneamiento.

    ARTICULO 19. El acto administrativo anulable puede ser saneado mediante:

    Ratificación.

    a) ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en razón de grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueren procedentes.

    Confirmación.

    b) confirmación por el órgano que dictó el acto subsanando el vicio que lo afecte. Los efectos del saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o confirmación.

    Conversión.

    ARTICULO 20.- Si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permitieren integrar otro que fuere válido, podrá efectuarse su conversión en éste consintiéndolo el administrado. La conversión tendrá efectos a partir del momento en que se perfeccione el nuevo acto.

    Caducidad.

    ARTICULO 21.- La Administración podrá declarar unilateralmente la caducidad de un acto administrativo cuando el interesado no cumpliere las condiciones fijadas en el mismo, pero deberá mediar previa constitución en mora y concesión de un plazo suplementario razonable al efecto.

    Revisión.

    ARTICULO 22.- Podrá disponerse en sede administrativa la revisión de un acto firme:

    a) Cuando resultaren contradicciones en la parte dispositiva, háyase pedido o no su aclaración.

    b) Cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos cuya existencia se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por obra de tercero.

    c) Cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de falsedad se desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto.

    d) Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada. El pedido deberá interponerse dentro de los DIEZ (10) días de notificado el acto en el caso del inciso a). En los demás supuestos podrá promoverse la revisión dentro de los TREINTA (30) días de recobrarse o hallarse los documentos o cesar la fuerza mayor u obra del tercero; o de comprobarse en legal forma los hechos indicados en los incisos c) y d).
    Título IV

    Impugnación judicial de actos administrativos.

    ARTICULO 23.- Podrá ser impugnado por vía judicial un acto de alcance particular:

    a) cuando revista calidad de definitivo y se hubieren agotado a su respecto las instancias administrativas.

    b) cuando pese a no decidir sobre el fondo de la cuestión, impida totalmente la tramitación del reclamo interpuesto.

    c) cuando se diere el caso de silencio o de ambigüedad a que se alude en el artículo 10.

    d) cuando la Administración violare lo dispuesto en el artículo 9.

    ARTICULO 24.- El acto de alcance general será impugnable por vía judicial:

    a) cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente en sus derechos subjetivos, haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuere adverso o se diere alguno de los supuestos previstos en el artículo 10.

    b) cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado aplicación mediante actos definitivos y contra tales actos se hubieren agotado sin éxito las instancias administrativas.

    Plazos dentro de los cuales debe deducirse la impugnación (por vía de acción o recurso)

    ARTICULO 25.- La acción contra el Estado o sus entes autárquicos deberá deducirse dentro del plazo perentorio de noventa (90) días, computados de la siguiente manera:

    a) Si se tratare de actos de alcance particular, desde su notificación al interesado;

    b) Si se tratare de actos de contenido general contra los que se hubiere formulado reclamo resuelto negativamente por resolución expresa, desde que se notifique al interesado la denegatoria;

    c) Si se tratare de actos de alcance general impugnables a través de actos individuales de aplicación, desde que se notifique al interesado el acto expreso que agote la instancia administrativa;

    d) Si se tratare de vías de hecho o de hechos administrativos, desde que ellos ocurrieren.

    Cuando en virtud de norma expresa la impugnación del acto administrativo deba hacerse por vía de recurso, el plazo para deducirlo será de treinta (30) días desde la notificación de la resolución definitiva que agote las instancias administrativas.

    ARTICULO 26.- La demanda podrá iniciarse en cualquier momento cuando el acto adquiera carácter definitivo por haber transcurrido los plazos previstos en el artículo 10 y sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción.

    Impugnación de actos por el Estado o sus entes autárquicos; plazos.

    ARTICULO 27.- No habrá plazo para accionar en los casos en que el Estado o sus entes autárquicos fueren actores, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción.

    Amparo por mora de la Administración.

    ARTICULO 28.- El que fuere parte en un expediente administrativo podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados- y en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable- sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado. Presentado el petitorio, si la justicia lo estimare procedente en atención a las circunstacias, reqeurirá a la autoridad administrativa interviniente que, en el plazo que le fije, informe sobre las causas de la demora aducida. Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo hubiere evacuado, se resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden si correspondiere para que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo prudencial que se establezca según la naturaleza y complejidad del dictamen o trámites pendientes.

    ARTICULO 29.- La desobediencia a la orden de pronto despacho tornará aplicable lo dispuesto por el artículo 17 del decreto-ley 1.285/58.

    Reclamo administrativo previo a la demanda judicial.

    ARTICULO 30.- Fuera de los supuestos previstos en los artículos 23 y 24, el Estado Nacional no podrá ser demandado judicialmente sin previo reclamo administrativo, dirigido al Ministerio o Comando en Jefe que corresponda.

    El reclamo versará sobre los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda judicial y será resuelto por el Poder Ejecutivo, o por las autoridades citadas si mediare delegación de esa facultad.

    ARTICULO 31.- El pronunciamiento acerca del reclamo deberá efectuarse dentro de los NOVENTA días de formulado. Vencido ese plazo el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros CUARENTA Y CINCO días, podrá iniciar la demanda en cualquier momento, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción.

    ARTICULO 32.- El reclamo administrativo previo a que se refiere los artículos anteriores no será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y cuando:

    a) Un acto dictado de oficio pudiere ser ejecutado antes de que transcurran los plazos del artículo 31;

    b) Antes de dictarse de oficio un acto por el Poder Ejecutivo, el administrado se hubiere presentado expresando su pretensión en sentido contrario;

    c) Se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente;

    d) Se reclamaren daños y perjuicios contra el Estado o se intentare una acción de desalojo contra él o una acción que no tramite por vía ordinaria;

    e) Mediare una clara conducta del Estado que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, transformando el reclamo previo en un ritualismo inútil;

    f) Se demandare a un ente descentralizado con facultades para estar en juicio.

    ARTICULO 33.- La presente ley entrará a regir a los CIENTO VEINTE (120) días de su publicación en el BOLETIN OFICIAL.

    ARTICULO 34.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
LANUSSE- Carlos Rey- Carlos Coda- Emanuel Bruno Quijano
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