| Notas: | El argumento central de este trabajo es que si se desea preservar los flujos de inversión privada a los sectores de infraestructura, se han de encontrar alternativas de tratamiento de las mismas que sean no discriminatorias respecto de otras inversiones. Esto es particularmente importante porque dadas las características de los sectores de infraestructura son particularmente susceptibles de comportamiento oportunista por parte de los gobiernos.
Por otro lado, el carácter esencial de los servicios públicos hace que los mismos tengan un impacto importante sobre los segmentos más pobres de la población por lo cual se trabaja en el corto plazo en un marco restringido por la capacidad de pago de la población.
Como resultado de estas características, existe un claro conflicto de intereses en el corto plazo entre usuarios y empresas. Se debe resaltar que el conflicto es de corto plazo por cuanto en el largo plazo los usuarios también tienen interés en que las mpresas sean económica y financieramente sostenible. Más aún, son los sectores más pobres de la población, aquellos que aún no tienen acceso a los servicios o lo tienen en forma muy precaria, los que más se perjudicarían de un esquema que no permita la sostenibilidad económica del servicio.
El objetivo de este trabajo es presentar algunos elementos para la discusión de un mecanismo de este tipo que sirva para compatibilizar, en la medida de lo posible, los intereses conflictivos de corto plazo entre los distintos actores involucrados. |