Argentina. Leyes, etc.

Decreto 1105/1989. Anales de Legislación Argentina n° XLIX-D 1989, 24 de octubre de 1989, pp. 3816-3830.

Citas Legales : Ley 12.954, Ley 13.064, Ley 13.064 - artículo 54 inciso a), Ley 17.520, Ley 17.520 - artículo 04 inciso c), Ley 17.804, Ley 19.549 - artículo 01 inciso b), Ley 19.549 - artículo 12, Ley 19.550 (t.o. 1984), Ley 21.250, Ley 21.392, Ley 21.686, Ley 21.801, Ley 22.140, Ley 23.696, Ley 23.696 - artículo 01, Ley 23.696 - artículo 02, Ley 23.696 - artículo 03, Ley 23.696 - artículo 04, Ley 23.696 - artículo 05, Ley 23.696 - artículo 08, Ley 23.696 - artículo 10, Ley 23.696 - artículo 11, Ley 23.696 - artículo 14, Ley 23.696 - artículo 15, Ley 23.696 - artículo 15 inciso 03), Ley 23.696 - artículo 15 inciso 05), Ley 23.696 - artículo 15 inciso 05), Ley 23.696 - artículo 15 inciso 07), Ley 23.696 - artículo 16, Ley 23.696 - artículo 16 inciso 2), Ley 23.696 - artículo 16 inciso 3), Ley 23.696 - artículo 16 inciso 4), Ley 23.696 - artículo 17, Ley 23.696 - artículo 18, Ley 23.696 - artículo 19, Ley 23.696 - artículo 22, Ley 23.696 - artículo 27, Ley 23.696 - artículo 28, Ley 23.696 - artículo 34, Ley 23.696 - artículo 35, Ley 23.696 - artículo 36, Ley 23.696 - artículo 47, Ley 23.696 - artículo 47 inciso a), Ley 23.696 - artículo 47 inciso b), Ley 23.696 - artículo 48, Ley 23.696 - artículo 49, Ley 23.696 - artículo 49 inciso a), Ley 23.696 - artículo 49 inciso b), Ley 23.696 - artículo 49 inciso c), Ley 23.696 - artículo 49 inciso d), Ley 23.696 - artículo 49 inciso e), Ley 23.696 - artículo 50, Ley 23.696 - artículo 51, Ley 23.696 - artículo 52, Ley 23.696 - artículo 54, Ley 23.696 - artículo 55, Ley 23.696 - artículo 56, Ley 23.696 - artículo 57, Ley 23.696 - artículo 58, Ley 23.696 - artículo 61, Ley 23.696 - capítulo I, Ley 23.696 - capítulo II, Ley 23.696 - capítulo III, Ley 23.696 - capítulo IV, Ley 23.696 - capítulo VII, Decreto 01759/1972 - artículo 038, Decreto 02875/1975, Decreto 02348/1976, Decreto 01768/1986, Decreto 01842/1987, Constitución nacional - artículo 086 inciso 01), Constitución nacional - artículo 086 inciso 02), Código civil - artículo 0838, Código procesal civil y comercial - artículo 254, Decreto-ley 23354


(Nota: artículo 59 sustituido por Decreto 385/90 Biblioteca y Decreto 1078/92 Biblioteca. Creación del Comité de Racionalización del Gasto Público aprobado por Decreto 1757/90 Biblioteca . Término dispuesto en el artículo 2° prorrogado por Decreto 2220/90 Biblioteca. Capítulo III derogado por Decreto 584/93 Biblioteca. Incisos l), ll), m) y n) del Artículo 58 agregados por Decreto 635/97 Biblioteca. Incisos e), f), g), h), i), j) y k) del Artículo 58 derogados por Decreto 966/05 Biblioteca. Derogado por el Decreto 336/2017 Biblioteca)



Fecha de Promulgación: 20/10/89.

    VISTO la Ley 23.696, por la cual se declara el estado de emergencia administrativa, y

    CONSIDERANDO:

    Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 8, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional y artículo 59 de la Ley de Impuestos de Sellos (t. o. 1986).
    Por ello,
    EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
    DECRETA:

    Artículo 1º - Apruébase la "Reglamentación de la Ley Nº 23.696", que como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.

    Artículo 2º - El incumplimiento de los plazos previstos en la reglamentación que se aprueba por el artículo 1º, siempre que no exceda los establecidos por la Ley Nº 23.696, no afectará la validez de los actos cumplidos fuera de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda caber a los funcionarios causantes de la demora. Las actuaciones conducentes a deslindar responsabilidad tramitarán en forma independiente.

    Artículo 3º - Exímese del pago del Impuesto de Sellos (t. o. 1986) a todos los actos que sean consecuencia de lo dispuesto en los Capítulos I, II, III, IV y VII de la Ley Nº 23.696 y de los artículos correspondientes de su reglamentación.

    Artículo 4º - Facúltase a los Ministros y Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a delegar, en los organismos inmediatamente inferiores, las competencias a aquéllos otorgadas por la reglamentación aprobada por el siguiente decreto.

    Artículo 5º - Invítase a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES a adherir a las normas reglamentarias aprobadas por el presente decreto.

    Artículo 6º - Derógase el Decreto Nº 1768/86.

    Artículo 7º - El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación.

    Citas legales:Ley 12.954 Biblioteca
    Ley 17.520 Biblioteca
    Ley 19.550 (t.o. 1984) Base de datos 'Biblioteca', Vistas '(Por Tema Nuevo Normat B)'
    Ley 22.140 Base de datos 'Biblioteca', Vistas '(Por Tipo B)'
    Ley 21.392 Biblioteca
    Ley 23.696 Base de datos 'Biblioteca', Vistas '(Por Tipo B)'
    Decreto 34952/47 Biblioteca
    Decreto 01842/87 Biblioteca
    Decreto-Ley 23.354/56 Biblioteca

ANEXO I.
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 23.696.
CAPÍTULO I - DE LA EMERGENCIA ADMINISTRATIVA

ARTICULO 1º - Durante el estado de emergencia las pautas para establecer el valor de las tarifas de los servicios prestados por los entes, empresas o sociedades comprendidos en el artículo 2º de la Ley Nº 23.696, el precio de los combustibles, y las remuneraciones de todo el personal que se desempeñe en el Estado Nacional y los entes, empresas o sociedades comprendidos en la norma antes citada serán propuestos por el MINISTERIO DE ECONOMÍA.

A tales efectos, la información correspondiente será proporcionada por el respectivo ente, empresa o sociedad y elevada al MINISTERIO DE ECONOMÍA por intermedio del Ministerio competente.

ARTICULO 2º - Las intervención decretadas a partir del día 8 de julio de 1989 y hasta la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 23.696, se declaran también fundadas en los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 23.696 y regidas por los artículos 3º, 4º, 5º y concordantes de ella.

El plazo a que hace referencia el artículo 2º de aquella ley, se computará a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente reglamento.

Las intervenciones dispuestas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL desplazan a los órganos de administración y dirección de los entes, empresas o sociedades cualquiera sea su tipo jurídico, con las mismas facultades que aquellas.

Mientras dure la intervención, serán de aplicación para el ente, empresa o sociedad intervenido los regímenes de contratación establecidos por la Ley Nº 23.696 y por las leyes o reglamentos generales o especiales para la Administración Pública, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los regímenes de contratación propios de cada ente. Continuarán siendo de aplicación directa las normas regulatorias de contratos de específica naturaleza propios de la especial actividad del ente, empresa o sociedad intervenido, y los fijados para las operaciones financiadas por organismos internacionales de crédito.

ARTICULO 3º - La organización provisional podrá abarcar todos los aspectos de la gestión del ente, empresa o sociedad intervenido.

A los efectos de la reorganización del ente, empresa o sociedad por el acto administrativo sujetos a la previa autorización del Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación competente, el Interventor podrá disponer la extinción, transformación, escisión, fusión o creación de dependencias orgánicas, cualquiera sea su denominación o ubicación estructural, asignándoles incluso a las subsistentes, las misiones, funciones y ámbitos de competencia que se estime corresponder. La reorganización así dispuesta incluirá la reubicación del personal de cualquier jerarquía, en su caso, la extinción de la relación de empleo con las indemnizaciones que correspondieren, o el pase a disponibilidad previsto en la Ley Nº 22.140, según el régimen legal que les resulte aplicable. Esta norma no será de aplicación para las dependencias orgánicas creadas por leyes generales o especiales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 61 de la Ley Nº 23.696.

Estarán excluidos del derecho a percibir indemnización:

a) Los que no reunieren al momento de dictarse la medida, los requisitos necesarios para la adquisición de la estabilidad.

b) Los que se estuviesen desempeñando en violación a las normas sobre incompatibilidad.

c) Los que se hallaren en condiciones de obtener el porcentaje máximo del haber de la jubilación ordinaria.

Queda suspendido el reconocimiento y pago de la indemnización, al personal que se encontrare o fuere sometido a sumario administrativo o a proceso criminal del que pudiere resultar su cesantía, exoneración o despido, hasta tanto finalicen las respectivas actuaciones con resolución definitiva o, en su caso, sobreseimiento provisional, firmes. Si resultare que debía corresponderle cesantía, exoneración o despido perderá definitivamente el derecho a la indemnización . Si le hubiera correspondido sanción de suspensión, el importe de ésta le será descontado de la indemnización, todo ello a valores constantes y homogéneos.

El personal que haya percibido la indemnización no podrá reingresar al servicio del Estado Nacional, o de los entes, empresas o sociedades enunciados en el artículo 1º de la Ley Nº 23.696 durante los CINCO (5) años posteriores a su baja, sea como agente permanente, transitorio o contratado. El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá disponer excepción reintegrará, actualizada, la parte de la indemnización percibida, proporcional a los meses que faltaren para cumplir el período de CINCO (5) años, indicado.

La actualización se hará por el índice del salario del peón industrial en la CAPITAL FEDERAL publicado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS.

Las bajas de personal que se produzcan por aplicación de este artículo serán comunicadas a la SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN en la forma y plazos que ésta determine.

ARTICULO 4º - En el área de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, corresponde al Secretario del cual dependa el ente, empresa o sociedad intervenido, el ejercicio de las facultades y competencia, conferidas por el artículo 4º de la Ley Nº 23.696.

ARTICULO 5º - Sin reglamentación.

ARTICULO 6º - La decisión de transformar la tipicidad jurídica de los entes, empresas o sociedades deberá adoptarse dentro del plazo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 23.696, sin perjuicio de que perfeccionamiento de tal transformación se concrete en el término que se establezca en el acto que decida la transformación.

El decreto de transformación de la tipicidad jurídica aprobará, asimismo, el régimen o estatuto orgánico del ente, empresa o sociedad.

ARTICULO 7º - El decreto de creación de una nueva empresa aprobará, asimismo, su estatuto orgánico. Las adecuaciones presupuestarias que sea menester efectuar, se harán con intervención del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
CAPITULO II - DE LAS PRIVATIZACIONES Y PARTICIPACIÓN DEL
CAPITAL PRIVADO

ARTICULO 8º - Las normas contenidas en el presente Capítulo serán también aplicables, en lo que corresponda, para los entes, empresas y sociedades incluidos en los anexos de la Ley 23.696.

ARTICULO 9º - El proyecto de decreto de declaración de "sujeta a privatización" de los entes, empresas y sociedades enunciados en el artículo 8º de la Ley Nº 23.696, se iniciará por el Ministro o Secretario de la Presidencia de la nación en cuya jurisdicción se encuentre el ente, empresa y sociedad a privatizar, de oficio o por instrucción del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

ARTICULO 10 - El Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación actuante en la elaboración del decreto de declaración de "sujeta a privatización" deberá indicar los privilegios, cláusulas monopólicas o prohibiciones discriminatorias cuya eliminación o modificación propone, incluyendo una relación de las disposiciones vigentes, estableciendo expresamente las que han de quedar total o parcialmente excluidas o modificadas. Las propuestas también deberá expresar el origen y fundamento que en aquel momento tuvo el privilegio, cláusula o prohibición cuya exclusión o modificación se propone, las dificultades que su mantenimiento general al proceso de privatización, los beneficios derivados de su exclusión o modificación y la viabilidad técnica y económica de la actividad a privatizar, una vez eliminado o modificado el privilegio, la cláusula o la prohibición.

Se considerará excluida, en los términos del artículo 10 de la Ley Nº 23.696, toda norma legal o reglamentación que establezca privilegios, prohibiciones o monopolios que no sean expresamente ratificados en el decreto de declaración de "sujeta a privatización". En todo los casos en que se pretenda el mantenimiento de un determinado subsidio o privilegio, deberá darse intervención al MINISTERIO DE ECONOMÍA, quién dictaminará al respecto.

ARTICULO 11 - Luego de sancionada y promulgada la ley que apruebe la declaración de "sujeta a privatización", o a partir de la vigencia de este Reglamento en el caso de las sociedades comprendidas en el párrafo segundo del artículo 8º de la Ley Nº 23.696, el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción se encuentre el ente, empresa y sociedad a privatizar iniciará, de inmediato y de oficio, los procedimientos tendientes a la privatización, aplicando estrictamente el principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites, previstos en el artículo 1º inciso b) de la Ley Nº 19.549 y su modificatoria Nº 21.686. A tal efecto la autoridad de Aplicación podrá constituir comisiones de trabajo específicas con los cometidos que les asigne. En los casos en que se aplique un Programa de Propiedad Participada, un representante del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL integrará dichas Comisiones. En los supuestos previstos en el tercer párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 23.696, deberá invitarse al Gobierno de la Provincia que corresponda a designar su representante en dichas comisiones de trabajo. Se podrá proceder a la contratación de asesores de las comisiones de trabajo cuando ello resultare necesario.

La ejecución de obras por la modalidad de concesión de obra pública estará regida por la Ley Nº 17.520 con las reformas introducidas por los artículos 57 y 58 de la Ley Nº 23.696 y su reglamentación, normas que serán también de aplicación para las concesiones de obras alcanzadas por la declaración de "sujetas a privatización". El régimen de la concesión de obra pública será de aplicación analógica, hasta tanto se sancione el cuerpo normativo pertinente, a las concesiones de usos y servicios que no tengan por objeto principal la ejecución de obras nuevas o de mantenimiento, reparación o ampliación, en cuyo caso regirá en forma directa el régimen jurídico de la concesión de obra pública.

ARTICULO 12 - Sin reglamentación.

ARTICULO 13 - Será Autoridad de Aplicación a todos los efectos de la Ley Nº 23.696, el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción se encuentre el ente, empresa y sociedad a privatizar.

a) Dentro de los NOVENTA (90) días, contados desde la vigencia de la ley aprobatoria de la declaración de "sujeta a privatización", plazo prorrogable por igual término, por resolución del Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación competente, dichos órganos elevarán un informe al PODER EJECUTIVO NACIONAL con la propuesta concreta referida al procedimiento y modalidad más adecuados para hacerla efectiva. Dicho informe, deberá consignar:

I. El carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento.

II. Aquellas de las alternativas de procedimiento enunciadas en el artículo 15 de la Ley Nº 23.696 que estime adecuadas al caso.

III. La o las modalidades de las enunciadas en el artículo 17 de la Ley Nº 23.696 que entiende adecuadas para materializar la privatización.

IV. El procedimiento de selección de los enumerados en el artículo 18 de la Ley Nº 23.696 que se prevé utilizar y los plazos estimados para cada una de las etapas del procedimiento de privatización.

V. La eventual propuesta sobre las preferencias a que se refiere el artículo 16 de la Ley Nº 23.696 y la aplicabilidad, en el caso, de un Programa de Propiedad Participada, especificando en este supuesto clases de sujetos adquirentes y proporción del capital accionario comprendido en el programa.

b) En los casos de los entes, empresas y sociedades incluidos en los Anexos de la ley que por el presente se reglamenta y en los casos de sociedades comprendidas en el párrafo segundo del artículo 8º de la ley nº 23.696, el plazo referido en el apartado a) del presente artículo se computará a partir de la entrada en vigencia de este reglamento.

c) El producido de las privatizaciones efectuadas según el régimen de la Ley Nº 23.696 ingresará a rentas generales.

ARTICULO 14 - Copia del informe requerido en el artículo anterior será remitido a la COMISIÓN BICAMERAL, creada en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN por el artículo 14 de la ley Nº 23.696.

ARTICULO 15 -

Inciso 1) Sin reglamentación.

Inciso 2) Podrán constituirse sociedades adoptando cualquiera de las formas jurídicas previstas por la legislación vigente, incluyendo las sociedades comerciales de derecho común cualquiera sea la proporción con la que el Estado concurra a su constitución. Los aportes del Estado podrán consistir en cualquier tipo de bienes. El aporte en propiedad de un bien del dominio público artificial implicará su desafectación de pleno derecho.

La escisión de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas deberá fundarse en razón de conveniencia comprobada y deberá contemplar la viabilidad técnica y económica futura de cada una de las unidades resultantes de aquella.

Inciso 3) Las reformas de los estatutos societarios deberán contemplar la modificación o supresión de aquellas disposiciones que restrinjan o impidan la participación de capital privado.

Inciso 4) Sin reglamentación.

Inciso 5) La negociación de retrocesiones y la extinción o modificación de contratos y concesiones será procedente en la medida en que resulte necesaria para coadyuvar al procedimiento de privatización, debiendo darse intervención al MINISTERIO DE ECONOMÍA quien, por intermedio de la dependencia de su jurisdicción que resulte competente, determinará su exacta incidencia sobre los recursos del TESORO NACIONAL. La vigencia de dichos arreglos estará sujeta a la condición suspensiva de la privatización.

Inciso 6) Sin reglamentación.

Inciso 7)

a) Los permisos, licencias o concesiones para explotación de servicios públicos que se otorguen como consecuencia de un procedimiento de privatización, deberán contemplar:

I. Los servicios específicamente incluidos, discriminando aquellos cuya explotación se conceda bajo régimen de exclusividad, de los que se concedan en un régimen de competencia.

II. El plazo por el cual se otorga, el que será compatible con una eficiente explotación del servicio, la adecuada amortización de las inversiones que se lleven a cabo y una razonable rentabilidad. Podrá convenirse su prórroga, así como las modalidades para hacerla efectiva.

III. El ámbito geográfico comprendido.

IV. Las obligaciones que, según el caso, se le impongan a la permisionaria, licenciataria o concesionaria, tanto aquéllas referidas al pago de un canon, como a la calidad y extensión del servicio o a la modernización de los medios materiales y técnicos afectados a la prestación de éste.

V. Los derechos comprendidos en el permiso, licencia o concesión, incluyendo aquellas disposiciones que pudieran importar el ejercicio por parte del permisionario, licenciatario o concesionario de acciones o derechos contra terceros.

VI. El régimen tarifario, especificando los conceptos que la tarifa debe cubrir, incluyendo la rentabilidad adecuada a la inversión realizada. En la fijación del régimen tarifario deberá intervenir el MINISTERIO DE ECONOMÍA.

VII. El régimen sancionatorio aplicable.

VIII. Para las concesiones de servicios públicos donde se establezcan cláusulas de rescate o reversión, se preverá un justo régimen indemnizatorio y el destino de los bienes afectados a la explotación del servicio. En tales casos el rescate y la reversión tendrán carácter excepcional, según fundadas razones de interés público.

IX. la información técnica y económico - financiera que el permisionario, licenciatario o concesionario deberá suministrar o tener a disposición de la autoridad de control de servicio.

b) El otorgamiento de permisos, licencias o concesiones en las condiciones aquí establecidas, podrá formar parte, total o parcialmente del contrato que se celebre en los términos del artículo 17 de la Ley Nº 23.696, cuando el ente, empresa o sociedad privatizado haya sido titular, al momento de su privatización, del servicio público a conceder.

c) Las razones de defensa o seguridad nacional que determine la preferencia al capital nacional deberán fundarse suficientemente e informarse al PODER EJECUTIVO NACIONAL con carácter previo al establecimiento de la preferencia, con intervención del MINISTERIO DE DEFENSA, el que determinará fundadamente la existencia de tales razones en cada caso comprendido en este inciso.

Inciso 8) El otorgamiento de beneficios tributarios a la empresa que se privatice deberá utilizarse con criterio restrictivo y sólo cuando ello resulte indispensable para el éxito del procedimiento de privatización, dándose intervención previa al MINISTERIO DE ECONOMÍA. Asimismo, en cada caso, la autoridad que conceda los beneficios deberá calcular, juntamente con la SECRETARIA DE HACIENDA, el costo fiscal que surja de la aplicación de la medida propuesta para cada año en que ella tenga efecto, para su imputación al cupo fiscal que a tal efecto se incluirá en la Ley de Presupuesto General de la Nación. Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMÍA para establecer el sistema de utilización de los beneficios tributarios que se acuerden bajo el presente régimen el que determinará el cupo fiscal que a tal efecto se incluirá en el Presupuesto General de la Nación.

Inciso 9) deberá darse intervención previa al MINISTERIO DE ECONOMÍA el que, a través de la dependencia que designe, determinará su incidencia en el Presupuesto General de la Nación.

Inciso 10) Deberá darse intervención previa al MINISTERIO DE ECONOMÍA, a través de la dependencia que designe, cuando se afectare el Presupuesto o TESORO NACIONAL.

Inciso 11) Cuando la disposición que se deje sin efecto sea estatutaria, deberá estarse a la reglamentación del inciso 3) del artículo 15 de la Ley Nº 23.696. En los casos en que fuere convencional, resultará de aplicación de reglamentación del inciso 5) del mismo artículo de la Ley Nº 23.696.

inciso 12) Deberá darse intervención previa al MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Inciso 13) Sin reglamentación.

ARTICULO 16 - Las preferencias referidas en el artículo 16 de la Ley Nº 23.696 consistirán en el otorgamiento de prioridad para la adjudicación en el supuesto de situación de equivalencia de ofertas. En los casos en que la oferta participen uno o más de los tipos de adquirentes previstos en los incisos 2), 3), y 4) del artículo 16 de la Ley Nº 23.696, a través de un Programa de Propiedad Participada, las preferencias serán otorgadas en relación a la proporción del capital accionario comprendido en dicho programa.

ARTICULO 17 - Las modalidades reguladas en el artículo 17 de la Ley Nº 23.696 podrán utilizarse atendiendo a las circunstancias de cada caso, con el objetivo de llevar a cabo la efectiva privatización en los menores plazos y las mejores condiciones posibles.

Inciso I) Las ventas de las empresas podrán ser parciales o totales.

Las ventas parciales podrán serlo de cada uno de los activos, individualmente considerados, o por conjunto que constituyan unidades económicamente operables.
Las ventas totales implicarán, al mismo tiempo, la disolución y liquidación del ente, empresa o sociedad al cual estaban afectados los activos vendidos.

Inciso 2) La venta de acciones o cuotas parte del capital social podrá ser total o parcial y a uno o más adquirentes. Como principio general se preferirá a la venta total. La venta parcial que implique la subsistencia del Estado como accionista, será de aplicación restrictiva y deberá fundarse en razones de conveniencia comprobada, teniendo en cuenta la actividad desarrollada por el ente, empresa o sociedad.

La venta de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento podrá comprender la totalidad de aquellos que el ente, empresa o sociedad tenga en explotación, en cuyo caso corresponderá la disolución y liquidación de éste.

Inciso 3) El contrato de locación deberá especificar la existencia o no de opción a comprar en oportunidad de su celebración y, en su caso, las causales de resolución de tal opción.

En el supuesto de pactarse la opción a compra, podrá convenirse la imputación o no de los alquileres pagados, como pago a cuenta del precio.

En las condiciones de contratación podrá establecerse que la determinación previa del valor del precio de venta tendrán carácter provisional pudiendo ajustarse en más o menos según resulte de las auditorías e inventarios que, por haberse convenido en el respectivo contrato, se practiquen durante el plazo de la locación.

Inciso 4) El contrato de administración con o sin opción a compra deberá especificar la existencia o no de opción de compra en oportunidad de su celebración y, en su caso, las causales de resolución de tal opción.

La administración asumida tendrá carácter onerosa y podrá estar referida a la obtención de resultados positivos en la gestión de la operación encomendada, conforme a criterios previstos en el contrato.

En las condiciones de contratación podrá establecerse que la determinación previa del valor del precio de venta tendrán carácter provisional, pudiendo ajustarse en más o menos, según resulte de las auditorías e inventarios que, por haberse así convenido en el respectivo contrato, se practiquen durante la gestión del administrador.

Inciso 5) La concesión, licencia o permiso que se otorgue se ajustará, en lo pertinente, a lo dispuesto en el artículo 15, inciso 7) de la Ley Nº 23.696 y su reglamentación y en los artículos 57 y 58 de las normas citadas.

ARTICULO 18 - En cada caso la Autoridad de Aplicación deberá redactar el Pliego de Bases y Condiciones que regirá dicho procedimiento, dándose intervención al MINISTERIO DE ECONOMÍA cuando se afectaren o pudieran llegar a afectarse fondos del TESORO NACIONAL. La redacción deberá asegurar la máxima transparencia y publicidad durante la totalidad del procedimiento de privatización y en cada una de sus etapas, lo cual no obstará a que se procure, asimismo, la mayor celeridad en la tramitación de aquel.

El estímulo a la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados no impedirá que el Pliego de Bases y Condiciones establezca los requisitos que deberá reunir los proponentes y las exclusiones que, con carácter general y fundadas en razones de conveniencia debidamente explicadas, resulte necesario aplicar en cada caso. No será exigida la inscripción en registro de contratistas estatales, sin perjuicio de que deban ponderase los antecedentes que los inscriptos tuvieren en ellos asentados.

Incisos 1) y 2) LICITACIÓN PUBLICA O CONCURSO PUBLICO.

a) El acto de adopción del procedimiento deberá indicar el carácter nacional o internacional de aquel y si lo será con o sin base.

b) El llamado a licitación o concurso público deberá difundirse, como mínimo, mediante inserción de los correspondientes avisos en el Boletín Oficial de la República Argentina y en tres diarios de amplia circulación en el país.

Los anuncios se harán durante DIEZ (10) días y con no menos de TREINTA (30) días corridos de anticipación a la fecha de la apertura respectiva, computados a partir del inmediato siguiente a su última publicación.

Sin perjuicio de las publicaciones mínimas especificadas, procurará darse la mayor difusión al llamado mediante otras publicaciones o la utilización de medios masivos de difusión.

En el caso de licitaciones o concursos de carácter internacional podrá disponerse la difusión del llamado en el exterior, cuando se estime que ello redundará en una mayor concurrencia de oferentes y no implique incurrir en erogaciones desproporcionadas.

La Autoridad de Aplicación podrá, asimismo, cursar invitaciones a participar a todas aquellas personas de existencia visible o ideal, locales de capital nacional o extranjero, o del exterior, que estime conveniente. En todo caso que lo estime oportuno, podrá requerir la colaboración del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, a efectos de que las Embajadas de la República Argentina en el exterior colaboren en la difusión del llamado.

c) El llamado deberá detallar, como mínimo:

I. El nombre del organismo licitante.

II. El carácter nacional o internacional de la licitación, la existencia o no de bases y, en su caso, el monto de ésta.

III. El objeto del llamado.

IV. El lugar donde pueden consultarse los pliegos de bases y condiciones y el horario durante el cual pueden llevarse a cabo las consultas.

V. El precio del Pliego de Bases y Condiciones.

VI. El lugar de presentación de las ofertas.

VII. El día, hora y lugar previstos para el acto de apertura de las ofertas.

d) El Pliego de Bases y Condiciones deberá estar redactado en términos claros y precisos. Se procurará evitar la utilización de conceptos vagos o ambiguos y, en caso de que ello no pueda evitarse, deberá precisarse en el propio pliego el sentido y alcance con que se los utiliza en el caso. Deberá consignar como mínimo:

I. El objeto del llamado, claramente especificado, indicando:

A. La modalidad a través de la cual se llevará a cabo la privatización.

B. La unidad que se licita.

II. Las disposiciones generales relativas al procedimiento indicado.

A. Horario y lugar para formar vista de las actuaciones y efectuar presentaciones.

B. Cómputo de los plazos, procedimientos y oportunidad de su prórroga.

C. Procedimiento para la formulación de consultas, plazo para su contestación y forma de hacerlas extensivas a la totalidad de los adquirentes de pliegos.

D. Formas en que habrá de llevarse a cabo las notificaciones y sus efectos.

E. Requisitos relativos a certificaciones, traducciones y legalizaciones.

F. Características de los ejemplares oficiales del Pliego de Bases y Condiciones, el régimen y efectos de su adquisición.

G. las exigencias relativas a la denuncia del domicilio real o legal y la constitución del domicilio especial de los interesados, así como aquellas vinculadas a la designación de un apoderado o representante hábil para recibir las notificaciones y tomar vista de las actuaciones.

III. Las eventuales informaciones técnicas y económico - financieras a entregar o facilitar a los proponentes, especificando, en su caso , el procedimiento a través del cual cada uno de los interesados pueda llevar a cabo, a su costa, los estudios y verificaciones que considere convenientes para la adecuada formulación de su propuesta.

IV. Los requisitos que deberán reunir los proponentes, cuidando de no incluir exigencias que puedan resultar excesivas en oportunidad de la presentación de las propuestas, y que puedan ser cumplidas con posterioridad a la adjudicación por quien resulte adjudicatario.

Deberá exigirse que el proponente acredite, por la forma que se establezca, tanto su solvencia patrimonial como, especialmente, su idoneidad técnica y antecedentes en la actividad que es objeto de privatización.

La adquisición de un ejemplar oficial del Pliego de Bases y Condiciones será requisito para poder formular propuestas.

V. Los requisitos relativos a las ofertas, su contenido, forma y lugar de presentación. Si se optara por un sistema de doble sobre, deberá discriminarse con precisión la información que habrá de incluirse en cada uno de ellos.

En todo caso, se indicará:

A. Formalidades de las ofertas, y cantidad de ejemplares que deban presentarse.

B. Datos, informes y exigencias relativos a los oferentes que aquellas deben contener, tanto los referidos a su existencia jurídica como a los vinculados a sus antecedentes técnicos, empresariales, capacidad económica - financiera y demás informaciones que permitan evaluar sus condiciones.

C. Las eventuales exigencias respecto a la propuesta relativa a los planes de explotación y expansión de la unidad que se privatiza, tales como programas de actividad; innovaciones o mejoras en la organización, instalaciones y tecnologías; inversiones futuras; volúmenes ocupacionales, precio ofrecido, forma de pago y todo otro dato que permita la configuración integral de aquella y su ulterior evaluación.

D. Documentación que debe acompañarse a la oferta, tanto relativa al oferente, como a la oferta mínimo.

E. Plazo y lugar para la presentación de las ofertas.

F. Especificación de las garantías que los oferentes deberán constituir, así como las que corresponda constituir al adjudicatario, especificando el monto, porcentajes y formas de constitución.

VI. Determinación del plazo de mantenimiento de las ofertas y los efectos de su incumplimiento.

VII. Determinación del día. lugar, hora y formalidades del acto de apertura.

VIII. Órganos, plazos y procedimientos de evaluación de las ofertas y su impugnación.

IX. Órgano competente, plazo forma y efectos del actio de adjudicación.

e) Los pliegos preverán además el procedimiento de tramitación, ajustándose a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, aplicando en los que fuere pertinente las regulaciones contenidas en la Ley de Contabilidad, el Reglamento de Contrataciones del Estado y la Ley de Obras Públicas.

f) Existirá una garantía de impugnación, que deberá constituir quien formule impugnaciones, que le será devuelta en caso de ser acogida favorablemente su pretensión, o que perderá en la misma medida en que tal pretensión sea rechazada.

El Pliego de Bases y Condiciones establecerá la forma y el mecanismo de determinación del monto de garantí, cuidando que éste no constituya un obstáculo al ejercicio del derecho de defensa.

g) Podrá incluirse en el Pliego de Bases y Condiciones, cuando se estime conveniente, sistemas de puntajes o porcentuales referidos a distintos aspectos o variables a ser tenidos en cuenta a los efectos de la evaluación, cuidando que tales sistemas se funden en criterios generales y objetivos, y no desnaturalicen el principio de concurrencia. En tales casos, deberá especificarse cada una de las variables en consideración, el puntaje posible de obtener en cada una y el porcentaje que ella refleje en la calificación final de la oferta.

h) la preadjudicación deberá establecer un orden de mérito y deberá ser decidida dentro del plazo máximo de CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles contados desde la apertura, notificándose a todos los oferentes.

Podrá ser impugnada cumpliéndose con la respectiva garantía dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificada.

i) La adjudicación deberá decidirse dentro de los QUINCE (15) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo para impugnar y deberá resolver la totalidad de las impugnaciones.

j) Las impugnaciones a la adjudicación, deberán ser también garantizadas en la forma prevista en este reglamento, tramitarán por expediente separado formado por las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, excepto que se configuren las situaciones previstas por el último párrafo del artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549.

k) Las comisiones de trabajo previstas en el artículo 11 de la presente reglamentación serán los órganos competentes para llevar a cabo la totalidad del procedimiento de selección hasta el proyecto de adjudicación, que será elevado al Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación competente para su resolución o elevación al PODER EJECUTIVO NACIONAL, según corresponda.

Inciso 3) REMATE PUBLICO. Los pliegos preverán el procedimiento de tramitación, ajustándose a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, aplicando en lo que fuere pertinente las regulaciones contenidas en la Ley de Contabilidad y el Reglamento de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la aplicación de las normas que resulten pertinentes de los incisos 1) y 2) de este artículo.

Inciso 4) sin reglamentación.

Inciso 5) CONTRATACIÓN DIRECTA. Los pliegos preverán el procedimiento de tramitación, ajustándose a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, aplicando en lo que fuere pertinente las regulaciones contenidas en la Ley de Contabilidad, el Reglamento de Contrataciones del Estado o la Ley de Obras Públicas según corresponda por la naturaleza de la contratación, sin perjuicio de la aplicación de las normas que resulten pertinentes de los incisos 1) y 2) de este artículo.

ARTICULO 19 - El MINISTERIO DE ECONOMÍA será consultado sobre las pautas a aplicar en cada tasación. La imposibilidad a que se refiere el artículo 19 de la Ley Nº 23.696 puede ser técnica o temporal. Se considerará que existe imposibilidad temporal de efectuar la tasación por parte de organismos públicos nacionales, provinciales o municipales cuando no puedan efectuarla dentro del plazo en que resulte necesaria según los objetivos de cada privatización, lo que deberá constar explicando en el informe a que alude el artículo 13 de esta reglamentación.

La contratación de tasaciones privadas, como así también la de los asesoramientos previstos en el artículo 11 de este reglamento, podrán efectuarse directamente, previa compulsa de antecedentes y requerimiento de honorarios de hasta TRES (3) posibles postulantes con méritos equivalentes a juicio de la Autoridad de Aplicación.

ARTICULO 20 - Sin reglamentación.
CAPITULO III - DEL PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA

ARTICULO 21 - Sin reglamentación.

ARTICULO 22 - El decreto previsto en el artículo 13 de esta reglamentación, establecerá para cada proceso de privatización:

a) Los requisitos necesarios para acreditar la condición de empleado, usuario o productor, a los efectos del artículo 22 de la Ley Nº 23.696.

b) Los procedimientos a través de los cuales los sujetos adquirentes señalados en el artículo 22 de la Ley Nº 23.696, expresarán su adhesión al Programa de Propiedad Participada en forma individual.

c) Los procedimientos a través de los cuales los sujetos adquirentes señalados en el artículo 22 de la Ley Nº 23.696, expresarán su adhesión al Programa de Propiedad Participada en forma colectiva.

ARTICULO 23 - El acto que disponga las modificaciones estructurales necesarias para adecuar el ente a privatizar a la forma de sociedad anónima, estará expresamente sometido a la condición suspensiva de que la privatización a través de un Programa de Propiedad Participada efectivamente se concrete.

ARTICULO 24 - Cuando resulte necesaria la emisión de acciones nuevas, tal emisión se dispondrá en el mismo acto señalado en el artículo anterior. En él también deberá establecerse las condiciones de emisión. La emisión estará sometida a la misma condición suspensiva establecida en el artículo anterior. En todos los casos en que proponga la emisión de nuevas acciones, la Autoridad de Aplicación deberá comunicarlos al MINISTERIO DE ECONOMÍA, el que a través del órgano correspondiente adoptará juntamente con la Autoridad de Aplicación la decisión pertinente relativa a su emisión, condiciones y monto total.

ARTICULO 25 - Sin reglamentación.

ARTICULO 26 - Las bases conceptuales y los métodos matemáticos para la formulación del coeficiente de participación definido en el artículo 27 de la Ley Nº 23.696, serán elaborados por una Comisión Técnica, designada por la Autoridad de Aplicación y compuesta por UN (1) representante del MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, UN (1) representante del MINISTERIO DE ECONOMÍA, UN (1) representante de la SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y UN (1) representante del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. Esta Comisión Técnica elaborará también las bases conceptuales y los métodos matemáticos para la formulación de los "criterios de homologación" previstos en el artículo 28 de la Ley Nº 23.696.

Tales bases conceptuales y métodos, serán aprobados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

ARTICULO 27 - La elaboración del coeficiente de participación en el artículo 27 de la Ley Nº 23.696, será realizada por la Autoridad de Aplicación para cada proceso de privatización específico, de acuerdo a las bases y métodos elaborados por la Comisión Técnica señalada en el artículo anterior. Una vez elaborado, el coeficiente será aprobado por expreso.

ARTICULO 28 - Sin reglamentación.

ARTICULO 29 - Sin reglamentación.

ARTICULO 30 - Sin reglamentación.

ARTICULO 31 - Sin reglamentación.

ARTICULO 32 - Sin reglamentación.

ARTICULO 33 - Sin reglamentación.

ARTÍCULOS 34, 35 y 36 - A los efectos establecidos en los artículos 34, 35y 36 de la Ley Nº 23.696, el Acuerdo General de Transferencia que instrumente el negocio principal de compra-venta de acciones a través del Programa de Propiedad Participada deberá contener como anexos:

a) La designación del BANCO FIDEICOMISARIO.

b) El contrato de prenda previsto en el artículo 34 de la Ley Nº 23.696, que deberá contemplar los modos como se implementará en el caso el mecanismo de pago y de liberación de las acciones previsto en su artículo 36.

c) El contrato de fideicomiso con el banco, que deberá contemplar el modo en que se implementarán en el caso los mecanismos de cobre, pago, liberación de acciones y distribución de ellas establecidos en los artículos 35 y 36 de la Ley Nº 23.696, y toda otra previsión contractual destinada a la implementación del Programa de Propiedad Participada.

ARTICULO 37 - El Acuerdo General de Transferencia, establecerá los mecanismos y condiciones adecuados a cada caso para la recompra a sujetos adquirentes, de acciones comprendidas en un Programa de Propiedad Participada y en su caso, su venta a nuevos sujetos adquirentes.

ARTICULO 38 - Sin reglamentación.

ARTICULO 39 - Sin reglamentación.

ARTICULO 40 - Las decisiones esenciales a las que se refiere el artículo, pueden referirse a cualquier cuestión de carácter relativa a la empresa. Las mencionadas en el artículo son sólo ejemplificativas.
CAPITULO IV - DE LA PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR

ARTICULO 41 - Sin reglamentación.

ARTICULO 42 - Sin reglamentación.

ARTICULO 43 - Sin reglamentación.

ARTICULO 44 - En las condiciones de privatización podrá convenirse que el Estado Nacional se hará cargo, total o parcialmente, de aquellas obligaciones cuyas causas se originen antes de la privatización, aunque se exterioricen con posterioridad a ella. En dicho supuesto deberá darse intervención previa al MINISTERIO DE ECONOMÍA, quien dictaminará al respecto.

En todos los casos los entes que se privaticen deberán entregar, al materializar el traspaso, a cada uno de los trabajadores, un certificado de trabajo conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de previsión y de seguridad social.

En ningún caso será responsable el ente privatizado por los incumplimientos laborales o previsionales anteriores a la privatización, los que estarán a cargo del Estado Nacional.

ARTICULO 45 - Sin reglamentación.
CAPITULO V - DE LAS CONTRATACIONES DE EMERGENCIA

ARTICULO 46 - Se entenderá por procedimiento de contratación en curso, a aquellos en los que, a la fecha de publicación de la Ley Nº 23.696, no se hayan perfeccionado al contrato respectivo.

ARTICULO 47 -

Inciso a) Se entenderá por empresas reconocidas, a aquellas que, constituidas regularmente, no se encuentren inhabilitadas para contratar con el Estado de acuerdo a los regímenes en cada caso vigentes y a la presente reglamentación.

También se considerarán empresas reconocidas, a aquellas que, aún no encontrándose inscriptas en los registros de contratistas, acrediten su idoneidad técnica, moral, económica y financiera, contando con antecedentes verificables en el país o en el extranjero.

Inciso b) La publicación en cartelera, y la información a las cámaras empresarias deberá ser simultánea a la solicitud de oferta.

Las presentaciones de ofertas espontáneas deberán concretarse en el mismo plazo, el que será fijado en cada caso por el órgano o ente, empresa o sociedad contratante, al solicitar las ofertas a que se refiere el inciso a) del artículo 47 de la Ley Nº 23.696.

Inciso c) El monto máximo de unidades de contratación por el que podrá el órgano o ente, empresa o sociedad contratante disponer la adjudicación y perfeccionamiento del contrato, será fijado por el MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Inciso d) Superado el monto máximo de unidades de contratación que fije el MINISTERIO DE ECONOMÍA, los órganos y entes, empresas o sociedades enumerados en el artículo 1º de la Ley Nº 23.696 elevarán al Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación competente, las propuestas de contratación conforme al presente régimen cuando se hayan completado los requisitos y trámites exigidos.

El anuncio sintetizado tendrá el efecto de edicto, podrá ser agrupado y deberá contener, como mínimo, el procedimiento de contratación, el objeto de la contratación, el órgano comitente, el monto del contrato y el lugar de presentación de ofertas espontáneas.

Inciso e)

I. El valor de cada unidad de contratación se fijará por el MINISTERIO DE ECONOMÍA dentro de los QUINCE (15) días de publicada la presente reglamentación.

II. En la solicitud o invitación que el comitente formule según los incisos a) y b) del artículo 47 de la Ley Nº 23.696, se hará constar que, en caso de que la contratación no fuese aprobada, el oferente carece de derecho alguno a formular reclamo de ningún tipo.

III. La oferta más conveniente será seleccionada teniendo en cuenta el criterio y principio enunciados en el último párrafo del artículo 18 de la Ley Nº 23.696.
CAPITULO VI - DE LAS CONTRATACIONES VIGENTES

ARTICULO 48 -

a) Declarada por el Ministro de la Presidencia de la Nación la rescisión de un contrato de locación de obra, con fundamento en lo previsto en el artículo 48 de la Ley Nº 23.696, el comitente la notificará al contratista y le indicará la fecha y el lugar en que deberá proceder a entregar las obras y/o trabajos. En la fecha indicada se llevará a cabo el inventario de los bienes y elementos existentes en la obra, dejándose constancia de su estado, luego de lo cual el comitente recibirá la obra provisionalmente, suscribiéndose el acta respectiva.

En caso de incomparencia del contratista, el comitente podrá tomar la obra directamente, practicar las medidas que estime pertinentes y labrar el Acta de Recepción, en las que se dejará constancia de los mismos recaudos citados en el párrafo anterior. Dicha Acta se tendrá por aceptada y reconocida por el contratista que no hubiere comparecido.

b) Las finanzas, garantías y/o fondos de reparo serán devueltos al contratista, si correspondiere, luego de operado el vencimiento del plazo de garantía y de efectuada la recepción definitiva prevista en el contrato.

c) A los fines de la aplicación del inciso a) del artículo 54 de la Ley Nº 13.064, al que remite el artículo 48 de la Ley Nº 23.696, no se considerarán como necesarios para la obra los equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres del contratista.

Por resolución fundada del Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación que fuere competente, se podrán disponer excepciones a lo determinado en el párrafo anterior.

En tal caso, si dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados desde la fecha de la notificación de la rescisión, contratista y comitente no arribaren a un acuerdo respecto al valor de dichos bienes, este último podrá liquidar de oficio los importes que estime corresponder al contratista por tales conceptos, siguiendo el criterio que determina el artículo 54 de la ley Nº 13.064 en su inciso a), quedando sujeta a decisión judicial o arbitral la cuestión por el remanente pretendido.

El procedimiento establecido precedentemente, será aplicable, en lo que resultare pertinente, a los demás contratos del sector público a que se refiere el último párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 23.696, debiendo tenerse en cuenta el objeto y particularidades del contrato de que se trate, como asimismo:

I. En ningún caso el contratista podrá reclamar lucro cesante, beneficios o utilidades dejados de percibir con motivo de la rescisión.

II. En los casos en que el comitente hubiere entregado materiales o elementos al contratista, éstos deberán ser devueltos al comitente dentro del plazo que éste fije.

III. A los fines de la liquidación y pago de los créditos del contratista anteriores a la rescisión del contrato, tales como facturas o certificados impagos, actualizaciones por mora o intereses impagos, aquél deberá acreditados fehacientemente, y presentar un detalle pormenorizado de ellos, efectuando las liquidaciones del caso.

ARTICULO 49 - La necesidad de continuar con la ejecución del contrato, previo acuerdo de partes sobre las bases establecidas en el artículo 49 de la Ley Nº 23.696, será decidida en cada caso por el Ministro o secretario de la Presidencia de la Nación competente, según el siguiente procedimiento, sin perjuicio de declarar su rescisión conforme con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 23.696 cuando su continuación resultara, en cualquier caso, afectada por la situación de emergencia contemplada en la citada norma.

a) El procedimiento será iniciado de oficio a petición del administrado.

En el primer caso se le notificarán al contratista las nuevas condiciones de ejecución del contrato, con arreglo a los incisos a) y d) del artículo 49 de la Ley Nº 23.696, proponiendo además las condiciones de pago de la deuda en mora que pudiere existir, según lo establecido en el inciso c) del mismo artículo.

El contratista deberá aceptar o rechazar la propuesta dentro del término de DIEZ (10) días hábiles de notificado, proponiendo en su caso, la aplicación de las restantes condiciones conforme a lo previsto en el artículo 49.

Si las modificaciones fueren aceptadas por el contratista, se formalizará el acuerdo pertinente en los términos del artículo 49 de la Ley Nº 23.696.

Si la propuesta fuera rechazada o no hubiere respuesta en término, se decidirá acerca de la rescisión del contrato con el régimen y efectos establecidos en los artículos 48 de la Ley Nº 23.696 y de esta reglamentación.

Respecto de los entes, empresa y sociedades, el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación competente, fijará el procedimiento de aprobación de los acuerdos de recomposición o de la resolución de extinción de los contratos.

Si la propuesta es aceptada con variante y/o con el requerimiento de la aplicación de las restantes condiciones del artículo 49 de la Ley Nº 23.696 y su reglamentación, se procederá, en lo que corresponda, según lo establecido en el inciso siguiente.

b) El contratista podrá requerir la recomposición del contrato, proponiendo las condiciones ajustadas a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Nº 23.696 y de esta reglamentación que estime corresponder, condicionado su propuesta al conocimiento del factor de corrección establecido en el inciso b) de dicha norma, si aquél no hubiere sido aún publicado y de resultar necesaria su aplicación.

Presentada la propuesta, el Ministro o secretario de la Presidencia de la Nación competente, podrá rechazarla, decidiendo acerca de la rescisión del contrato en los términos del artículo 48 de la Ley Nº 23.696 si el contratista no aceptara su continuación en las condiciones originarias, o si su continuación, a juicio del Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación y en cualquier caso, resultara afectada por la situación de emergencia declarada por la Ley Nº 23.696.

El Ministro o Secretaria de la Presidencia de la Nación podrá, en su caso, proponer al contratista modificaciones a su requerimiento de recomposición, aplicándose el procedimiento previsto en el inciso anterior, aunque limitado a la aceptación o rechazo por parte del contratista de la nueva propuesta, todo ello sin perjuicio de su aceptación del factor de corrección cuando fuese publicado, habiendo formulado la reserva en tal sentido antes autorizada. Arribado el acuerdo éste se formalizará conforme con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Nº 23.696. En todos los casos, en que las sumas a abonar debieran ser total o parcialmente a cargo del TESORO NACIONAL, deberá integrarse a las negociaciones un representante del MINISTERIO de ECONOMÍA.

c) El acta de acuerdo de recomposición del contrato deberá ser aprobada por el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación competente y contendrá como mínimo, los elementos que se mencionan a continuación:

I. Comitente.

II. Contratista.

III. Domicilio de ambas partes.

IV. Instrumentos que acrediten la legitimación de quien firme en representación del contratista.

V. Contrato a que se refiere.

VI. Monto reconocido al contratista en virtud de los conceptos de los incisos b) y c) del artículo 49 de la Ley Nº 23.696, plazo y forma de pago o en su caso, recibo de los títulos de deuda pública.

VII. Conformidad expresa del contratista con las liquidaciones que se practique, el valor de los factores de corrección e índices de reducción, los plazos y condiciones de pago y las bases de cálculo y metodología de aplicación tenidas en cuenta por el MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS al establecer los factores de corrección.

VIII. Individualización de los títulos que reciba el contratista.

IX. En su caso, la adecuación del proyecto constructivo y, en todo supuesto, el nuevo plazo de obras y el plan de trabajo pertinente y la exención de multa que hubiera correspondido por retraso.

X. La renuncia de pleno derecho, a efectuar cualquier tipo de reclamo administrativo o judicial originado en el régimen de variaciones de costos correspondiente a las certificaciones de obra ejecutada desde marzo de 1989 hasta la fecha de aprobación del acuerdo que aquí prevé, siendo ella extensiva a los valores de los factores de corrección y a los índices de reducción, fijados por la resolución del Ministro de Obras y Servicios Públicos a que alude el inciso b) del artículo 49 de la Ley Nº 23.696, bases de cálculo y metodología de aplicación emergentes de ella, que con ajuste al caso resulte.

XI. La renuncia a reclamar gastos improductivos, mayores gastos generales directos e indirectos, o cualquier otra compensación o indemnización derivados del menor ritmo o paralización total o parcial de ejecución de la obra, generados en el período indicado, como así también al resarcimiento de los daños y perjuicios por la mora en el pago, mecanismos de actualización, plazos y condiciones por el mismo concepto, con motivo de las obligaciones vencidas a que se refiere el inciso c) del artículo 49 de la Ley Nº 23.696.


XII. En su caso, la constancia de que las partes suscriben el Acta Acuerdo "ad referendum" del Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación competente en la materia.

XIII. Número de cuotas y monto de cada una.

XIV. Fecha de vencimiento de la primera cuota.

XV. Cláusula de mora.

d) La resolución del Ministro de Obras y Servicios Públicos a que alude el inciso b) del artículo 49 de la Ley Nº 23.696, será publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina por TRES (3) días consecutivos.

Con carácter previo al acuerdo previsto en el último párrafo del artículo 49 de la Ley Nº 23.696 y para los casos en que el contratista haya solicitado la aplicación del citado factor de corrección, se liquidará la incidencia del factor de corrección y su reducción, sobre las certificaciones de variación de costos efectivamente emitidas y que correspondan a obra ejecutada entre marzo de 1989 inclusive y la última emitida a la fecha de esta liquidación. Sólo se considerará que ha existido distorsión significativa cuando el total de tal incidencia arroje la suma de dinero igual o superior al porcentaje que fije el MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS en oportunidad de dictar la resolución a que alude el inciso c) apartado X precedente, sobre el monto total de la certificación por variación, de costos del período aquí comprendido.

El índice de reducción no será inferior al porcentaje que fije el MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS en la misma oportunidad, aplicando sobre el factor de corrección que se establezca.

La eventual modificación del sistema contractual de ajuste para los períodos de certificación posteriores al acuerdo aquí contemplado, se regirá por lo dispuesto en el Decreto Nº 2875/75 ratificado por Ley Nº 21.250, y Decreto Nº 2348/76, y podrá reservarse en el acuerdo, de no estar concluida su tramitación. Esta tramitación no podrá interrumpir la relativa al acuerdo aquí regulado. La falta de reserva no obstará a su aplicación en el futuro conforme a las normas que regulan la materia.

e) A los efectos de la aplicación del inciso e) del artículo 49 de la Ley Nº 23.696 se entenderá que son causales de incidencia directa de la situación de emergencia cualquiera de las siguientes: I. Distorsión significativa de los términos establecidos en el inciso anterior. Al solo efecto de la prórroga del plazo, se practicará liquidación tomando en cuenta el plan de trabajos haya sido efectivamente ejecutado. II. Situación de la comitente: la prórroga se hará por el período en que la mora se haya mantenido.

f) El órgano o ente, empresa o sociedad que celebró el acuerdo a través del Ministerio o Secretaría de la Presidencia de la Nación competente, deberá remitir al MINISTERIO DE ECONOMÍA, dentro de los QUINCE (15) días de aprobada, copia de la pertinente Acta Acuerdo que suscriba.

g) Los acuerdos de modificación del régimen de variación de costos contractual, celebrados a partir de junio de 1989 por cualquiera de los órganos, entes, empresas y sociedades indicados en el artículo 1º de la Ley Nº 23.696, en los que, de aplicarse la metodología establecida en el inciso d) de este artículo, no resulte la distorsión significativa allí determinada serán revisados y podrán ser dejados sin efecto.

En los casos en que la distorsión significativa quedase comprobada de acuerdo con aquella metodología por el período indicado en el apartado b) del artículo 49 de la Ley Nº 23.696, se aplicará el factor de corrección allí contemplado, o la metodología pactada, según lo que arroje un menor monto a cargo de la comitente. Las diferencias resultantes en favor de la comitente y que hubiese sido abonadas a la contratista, serán deducidas del primer pago que a aquélla se le efectúe, con la aplicación del régimen de la Ley Nº 21.392.

h) Podrá aplicarse a los créditos resultantes de lo previsto en los incisos b) y c) del artículo 49 de la Ley Nº 23.696, lo dispuesto en los artículo 55, inciso i) de esta reglamentación.
CAPITULO VII - DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LAS
OBLIGACIONES EXIGIBLES

ARTICULO 50 - El régimen de suspensión de sentencias y laudos arbitrales alcanzas a los procesos de ejecución, cualquiera sea el estado en que se encuentren a la fecha de vigencia de la Ley Nº 23.696, incluyendo los embargos ejecutorios y otras medidas de ejecución. La suspensión alcanzará a todo requerimiento judicial de pago de sumas de dinero que deba ser satisfecho con fondos del TESORO NACIONAL o de los entes, empresas y sociedades enumerados en el artículo 1º de la Ley Nº 23.696. Los procesos se reanudarán una vez fenecido el plazo establecido en el artículo 50 de dicha ley, según el procedimiento de su artículo 52.

ARTICULO 51 - La suspensión contemplada en los artículos 50 y 51 de la Ley Nº 23.696 alcanza a las costas y otros accesorios que fueren materia de condena.

ARTICULO 52 - Los funcionarios y los profesionales que ejerzan la representación o defensa del Estado Nacional o de los demás entes, empresas y sociedades a que se refiere el artículo 1º de la Ley Nº 23.696 remitirán nota al MINISTERIO DE ECONOMÍA haciendo saber el requerimiento de pago, con copia de la resolución en que se funde y de aquella que establezca el criterio con que deberá liquidarse la obligación en lo sucesivo, solicitando se arbitren los recaudos necesarios para poder informar al tribunal interviniente, una vez vencido el plazo de suspensión, la fecha en que habrá de cancelarse el crédito.

El MINISTERIO DE ECONOMÍA procederá a la creación de un registro de las obligaciones de pago que le fueren informadas en los términos del presente artículo y realizará los estudios necesarios para determinar la fecha probable de cancelación de cada una de ellas, la que será informada a los funcionarios o profesionales que ejerzan la representación o defensa de los intereses del sector público, en el proceso de que se trate en cada caso, antes del 23 de junio de 1991.

A los fines de la fijación del plazo para el pago se tendrá especialmente en cuenta que éste no podrá ser mayor de SEIS (6) mese, contado a partir del día 23 de agosto de 1991.

ARTICULO 53 - Sin reglamentación.

ARTICULO 54 - Las excepciones comprenderán:

a) El total de la sentencia por el capital, sus ajustes e interese, los honorarios y demás costas procesales de los juicios incluidos en el artículo 54 de la Ley Nº 23.696, que integren la condenación en costas contra los sujetos enumerados en el artículo 50 de la misma ley.

b) Los créditos enunciados en el artículo 54 de la Ley Nº 23.696, que surjan de una sentencia o laudo que incluya otros créditos no previstos en la enumeración referida, a cuyos fines deberá efectuarse la respectiva discriminación.

c) Las jubilaciones, pensiones y los haberes de retiro, los cuales se regirán por el régimen que les resulte aplicable en cada caso.

ARTICULO 55 - A los efectos de la aplicación del artículo 55 de la Ley Nº 23.696 se observarán las siguientes normas de procedimiento:

a) En cada uno de los entes, empresas y sociedades mencionados en el artículo 1º de la Ley Nº 23.696, sus interventores o autoridades superiores, deberán constituir dentro de los QUINCE (15) días de publicado el presente reglamento, una Comisión Asesora con el fin de analizar las propuestas que los particulares formulen, ponderando su legitimidad, oportunidad, mérito o conveniencia y aconsejar la conducta a adoptarse.

En el ámbito de las Jefaturas de Estado Mayor Generales de las Fuerzas Armadas esta Comisión será designada por el Ministro de Defensa.

Dicha Comisión estará formada por CINCO (5) miembros seleccionados entre los funcionarios de mayor jerarquía con conocimientos que lo tornen aptos para el tratamiento de las cuestiones en litigio. El jefe del servicio jurídico permanente será, obligatoriamente, uno de los miembros, y podrá ser asistido por el o los profesionales del servicio que a tal efecto designe.

La comisión contará, a su vez, con CINCO (5) miembros suplentes, uno de los cuales deberá ser un profesional letrado del servicio jurídico permanente.

En todos los casos en que las sumas a abonar deban ser total o parcialmente a cargo del TESORO NACIONAL, deberá integrarse a la comisión UN (1) representante del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

b) En los procesos administrativos arbitrales o judiciales en los que el Estado nacional sea parte, la Comisión Asesora será designada por el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación competente, según el ámbito donde tramite el proceso en cuestión. Esta Comisión tendrá la integración indicada en el inciso a) precedente. En este caso, se considerará que el concepto de funcionarios de mayor jerarquía comprende el nivel de Secretario, Subsecretario y Asesor de Gabinete Ministerial o de las Secretarias de la Presidencia de la Nación. El jefe del servicio jurídico permanente será obligatoriamente uno de los miembros y podrá ser asistido por el o los profesionales del servicio que a tal efecto designe.

c) I. recibida la propuesta transaccional, a partir de los cual las actuaciones serán calificadas de secretas conforme al artículo 38 del reglamento aprobado por Decreto Nº 1759/72 y sus modificatorios, la Comisión Asesora se expedirá a su respecto dentro del plazo de TREINTA (30) días hábiles administrativos y elevará su informe al Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación u órgano superior del ente descentralizado, según los casos. La Comisión Asesora se encuentra facultada a requerir mejoras a la propuesta, sin que ello signifique aceptación de derecho alguno, ni conformidad con las propuestas.

II. En la Administración centralizada, elevado el informe de la Comisión Asesora, el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación decidirá dentro de un plazo de TREINTA (30) días hábiles administrativos, prorrogables por única vez y por igual término, acerca de la aceptación o rechazo de la propuesta y sus eventuales mejoras. La notificación del acto de aceptación de la propuesta formaliza y da vigencia al acuerdo transaccional, el que será puesto en conocimiento del tribunal que pudiere estar interviniendo en la causas.

III. En los entes, empresas o sociedades y en el ámbito de las Jefaturas de Estado Mayor Generales de las Fuerzas Armadas se seguirá el procedimiento indicado precedentemente en aquellos casos en que la suma de dinero comprometida en la eventual transacción no supere, a la fecha en que se expida la Comisión, el triple del monto autorizado para la procedencia del recursos ordinario de apelación ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN previsto en el artículo 254 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación. De superarse este monto, el órgano superior del ente, empresa o sociedad y la Jefatura del los Estados Mayores Generales elevarán las actuaciones al Ministerio o al Secretario de la Presidencia de la Nación competente, con el informe elaborado por la respectiva Comisión Asesora y sin más trámite. Los órganos de la Administración centralizada antes mencionados, decidirán dentro del plazo indicado en el apartado II precedente, y devolverán las actuaciones al ente, empresa, sociedad Jefatura de los Estados Mayores generales para la emisión inmediata del acto aprobatorio de la propuesta según las instrucciones que se le impartan, o para su archivo en caso de rechazo de la propuesta transaccional.

IV. En cualquier caso, el órgano competente para decidir en definitiva acerca de la propuesta podrá requerir de la contraparte una mejora de ella.

V. La intervención de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN podrá requerirse cuando la importancia o complejidad de la cuestión así lo aconsejen y será obligatoria cuando el monto de la transacción supere la suma de UN MIL MILLONES de AUSTRALES (A 1.000.000.000), actualizable trimestral según el índice general de precios mayoristas elaborado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS.

VI. En los casos de significativa o relevante trascendencia jurídica, económica, social o política, el órgano superior del ente, empresa o sociedad, la Jefatura de los Estados mayores Generales o el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación elevará las actuaciones directamente a la Comisión asesora de Transacciones que se crea en el siguiente inciso.

d) Créase en jurisdicción de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN la Comisión Asesora de Transacciones, que tendrá por objeto examinar las propuestas que se formulen en asuntos que revistan significativa o relevante trascendencia jurídica, económica, social o política.

La Comisión deberá quedar integrada dentro del plazo de QUINCE (15) días de la vigencia del presente reglamento y recibirá de la PROCURADURÍA DEL TESORO DE LA NACIÓN el apoyo técnico y administrativo necesario.

I. La Comisión estará constituida por el Señor Procurador del Tesoro, quien ejercerá su Presidencia, y por UN (1) representante de la SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y UN (1) representante del MINISTERIO DE ECONOMÍA, todos ellos miembros permanentes de aquella.

También se integrará, en cada caso, con UN (1) representante del o de los Ministerios o Secretaría de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción actúen el o los órganos, entes, empresas o sociedades que sean parte en las actuaciones.

Los representantes de los organismos mencionados no podrán revestir jerarquía inferior a la de Subsecretario.

El Procurador del Tesoro podrá ser pulido - en caso de ausencia o impedimento - por el Subprocurador del Tesoro.

En análoga situación, los restantes integrantes de la Comisión podrán ser reemplazados por Asesores de Gabinete de la máxima categoría o Directores Generales o Nacionales.

II. La Comisión tendrá las siguientes funciones y facultades:

A) Expedirse sobre las propuestas ponderando su legitimidad, oportunidad, mérito o conveniencia y aconsejando la conducta a adoptar.

B) Avocarse, fundadamente, al conocimiento de transacciones que no hubieran sido sometidas a su consideración y que revistan la señalada trascendencia.

C) Pedir, en forma directa, a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración, y a las autoridades superiores o interventoras de los entes, empresas o sociedades enumerados en el artículo 1º de la Ley Nº 23.696 y, por su conducto, a los demás empleados, los informes que crea convenientes, quedando aquellos obligados a darlos.

D) Proponer al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el conducto pertinente, las pautas generales que deberán observarse en la celebración de las transacciones.

E) Contratar asesores o efectuar consultas profesionales especializadas, cuando las circunstancias así lo justifiquen, abonando los honorarios que en cada caso se convengan.

F) Dictar su reglamento interno.

III. Las propuestas de la transacción será remitidas a consideración de la Comisión con el previo pronunciamiento de la Delegación del Cuerpo de Abogados del estado (Ley Nº 12.954) del área en que tramiten las actuaciones en cuestión o de la Dirección Nacional de Asuntos Judiciales y Fiscales de la Procuración del Tesoro, en su caso.

El dictamen de la Comisión deberá producirse dentro del plazo máximo de TREINTA (30) días hábiles administrativos, contados a partir del recibo de las actuaciones respectivas. Dicho plazo quedará automáticamente prorrogado por el tiempo que insuma la contestación de aquellos informes que las Comisiones requiera, fundadamente, para su pronunciamiento.

La Comisión se encuentra facultada para requerir mejoras a las propuestas, sin que ello signifique aceptación de derecho alguno ni conformidad con aquéllas.

El dictamen será dirigido directamente al Ministro o secretario de la Presidencia de la Nación competente, quienes decidirán conforme a lo previsto en el inciso c) punto II.

e) En caso de que un particular que tenga pendiente más de una cuestión con el Estado Nacional y de los demás entes, empresas o sociedades mencionados en el artículo 1º de la Ley Nº 23.696, haya formulando su propuesta transaccional respecto de parte o de la totalidad de ellas, se les dará tratamiento integral procurando que en cada acuerdo que se celebre se prevean todas las que se refieran a un mismo vínculo jurídico, en estos casos la Comisión Asesora prevista en los incisos a) y b) será integrada por TRES (3) miembros designados por cada Ministerio o secretaría de la Presidencia de la Nación competente, uno de los cuales deberá ser el jefe del servicio jurídico permanente de aquellos órganos, aplicándose en lo que corresponda lo establecido en el inciso j) del presente artículo.

f) El acuerdo transaccional y en su caso su presentación al juez de la causa, de conformidad con lo prescripto por el artículo 838 del Código Civil, deberá contener la renuncia o desistimiento de las partes a cualquier reclamo o acción, administrativa, arbitral o judicial, entablada o a entablarse y al derecho en el que aquéllas se funde o puedan fundarse, respecto del objeto contenido en la transacción celebrada.

g) Mientras se substancien los trámites originados en las propuestas transaccionales que los particulares puedan eventualmente formular, deberán suspenderse todos los plazos judiciales, arbitrales y administrativos, para lo cual el Ministro o Secretario de la Presidencia de la nación, Jefe del Estado Mayor General, interventor o Autoridad Superior del ente, empresa o sociedad de que se trate, impartirá las instrucciones a sus apoderados y/o representantes, para que soliciten y/o acuerden la suspensión pertinente, de conformidad con las normas procesales o procedimentales que resulten aplicables.

h) En todos los casos y con carácter previo a la suscripción del acuerdo transaccional, copia del proyecto de éste - justamente con las actuaciones que fueren pertinentes - será girado al MINISTERIO DE ECONOMÍA para que, dentro del término de VEINTE (20) días hábiles, se expida sobre la forma y modalidades de pago previstas.

Transcurrido el plazo previamente establecido sin que se haya expedido, se considerará que no medien objeciones al proyecto remitido.

i) Los acuerdos transaccionales podrán contemplar la inversión parcial o total de la deuda reconocida en la transacción. Para ello y en los casos de contratos se podrá facultar al particular contratante a emitir órdenes de pago por cuenta y orden del organismo, en las condiciones del acuerdo al que en definitiva se arribe, las que tendrán carácter de cesiones de créditos y cuya aceptación anticipada figurará en el mismo convenio, condicionada a que se emitan con las siguientes modalidades:

I. Adquisición de insumos o servicios requeridos para la misma u otras pública del mismo u otro comitente estatal, o una concesión de obra en igual caso.

II) Garantía de operaciones de créditos con idéntico destino al señalado en el apartado anterior.

j) En todos los casos, copia de la propuesta será girada en forma inmediata al MINISTERIO DE ECONOMÍA, enviándose también copia de todas las actuaciones que se practiquen.

El MINISTERIO DE ECONOMÍA, por intermedio de la dependencia de su jurisdicción que resulte competente, podrá proponer acuerdos globales o mecanismos compensatorios que involucren el estado general de la relación de créditos y deudas de la proponente con el sector público, conforme con la autorizado por la legislación vigente. para ello podrá designar un representante en las comisiones asesoras y citar a representantes de los órganos o entes, empresas o sociedades del sector público que pudieren estar involucrados en el acuerdo global. Esta decisión podrá ser tomada hasta el momento de la emisión del informe de las comisiones asesoras, abriéndose en este caso una nueva etapa de negociaciones por SESENTA (60) días hábiles administrativos como máximo. La aprobación de la propuesta transaccional que involucre a órganos o entes, empresas o sociedades de distinta jurisdicción deberá ser decidida por resolución conjunta de los Ministros o secretarios de la Presidencia de la Nación competentes y del Ministerio de Economía, y en caso de falta de acuerdo, por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

ARTICULO 56 - La reglamentación del presente Capítulo será aplicable, en lo que corresponda, a los supuestos previstos en el artículo 56 de la Ley Nº 23.696.

CAPITULO VIII - DE LAS CONCESIONES

ARTICULO 57 - Para adjudicar una obra por concesión bajo cualquiera de sus modalidades, deberá tenerse en cuenta como un elemento básico del contrato su estructura económico - financiera. A los efectos de la valoración de la relación entre inversión y rentabilidad, la estructura económico - financiera deberá expresar la tasa de retorno de la inversión a realizar.

ARTICULO 58 -

a) a los efectos de la ley, se considerará mantenimiento a aquellos trabajos singulares que acceden a la integridad de la conservación, entendido aquél como medio y a ésta como resultado.

b) El destino de los fondos obtenidos por la concesión otorgada para la construcción o conservación de otras obras, no necesariamente conlleva el sistema de concesión para estas últimas.

c) La estructura económico - financiera de la concesión definirá el alcance de las inversiones previas que deberá realizar el concesionario, cuya entidad será tenida en cuenta en todos los casos, como parámetro de trascendencia en la selección, comparándolo con la incidencia que su costo financiero tendrá sobre el valor de la tarifa o peaje a cargo del usuario, constituyendo el objetivo global del sistema el abaratamiento de la tarifa o peaje. El pliego de condiciones particulares para adjudicación de concesiones por licitación podrá establecer volúmenes mínimos o máximos de inversión previa.

d) En el orden nacional será Autoridad de Aplicación para el otorgamiento y ejecución de concesiones de obras pública, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, quien aprobará el procedimiento que deberá seguirse a estos efectos.

e) La calificación de interés público, y el ejercicio de la opción entre la licitación pública y el concurso de proyectos integrales; será resueltos en un solo acto por el MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

f) Toda iniciativa de particulares deberá anexar una garantí de mantenimiento en la forma prevista por la Ley Nº 17.804 o fianza bancaria, que no podrá ser inferior al DOS POR CIENTO (2 ) del monto de la obra, que se consignará posteriormente en la oferta, en el procedimiento de selección que se convoque. Esta garantía será ejecutable en caso de no presentación de la oferta. Si al efectuar posteriormente la oferta la garantía resultare inferior al porcentual precedentemente estipulado, con una tolerancia de un TREINTA POR CIENTO (30 ), el oferente no será considerado autor de la iniciativa.

La garantía de mantenimiento de la iniciativa podrá convertirse en garantía de oferta en caso de llamarse a licitación o a concurso.

g) Todos los trámites que se refieran a una concesión de obra pública en curso de aprobación en cualquier instancia, tanto los efectuados bajo el amparo del Decreto Nº 1842/87 y del anterior texto del artículo 4º inciso c) de la Ley Nº 17.520, como los realizados antes de la vigencia de la presente reglamentación, deberán ser ratificados ante el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dentro de los TREINTA (30) días de publicada la presente reglamentación, con el objeto de adecuar la presentación a sus disposiciones.

h) Los "lineamientos generales" que debe contener la iniciativa efectuada en los términos del artículo 4º inciso c) de la Ley 17.520 deberán contener, como mínimo, la identificación de la obra y su naturaleza, las bases de su factibilidad económica y técnica, los antecedentes completos del oferente y, en caso de tratarse de empresas argentinas, su capacidad registrada de contratación.

i) Una vez convocado a concurso de proyectos integrales, los oferentes deberán proponer todas las condiciones contractuales, técnicas y económicas, incluyendo la estructura económico - financiera y los proyectos constructivos que serán volcados en el contrato de concesión y que regirán la construcción de la obra y su explotación. La mera presentación de la oferta implica el sometimiento del oferente a la Ley Nº 17.520, su modificatoria y sus reglamentarios.

j) En todo caso en que las ofertas presentadas fueren de equivalente conveniencia, será preferida la del que presentó la iniciativa.

k) Podrá llamarse a la presentación de iniciativas de particulares para una obra pública determinada por la comitente, a construirse mediante concesión.

I. La publicación se hará de modo y por los plazos que el inciso c), artículo 4º de la Ley Nº 17.520, modificada por la Ley Nº 23.696, fija para la presentación de ofertas.

II. Las iniciativas que se presenten por este procedimiento acompañadas de la garantía a que alude el inciso f) precedente, se considerarán de interés público en lo que hace a la obra determinada por la concedente. se admitirán alternativas que incluyan la obra que determinó el llamado.

III. Será considerada iniciadora la propuesta que sea tomada como base para el procedimiento de selección que se seguirá, conforme a los citados inciso y artículo de la Ley Nº 17.520 y su modificatoria Ley Nº 23.696.
CAPITULO IX - PLAN DE EMERGENCIA DEL EMPLEO

ARTICULO 59 - Será Autoridad de aplicación del "Plan de Emergencia del Empleo" el Ministro de Obras y Servicios Públicos.

El convenio por el cual las PROVINCIAS adhieran a la Ley Nº 23.696 y la determinación y distribución de fondos entre aquellas, deberán ser aprobados por decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL previa intervención de los MINISTERIOS DEL INTERIOR, DE ECONOMÍA Y DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, con arreglo a las siguientes pautas:

a) Laselección de proyectos, para su propuesta de inclusión en el Programa, corresponderá a la PROVINCIA, de acuerdo a los criterios y pautas que fije la Autoridad de Aplicación. La PROVINCIA deberá prestar asistencia técnica para la elaboración de los proyectos de pliegos de las obras.

b) Los postulantes con prioridad para el puesto de trabajo deberán residir dentro de un radio no superior a los TREINTA (30) Km. del lugar de prestación efectiva de las tareas. Dichas circunstancias se acreditará mediante certificado de la autoridad policial del lugar de residencia.

c) El Ministro de Obras y servicios Públicos, en la resolución que apruebe el proyecto, dispondrá se giren los fondos correspondientes al banco oficial de la PROVINCIA (o municipal, si existiere), en cuya jurisdicción se llevará a cabo la obra.

d) La obra será licitada, adjudicada, controlada, medida y recibida por la MUNICIPALIDAD titular del proyecto.

La MUNICIPALIDAD titular del proyecto será responsable ante el GOBIERNO NACIONAL, de la ejecución de la obra y de la administración de los fondos acordados.

e) Las mediciones de los trabajos y las certificaciones correspondientes se realizarán quincenalmente. Podrán otorgarse anticipos financieros para pago de quincenas al personal ocupado.

El certificado emitido conforme a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes constituirán título hábil para el contratista perciba el importe del mismo de la institución bancaria receptora de los fondos.

f) Las demoras en que incurra la MUNICIPALIDAD en la aprobación de los certificados que no merecieren observaciones, como así también la no entrega de los mismos en el plazo, acordado, hará a la MUNICIPALIDAD contratante única responsable de los interese y daños que se originen, gastos que serán a su cargo exclusivo, no pudiendo en caso alguno solicitar su reintegro al GOBIERNO NACIONAL.

g) El índice de variación de precios a utilizar en el contrato, será el de Costo de la Construcción publicado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (Costo de la Construcción en la Capital Federal), correspondiente al mes de ejecución de los trabajos. Hasta la fecha de su publicación, se utilizará provisoriamente el último índice publicado. Como excepción y mediante resolución fundada, se podrá autorizar la utilización de otro índice de variación de precios.

h) Dentro de los CINCO (5) días de suscripto el contrato, las municipalidades deberán remitir al MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS los siguientes datos:

I. Fotocopias autenticada del contrato correspondiente.

II. Número de personal no estable del contratista que requerirá la obra.

III. Plazo de ejecución de la obra y fecha de su iniciación.

IV. Cronograma del desarrollo de la contratación.

i) Terminada definitivamente la obra y celebrado el acto de recepción provisoria, deberá informarse al MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de dicha circunstancia.

j) El MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS podrá solicitar los informes que considere conveniente o necesario para el mejor cumplimiento de los objetivos del plan.
CAPÍTULO X - DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 60 - Sin reglamentación.

ARTICULO 61 - Dentro de los NOVENTA (90) días de la vigencia de este reglamento y anualmente, en oportunidad de formular el proyecto de Presupuesto, cada Ministerio y Secretaría de la Presidencia de la Nación deberá informar la nómina de comisiones; reparticiones, entes, empresas, sociedades u organismos creados por leyes especiales que se proyecta suprimir, transformar, reducir, limitar o disolver.

ARTICULO 62 - las empresas que se encuentren bajo el control de la SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS, deberán presentar ante dicho organismo de contralor, dentro de los TREINTA (30) días contados a partir de la vigencia de esta reglamentación, la respectiva información conforme a las pautas y modalidades que en cada caso determine. La SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS emitirá su opinión en cada caso y elevará toda la documentación empresaria con el análisis particular al MINISTERIO DE ECONOMÍA, y con la antelación suficiente para efectuar por parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL la remisión al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN en el término de la ley.

ARTICULO 63 -

a) Los entes, empresas o sociedades que por la naturaleza de su actividad deben dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 63, son los descriptos en el artículo 1º de la ley, con excepción de la Administración Pública Centralizada. Están alcanzadas, en consecuencia, la totalidad de las haciendas de producción y de erogación cualquiera sea su naturaleza jurídica.

b) Las normas técnicas y profesionales para la confección de balances o estados contables y el registro de operaciones, serán las dictadas por la SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS, conforme a las normas del Consejo Profesional de Ciencias económicas de la jurisdicción donde el ente, empresa o sociedad tenga su domicilio legal. se aplicará asimismo por analogía lo determinado por el Código de Comercio en su Libro Primero, Título 1, Capítulo 3.

c) Cada ente, empresa o sociedad elaborará un Plan de Cuentas que deberá ser sistemático, asegurando un tratamiento homogéneo de la contabilización de hechos, operación o contingencias, de modo que se obtenga información útil sobre la gestión del ente, empresa o sociedad y de sus sectores más relevantes, contribuyendo a la toma de decisiones y al control del patrimonio de aquel.

El Plan de Cuentas será aprobado previa intervención de la SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS, por autoridad superior de cada ente, dándose cuenta del mismo al Ministro del ramo respectivo.

d) Los presupuestos que se formulen deberán estructurase en los mismos rubros y partidas del Plan de Cuentas del ente, empresa o sociedad. Deberán posibilitar la comparación entre lo presupuestado y lo realizado y facilitar el análisis de las variaciones.

e) Los entes que por su naturaleza jurídica se diferencien de las sociedades, adoptarán y adaptarán sus Planes de Cuentas y Estados Patrimoniales, Estado de Ingresos y egresos a los que se utilizan las Sociedades Comerciales legisladas por la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984).

f) La contabilidad estará organizada mediante registros separados para las distintas secciones o divisiones del ente, empresa o sociedad o bien con un sistema centralizado orientados a la evaluación de la gestión de las distintas unidades o operativas.

Tanto en un caso como en el otro la determinación de las unidades operativas o de las divisiones o secciones será propuesta por cada ente al Ministro del ramo en el plazo de TREINTA (30) días para su resolución.

g) Los entes, empresas o sociedades deberán confeccionar estados contables trimestrales y anuales los que deberán ser depositados en la sede social y ante la autoridad administrativa que correspondiere dentro de los SETENTA Y CINCO (75) días posteriores a la fecha de cierre del período trimestral o, en su caso, dentro de los CIENTOS DIEZ (10) días posteriores a la fecha de cierre del ejercicio anual, los que serán de consulta pública toda vez que sea requerido.

Se publicarán, al igual que la Memoria, anexos y estados Complementarios, en forma sintética en el Boletín Oficial de la República Argentino, sin perjuicio de realizarlo además en cualquier otro medio que se estime pertinente.

Los balances y demás estados de información contable que deban efectuar las empresas que se encuentran bajo control de la SINDICATURA GENERAL DE EMPRESA PUBLICAS mencionadas en el artículo 1º de la Ley 23.696, serán dictaminados por los profesionales de dicho ente, empresa o sociedad comprendidos en el artículo 4º inciso b) "in fine" de la Ley Nº 21.801 (t.a.).

Cualquier administrado podrá solicitar copias de los balances y estados trimestrales o anuales a que se refiere este artículo, previo pago del costo de ellas.

Sin perjuicio del cumplimiento de las demás normas de este decreto, no serán de aplicación las referentes a la publicidad de los balances para aquellos entes, empresas, sociedades u organismos cuyas operaciones deban permanecer secretas por razones de defensa o seguridad, cuando así lo disponga expresamente el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

h) El ejercicio económico será anual y su cierre se producirá el 31 de diciembre de cada año, salvo el caso de los entes, empresas o sociedad que por ley tuvieren fijada una fecha distinta.

ARTICULO 64 - Sin reglamentación.

ARTICULO 65 - Sin reglamentación.

ARTICULO 66 - Sin reglamentación.

ARTICULO 67 - Sin reglamentación.

ARTICULO 68 - Sin reglamentación.

ARTICULO 69 - Sin reglamentación.