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Gordillo, Agustín Alberto
Después de la reforma del Estado. Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 1996.
Notas:
Temas:
reforma del estado
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INDICE
Capítulo I
EL ESTADO ACTUAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
1.
Introducción
I.1
2.
El statu quo ante
I.4
2.1.
Intervencionismo. Regulación
I.4
2.2.
Nacionalizaciones
I.5
2.3.
Administración del desarrollo económico y social
I.5
2.4.
Los intentos de planificación
I.5
3.
Génesis y desarrollo de la crisis
I.5
3.1.
El parasistema administrativo
I.6
3.2.
La administración paralela
I.6
3.3.
La crisis de seguridad
I.7
3.4.
La crisis de la justicia
I.8
3.5.
Servicios públicos y poder de policía: su crisis
I.8
3.6.
La revolución tecnológica
I.9
3.7.
Los recursos naturales
I.10
3.8.
La crisis económica
I.10
4.
El nuevo modelo mundial y local
I.14
4.1.
Lineamientos iniciales
I.14
4.2.
El sistema legislativo a partir de la emergencia
I.17
4.3.
La derogación por decreto de leyes intervencionista
I.21
4.4.
Los reglamentos de necesidad y urgencia
I.23
5.
Reformas pendientes
I.25
5.1.
La protección del usuario
I.26
5.2.
La regulación de nuevos contratos
I.26
5.3.
Una nueva legislación contractual
I.27
5.4.
Los controles de la actividad privatizada
I.27
6.
El procedimiento de audiencia pública
I.27
6.1.
La audiencia pública como parte del debido proceso
I.29
7.
Etapa de preaudiencia
I.31
7.1.
El desarrollo de la preaudicencia
I.33
7.2.
Presentación de escritos y documentos previos
I.33
7.3.
Notificaciones privadas
I.34
7.4.
Prueba testimonial anticipada por escrito
I.34
7.5.
Criterio de admisión de la prueba
I.35
7.6.
Ordenamiento preliminar de la audiencia
I.35
8.
La etapa de la audiencia
I.36
8.1.
La instrucción
I.36
8.2.
Producción de prueba en la audiencia
I.36
8.3.
No preclusión procesal
I.36
8.4.
Carga de la prueba
I.37
8.5.
Control de la prueba
I.37
8.6.
¿Pruebas secretas o reservadas?
I.37
8.7.
Preguntas y repreguntas de las otras partes
I.38
8.8.
Decisión tomada sin audiencia pública
I.38
Capítulo II
LA CONCESION DE OBRAS PUBLICAS Y LA
PRIVATIZACION DE EMPRESAS PUBLICAS POR
CONCESION
1.
La nueva ecuación económico-financiera del contrato
II.1
1.1.
El financiamiento estatal de la inversión pública
II.1
1.2.
Mayores costos, intereses, indexación
II.2
1.3.
Inexistencia de crédito público o privado
II.3
1.4.
Exceptio non adimpleti contractus
II.3
1.5.
El fin del sistema
II.4
1.6.
El financiamiento de la obra por el usuario
II.5
1.7.
Extensión a la privatización por concesión
II.6
1.8.
La habitualidad del consorcio de empresas
II.7
1.9.
El subsidio en la concesión
II.9
2.
La iniciativa en obras y privatizaciones
II.10
2.1.
La iniciativa técnica en materia de proyectos
II.10
2.2.
La iniciativa económica en materia de proyectos
II.10
2.3.
La iniciativa en la Ley 23.696 y su reglamentación
II.11
2.4.
La fórmula polinómica de aprobación y adjudicación
II.13
2.5.
La concurrencia en la comparación de ofertas
II.14
2.6.
El derecho a mejorar la oferta
II.16
2.7.
El derecho a mejorar la oferta en una licitación
II.16
2.8.
El derecho de preferencia
II.17
3.
El pliego de la iniciativa
II.17
3.1.
Bases de la propuesta
II.17
3.2.
Confidencialidad de la información
II.18
3.3.
Derechos adquiridos
II.20
3.4.
Oportunidad y conveniencia del proyecto
II.22
3.5.
La ecuación económico.financiera de la iniciativa
II.23
Capítulo III
LA INTERPRETACION RESTRICTIVA DE CONCESIONES
Y PRIVILEGIOS
1.
Introducción
III.1
1.1.
Un fallo reciente, una firme y antigua jurisprudencia
III.1
1.2.
Aplicación de la Constitución de 1994
III.3
2.
La protección al usuario
III.5
2.1.
Una regla constitucional
III.5
2.2.
El rol del ente regulador
III.6
2.3.
El equilibrio de los contratos. Las auditorías
III.6
2.4.
La audiencia pública como garantía constitucional del usuario
III.8
3.
Monopolio o privilegio
III.9
3.1.
Interpretación restrictiva de los derechos del concesionario
III.11
3.2.
Jurisprudencia de la Corte Suprema. Doctrina
III.13
3.3.
Una reciente digresión ideológica
III.16
3.4.
Invocación de privilegios que no están en la concesión?
III.18
3.5.
Control de costos. Auditorías
III.19
3.6.
Conclusión.
In maximan potentia, minima licentia
III.20
Anexo
Fallo 92.868 - CFNed. Contencioso Administrativo, sala IV, diciembre 27.994.- Telintar S.A. y otros c. Comisión Nac. de Telecomunicaciones
III.21
2º Instancia.- Buenos Aires, diciembre 27 de 1994
III.21
Capítulo IV
EL CONTRATO DE CREDITO EXTERNO
I.
Empréstito público y contrato de crédito externo
IV.1
1.
El empréstito público en general
IV.1
2.
El empréstito público de los países desarrollados y en vías de desarrollo
IV.4
3.
El contrato de empréstito público como contrato de adhesión "al" Estado y el contrato de crédito externo como contrato de adhesión "del" Estado al inversionista
IV.5
4.
El contrato de crédito sometido al derecho extranjero
IV.6
5.
Insuficiencia del crédito interno
IV.7
6.
Contrato de crédito externo "público" y "privado"
IV.8
6.1.
Diferencias de encuadre teórico
IV.8
6.2.
Similitud real entre el crédito externo "públicos" o "privado"
IV.10
7.
Reflexiones de política económica y política jurídica
IV.12
8.
El sistema de control
IV.17
II.
Régimen jurídico particular
IV.19
9.
Lugar de celebración y de ejecución del contrato: un país extranjero
IV.19
9.1.
Derecho civil nacional
IV.20
9.2.
Derecho procesal nacional
IV.20
9.3.
Derecho internacional privado. Los tratados de Montevideo
IV.20
10.
La inaplicabilidad de la regla "par in parem non habet imperium"
IV.21
11.
La "inmunidad soberana"
IV.24
12.
Normas jurídicas y prácticas bancarias internacionales
IV.27
12.1.
Prioridades
IV.27
12.2.
Examen de la situación política
IV.28
12.3.
Aprobación del contrato
IV.28
12.4.
Desembolsos: oportunidad de hacerlos
IV.28
12.5.
Venta de los títulos a los inversionistas privados
IV.29
12.6.
Requisitos técnicos
IV.30
12.7.
Recaudos bancarios comerciales
IV.30
12.8.
Privilegios del Banco
IV.31
12.9.
Dictámenes exigidos
IV.31
13.
Control de divisas respecto del cumplimiento de la deuda
IV.32
14.
Arbitraje
IV.33
15.
Las variantes formales de contratación. Recapitulación
IV.34
16.
La autorización legislativa
IV.35
16.1.
Derecho latinoamericano. La autorización previa
IV.36
16.2.
Aprobación posterior
IV.36
16.3.
Conclusión
IV.37
17.
La aprobación del Poder Ejecutivo y Tribunal de Cuentas
IV.37
18.
Dictámenes sobre la validez del contrato
IV.38
19.
Exenciones impositivas. Su fundamento legislativo
IV.39
20.
Requisitos estatutarios de los entes nacionales intervinientes
IV.40
Capítulo V
EMERGENCIA RESIDUAL EN LA DEUDA PUBLICA
INTERNA
1.
La nueva legislación
V.1
1.1.
Una hoja en el vendaval
V.1
1.2.
Su alcance
V.1
1.3.
"Créditos" y "reconocimiento de deuda"
V.2
1.4.
Caducidad y prescripción de créditos reconocidos
V.3
1.5.
Caducidad ficta del trámite administrativo
V.4
1.6.
Caducidad de la acción judicial en reclamos no reconocidos
V.5
1.7.
La tasa de justicia
V.7
2.
Análisis de su constitucionalidad
V.8
2.1.
Inconstitucionalidad genérica del artículo 27
V.8
2.2.
Constitucionalidad a la luz de la emergencia de 1989-1992
V.9
2.3.
¿Hay estado de emergencia en 1995?
V.10
2.4.
Inatinencia del problema
V.11
2.5.
Sustento fáctico suficiente
V.12
3.
Algunos interrogantes
V.13
3.1.
La finalidad de la ley 24.447
V.13
3.2.
¿Nuevos juicios, viejos bonos?
V.15
3.3.
El problema de la ejecución de la sentencia
V.16
3.4.
Requerimiento de pago de deuda consolidada
V.17
3.5.
Créditos no consolidados
V.18
4.
La ley 24.447 en su contexto histórico
V.19
4.1.
Introducción. Empréstito público forzoso y contrato de crédito externo
V.19
4.2.
Los hechos a 1989
V.20
4.3.
Los decretos 377 y 570 de 1989
V.23
4.4.
El decreto 365/90 sobre depósitos y Bonex
V.24
4.5.
1990: Primera consolidación de la deuda interna
V.25
4.6.
La consolidación de la deuda en 1991
V.27
4.7.
Los ferrobonos de 1992
V.27
4.8.
¿La tendencia?
V.28
Capítulo VI
LEGALIDAD Y URGENCIA EN EL DERECHO
ADMINISTRATIVO
1.
El concepto de legalidad
VI.1
2.
Los conceptos o principios jurídicos indeterminados
VI.3
3.
Urgencia administrativa y garantías de los administrados
VI.4
4.
Urgencia y estado de necesidad y urgencia
VI.6
5.
Urgencia prevista o no prevista legalmente
VI.8
6.
La urgencia en materia de contrataciones administrativas
VI.8
6.1.
La urgencia como parte del estado de necesidad pública
VI.8
6.2.
La urgencia como causal autónoma
VI.10
7.
La urgencia en materia de limitaciones al dominio
VI.10
7.1.
Expropiación requisición, ocupación temporánea
VI.10
7.2.
Edificios en ruina
VI.11
8.
La urgencia en materia de sanidad pública
VI.12
9.
La urgencia como procedimiento acelerado o sumario
VI.12
9.1.
Formas del acto administrativo
VI.13
9.2.
Omisión de audiencia y comparecencia
VI.14
10.
La urgencia y los derechos de carácter contractual
VI.15
11.
Conclusiones
VI.16
Capítulo VII
EL INFORMALISMO Y LA CONCURRENCIA EN LA
LICITACION PUBLICA
1.
Igualdad y concurrencia
VII.1
1.1.
Introducción
VII.1
1.2.
La igualdad de antaño
VII.3
1.3.
El conflicto entre igualdad y concurrencia
VII.4
1.4.
Télesis de la igualdad: etapas del procedimiento
VII.6
1.4.1.
En la fase inicial del procedimiento licitatorio
VII.6
1.4.2.
En la adjudicación
VII.7
1.4.3.
En la ejecución del contrato
VII.7
2.
Concurrencia y formalismo o informalismo
VII.9
2.1.
La tradición formalista
VII.9
2.2.
El informalismo actual
VII.11
2.3.
Finalidad del formalismo y sus límites
VII.12
2.4.
La frustración del objetivo en una licitación adjudicada
VII.13
3.
Observaciones comunes
VII.15
3.1.
¿La corrupción?
VII.15
3.2.
Criterios para la admisión de ofertas
VII.18
3.2.1.
Los vicios de forma de la oferta
VII.20
3.2.2.
El "waiver" en los Estados Unidos de América
VII.21
3.2.3.
Evolución hacia el informalismo
VII.21
4.
Influencia de la apertura de la economía
VII.22
4.1.
Las licitaciones internacionales y sus oferentes
VII.24
4.2.
La política oficial en la materia
VII.25
4.3.
Pliegos de bases y condiciones
VII.25
5.
La legislación nacional
VII.26
5.1.
Artículo 17 de la Ley de Obras Públicas
VII.26
5.2.
Artículo 66 del decreto 5720/72
VII.27
5.3.
La Ley de Reforma del Estado
VII.28
6.
La práctica administrativa argentina reciente
VII.29
6.1.
Licitación de Y.P.F. para la cuenca austral
VII.29
6.2.
Licitación de servicios ferroviarios
VII.30
7.
Vigencia del principio de igualdad
VII.31
8.
Predeterminación de parámetros decisorios
VII.32
Capítulo VIII
EL PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA PUBLICA
1.
El principio constitucional
VIII.1
1.1.
Inserción constitucional de la audiencia pública
VIII.1
1.2.
La doble naturaleza "pública" de la audiencia pública
VIII.3
1.3.
Audiencia pública y pública audiencia o sesión pública
VIII.4
1.4.
Origen y extensión actual
VIII.5
1.5.
Fundamento práctico
VIII.6
1.6.
Su imposición legislativa
VIII.6
1.7.
Carácter prescriptivo y potestativo
VIII.7
1.8.
Nulidad absoluta en caso de omisión
VIII.7
2.
Carácter administrativo de los entes de contralor y de la audiencia pública
VIII.8
3.
Principios generales
VIII.8
3.1.
Enunciación
VIII.8
3.2.
Oralidad, informalismo, contradicción y participación
VIII.9
3.3.
Instrucción
VIII.9
3.4.
Carácter contingente de la gratuidad
VIII.10
4.
Etapas del procedimiento
VIII.10
4.1.
La preaudiencia
VIII.10
4.2.
Oralidad y escritoriedad
VIII.11
4.3.
Imparcialidad del instructor
VIII.11
4.4.
Escritoriedad y complementación oral
VIII.12
4.5.
Reglas sobre la prueba
VIII.12
4.6.
Registro de la sesión
VIII.13
4.7.
Publicidad de la sesión del ente
VIII.13
4.8.
Proyecto de resolución
VIII.14
5.
Partes
VIII.14
5.1.
Derecho subjetivo, interés legítimo o difuso. Usuarios y asociaciones
VIII.14
5.2.
Partes no nacionales
VIII.15
5.3.
El Defensor del Usuario
VIII.15
5.4.
El Fiscal
ad hoc
VIII.15
5.5.
Costo de la publicidad
VIII.16
6.
Mediación o inmediación
VIII.17
6.1.
La inmediación total
VIII.17
6.1.1.
Simultaneidad de la prueba privada y de oficio
VIII.17
6.1.2.
Producción secuencial de la prueba
VIII.17
6.1.3.
Conclusión para el caso de inmediación
VIII.18
6.2.
Inmediación parcial
VIII.18
7.
Instrucción
VIII.20
7.1.
Comparación con el proceso civil
VIII.20
7.2.
Comparación con el proceso penal
VIII.21
7.2.1.
La analogía real
VIII.21
7.3.
Ubicación en el procedimiento administrativo
VIII.22
7.4.
Comparación con el procedimiento sumarial
VIII.24
8.
Aspectos prácticos
VIII.24
8.1.
Forma y sustancia
VIII.24
8.2.
La significación del uso del espacio físico
VIII.25
8.3.
El uso espacial del poder
VIII.28
8.4.
Disposición en dos o cuatro lados
VIII.28
8.5.
Ubicación de los demás órganos y las partes
VIII.29
8.6.
Consideraciones especiales sobre la prensa
VIII.30
8.7.
El espacio como testimonio visible
VIII.31
8.8.
La responsabilidad por la organización del espacio
VIII.31
8.9.
La comparación de experiencias
VIII.32
Capítulo IX
DESREGULACION Y PRIVATIZACION PORTUARIA
1.
El marco constitucional
IX.1
2.
El sistema portuario clásico
IX.3
2.1.
Código Civil: puertos del dominio público
IX.3
3.
Ley de la navegación: igual solución
IX.4
3.1.
La realidad de los puertos privados
IX.4
3.2.
Evolución e involución de los puertos públicos
IX.6
3.3.
La pérdida de competitividad de los puertos públicos
IX.7
3.4.
El "precario" portuario y la decadencia de los puertos
IX.8
4.
La ley de reforma del Estado y sus decretos
IX.9
4.1.
El vocablo "privatizar" y los puertos
IX.9
4.2.
Concesiones de obras y servicios
IX.9
4.3.
Las provincializaciones
IX.10
4.4.
La protección de los usuarios
IX.11
4.5.
Eficiencia y costos
IX.11
4.6.
Participación
IX.11
5.
La Ley de Puertos. Puertos privados. Desregulación
IX.12
5.1.
La admisión legal de los puertos privados
IX.12
5.2.
Destino de los puertos públicos y privados
IX.12
5.3.
Playa y camino de sirga. Espejo de agua
IX.13
5.4.
Habilitación
IX.15
5.5.
La desregulación laboral y la competitividad portuaria
IX.17
5.6
Régimen tarifario
IX.19
5.7.
Disolución de la A.G.P.S.E.
IX.19
Capítulo X
EXCEPCION -SIN RECONVERSION- DE USUCAPION
DE SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO EN UN JUICIO
DE DESALOJO
1.
El interés del caso
X.1
1.1.
El por qué
X.1
1.2.
Dos filosofías jurídicas y dos caminos que se bifurcan
X.2
1.2.1.
Lo sencillo y lo complejo
X.2
1.2.2.
Jhering y Savigny
X.3
1.2.3.
Principios jurídicos y conceptos de doctrina
X.4
2.
Los hechos y presunciones destacados en los considerandos
X.6
2.1.
La cámara transformadora
X.6
2.2.
Juicio de desalojo y excepción de usucapión
X.7
2.3.
Caveat emptor
X.7
2.4.
Vigilantibus, non dormientibus
X.7
2.5.
La escritura y las intenciones del adquiriente
X.8
3.
Holding
X.9
3.1.
Rechazo de la acción de desalojo
X.9
3.2.
Es una servidumbre de electroducto
X.9
4.
Dicta de derecho civil
X.10
4.1.
Los obiter dicta y la jurisprudencia de conceptos
X.10
4.2.
La problemática doctrinaria en la alzada
X.10
4.3.
Usucapión conforme a la legislación civil
X.13
4.3.1.
La aplicación retroactiva de la llamada ley 17.940
X.13
4.3.2.
El contexto normativo del Código Civil
X.15
4.3.3.
Servidumbre continua y discontinua en el Código Civil
X.15
4.3.3.1.
Las máquinas operadas eléctrica o electrónicamente por el hombre
X.16
4.3.3.2.
Es una MAQUINA
X.18
4.3.3.3.
Estaba cerrada con candado
X.19
4.3.4.
Conclusiones
X.20
4.3.5.
Otros criterios y normas restrictivas del codificador
X.21
4.3.6.
La proximidad entre servidumbre personal y derecho de usufructo y sus efectos jurídicos
X.23
5.
Continuación. Problemas procesales
X.24
5.1.
El derecho sustantivo y su inserción procesal
X.25
5.2.
Carácter declarativo o constitutivo y pérdida de la indemnización
X.26
5.3.
¿Se podría haber resuelto todo en la misma sentencia?
X.28
6.
La usucapión de la servidumbre de electroducto en el derecho administrativo
X.29
6.1.
Aplicando el derecho administrativo actual
X.29
6.2.
Los libros de derecho administrativo que recuerdan el fallo
X.29
6.3.
La legislación administrativa de electroducto y la ley 24.065
X.32
6.4.
La cuestión constitucional
X.34
6.5.
La competencia
ratione materiae
X.36
7.
Los hechos determinantes para la solución del caso
X.37
7.1.
Otra vez Savigny-Jhering
X.37
7.2.
SEGBA no existía en 1943
X.38
7.2.1.
1943: CADE y CIAE
X.38
7.2.2.
SEGBA: 1958
X.39
7.2.3.
¿CADE o CIAE? No SEGBA
X.40
7.2.4.
¿La sucesión pública de una usucapión de servidumbre de electroducto?
X.40
7.2.5.
Suponiendo que no hay sucesión de servidumbre personal
X.41
7.3.
El titular es EDENOR, no SEGBA
X.42
7.3.1.
Introducción. La servidumbre de electroducto es personal
X.42
7.3.2.
La alternativa es simple
X.44
7.3.3.
Las conclusiones
X.46
8.
Marginalia. Las proyecciones del caso
X.47
8.1.
Algunas dudas axiológicas
X.48
8.2.
El incierto futuro
X.51
Anexo
Fallo 94.254.- CNFed. Civil y Com., sala II, agosto 24.995- Allevato, Francisco E. c. Segba
X.56
2º instancia.- Buenos Aires, agosto 24 de 1995
X.56
Capítulo XI
LA VALIDEZ CONSTITUCIONAL DEL DECRETO 2284/91
1.
Apreciación general y sus límites
XI.1
2.
El funcionamiento legal de la ley de Reforma del Estado
XI.1
2.1.
La delegación para individualizar leyes regulatorias derogadas
XI.1
2.2.
La autorización para suprimir entes de leyes regulatorias
XI.2
2.3.
La validez de la delegación legislativa
XI.2
2.4.
Vigencia de la ley 23.696
XI.2
3.
El estado de necesidad y urgencia como fundamental
XI.3
3.1.
Habilitación legislativa y administrativa
XI.3
3.2.
El supuesto de silencio del Congreso
XI.3
4.
La subsistencia actual del estado de necesidad pública
XI.4
4.1.
En la legislación
XI.4
4.2.
En la realidad
XI.4
5.
La adecuación genérica de las medidas a la causa
XI.5
5.1.
El nuevo contexto mundial
XI.5
5.2.
La supranacionalidad operativa
XI.6
6.
La derogación de impuestos
XI.7
7.
La derogación de privilegios y monopolios
XI.8
8.
El decreto ley Candado
XI.8
Citas legales:
Resolución ENRE 39/94
Decreto-ley 23.354/1956
Decreto 1759/72
Decreto 1842/87
Decreto 5720/92
Decreto 1105/89
Decreto 0062/90
Decreto 2074/90
Decreto 2284/91
Decreto 0714/92
Ley 03.952
Ley 12.910
Ley 13.064
Ley 15.336
Ley 17.520
Ley 19.549
Ley 19.552
Ley 21.392
Ley 21.499
Ley 23.054
Ley 23.696
Ley 23.697
Ley 23.928
Ley 23.982
Ley 24.065
Ley 24.076
Ley 24.447